En mayo de 1997, una auditoría del INS de 1,1 millones de personas a las que se les concedió la ciudadanía entre septiembre de 1995 y septiembre de 1996 reveló 4.946 casos en los que el arresto penal debería haber descalificado a un solicitante o en los que un solicitante mintió sobre sus antecedentes penales.
No hay casos de solicitantes que mientan sobre sus antecedentes penales.