Sin embargo, no puedo olvidar las críticas realizadas en numerosas ocasiones tanto por los Estados miembros como por los operadores del mercado, que, ante el amplio margen de maniobra, de discrecionalidad, reconocido a la Comisión para evaluar cada caso concreto, alegan la existencia de una inseguridad jurídica, al no existir unas reglas claras de juego que permitan a los interesados prever la posición de la autoridad y, así, efectuar ajustadamente sus solicitudes de ayuda al fomento de la actividad económica y del empleo, el planteamiento de fusiones de empresas, etc.