El acceso a servicios financieros (también llamado acceso financiero o acceso a las finanzas) es la capacidad de individuos o empresas para obtener servicios financieros, incluyendo crédito, depósito, pago, seguro y otros servicios de gestión de riesgos.[1]​ Quienes involuntariamente no disponen de acceso a estos servicios, o este es muy limitado, son denominados desbancarizados o subbancarizados, respectivamente.[2]​ Las políticas para extender este acceso a las personas o regiones más desfavorecidas se denominan políticas de inclusión financiera.
La evidencia acumulada muestra que el acceso a los servicios financieros promueve el crecimiento empresarial a través del crédito a negocios existentes y nuevos. Beneficia la economía en general al acelerar el crecimiento económico, intensificando la competencia entre empresas, así como aumentando la demanda de trabajadores. Si los más desfavorecidos no tienen acceso a estos servicios, y se les proporciona, lo habitual es que sus ingresos aumenten, reduciendo así la desigualdad de ingreso y la pobreza.
No disponer de servicios financieros limita a los hogares y a las empresas. Los pobres y las pequeñas empresas dependen respectivamente de su patrimonio personal y sus recursos internos para invertir en su educación y su actividad. Esto provoca que no alcancen el crecimiento que su potencial les permitiría, lo que perpetúa el ciclo de desigualdad persistente.[3]​
El acceso a estos servicios varía mucho entre países, desde  aproximadamente el 5 % de la población adulta en Papúa Nueva Guinea y Tanzania al 100 % en los Países Bajos  (para una lista más amplia de los porcentajes de acceso por países, véase Demirgüç-Kunt, Beck, & Honohan, 2008, pp. 190–191).