Las leyes también ordenan que los trabajadores sean entrenados en seguridad plaguicida, sean notificados de campos que han sido rociados, tengan agua fresca para lavar los productos químicos de su piel y reciban ayuda médica de emergencia en casos de exposición o enfermedad de pesticidas.
La ley no tiene mandatos para proteger a las personas de los efectos de los plaguicidas.