Algunos participantes creían que los accionistas se beneficiaban de litigios y cuestionaban la idoneidad de las medidas de aplicación basadas en la sociedad civil, citando el hecho de que los accionistas ya habían resultado perjudicados financieramente por las medidas que conducen a las sanciones.
La litigación se basó en controversias sobre la adhesión a determinadas condiciones contractuales.