Mientras la creencia religiosa de la persona que gobierna no promueva o condona actos de violencia contra los gobernados, o en la represión de aquellos que no comparten sus convicciones religiosas, entonces las creencias de que el gobernador sostiene no son un acontecimiento periodístico, o incluso el negocio del público.
Independientemente de la religión de alguien que impacte su trabajo o no, siempre es asunto del público y derecho a saber.