Parte y parte de ese acuerdo era un entendimiento de que los trabajadores H-2 tendrían derecho si de otro modo calificaban, y sólo si ellos calificaban de otra manera, a la representación de los servicios jurídicos, porque sin ello, las protecciones contenidas para esos trabajadores, las protecciones de vivienda, el hogar, las protecciones de transporte, la tasa de trabajo y las tasas de impacto adversas de los salarios no tienen sentido.
A fin de preservar otras protecciones garantizadas a los trabajadores en la clasificación H-2, el acuerdo afirmó que también tenían derecho a la representación de los servicios jurídicos.