Comisión legislativa investigadora del caso Diamante exhorta a Ministerio Público a formalizar acusaciones antes de que termine el año
Comisión legislativa investigadora del caso Diamante exhorta a Ministerio Público a formalizar acusaciones antes de que termine el año . Informe legislativo precisa responsabilidades de alcaldes de ocho municipios, pues determinó la comisión de una serie de delitos en aras de concentrar contrataciones en la empresa MECO.
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<p>La comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público concluyó su investigación sobre el llamado caso Diamante con recomendaciones a la Contraloría General de la República (CGR) para que inhabilite de la función pública a exalcaldes de seis de los ocho municipios investigados y la exhortación al Ministerio Público de que formalice acusaciones antes de que termine el año.</p>
<p>“El prolongado tiempo de espera para la formalización de la acusación en el caso Diamante ha generado preocupación en la ciudadanía sobre la impunidad en delitos de cuello blanco en nuestro sistema de justicia. Por ello, la pronta presentación de la acusación no solo es un paso necesario para el avance del proceso judicial, sino también una señal clara de que la impunidad no tiene cabida en nuestro país”, se expresa en las conclusiones del documento.</p>
<p>Ese informe precisa responsabilidades de los alcaldes y varias personas funcionarias o regidoras de esos municipios, además de a figuras de las empresas MECO, célebre además por el megacaso Cochinilla, y por Explotec.</p>
<p>La diputada frenteamplista Sofía Guillén, integrante de esa Comisión y quien ha divulgado el informe, recordó en primera instancia “aquel chorizo tremendo en algunas municipalidades”, específicamente San José, Cartago, Golfito, Osa, Escazú, San Carlos, Alajuela, y Siquirres.</p>
<p>“Hemos llegado a la conclusión de que indudablemente existió tráfico de influencias, que hay una red de corrupción que opera no sólo convirtiendo los carteles de licitación en cosas hechas a la medida de ciertos oferentes, sino también brincándose procedimientos de contratación con llamadas telefónicas, sobornos y favores personales”, señaló.</p>
<p>Guillén destacó que “hemos puntualizado nombres y apellidos” en el informe “porque es importante nombrar lo que está pasando y quiénes lo están haciendo”, pero además hizo un llamado público al gobierno a “convocar los proyectos anticorrupción que están aquí durmiendo el sueño los justos”.</p>
<p>La diputada se dirigió a Rodrigo Chaves para decirle que “las promesas de campaña de luchar contra la corrupción hay que materializarlas, hay que convertirlas en proyectos de ley, hay que plasmarlas en investigaciones y hay que convocar los proyectos de ley, no importa de qué partido sean, por favor convóquelos, esto no puede seguir pasando”.</p>
<p>Añadió que “la corrupción es inaceptable, la haga Johnny Araya o la haga Marta Esquivel, es inaceptable y vamos a seguirla denunciando”.</p>
<p>En su introducción, el Informe recuerda que el llamado caso Diamante reventó ante la opinión pública en noviembre de 2021, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó 40 allanamientos simultáneos y detuvo a 13 personas.</p>
<p>El caso involucra a las municipalidades de San José, Escazú, Siquirres, Osa, Alajuela, Golfito, San Carlos y Cartago, así como a sus respectivos alcaldes al momento de los hechos: Johnny Araya, Arnoldo Barahona, Mangell McLean Villalobos, Jorge Alberto Cole de León, Humberto Soto, Freiner Lara Blanco, Alfredo Córdoba Soro y Mario Redondo.</p>
<p>En ese momento también se detuvo a los funcionarios municipales Cristian Boraschi González, jefe, Inspección General, Mantenimiento de Obra Pública de Escazú, Jorge Luis Chacón Ugalde, coordinador unidad técnica de gestión vial, Alajuela; Yohanny Suárez Vásquez, jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Golfito; Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, presidente Consejo Municipal de Golfito y regidor de Nueva República; y Marco Castro Camacho, jefe Departamento Recursos Materiales y Servicios de San José.</p>
<p>“Se trata de un caso de redes de corrupción en licitaciones de obra pública, en donde dueños de la empresa MECO, el señor Carlos Cerdas, el gerente general Alejandro Bolaños, y el gerente de Unidad Asfaltos Luis Fernando Gutiérrez, así como el señor José Daniel Cruz Porras, de la empresa Explotec, se ven involucrados en conversaciones sobre supuestas entregas de dádivas y sobornos tales como dinero, vehículos, construcciones y arreglos de viviendas a cambio de ser favorecidos en numerosos proyectos de licitación en materia de construcción, conservación vial y obra pública en diferentes municipalidades del país”, se lee en el Informe.</p>
<p>Ese documento en sus conclusiones anota que “la investigación del caso Diamante revela la existencia de una compleja red de corrupción que ha trascendido las relaciones convencionales entre contratantes y contratistas, involucrando tanto a empresas constructoras como a altos funcionarios públicos de diferentes municipios del país”.</p>
<p>Esa red permitió a la empresa MECO S.A. “crecer económicamente y establecer un dominio casi monopolístico en el sector de la construcción pública de los municipios involucrados en este caso”, pues ya para 2015 esa empresa “controlaba cerca del 60% de los recursos destinados a proyectos de infraestructura pública, y esta es una tendencia que se mantuvo a lo largo de los años”.</p>
<p>Entre las responsabilidades señaladas a los alcaldes, se puede destacar el caso del alajuelense Humberto Soto, a quien el OIJ interceptó comunicaciones con Luis Fernando Gutiérrez Vargas, gerente de Plantas de Asfalto de la constructora MECO.</p>
<p>“De conformidad con la documentación analizada del expediente judicial 20-009616-0042-PE, así como de los audios, se deriva que Humberto Soto recibió un financiamiento de ¢4 millones por parte de MECO para su campaña en las elecciones distritales del Partido Liberación Nacional (PLN). A cambio, Soto comprometió la asignación de un presupuesto de ¢3.000 millones a un proyecto de cuatro años relacionado con obras de alcantarillado pluvial, mediante la licitación 2020LN- 000002-0000500001”.</p>
<p>En Siquirres se menciona que la concentración de contratos en MECO se dio mediante el “aumento progresivo en el porcentaje de contratos adjudicados a esta empresa, pasando del 50% en 2017 al 100% en 2020”.</p>
<p>De igual manera, en Osa se documentó una “notable concentración de contratos de obra pública en la empresa MECO” a partir de 2017, que alcanzó el 100% de las adjudicaciones en los años 2020 y 2021. Se apunta en el Informe que “quedó en evidencia” que el alcalde Jorge Alberto Cole de León “favoreció a la constructora MECO en la adjudicación de numerosos contratos públicos mediante adelantos de pagos y manipulación de licitaciones”.</p>
<p>Del alcalde de Cartago, Mario Redondo, se consigna que “de acuerdo con las llamadas telefónicas reveladas, así como la documentación y audiencias recibidas, figura como responsable de manipular el proceso de adjudicación para favorecer a MECO”.</p>
<p>“El señor Mario Redondo ha sido identificado como una figura central en el caso Diamante, pues las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial en el expediente judicial 20-009616-0042, revelaron que Mario Redondo recibió sobornos de la empresa constructora MECO, como dinero en efectivo, financiamiento de su campaña política y beneficios personales, a cambio de favorecer a MECO en los procesos de licitación”, se añade.</p>
<p>Uno de los más célebres implicados en este caso es el exalcalde de San José, Johnny Araya. “Es responsable de múltiples actos de corrupción, incluyendo tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, fraude de ley, obstrucción de la justicia, corrupción agravada, entre otros”.</p>
<p>El documento añade que “su estrecha relación con ejecutivos de MECO y Explotec, así como su intervención en procesos de contratación administrativa para favorecer a estas empresas, demuestra un uso indebido de su posición para obtener beneficios personales y políticos”.</p>
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2024-11-21
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