En lugar de prohibir los pabellones de conveniencia, lo que violaría el derecho de todo Estado soberano a contar con una flota mercante, conforme a la directiva de la UE de 1995 relativa al control del Estado del puerto, las autoridades marítimas nacionales deben imponer sanciones más eficaces a los Estados del pabellón que no cumplan con las obligaciones que les imponen los tratados internacionales.