Desde la aplicación de la Iniciativa de Planificación del Estado en 1998, la Comisión de Administración Pública ha tratado de aplicar un conjunto de criterios detallados para adoptar todas las decisiones sobre si un arreglo de zona de servicio determinado está configurado de manera óptima para proporcionar servicios jurídicos de alta calidad al mayor número de clientes de bajos ingresos que reúnan las condiciones necesarias.
Hay que estructurar la toma de decisiones.