Se analiza por qué el interés del Gobierno en impedir que las estaciones [radio pública] se conviertan en un punto privilegiado para las opiniones políticas e ideológicas de los propietarios y gerentes de estaciones, 468 U. S., a las 396 (omitidas las comillas internas), fue insustancial y por lo tanto no pudo justificar la restricción de la ley a la editorialización.
El Gobierno no permite a las personas poseer o gestionar estaciones de radio.