Además, el Parlamento utiliza la información auditada para tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos, y, a través de un Órgano de Vigilancia de la Función Pública (Comisión de Servicios Estatales), para responsabilizar al funcionario ejecutivo jefe de la entidad si no se cumplen las normas de desempeño.
El Parlamento paga a las personas contratadas independientes para que auditen la información que utilizan para adoptar decisiones informadas.