La violencia doméstica en Argentina es un problema grave. Desde los años 1990, el gobierno argentino ha adoptado medidas; pero las políticas han sido criticadas por ser débiles.
Las soluciones políticas se centran en el trato civil, en lugar del penal, con esta forma de violencia y por enfatizar la conciliación entre la víctima y el perpetrador. La política que se ocupa de la violencia doméstica también se ha hecho más difícil debido a la naturaleza descentralizada del país: Argentina es un estado federal con 23 provincias ha causado una variación regional significativa entre las políticas provinciales sobre violencia doméstica, con mujeres en todo el país que tienen diferentes niveles de protección.[1]​