Las experiencias en la práctica -sólo se denegaron nueve solicitudes y un 94% de los casos que examinó la Comisión no se resolvieron formalmente, sino sólo por la vía de una carta administrativa legalmente no vinculante y que no se hizo pública, o sencillamente por prescripción del plazo- indican claramente que en la era de la globalización y la ampliación de la UE el trabajo de la Comisión topa con unas limitaciones de tiempo, de personal y financieras.