En resumen, es evidente que es poco probable que los trabajadores de H-2A planteen reclamaciones jurídicas antes de que termine su contrato de empleo, que están obligados a abandonar los Estados Unidos al final de sus contratos, que muchas de sus reclamaciones surgen después de su partida, y que no se pueden completar los procedimientos judiciales antes de que se vayan.
La mayoría de estos empleados no plantearían problemas legales hasta que sus contratos se levantaran.