Al pedir a los consumidores que aseguren la mitad del coste del reciclaje de los vehículos al final de su vida útil, como lo establece la enmienda 38, mientras que la posición común pide que la totalidad del reciclaje esté a cargo del productor, por primera vez el Parlamento no se presentaría como la garantía de la defensa de los consumidores y de los ciudadanos europeos, sino que se convertiría en cierto modo en una caja de resonancia de los grupos de presión.