En 1996, un Congreso controlado por el republicano prohibió que los abogados que recibían financiación federal -el pilar de casi todas las oficinas de derecho a la pobreza- participaran en demandas de acción de clases y asuntos relacionados con el aborto, la inmigración ilegal o los desafíos para reducir las prestaciones sociales inauguradas por el Presidente Clinton y algunos otros demócratas.
El Congreso no creía que fuera el mejor interés de la gente demandarse.