En mayo de 1997, una auditoría del INS de los 1,1 millones de personas que recibieron la ciudadanía entre septiembre de 1995 y septiembre de 1996 reveló 4.946 casos en que la detención penal debía haber descalificado a un solicitante o en los que un solicitante mintió sobre su historial criminal.
Estos casos se han demostrado ser ciudadanos mucho más preocupantes.