Es difícil ver cómo proporcionar servicios legales gratuitos a algunos solicitantes de asistencia social (aquellos cuyos reclamos no cuestionan los estatutos aplicables) mientras no se los proporciona a otros está más allá del rango de elección legislativa legítima.
Es difícil entender por qué algunos de los que reciben asistencia social pueden obtener servicios legales gratuitos mientras que otros no.