Estas entidades de planificación están generalmente compuestas por una serie de partes interesadas en la administración de justicia civil, incluyendo pero no limitados a representantes de la asociación estatal de abogados, entidad de financiación estatal IOLTA, programas de servicios jurídicos dotados (LSC y no LSC), la comunidad pro bono, organizaciones clientes, clientes y otros con interés y compromiso para la prestación efectiva de servicios jurídicos civiles a personas pobres y vulnerables en el estado.
Esas entidades de planificación no involucran a ningún interesado de la profesión legal.