Desde el punto de vista procesal, la solidez jurídica de los cambios de clasificación de tarifas o correos por contrato es dudosa, ya que el único medio de hacer esos cambios reconocidos en la Ley de reorganización son los procedimientos establecidos en el Capítulo 36 del Título 39.
Es probable que los cambios de tarifas sobre la base de un contrato sean legales.