En 1998, dos años después de que Washington redujera la financiación de la ayuda legal por un tercio o $122 millones - los programas estatales comenzaron a hacer frente a requisitos más rigurosos para las renovaciones de donaciones, incluyendo lograr la configuración óptima de las áreas de servicio.
En consecuencia, en 1998 se rechazaron miles de solicitudes de asistencia jurídica.