El Estado también se enfrenta a la pérdida de alrededor de $460,000 - casi todo el dinero que recibe a través de la Ley federal de violencia contra la mujer - para servicios legales para las mujeres pobres que sufren violencia doméstica.
El Estado también se enfrentará a una pérdida de más de 400.000 dólares que se utilizaría para prestar asistencia jurídica a las mujeres pobres en situaciones de violencia doméstica.