La violación es un delito sexual que consiste en forzar a una persona a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Es un acto de agresión habitual en la violencia de género, cometido mayoritariamente por personas que tienen una relación muy cercana con las víctimas.[1]​
Estadísticas europeas dan cuenta que el 99 % de las personas condenadas por violación son varones y el 90 % de las víctimas son mujeres,[2]​ mientras que estadísticas estadounidenses muestran que el 76 % de las víctimas mujeres fueron violadas por sus esposos, novios o parejas,[1]​ y que la mayoría de las violaciones son realizadas sin recurrir a la fuerza física ni a la amenaza con armas.[3]​
En todos los países modernos es considerada un grave delito contra la libertad sexual, con diferentes tipificaciones según el país. Las legislaciones más amplias consideran que existe violación cuando se realiza cualquier tipo de penetración sin consentimiento, ya sea que la misma sea realizada con el pene, cualquier parte del cuerpo humano, o un objeto, tanto en el cuerpo de la víctima como del agresor, y ya sea que la penetración se realice por la vagina, el ano o la boca. Las legislaciones más restrictivas consideran que existe violación solo cuando la penetración se realiza con el pene («acceso carnal»), en la vagina o el ano, fuera del matrimonio.[4]​ La mayoría de las legislaciones sostienen que para que exista violación debe haber algún tipo de violencia o intimidación por parte del violador, sin que sea suficiente la ausencia de consentimiento; una tendencia más reciente considera que hay violación cuando la penetración se produce sin consentimiento, aunque no exista violencia o intimidación.[5]​
Todas las legislaciones consideran que no existe consentimiento cuando se emplea la fuerza, violencia, intimidación, o cualquier otro medio para anular la voluntad de la víctima. Asimismo todas las legislaciones consideran que no existe consentimiento legítimo, cuando se trata de menores de cierta edad (generalmente cercana a la pubertad), incapacidad mental, o personas que se encuentren en estado de inconsciencia.
Los movimientos feministas han cuestionado tanto las descripciones del delito de violación como la forma en que es tratado por la policía y el sistema judicial, señalando justificaciones, sentencias y procedimientos que promueven la impunidad de los delitos y culpabilizan a las víctimas. Basándose en estos argumentos, los movimientos feministas denuncian la existencia de una «cultura de la violación» amparada por el patriarcado,[6]​ y promueven la autoconciencia sobre la desigualdad y la sororidad para cambiar los patrones culturales que sustentan la violencia sexual.[7]​ En varios países anglosajones se dictaron leyes procesales para casos de violación (rape shield laws) prohibiendo la presentación de pruebas referidas a la conducta sexual de la víctima, o la difusión de su identidad.[8]​
Debido las implicaciones morales del término, algunos países, como Argentina y varios estados de los Estados Unidos, han eliminado de su legislación penal el término «violación», considerándolo como una forma agravada de los delitos denominados de abuso sexual, agresión sexual o ataque sexual, respectivamente.[9]​[10]​[11]​[12]​
En algunas culturas el delito de violación es castigado con la castración, que es vista en muchos casos como un castigo deseable por la sociedad. Más recientemente algunos países (algunos estados de Estados Unidos, Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia y Estonia) utilizan la llamada «castración química», temporal y reversible, tanto en forma de pena impuesta, como por petición voluntaria del condenado.[13]​[14]​ En los códigos penales tradicionales era habitual encontrar la figura del casamiento con de la víctima con su violador, como forma de exculpar el delito.[15]​
Tras la violación la víctima debe acudir los más pronto posible a denunciarla a las autoridades competentes o a un centro médico, la primera respuesta médica a la agresión sexual es una evaluación completa, el personal médico involucrado debe estar capacitado para evaluar y tratar a las personas agredidas o seguir los protocolos establecidos para garantizar la privacidad y las mejores prácticas de tratamiento. Siempre se requiere el consentimiento informado antes del tratamiento a menos que la persona agredida esté inconsciente, intoxicada o no tenga la capacidad mental para dar su consentimiento.[136]​[137]​ Las prioridades que rigen el examen físico son el tratamiento de emergencias graves que amenazan la vida y luego una evaluación general y completa.[79]​ Algunas lesiones físicas son fácilmente evidentes, como mordeduras, dientes rotos, hinchazón, hematomas, laceraciones y rasguños. En casos más violentos , es posible que la víctima necesite que le traten las heridas de bala o de arma blanca.[136]​
Después de la evaluación general y el tratamiento de las lesiones graves, la evaluación adicional puede incluir el uso de pruebas de diagnóstico adicionales, como radiografías, estudios de imagen por tomografía computarizada o resonancia magnética y análisis de sangre. La presencia de infección se determina tomando muestras de fluidos corporales de la boca, la garganta, la vagina, el perineo y el ano.[137]​
Una vez que se abordan las lesiones físicas y se ha iniciado el tratamiento, se procede al examen forense junto con la recopilación de pruebas que se pueden utilizar para identificar y documentar las lesiones, el personal puede solicitar fotografías de las lesiones.[136]​[137]​ Dicha recopilación de pruebas solo se realiza con el consentimiento total del paciente o de los cuidadores del paciente. En este punto del tratamiento, si antes no se hubiera solicitado un defensor de víctimas, se pone a disposición del paciente y su familia personal de apoyo social con experiencia.[73]​