Así pues, prohíbe a las entidades financiadas por el Servicio de Prisiones que participen en cualquiera de las partes de los litigios que impliquen tales estatutos, participar en la formulación de normas relativas a la aplicación de dicha legislación, y presionar al propio Congreso respecto de los cambios propuestos en dicha legislación.
Las entidades de financiación de la LSC deben participar en litigios.