La libertad económica es un concepto ideológico, aplicado al campo de la economía de mercado, que proviene del liberalismo económico. En la formulación clásica de Adam Smith (1776, La riqueza de las naciones) el ser humano se concibe como un individuo cuya motivación es «huir del dolor y buscar el placer» (hedonismo), lo que le hace conducirse, como empujado por una mano invisible hacia el bien común cuando se le deja en libertad.
La teoría supone que la actividad económica individual se decidirá por la producción o el consumo de los productos que el precio haga más atractivos, sin interferencias del Estado o de coaliciones de grandes intereses que impidan el funcionamiento del mercado libre. De esta manera, el precio de un producto, determinado por el juego de la oferta y la demanda que así regulan la abundancia o escasez del producto o servicio estimulará o retraerá su consumo o producción y se obtendrá de forma espontánea la autorregulación del mercado. Esta institución del mercado se presume de existencia natural, y respondería al libre juego de la oferta y demanda en libre competencia o competencia perfecta.
La crítica a este concepto se produce desde ópticas contrarias al liberalismo, que constatan que mientras los individuos económicamente fuertes poseen tierra o capital y pueden tomar todo tipo de decisiones sobre producción o consumo y hacer frente exitosamente a la competencia en el mercado, los más débiles, los trabajadores que solo disponen de su fuerza de trabajo al no disponer de capital ni tierra se ven abocados por la competencia al límite de la subsistencia, teniendo que competir para vender su fuerza de trabajo. Rosa Luxemburg definió irónicamente al liberalismo económico como «la zorra libre en el gallinero libre».[1]​
Sin embargo sus defensores sostienen que la libertad económica es parte de los derechos individuales inalienables a los seres humanos, y que regularla o prohibirla supone entregar más poder al Estado, cómo sentenció Ludwig von Mises «o la demanda de los consumidores al manifestarse en el mercado decide para qué propósitos y cómo deben ser empleados los factores de la producción, o el Gobierno se encarga de estos asuntos».[2]​