Esto no supone, sin embargo, ninguna contradicción, puesto que la petición de un instrumental penal y procesal, tal como se expone en las recomendaciones 1 y 2 del informe, en realidad persigue la defensa de los intereses propios de la UE y, en consecuencia, no lesiona los intereses jurídicos de los Estados miembros, sino que por el contrario los apuntala directamente, como mínimo.