Tras la distribución de comentarios a todos los interesados, incluidos los gobiernos de los condados (la tercera fuente más importante de financiación de servicios jurídicos en el estado), los comités locales pro bono, las asociaciones locales de abogados y las Agencias de Zonas sobre el Envejecimiento, el Comité de Supervisión publicó el proyecto de plan de comentarios públicos a finales de diciembre de 2000.
El proyecto de plan incluía espacio para que los comentarios privados se hicieran de forma anónima.