La decisión de la Corte muestra no sólo una indebida especial solicitud por nuestra propia profesión; también muestra, creo, la afición misma por la reforma a través de los tribunales -la elaboración de innumerables juicios sociales a través de imperativos constitucionales pronunciados por los jueces- que llevó al Congreso a restringir los litigios financiados con fondos públicos de este tipo.
El Congreso restringió los litigios financiados con fondos públicos en los tribunales estatales.