En general, los participantes creían que las disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 debían implementarse y evaluarse antes de que el Congreso considerara agregar nuevos requisitos legislativos; sin embargo, los participantes acordaron que otras partes responsables, como los organismos reguladores y autorreguladores, pueden y deben hacer mucho, dentro de su autoridad actual.
La gente consideraba que la ley Sarbanes-Oxley era una pieza legislativa crucial.