En primer lugar: hemos tenido que actuar en el terreno formal para satisfacer las exigencias de la Directiva 96/35/CE que obliga a los Estados miembros a la implantación de encargados de la prevención de riesgos inherentes a las mercancías peligrosas o consejeros de seguridad, así como a la organización, escolarización y examen de estas personas, sin especificar esto de manera explícita.