A medida que el ritmo de la evolución de los sistemas de prestación de servicios y la reconfiguración de los beneficiarios se aceleró tras los recortes de financiación y las reformas de los programas en 1996, y estimulada por la revolución tecnológica, la presentación de informes sobre la actividad de los beneficiarios únicamente sobre la base de los casos era cada vez más insuficiente.
Durante este período, el informe de la actividad concesionaria empeoró.