Sobre la base del análisis de costo-beneficio realizado por la FDA, la norma impondrá un mandato no financiado al sector privado de más de 100 millones de dólares anuales y, por lo tanto, la norma está sujeta a los requisitos de la ley.
La norma se basa en los comentarios del sector privado y se tradujo en la derogación del mandato anual de casi cien millones de dólares.