En su lugar, el 16 de mayo, la Vicepresidenta del Consejo de la Presidenta envió una carta en la que se cuestionaba la idoneidad del examen de la GAOas, expresando su renuencia a suministrar la información solicitada y pidiendo una declaración de la autoridad jurídica de la GAOas para llevar a cabo el examen.
El abogado del vicepresidente se negó a comunicarse con GAO.