Paula Garda, miembro de Ocde, precisó dónde está Perú en términos de informalidad
Paula Garda, miembro de Ocde, precisó dónde está Perú en términos de informalidad . Puntualizó que si bien los hogares pobres sufren de esta ausencia de legislación, 60% de las familias de mayores ingresos también
La República
Puntualizó que si bien los hogares pobres sufren de esta ausencia de legislación, 60% de las familias de mayores ingresos también

Problemática generalizada en Perú. Paula Garda, miembro del departamento de Economía de la Ocde, abordó el contexto macroeconómico de la nación e identificó que la informalidad y los niveles de vida son aspectos convergentes. En esa línea, puntualizó que si bien los hogares pobres sufren de esta ausencia de legislación, 60% de las familias de mayores ingresos también.

La especialista compartió su perspectiva en el reciente foro que organizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL) —Informalidad vs. competitividad: el camino hacia el progreso sostenible— y evocó 71% de informalidad que Perú registró en el 2023. “Es de los más altos en América Latina y está solo después de India e Indonesia”, subrayó.

Expansión de la informalidad

La jefa de la mesa de Perú en la Ocde definió a los actores que componen la informalidad: todas aquellas personas o empresas que trabajan en los márgenes de las leyes tributarias y laborales. Aclaró que, contrario a lo que se piensa, los grupos de más ingresos también participan en esta dinámica.

“No son solo los hogares vulnerables o pobres los que sufren de informalidad, en el quintil más rico hay 60%”, determinó. Asimismo, fue enfática al distinguir las orillas del inconveniente: “Informalidad no necesariamente implica ilegalidad”. Mencionó entonces a los trabajadores autónomos del país, quienes no tienen la obligación de aportar a la seguridad social: son informales pero no ilegales.

Además de expandirse en todas las franjas sociales, la informalidad ha encontrado espacios sobresalientes en el género. “De manera permanente, las mujeres siempre tienen una tasa de informalidad más elevada que los hombres”, dijo Garda.

Otro factor en el que hizo hincapié fue en el retroceso a causa de la pandemia, una temporada que puso al descubierto las lagunas en materia de protección social. En este panorama de emergencia, los trabajadores informales quedaron completamente fuera del radar de las políticas públicas y fue difícil llegar a ellos.

La regla de la informalidad

La economista detalló que, en vista de que alrededor de la mitad el PBI en el Perú lo produce el sector informal, más que una excepción, esta tendencia nociva es la regla. Destacó entre las consecuencias una menor productividad, menor nivel de vida, competencia desleal, ausente contribución a los impuestos y una inducción a la cultura de la falta de respeto por la ley y el orden.

Propuso un enfoque holístico para su solución; es decir, una visión multidimensional que arranque varias de sus raíces. Entre las causas enlistó a la debilidad de las instituciones y de la fiscalización; la baja calidad de la educación; el diminuto nivel de productividad de las empresas, los incentivos incorrectos para formalizar el sistema tributario y los elevados costes de la formalidad laboral.

No obstante, brindó datos para dibujar la magnitud de la dificultad. Aseguró que un gran porcentaje de las empresas informales no ven ningún tipo de beneficio en la formalización y que, aunque la intención de diseñar regímenes para las pequeñas y medianas empresas es buena, en realidad se ha logrado lo contrario: “Fomentan la formalidad, fomentan el enanismo y hacen que las empresas queden al margen”, reafirmó.

El diseño de la protección social

El derecho que garantiza la atención médica y un ingresos mínimo para todos genera un círculo vicioso en el Perú, informó Garda. Argumentó que la financiación de las prestaciones —una carga contributiva— aleja a los trabajadores poco cualificados del mercado laboral formal y, además, perpetúa la informalidad.

Planteó, por tanto, dos principios para reformar este panorama: la universalidad de un conjunto básico de prestaciones de protección social, independientemente de la situación en el mercado laboral; y que la financiación de este paquete de medidas no aumente los costos del trabajo formal.

Aprovechó para colocar sobre la mesa el tema de la remuneración mínima vital (RMV). “Los aumentos del salario mínimo tienen que incluir en su evaluación el impacto que ocasiona en todos los trabajadores”, concluyó.
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2024-11-21
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