Según el preámbulo, la norma no obliga a los gastos de 100 millones de dólares o más por parte de ningún gobierno estatal, local o tribal o del sector privado y, por consiguiente, no es necesaria una declaración con arreglo al artículo 202 de la Ley de mandatos no financiados de 1995.
La Ley de mandatos no financiados de 1995 se refiere a gastos por valor de 100 millones de dólares o más.