Las directrices, tal como se aprobaron por la Comisión, presentan un grave límite, ya que, en vez de responder al objetivo de indicar unas orientaciones, facilitan un catálogo de posibles medidas, un catálogo que, al carecer de una definición progresiva de las prioridades, podría incluso despistar a los Estados miembros y orientarles hacia un abanico de propuestas que está en conflicto con la deseada concentración.