Además, la disponibilidad de servicios jurídicos para los trabajadores de H-2A de organizaciones sin fines de lucro financiadas con cargo a la CL y abogados privados es extremadamente limitada; y los organismos gubernamentales carecen de los recursos o de la autoridad legal para hacer cumplir los derechos legales de estos trabajadores.
La falta de servicios jurídicos para los trabajadores de H-2A significa que muchos de ellos no tienen representación.