No hay un mecanismo constitucional para disolver el Congreso Nacional, esclarece diputada Espinoza
No hay un mecanismo constitucional para disolver el Congreso Nacional, esclarece diputada Espinoza . La diputada Maribel Espinoza señaló este viernes que no existe un mecanismo constitucional para disolver el Congreso Nacional.
Proceso Digital
Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza señaló este viernes que no existe un mecanismo constitucional para disolver el Congreso Nacional.

Posteó en su cuenta personal de “X” ante los rumores de que desde el gobierno se quiere disolver el Congreso Nacional aprovechando las acciones de secuestro de documentos del Ministerio Público.

La fuerza pública está constituida por las Fuerzas Armadas y la policía preventiva y no pueden irrumpir en los edificios del Congreso Nacional por la fuerza, subrayó.

Sin embargo, indicó que los fiscales si tienen libre acceso a todas las oficinas públicas con motivo de sus investigaciones junto con sus agentes de investigación.

El Ministerio Público puede investigar a todos y, durante el proceso de investigación posee la facultad de secuestrar documentos relacionados con sus investigaciones, aunque se encuentren en el Congreso Nacional, remarcó.

El enjuiciamiento de algunos diputados incluyendo a su presidente, no es causal de disolución del Congreso Nacional porque es un poder del Estado constituido por un máximo órgano decisorio colectivo que es el pleno, puntualizó Espinoza.

La también precandidata presidencial liberal posteó que para que haya una disolución del Congreso Nacional, se necesita un acto arbitrario o de fuerza que solo puede provenir de las FFAA, pero que equivaldría a un Golpe de Estado

Tildó la pretensión de disolver el Congreso Nacional de delincuentes, locos perversos o desesperados.

“Me niego a creer que quieran hacer semejante cosa porque destruirían completamente al país al mejor estilo de Venezuela, Nicaragua y serían repudiados por la comunidad internacional democrática, lo cual traería graves consecuencias económicas y sociales a Honduras”, expresó.

Cualquier cosa distinta o que se haga o se diga por parte de un partido político o sus miembros para atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo de gobierno está prohibido constitucionalmente y por ello, les traería consecuencias penales, concluyó. AG
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2024-11-30
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