El Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Constitucionales se deberían haber concentrado en algunos puntos no contenidos en la decisión del Consejo en Helsinki, indicando, de este modo, aquello cuya discusión era más importante, entre otras cosas, el asunto de la instauración de un fiscal especial para la delincuencia que afecta a las instituciones de la Unión Europea y a sus intereses económicos.