La FDA determinó que, debido a que esta norma no impone mandatos a las entidades gubernamentales y dará lugar a gastos inferiores a 100 millones de dólares en un año, que no se necesita ningún análisis más en virtud de la Ley de reforma de los mandatos no financiados.
La FDA determinó que los gastos eran demasiado bajos para requerir análisis.