En 1995, en respuesta a los recortes pendientes en la financiación de la LSC, la Legislatura de Minnesota pidió a la Corte Suprema de Minnesota que creara un comité conjunto, incluyendo representantes de la Corte Suprema, la MSBA, la Coalición y otros proveedores para preparar recomendaciones para los cambios de financiación estatal u otras alternativas para mantener un nivel adecuado de financiación para la asistencia jurídica civil.
La financiación de los servicios de apoyo al sector privado corría peligro de reducir la financiación en 1995.