Los participantes creían en general que las disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 debían aplicarse y evaluarse antes de que el Congreso considerara la posibilidad de añadir nuevos requisitos legislativos; sin embargo, los participantes convinieron en que muchas de las partes responsables podían y debían hacerlas, como los órganos reguladores y autoreguladores, dentro de su autoridad actual.
La gente pensaba que el acto Sarbanes-Oxley debía entrar en vigor antes de que se establecieran normas legislativas adicionales.