Estas incluyen ideas como limitar las apelaciones que los estados y las personas pueden presentar si los federales se niegan a hacerse cargo de los costos de restauración; mientras estas apelaciones están pendientes, FEMA tiene que hacerse cargo de los costos totales de reubicación no solo de las familias, sino también de entidades tan costosas como ayuntamientos y universidades.
Las apelaciones podrían ser limitadas.