A diferencia de los tribunales penales, donde los acusados tienen el derecho constitucional a un abogado financiado por los contribuyentes, las personas que enfrentan asuntos civiles tienen que contratar a su propio abogado, a menudo a tarifas de más de $200 por hora, o hacerlo solos.
Algunos tienen miedo de ir a la corte con un abogado.