Habría que prohibir a los buques que no se ajusten a las normas el acceso a las aguas europeas, determinar la responsabilidad de los contaminadores, armadores, fletadores, en nombre del principio de que "quien contamina paga", reforzar la vigilancia marítima para evitar cualquier tipo de limpieza de los fondos en el mar, imponer un control serio y fiable de los buques-cisterna, restablecer una línea presupuestaria consecuente sobre catástrofes naturales, para los países miembros y, entretanto, desbloquear una ayuda comunitaria excepcional y permitir que los departamentos afectados por el siniestro reciban ayuda con cargo a los Fondos estructurales.