Ray Christensen, vicepresidente ejecutivo de Colorado Farm Bureau, dijo que los agricultores de las 20,000 granjas del estado consideran que la seguridad de los pesticidas es importante para ellos y sus empleados, en parte porque quieren mantener una fuerza laboral productiva y evitar responsabilidades.
Las demandas laborales en torno a la seguridad de los pesticidas costaron a los productores más de $20 millones el año pasado.