Por último, en lo que respecta a EUROPOL, que inició sus actividades efectivas precisamente en 1999 y que propició la aprobación por parte del Consejo de un conjunto de instrumentos que son del conocimiento del Parlamento para hacer posible su funcionamiento, prevalece, evidentemente, una cuestión de fondo que tiene que ver con el control democrático y el control judicial de EUROPOL, cuestiones que naturalmente adquieren una dimensión diferente tras la opción política adoptada en Tampere de incrementar las competencias de EUROPOL y, sobretodo, de darle una dimensión operativa.