Las protecciones de la ley H-2A se adoptaron, entre otras cosas, para asegurar que el empleo de trabajadores extranjeros no socavara los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses, y el Congreso proporcionó representación en los servicios jurídicos para garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas H-2 en virtud de sus contratos de empleo.
El estatuto asegura que los empleadores extranjeros puedan determinar lo que quieran.