Debemos apostar por una política de cooperación al desarrollo con nuestros países limítrofes del Este y del área mediterránea, pero haciéndolo con rigor, con medios económicos y en estrecha colaboración con las instituciones públicas, que cooperan en la protección de los ciudadanos que ven violados sus derechos más fundamentales o que desean emigrar para hacer frente a sus necesidades más elementales.