que 1) exigir responsabilidades a los directivos superiores por su desempeño individual y organizacional vinculando la gestión de la actuación profesional con los objetivos orientados hacia los resultados de la Ley de resultados y resultados del Gobierno de 1993 (GPRA), 2) evaluar el desempeño ejecutivo superior mediante medidas que equilibran los resultados institucionales con la satisfacción del cliente, las perspectivas de los empleados y cualquier otra medida que los organismos decidan son apropiadas, y
El desempeño institucional de los altos ejecutivos se supervisa estrechamente para su evaluación.