En lo esencial, estas propuestas introducen la tarjeta de prestación de servicios CE que, en el futuro, permitirá que unos 5 millones de oriundos de países terceros que residan legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea proporcionen servicios a otros Estados miembros, cosa que hoy impiden problemas como la obtención de visados y de permisos de trabajo.