Fachada principal de la sede del Tribunal de Cuentas EFE ATLAS

El Tribunal de Cuentas ha detectado que casi 30.000 personas que figuran como fallecidos seguían cobrando una pensión en 2014 por un importe total de 25 millones mensuales. Esto es, unos 300 millones de euros al año. En un informe de fiscalización correspondiente al 2014, el organismo encuentra una serie de “lagunas y deficiencias” en el control que ejerce la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomienda mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas.

El Tribunal de Cuentas cruza el histórico de fallecimientos registrados entre 1987 y agosto de 2015 con la nómina de pensiones de diciembre de 2014. Y como resultado halla que “un total de 29.321 pensionistas con pensiones por importe de 25,3 millones mensuales figuran como fallecidos según la información del INE”. La institución fiscalizadora también señala en su nota que el 95% de estos difuntos continuaban cobrando una pensión prácticamente un año más tarde, en octubre de 2015.

No obstante, la Seguridad Social resta veracidad a las afirmaciones del Tribunal. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alega que ha ido caso por caso y que al cruzar los beneficiarios de la prestación y los datos de decesos del INE que blande el Tribunal surge la sorpresa: en la gran mayoría de los "presuntos pensionistas fallecidos" sólo coincide el número del Documento Nacional de Identidad. Ni el nombre, ni ningún otro dato. Es decir, sostiene que hay un error a la hora de registrar los DNI. "Parece altamente probable que el error en la identificación por DNI se encuentre en el fichero de defunciones o, en todo caso, que se trate de duplicidades", explica.

En definitiva, la Seguridad Social considera que los resultados que ha obtenido el Tribunal respecto al control de los fallecidos deben ser “objeto de revisión”, ya que en su opinión no se corresponden con la realidad.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas atribuye estas deficiencias a la pobre información sobre defunciones que remiten al INSS tanto la Dirección General de los Registros y del Notariado como el Instituto Nacional de Estadística. Además, cuestiona los criterios del INSS a la hora de efectuar el cruce informático. “El INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control”, subraya el Tribunal de Cuentas.

Un control manual

En sus alegaciones, el INSS señala que el sistema principal de detección de fallecimientos es el intercambio diario de información con Justicia, un sistema informático que funciona a pleno rendimiento desde 2014. Es más, fuentes del Ministerio de Empleo insisten en que ahora este cruce diario con el registro de defunciones asegura un margen de error mínimo. Si acaso, este informe del Tribunal de Cuentas tan sólo representa "una foto de la época anterior", indican estas fuentes.

No obstante y dicho esto, a continuación la Seguridad Social reconoce en sus alegaciones al Tribunal: "No es menos cierto que la labor de control y detección de fallecimientos de pensionistas sigue haciéndose (paralelamente) de forma manual y por diversas vías desde las propias Direcciones Provinciales del INSS".

Respecto a los controles de vivencia sugeridos por el Tribunal de Cuentas, el INSS argumenta que existen más de 1,2 millones de pensionistas de más de 85 años y que la realización de un control presencial ocasionaría a este colectivo “graves perjuicios y daría lugar a suspensiones probablemente injustificadas” de la pensión, dado que muchos de ellos serían incapaces de comparecer o incluso ni siquiera tendrían conocimiento de tal exigencia.

Además, el INSS indica que la diferencia entre las prestaciones que suprimen los bancos y el número de muertes asciende solo al 1,2%, cifra "inevitable" teniendo en cuenta que no da tiempo a suspender el pago a los fallecidos en los últimos días del mes.

“Parece, pues, un tanto desproporcionado acometer costosos controles de vivencia que ocasionarían serias molestias a un colectivo numeroso y especialmente vulnerable para evitar este pequeño tanto por ciento de retrocesiones [retirada de la prestación], que son devueltas inmediatamente por las entidades financieras. Realizar controles de vivencia indiscriminados a los pensionistas o instar a las entidades financieras a la realización de los mismos carece de lógica e iría en contra de la vocación de servicio público que tiene que imperar en nuestra actuación”, concluye el INSS.

La Seguridad Social sí que admite que los recursos humanos destinados a la gestión de deudas son escasos y que está pendiente de introducir mejoras. Sin embargo, advierte de que la escasez de personal exige dar prioridad a las áreas relacionadas con el reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones.