Los abogados que trabajan para programas financiados por el LSC ya no pueden iniciar o participar en demandas de acción de clases, recaudar honorarios de abogados judiciales, representar prisioneros o ciertas categorías de extranjeros, o tomar casos relacionados con redistricting político, aborto o desalojos de viviendas públicas relacionados con drogas.
Ya no se permite que los abogados que trabajan para programas financiados por LSC inicien demandas de acción de clases.