Todos los 18 estados mejoraron el acceso a la justicia para personas de bajos ingresos, reforzaron la calidad de los servicios jurídicos prestados por programas, y forjaron vínculos nuevos y más profundos entre los socios interesados en la comunidad de justicia civil de cada estado.
Ninguno de los 18 estados mejoró el acceso a la justicia para personas de bajos ingresos.