En 1998, dos años después de que Washington recortara los fondos de asistencia legal en un tercio o $122 millones, los programas estatales comenzaron a enfrentar requisitos más rigurosos para las renovaciones de subvenciones, incluido el logro de una configuración óptima de las áreas de servicio.
Después de que Washington aumentó la financiación de la asistencia jurídica, los programas estatales relajaron los requisitos para la renovación de subvenciones.