Una mayoría de los miembros de la comisión ha seguido buscando un punto de equilibrio entre, por un lado, la necesidad de velar por el cumplimiento por parte de los Estados, así como por parte de las empresas, las normas de la competencia y, por otro, el reconocimiento del interés de semejantes ayudas con vistas a contribuir a los objetivos del Tratado, en particular, como ya he dicho, en materia de desarrollo sostenible, de investigación y desarrollo y de cohesión económica y social.