En Gaceta “Ley anti-ONG”: advierten de más restricciones al espacio cívico #4Dic
En Gaceta “Ley anti-ONG”: advierten de más restricciones al espacio cívico #4Dic . Este martes, 3 de diciembre, apareció publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria n° 6.855, con fecha del 15 de noviembre, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, también conocida en la sociedad civil como ‘Ley anti-ONG’.
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Trabajo de www.runrun.es

Este martes, 3 de diciembre, apareció publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria n° 6.855, con fecha del 15 de noviembre, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, también conocida en la sociedad civil como ‘Ley anti-ONG’.

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La ley antisociedad consta de 39 artículos, tres disposiciones transitorias y una derogatoria y fue aprobada el pasado 15 de agosto por la Asamblea Nacional. Tiene como objetivo “establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de la organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, como formas asociativas orientadas a la participación corresponsable de la sociedad”.

El coordinador de la OGN Provea, Oscar Murillo, a través de su cuenta en X, alertó que la publicación de la Ley anti ONG “confirma la estrategia de la coalición gobernante de acelerar el proceso hacia un modelo totalitario al estilo Nicaragua”.

“Esta ley formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas; y su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país”, expresó Murillo.

El coordinador de Provea afirmó que el “régimen autoritario necesita silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos porque estas tienen una incidencia importante y la credibilidad suficiente para levantar la voz de modo que los graves abusos que se cometen no queden en el olvido”.

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia señaló que más allá de los riesgos que contiene esta ley, se parte de un hecho que atenta contra la seguridad jurídica, y es que se da a conocer 18 días después de que entró en vigencia.

Según Acceso a la Justicia, una consecuencia inmediata de esta publicación tardía es que el plazo que tienen las organizaciones para presentar los recaudos (art. 26) se ha reducido de 90 a 72 días.

“La irregularidad de la publicación en Gaceta Oficial de esta ley, lamentablemente denota más indefensión e inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas, y sobre todo a la hora de ejercer su libertad asociativa”, advirtió la ONG.

La organización Probox también lamentó la formalización de esta ley y afirmó que “representa un grave detrimento al poco espacio cívico que queda en el país”.

Dos leyes con contenidos que levantan alertas

La publicación de la ‘Ley anti-ONG’ se da a conocer la misma semana en la que también se aprueba la polémica “Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, otro texto legal restrictivo el cual contempla sanciones administrativas y económicas a medios de comunicación, periodistas y cualquier persona que difunda cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que “afecten al país”.

En el caso de los medios de difusión, medios electrónicos, redes sociales y medios impresos, se impondrá multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre cien mil (100.000) y un millón (1.000.000) de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.

Con esta ley también se establece la creación de un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una “extinción de dominio” para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.

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2024-12-04
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