Como resultado, la GAO publicó nuevas normas de independencia aplicables a las auditorías de los departamentos y organismos federales y entidades que reciben fondos federales, y la legislación Sarbanes-Oxley limitaba la capacidad de los auditores de las empresas públicas para realizar ciertos servicios no auditivos para sus clientes de auditoría.
Como resultado de ello, la OGA emitió normas de independencia aplicables a las auditorías de departamentos y organismos que reciben fondos federales.