Según la APHIS, esta norma no contiene mandatos federales (de conformidad con las disposiciones reglamentarias del Título II de la Ley de reforma de los mandatos no financiados de 1995) que pueden dar lugar a gastos por gobiernos estatales, locales y tribales, en el conjunto, o al sector privado, de 100 millones o más en cualquier año.
La norma deja claro que todas las medidas adoptadas por el gobierno darán lugar a una multa mayor.