Nehring dice que es principalmente una codificación de la decisión de la Corte Suprema de 1988, y no pondrían mucha más carga en los sindicatos para demostrar que tienen permiso de los miembros para gastar dinero en causas políticas.
Esto no sería demasiado para los sindicatos y no interferiría en las campañas de gasto político de dichos sindicatos.