Los auditores deben ejercer un juicio profesional en la planificación de la participación mediante la obtención de una comprensión de los posibles efectos del fraude, los actos ilegales u otros incumplimientos sobre el asunto o la afirmación del compromiso de la certificación y la determinación y evaluación de los riesgos asociados que puedan tener un efecto material en la participación en la certificación.
Los auditores no necesitan entender las actividades ilegales.