California tiene una escasez crítica de servicios legales para los pobres y, como deja en claro este informe, es imperativo que el estado se una al gobierno federal y a los financiadores privados para aumentar los recursos para que todos los californianos, independientemente de sus ingresos, tengan el mismo acceso a nuestro sistema de justicia.
El gobierno federal podrá financiar completamente el acceso de los californianos pobres a los servicios legales.