Además, exigir a los abogados de servicios legales que vigilen los movimientos de sus clientes y que se retiren formalmente cuando el cliente abandone el país crearía cargas extraordinarias para los beneficiarios del LSC, los clientes, las partes opuestas y los tribunales.
Habría una enorme carga para los beneficiarios de LSC si los abogados tuvieran que vigilar a sus clientes.