El gobierno nacional recortó 96% las transferencias de capital a las provincias
El gobierno nacional recortó 96% las transferencias de capital a las provincias . En su primer año, el gobierno nacional paralizó la obra pública y dejó de mandar fondos a las jurisdicciones casi en su totalidad para inversiones de infraestructura, mientras que redujo 72% los envíos para gastos corrientes, de acuerdo a ASAP. Algunas provincias denunciaron ante la Justicia las deudas por montos comprometidos. El único distrito que recibió más recursos fue la Ciudad de Buenos Aires por el cumplimiento de un fallo de la Corte. Leer más
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No contar con un presupuesto aprobado por el Congreso fue la gran ventaja de Javier Milei, dado que le permitió un manejo discrecional de los fondos ante la disparada de una inflación ya elevada. Sin embargo, fue aún más allá y redireccionó gran cantidad de partidas al mismo tiempo que incumplió otras tantas que directamente eliminó. Las transferencias a las provincias y, dentro de ellas, la paralización de la obra pública explicaron gran parte de la motosierra. No contar con una ley de leyes propia para 2026 le puede brindar el mismo beneficio.

Durante los primeros once meses de este año, el gasto acumulado del Estado se contrajo un 27% interanual ajustado por inflación, de acuerdo al último reporte de ASAP. La baja se apoyó en menores recursos destinados a las jubilaciones y pensiones, en las transferencias corrientes, de los gastos en remuneraciones y, principalmente, de los de capital (-76,8%). Este último guarismo se explicó en gran medida por la motosierra sobre la obra pública y las transferencias a las provincias.

El superávit financiero de $ 523.398 millones del Sector Público Nacional para octubre está explicado por una profunda reducción en las erogaciones. Los conceptos que más aportaron a la reducción del gasto primario destacan a las transferencias corrientes y las prestaciones de la seguridad social, que entre ambos explican casi el 70% de la caída, mientras que la retracción de los gastos de capital da cuenta del 21,1% aquella reducción, siempre según ASAP.

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En lo que va de 2024, les envió a las provincias solo $ 1,3 billones para afrontar erogaciones corrientes y $ 78.465 millones para las de capital, compiló ASAP. Esto implica una caída del 71,8% para los gastos comunes medido interanualmente y ajustado por IPC, mientras que fue del 95,8% para los de obras.

El senador provincial correntino Martín Barrionuevo desglosó que, de ese total se destinaron $ 791.838 millones para las 23 provincias y $ 573.323 millones para la Ciudad de Buenos Aires, lo que se debió al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema para que fondee el traslado de la policía.

“Federalismo inverso de Milei” calificó en X (ex-Twitter) el hecho de que “casi la mitad de los fondos discrecionales de Nación fueron para CABA”. Mientras achicó los envíos a todas las jurisdicciones, la ciudad capital fue la única que creció y en un 17%, de acuerdo a sus cálculos.

“Todos los aportes del tesoro nacional (ATN) no automáticos se enviaron con la condición obligatoria de que haya una declaración de emergencia y un pedido formal de la provincia”, explicaron desde Casa Rosada a PERFIL. “Estas pueden ser de distintas índoles, aunque la mayor parte se explicó por incendios o inundaciones”, precisaron.

La Rioja no recibió el 97% de los fondos este año, denunció a PERFIL la diputada nacional Gabriela Pedrali. Su par Ricardo Herrera sumó a este medio que “a pesar de que estaba establecido en el artículo 83 del presupuesto que fue prorrogado, se nos ha cercenado el envío de los fondos de la Nación este año. Ese monto, a pesos corrientes, significa $ 482 mil millones, casi $ 40 mil millones por mes que dejamos de recibir y que nos ayuda a que los municipios den aumentos salariales y que realicen obras”. Por esto, presentaron recurso ante el máximo tribunal.

A la par, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, denunció que Nación acumula deudas con los bonaerenses por un total de $ 7,8 billones, actualizado a octubre. Estas se dividen en obras públicas comprometidas por $ 5,3 billones; pasivos directos, como transferencias de Anses a caja provincial y diversos fondos para educación, transporte, salud, por $ 2,09 billones; y la discontinuidad o retrasos de programas nacionales por $ 371.163 millones.

“La magnitud de esta deuda representa un cuarto de los ingresos totales previstos en el presupuesto de la Provincia para 2025”, cuantificó. “Son compromisos legítimos de los cuales la Nación no puede desentenderse: hemos acudido a la Corte Suprema y seguiremos haciendo todos los reclamos que sean necesarios para recuperar esos fondos y para la continuidad de las mil obras paralizadas”, explicó.

Algunos municipios, como el de Ituzaingó, decidieron enviarles comunicados a los vecinos con el detalle de las obras que estaban programadas pero fueron paralizadas. En ese caso incluye la ampliación de la red de agua y cloacas, obras ferroviarias y peatonales, además del Centro Universitario Regional que iba a ser sede de las casas de altos estudios de La Matanza y Hurlingham.
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2024-12-08
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