Como dijimos en Rosenberger, [c]uando el gobierno desembolsa fondos públicos a entidades privadas para transmitir un mensaje gubernamental, puede tomar medidas legítimas y apropiadas para garantizar que el beneficiario no confunda ni distorsione su mensaje.
El gobierno es libre de desembolsar fondos públicos a entidades privadas, pero debe hacerlo respetando políticas estrictas.