Juan Flores fue detenido por militares en el Estado mexicano de Guanajuato hace nueve meses y desde entonces no aparece. Su esposa denunció los hechos y sostuvo una pelea legal para encontrarlo, hasta que su nuera fue asesinada: desde entonces tampoco se sabe nada de ella. Un representante continuó la batalla y este 1 de septiembre llegó la sentencia: Flores fue víctima de desaparición forzada a manos de los soldados y la fiscalía general no investigó eficazmente el caso, por lo que un juzgado ordenó que los cuarteles militares sean abiertos para buscarlo.

Es la primera vez que un juez emite una sentencia de este tipo en México, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal. Entre las más de 27.000 personas desaparecidas, se cuentan las desapariciones forzadas a manos de fuerzas de seguridad, que según Naciones Unidas, aumentan cuando el Ejército asume las tareas policiales. Los activistas han denunciado numerosos casos en que la policía o los militares detienen civiles que después no aparecen –como los 43 normalistas de Ayotzinapa-, o que aparecen muertos días después. El ministro de Defensa incluso ha pedido disculpas por la barbarie que han desatado sus soldados, pero hasta ahora, no había sido emitida ninguna orden de buscar a un desaparecido en instalaciones militares.

La sentencia llegó justo después del Día de las Víctimas de Desaparición forzada. Juan Flores Solorio ingresó a esta trágica categoría la noche del 25 de noviembre de 2015, cuando fue detenido por soldados que entraron sin una orden judicial a su casa, ubicada en el municipio guanajuatense de Pénjamo. Uno de ellos saltó el muro del patio trasero, abrió la puerta y dejó entrar a otros cinco elementos. La esposa y la nuera de Juan cuestionaron este allanamiento, a lo que los castrenses respondieron que ellos “podían hacer lo que quisieran”. Frente a ellas y sus nietos, Juan fue detenido y llevado a una sede ministerial, bajo el alegato de que había “insultado a la autoridad”. Unas horas después fue liberado, pero las cámaras de seguridad de la Policía municipal grabaron el momento en que salió y de nuevo fue retenido por los militares. Nada se ha sabido de él desde ese momento.

“No sé por qué se lo llevaron si él se dedicaba a comprar carros usados para arreglarlos y después venderlos; además, tenía un grupo musical en el que cantaba y próximamente saldría su disco a la venta. Mi esposo nunca había tenido problemas con el teniente que lo detuvo”, declaró Celia Mora en su denuncia, según el documento de la sentencia.

La sentencia advierte que los militares no están facultados para hacer detenciones por faltas administrativas, aun cuando Juan Flores los hubiera insultado. También acusa declaraciones contradictorias entre los jefes policíacos y contra los relatos de los propios soldados, así como obstrucción de la justicia. Los videos en manos del juzgado son claros: la víctima fue ‘levantada’ tras su liberación, lo que la juez califica como una desaparición forzada y una “grave violación de derechos humanos” que ocurre en un momento de crisis en esa materia en México. Por ello, otorga a las víctimas la protección de la justicia para que las autoridades investiguen “de manera seria y exhaustiva la desaparición del quejoso y se permita su búsqueda en las instalaciones del Ejército mexicano”. El fallo subraya que el amparo solo se considerará cumplido hasta que Flores Solorio sea hallado con vida o se encuentren sus restos, y se deslinden responsabilidades en el ámbito penal.

La juez también considera responsable en este caso a la fiscalía general, que lo investigó de manera ineficiente al perseguir el delito de “privación ilegal de la libertad” en lugar de “desaparición forzada”, el cual es atribuible solo a las autoridades. Además, la Procuraduría incumplió también las reglas del nuevo Sistema Penal Acusatorio –que entró en vigor en Guanajuato en 2015 y en todo el país en junio de 2016-, al iniciar una averiguación previa en lugar de una carpeta de investigación como obliga el nuevo esquema, ensalzado por el Gobierno de Enrique Peña.

Esto obliga a la fiscalía a buscar a Juan Flores, a hacer pública su investigación y a actualizar cada semana sus avances, dado que “no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.

Tras la difusión de la sentencia, la Procuraduría dijo estar en espera de la notificación formal para pronunciarse oficialmente, pero adelantó que respeta las decisiones de la autoridad jurisdiccional. “Respecto a los casos de desaparición forzada, se reitera el compromiso, a través de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas desaparecidas, de realizar las investigaciones de manera exhaustiva y eficaz, sin tomar en cuenta otra consideración que los mandatos legales y la protección de los derechos humanos de las víctimas”, indica una declaración entregada por la fiscalía a EL PAÍS.



Historia familiar

La desaparición forzada de Juan no es el primer flagelo que sufre la familia Flores Mora. Erika Murillo, la nuera del matrimonio que atestiguó el allanamiento de la casa que compartía con ellos, fue asesinada un mes después junto con su primo, en su misma colonia. Tras este crimen, Celia Mora abandonó su casa y no volvió a aparecer en los juzgados; sus abogados no saben nada de ella a la fecha, por lo que el proceso legal se siguió por medio de un representante asignado por la autoridad judicial.

Erika era esposa de Juan Carlos Flores –alias ‘Jim’- hijo de Juan y Celia, preso desde 2015 por el homicidio de uno de sus vecinos, Juan Manuel Galván: en mayo de 2014, Juan Carlos persiguió a su víctima en su casa hasta que este cayó de una azotea y lo baleó, de acuerdo con la fiscalía de Guanajuato. El asesinato de Erika y su primo fue investigado por la línea del narcotráfico, pues entre las ropas del joven fueron hallados paquetes de la droga ‘cristal’, según la Unidad de Investigación en Homicidios.

Pese a estar recluido, Juan Carlos Flores Mora será el beneficiario de las medidas de reparación del daño ordenadas por la juez en esta sentencia (atención psicológica, notificaciones, asesoría jurídica y pagos), dado que su padre está desaparecido y de su madre se ignora el paradero. Asimismo, el sentenciado a 30 años de cárcel es considerado ahora una víctima por la situación de sus padres, y deberá ser inscrito junto con ellos al Registro Nacional de Víctimas, con lo que podría ser acreedor a una indemnización propia.