Sobre la base del análisis de costo-beneficio realizado por la FDA, la norma impondrá un mandato no financiado al sector privado de más de 100 millones de dólares anuales y, por lo tanto, la norma está sujeta a los requisitos de la ley.
La norma que impone un mandato no financiado en el sector privado se basa en el análisis de costo-beneficio de la FDA.