Al promulgar la Ley de LSC, el Congreso declaró la necesidad de proporcionar acceso igual al sistema de justicia nacional para personas que buscan reparación de las quejas y dijo que los abogados que prestan asistencia legal deben tener plena libertad para proteger el interés superior de sus clientes en consonancia con el Código de Responsabilidad Profesional, el Canon de Ética y los altos estándares de la profesión jurídica.
Los fiscales deben seguir el código de Responsabilidad Profesional.