Hacia una política integral de inclusión financiera
Hacia una política integral de inclusión financiera . El estudio 'Hacia una política pública para la inclusión financiera. Oportunidades y retos para México', tiene el exitoso caso de Brasil como modelo de referencia.
El Financiero
La semana pasada se presentó el estudio ‘Hacia una política pública para la inclusión financiera. Oportunidades y retos para México', que tiene el exitoso caso de Brasil como modelo de referencia. Bajo la premisa de que la inclusión financiera es un mecanismo virtuoso, un grupo de personas expertas —economistas y abogadas— investigamos qué se ha hecho en Brasil para imaginar qué se podría hacer en México.

Empecemos por señalar cuáles son algunas de las virtudes referidas. La inclusión financiera permite a las familias planificar sus flujos y acceder a créditos, sirve para facilitar el ahorro, fomenta la inversión y la creación de negocios, otorga a las personas herramientas para superar crisis (enfermedades, desempleo, etcétera) y sirve para cerrar brechas de pobreza y de género. Además, puede servir para reducir los flujos de efectivo y combatir el lavado de dinero.

Si miramos en una línea de tiempo, en nuestro país, solo 21 por ciento de las personas ahorra de manera formal, el resto lo hace en el mercado informal o no tiene capacidad de ahorros. El ahorro informal es mayor entre las mujeres que entre los hombres y se realiza sobre todo guardando el dinero en la casa, en tandas, en cajas de ahorro, con familiares o personas conocidas, pero no en una institución bancaria.

Un efecto colateral es la enorme circulación de dinero en efectivo en el país. En 2021, por ejemplo, 80.6 por ciento de las compras de más de 500 pesos se realizó en efectivo y solo 2.8 por ciento a través de transferencias bancarias.

Son muchas las variables que, según consta en el estudio, explican esta situación. Desde una alta concentración en la banca tradicional hasta temas de cultura y educación financiera. El hecho es que, en México, los costos de los servicios financieros suelen ser altos y se brindan sobre todo en el sector urbano. Tenemos una regulación pesada a cargo de múltiples instituciones (Banxico, SHCP, CNBV, Condusef, CCE, UIF) que dificulta el acceso de nuevos actores y ralentiza el otorgamiento de autorizaciones y licencias e inhibe la inclusión financiera en nuestro país. Además, la Ley Fintech ha sido rebasada y los sistemas de pago como SPEI, CoDi o Dimo tienen acceso y uso limitado.

Sería injusto decir que los órganos y autoridades reguladoras no han explorado mecanismos y otorgado autorizaciones para revertir la situación, pero lo cierto es que estamos muy lejos de lograrlo. Sobre todo si nos comparamos con casos como el chileno, el uruguayo y, en particular, el brasileño.

La clave para explicar la diferencia es sencilla y concreta: el uso de la tecnología. En 2022, con mecanismos de digitalización, finanzas abiertas, nuevos actores conocidos como neobancos, cuentas bancarias digitales, transferencias digitales accesibles y sin costo, básicamente, Brasil logró incluir en su sistema financiero al 84 por ciento de su población.

El caso de su sistema de pagos digitales es particularmente interesante. Impulsado por el Banco Central de ese país, el mecanismo conocido como ‘pix’, creado en 2020, ha alcanzado en tan solo cuatro años una cobertura de 76 por ciento, y es utilizado todos los días por millones de personas para realizar operaciones de cualquier cuantía de manera inmediata y sin ningún costo de transacción. Se trata de una política pública con un éxito rotundo que, entre otros efectos, ha sacado el dinero en efectivo prácticamente de circulación.

A partir de esa experiencia, las personas que elaboramos el estudio proponemos la elaboración de una política pública integral de inclusión financiera para México, especialmente en grupos tradicionalmente excluidos como mujeres y habitantes de localidades pequeñas. Una política que aproveche lo que ya existe –por ejemplo, las transferencias derivadas de las políticas sociales existentes–, fomente el uso de instrumentos digitales y disminuya los costos de transacción gracias a las tecnologías.

Para ello es necesario aligerar el peso regulatorio actual –lo que no supone vulnerar la seguridad del sistema– y otorgar licencias a instituciones con solvencia probada –el caso del banco brasileño NU sería un buen ejemplo– que facilitan la apertura de cuentas digitales con requisitos simplificados.

Proponemos también –retomando de nueva cuenta el ejemplo brasileño– la adopción de un sistema de pagos digitales que opere sobre dispositivos con red 2G para ampliar el alcance, incluyendo la dispersión de programas sociales y remesas mediante canales digitales.

El diseño de una política pública como esta no solo es posible y deseable, sino que está en sintonía con las preocupaciones, políticas y programas del actual gobierno mexicano.
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