Cuando, en 1998, el LSC anunció su intención de lanzar una iniciativa que requeriría una reestructuración masiva del sistema nacional de prestación de servicios jurídicos, el anuncio también fue muy aterrador y no fue recibido, en muchos trimestres, con armas abiertas.
Muchos se opusieron a la iniciativa de reestructuración.