El abogado que se embolsó $2.870 millones tras «pacto secreto» con CGE por incendios forestales
El abogado que se embolsó $2.870 millones tras «pacto secreto» con CGE por incendios forestales . 2.870 millones de pesos se embolsó el abogado Arturo Correa Cuevas en medio de una negociación «secreta» con la CGE. ¿El problema? Sus exclientes hoy lo acusan de haber actuado a sus espaldas y haber traicionado sus intereses para conseguir el acuerdo. Según la querella presentada en contra del jurista, una cláusula de confidencialidad «sirvió […]
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2.870 millones de pesos se embolsó el abogado Arturo Correa Cuevas en medio de una negociación «secreta» con la CGE. ¿El problema? Sus exclientes hoy lo acusan de haber actuado a sus espaldas y haber traicionado sus intereses para conseguir el acuerdo. Según la querella presentada en contra del jurista, una cláusula de confidencialidad «sirvió para que, dolosamente, Correa Cuevas aparentara una espuria justificación para negarse a entregar los antecedentes» de las transacciones que le entregaron jugosos réditos económicos.

(BiobioChile.cl – Felipe Díaz Montero).- La fiscalía indaga un millonario pacto secreto entre la Compañía General de Electricidad (CGE), un abogado que representaba a víctimas de incendios forestales y dos alcaldes de comunas afectadas por las llamas en el verano de 2016-2017. La presentación de una querella criminal por cohecho y otros delitos dio paso a una investigación con diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según la acción penal presentada por exclientes del abogado Arturo Correa Cuevas, el profesional que —en teoría debió representar sus intereses— se encargó de pactar millonarios acuerdos en las sombras que, coincidentemente, terminaron dejándolo a él como el principal beneficiario.

Todo, a cambio de que el propio Correa Cuevas presentara los respectivos desistimientos en la causa penal y en la serie de demandas por indemnización de perjuicios y ambientales que él mismo había interpuesto contra la empresa eléctrica, alegando responsabilidad de la compañía en la catástrofe que esa temporada —sólo en la región de O’Higgins— dejó más de 100 mil hectáreas arrasadas por las llamas.

En efecto, fruto del acuerdo global, se calcula que CGE terminó desembolsando unos $5.370 millones producto del pacto extrajudicial con las 14 víctimas representadas por este abogado. La mayor parte de ese dinero no fue a parar a los representados del jurista, sino que directamente a los bolsillos de éste. Todo ello, acusan, a cambio de “traicionar los intereses” de sus clientes y de las dos municipalidades que representaba.

Por si fuera poco, este y otros pactos alcanzados por CGE durante el proceso judicial que se inició a partir de los incendios pavimentaron el sobreseimiento definitivo de los gerentes imputados. ¿Lo extraño? El mismo estudio de abogados Ortiz & Compañía, que representó en el proceso a lo ejecutivos de la empresa, defiende hoy los intereses del mismo Correa Cueva en la causa que se abrió con la querella de sus clientes.

El abogado de las víctimas

“Soy un profesional con gran experiencia en materias ambientales, incendios forestales, bancarias, financieras, transporte público, civiles y comerciales, corporativas, contractuales, contratos internacionales, inmobiliarios (…)”. Esa es apenas una parte de la descripción que el propio Arturo Correa Cuevas, hoy abogado querellado por sus propios exclientes, hace de sí mismo en su perfil de la red social para profesionales LinkedIn.

En él confiaron 14 de las víctimas de los incendios forestales que azotaron la región de O’Higgins en la temporada estival 2016-2017. Además, buscando una reparación ambiental, contrataron sus servicios las municipalidades de Marchigüe y Paredones.

A estas últimas instituciones, Correa Cuevas les propuso cobrarles “contra resultado”, pese a que se trataba de causas en tribunales ambientales donde las sentencias no establecen compensaciones en dinero sonante y contante de la que él pudiese haber sacado una tajada. Por el contrario, disponen la reparación ambiental a través del financiamiento de programas para esos fines.

Así fue como el abogado se aventuró con la presentación de los escritos tanto en la justicia penal y civil, en favor de las personas naturales; como ante el Tribunal Ambiental de Santiago, en representación de los dos municipios.

Sin embargo, según se plantea en la querella por delitos de corrupción presentada contra el abogado, este último habría aprovechado su robusta cartera de clientes para negociar, “a espaldas de sus clientes”, un acuerdo global con la CGE por un monto cerrado de $5.000 millones a cambio de poner fin a las demandas que él mismo impulsó en favor de 14 personas naturales.

“En un solo acto —y en desmedro de los intereses de los mandantes que representamos y del interés público por el cual debía velar en su calidad de abogado patrocinante de estas dos municipalidades—, CORREA CUEVAS transó todos los juicios iniciados por él de forma global en una sola ‘operación’”, reza el libelo.

El mismo documento especifica que el mismo jurista solicitó “los cheques fueran girados nominativamente a nombre de él y sin cruzar, en su calidad de mandatario judicial”.

Top secret!

Una parte fundamental del pacto se selló el 30 de abril de 2019 en la 27ª Notaría de Santiago ubicada en Providencia, lugar hasta donde acudieron personalmente —en representación de sus respectivos municipios— los entonces alcaldes Héctor Flores Peñaloza (UDI) de la comuna de Marchigüe y Jorge Sammy Ormazabal López (PPD) de Paredones. Ambos, se lee en el contrato, contaban con la aprobación de sus respectivos concejos municipales para materializar el acuerdo.

Entre los aspectos que llaman la atención del contrato, destaca el hecho que la CGE se comprometió a financiar y ejecutar un plan de reparación ambiental en los predios afectados por el fuego en Marchigüe y Paredones. Eso sí, el contrato especifica que dicho compromiso tenía como único propósito poner fin al proceso en la justicia ambiental contra la compañía, subrayándose que no implicaba “reconocimiento alguno de responsabilidad en los hechos que son objeto de la demanda”.

Además, a petición de los municipios involucrados, la firma se comprometió a pagar los honorarios del abogado Correa Cuevas. Es decir, $370 millones por los servicios prestados a ambas casas edilicias.

La empresa buscó protegerse las espaldas estableciendo una cláusula de confidencialidad en el acuerdo suscrito en la notaría. En específico, en el decimocuarto punto, se determinó que “las demandantes (particulares y municipios) se comprometen a mantener bajo estricta y absoluta confidencialidad el contenido del presente acuerdo y de las conversaciones sostenidas sostenidas en el contexto del mismo, asimismo se compromete a mantener bajo estricta reserva toda información que conozcan en mérito de la presente transacción, quedando absolutamente prohibido divulgar por cualquier medio tal información a terceros”.

“Precisamente, esta cláusula penal sirvió para que, dolosamente, Correa Cuevas aparentara una espuria justificación para negarse a entregar los antecedentes de estas transacciones, que habían sido requeridos por nuestros mandantes”, acota la querella.

Jugoso acuerdo

De acuerdo al libelo, los alcaldes y el gerente general de CGE, como consecuencia del acuerdo global por $5 mil millones, el profesional del Derecho que representaba a las víctimas percibió $2.870 millones.

De ese total, $2.500 millones corresponden a su porcentaje (50%) por honorarios y $370 millones por el mencionado trabajo en las demandas ambientales de Marchigüe y Paredones.

Los restantes $2.500 millones se repartieron en distintos porcentajes entre las 14 víctimas particulares de los incendios que habían iniciado acciones legales contratando los servicios de Correa Cuevas. Una cifra muy lejos de las pretensiones que habían plasmado en las demandas originales.

“Correa Cuevas y representantes de CGE han intentado justificar o argumentar que este acuerdo global habría sido precedido de extensas y difíciles negociaciones, afirmación que —no obstante los vanos intentos por parte de personeros de CGE- transcurridos cuatro años de investigación, no ha podido ser acreditada con ningún antecedente, correo electrónico, mensaje o siquiera comunicación, que dé cuenta de una negociación seria y real, ni, mucho menos, de cómo determinaron un monto cerrado de cinco mil millones de pesos”, añade el escrito.

La salida

Sea como sea, sólo días después de firmado el acuerdo notarial, específicamente el 2 de mayo de 2019, el abogado Correa Cuevas presentó los primeros desistimientos de querellas en la causa penal por Ley de Bosques seguida contra los ejecutivos de CGE ante el Juzgado de Garantía de Peralillo.

El resto de las víctimas continuaron el proceso. Así, el 17 de diciembre de ese mismo 2019 la Fiscalía, en acuerdo con los imputados, le propuso al tribunal la suspensión condicional del procedimiento por dos años. Lo anterior, a cambio de que la empresa donara $150 millones a bomberos de la región de O’Higgins y pagara indemnizaciones a más de 600 víctimas contempladas en un acuerdo notarial paralelo al suscrito.

Después de dos años con el procedimiento suspendido, y tras cumplir con la donación a Bomberos y el pago de indemnizaciones a más del 90% de las víctimas que se acogieron al proceso compensatorio, finalmente el 23 de diciembre de 2021 la justicia decretó el sobreseimiento definitivo de los ejecutivos de la empresa.

“Ambos concejos municipales aprobaron la transacción espuria en sesiones extraordinarias y no ordinarias lo que ya no nos puede sorprender a estas alturas, pues lo que buscaban los imputados era la aprobación inmediata de esta transacción a toda costa porque así podían los abogados enriquecerse indebidamente según hemos expresado”, se añade.

Además, posteriormente, dicho plan de reparación, tras ser presentado ante la justicia, “fue justificadamente rechazado de plano por el Tribunal Ambiental”.

Pese a los $5.370 millones desembolsados, los querellantes calculan que la empresa se ahorró por concepto de indemnizaciones, en caso de que la justicia hubiese fallado en su contra, algo así como $16 mil millones.

Coincidencia judicial

El vínculo que permitió sellar el acuerdo entre CGE, el abogado de las víctimas y los alcaldes de las comunas afectadas fue denunciado como un eventual delito de cohecho, en una causa que continúa tramitándose en la justicia.

En la misma figura como imputados el gerente general de CGE, Iván Quezada Escobar, además de los exalcaldes de Marchigüe y Paredones, Héctor Flores y Jorge Ormazábal, respectivamente. El cuarto encartado es Arturo Correa Cuevas, quien representó a las víctimas.

Coincidencia o no, el abogado de este último es Rodrigo Ávila Oliver, mismo que en el pasado defendió a los gerentes de CGE en la causa por los incendios.

Este medio contactó a la CGE con la finalidad de que respondieran sobre las acusaciones por supuestos “sobornos” y la razón que motivó el alcanzar acuerdos confidenciales con el abogado de algunas víctimas. Sin embargo, y pese a que en un principio se comprometieron a responder las preguntas, días más tarde se comunicaron para informar —sin ningún fundamento— que la empresa había decidido no participar de este artículo. El abogado que representa al gerente general de CGE en la causa tampoco estuvo disponible.

Lo mismo ocurrió con los abogados Rodrigo Ávila Oliver y Leonardo Battaglia Castro del estudio jurídico Ortiz & Compañía, quienes actúan como defensores de su colega Arturo Correa Cuevas en esta causa. Al ser contactados por este medio e informados sobre el caso que se buscaba conversar con ellos, desde la oficina informaron que no había disposición para hacerlo.

Así, Battaglia Castro no pudo responder —por ejemplo— si le parece o no reñido con la ética estar defendiendo a un abogado con el que técnicamente ‘se enfrentó’ en el proceso donde él (Battaglia) defendió a los ejecutivos de CGE y su ahora cliente, Arturo Correa Cuevas, representaba a las víctimas. Precisamente el mismo proceso judicial donde se fraguó el cuestionado acuerdo.

Exalcaldes responden

Quien sí habló fue el abogado de uno de los alcaldes imputados. El letrado Navaí Valdivia Lagos, quien defiende al exalcalde de Marchigüe Héctor Flores Peñaloza, aseguró que se trata de una querella, a su juicio, infundada.

“Es una querella presentada por particulares que no tienen representación alguna de la Municipalidad de Marchihüe. Se basa en hechos infundados a tal punto que la fiscalía no ha citado a formalizar”, planteó Valdivia.

En esa línea, añadió que “tenemos pendiente una audiencia fijada para enero, donde se debatirá el sobreseimiento definitivo por no ser constitutivo de delito los hechos de la querella y la falta de legitimación activa de los querellantes”.

Por último, el exalcalde de Paredones, Jorge Sammy Ormazábal López, respondió a este medio una serie de preguntas a propósito de los hechos denunciados en la querella.

Consultado sobre cuál fue su rol en la contratación de Arturo Correa Cuevas y cómo influyó él en que Marchigüe, el exjefe comunal señaló que “los Municipios de Marchigüe y Paredones fueron los únicos que abogaron y defendieron los intereses del medio ambiente en su comuna”, destacando que “los municipios obtuvieron la reparación ambiental de cerca de 9.200 hectáreas para ambos municipios lo que implica un costo aproximado de 10 a 20 millones de dólares para cada municipio”.

Respecto a si quedó conforme con el acuerdo notarial confidencial al que arribaron con la CGE o si considera que podrían haber conseguido un mejor trato, el exalcalde subrayó que “ambos municipios lograron una indemnización adicional de $1.000 millones en bienes y obras directas para la comuna”.

Sobre las razones por las que CGE terminó pagando los honorarios del abogado de los municipios, sostuvo que “el abogado Correa se acercó a cada municipio en forma independiente y ofreció sus servicios contra resultado los municipios no le pagaron ningún honorario porque se le exigió a la demandada (CGE) pagarlos producto de la transacción”.

Asimismo, consultado respecto a si recibió algún porcentaje del dinero pagado por CGE al abogado, Ormazábal calificó como “capciosa” la pregunta de este medio, afirmando que “en ninguna parte de los hechos de la querella presentada se imputa a ningún alcalde haber recibido dinero alguno”.

“(En el libelo) se indica en los hechos que permitieron que la CGE pagara los honorarios del abogado Correa, cosa que es común en todo tipo de juicios al haber una transacción que se cargue al demandado el pago de las costas judiciales, que en el caso de las causas ambientales permitió que los municipios no desembolsen un peso en el pago de abogado. Trabajo que por lo demás se pactó contra resultado y existió un trabajo que duró cerca de 5 años en litigio, con resultados muy buenos para ambos municipios”, acotó.

Por último, Ormazábal López remarcó que “cada una de las acciones que emprendimos los municipios fueron con el acuerdo de los concejales. Arturo Correa expuso ante el Concejo Municipal la propuesta y se aprobó en forma unánime”, añadiendo que lo mismo ocurrió con las propuestas del Ministerio del Medio Ambiente y los proyectos que tuvo que financiar CGE.
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2024-12-08
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