A diferencia del tribunal penal, donde los acusados tienen derecho constitucional a un abogado financiado por los contribuyentes, las personas que se enfrentan a asuntos civiles tienen que contratar a su propio abogado, a menudo a tasas de más de 200 dólares por hora, o hacerlo solo.
El costo nunca supera los 200 dólares por hora.