Al pretender aplicar el principio de subsidiariedad en el nivel de la política de competencia comunitaria, la Comisión delega en las autoridades y tribunales nacionales la competencia en materia de decisiones y de abusos de la posición dominante respecto de acuerdos de empresas que creen distorsiones del mercado, aunque continúen en el régimen de notificación cuestiones de concentración de empresas y ayudas estatales.