Por lo tanto, está claro que el Congreso elaboró la disposición de certificación como un compromiso cuidadosamente equilibrado que asegura al Presidente que pueda proteger la confidencialidad de la información altamente sensible, cuya divulgación perjudicaría sustancialmente las operaciones del gobierno, al tiempo que le permitiría al Contralor General el acceso a la información que necesita para cumplir sus responsabilidades en virtud de la ley.
El Congreso no adoptó la disposición.