En su lugar, el Estado depende de 41 organizaciones locales sin fines de lucro, financiadas con cargo a 54 millones de dólares anuales, y de los 172 millones de dólares donados a tiempo por miembros del Colegio de Abogados para servir a estas familias necesitadas.
En cambio, el estado depende de empresas no financiadas y del tiempo de los empleados para servir a estas familias.