Los criterios y normas utilizados para medir la fuerza de una red de prestación de servicios jurídicos se derivan de la Ley y reglamentos de la LSC, los criterios de rendimiento de la LSC, las normas de la Asociación Americana de Abogados (ABA) para los programas que prestan servicios jurídicos a personas de medios limitados y las normas ABA para proveedores de servicios jurídicos civiles a los pobres.
Existen normas de ABA para los proveedores que dan ayuda legal a los pobres.