Ante todo existe el riesgo de que la descentralización de las competencias, en muchos sentidos necesaria en el ámbito de los diferentes Estados, provoque un desarrollo anómalo de las iniciativas en materia de competencia, así como de que alguien se deje llevar por la tentación de utilizar el antitrust no como garantía última del buen y previsible funcionamientos de los mercados, sino como instrumento de política económica e industrial, de planificación y de interferencia con las dinámicas normales de los mismos mercados o, incluso, como instrumento de políticas proteccionistas.