La Comisión y los planificadores dedicaron el 10% de la consignación estatal para servicios jurídicos civiles a financiar proyectos innovadores que asocian a proveedores de servicios jurídicos y a los tribunales para ayudar a los litigantes autorepresentados de bajos ingresos.
La gente que se representa a sí misma generalmente no sabe lo que están haciendo.