La carta también anticipó la aprobación de restricciones del Congreso sobre las actividades de los programas de LSC, lo que llevó a LSC a instruir a sus programas para forjar vínculos más profundos con otras partes interesadas, incluidos los programas no financiados por LSC, los colegios de abogados estatales y locales, los administradores de IOLTA, el poder judicial y grupos de clientes.
El LSC se preocupa por su relación con las partes interesadas.