Por lo tanto, el LSC exigía que sus beneficiarios comenzaran a examinar, a nivel estatal, la forma en que todos los beneficiarios de un Estado en particular prestarían servicios en el presente, y que planificaran servir en el futuro, las necesidades jurídicas civiles de las personas de bajos ingresos.
El LSC les pidió que examinaran cómo los beneficiarios servirían a las personas de bajos ingresos.