En ese caso se discutió la naturaleza de la radiodifusión televisiva, no para determinar si la regulación del gobierno alteraría su funcionamiento habitual y, por lo tanto, violaría la Primera Enmienda (ningún reglamento del gobierno estaba aún en cuestión en el caso), sino para determinar si la televisión estatal es un foro público bajo nuestra jurisprudencia de la Primera Enmienda.
Ese caso se refería a si la reglamentación gubernamental debería modificar su funcionamiento habitual.