Parte integrante de ese acuerdo era el entendimiento de que los trabajadores H-2 tendrían derecho si calificaban de otra manera, y solo si calificaban de otra manera, a representación de servicios legales, porque sin eso, las protecciones contenidas para esos trabajadores, las protecciones de vivienda, las protecciones domésticas, de transporte, la tasa de trabajo a destajo y las protecciones de tasas salariales de impacto adverso se vuelven completamente sin sentido.
El acuerdo prohibía explícitamente a los trabajadores H-2 obtener servicios legales.