Los abogados de Isidoro Quiroga: “Esta es una causa ficticia desde el punto de vista de los hechos”
Los abogados de Isidoro Quiroga: “Esta es una causa ficticia desde el punto de vista de los hechos” . Los penalistas Alex van Weezel y Juan Domingo Acosta optan por alejarse de su tradicional bajo perfil para defender a su cliente, el exdueño de la salmonera Australis, quien será formalizado por estafa y administración desleal a raíz de la venta de la empresa a la china Joyvio. “Las decisiones de la Fiscalía han terminado siendo funcionales a una estrategia que pudiera calificarse de extorsión”, acusan.
La Tercera
Los abogados Alex van Weezel y Juan Domingo Acosta comienzan la única entrevista que han dado a raíz del caso Australis con una apreciación general. Los defensores penales del empresario Isidoro Quiroga Moreno (73 años, ingeniero civil, seis hijos) son reacios a las entrevistas, pero la decisión de la Fiscalía Oriente de formalizar a su cliente por estafa y administración desleal, solicitada este lunes al Cuarto Juzgado de Garantía, los forzó a cambiar de estrategia. La audiencia de formalización está programada para el 15 de enero e involucra también al expresidente de la salmonera, Martín Guillof, a quien también representan, y al exgerente de finanzas, Santiago Garretón, quien es defendido por Cristián Muga.

Van Weezel comienza así. “Nosotros no consideramos apropiado trasladar a los medios de comunicación las controversias judiciales, pero hacemos una excepción en este caso, atendido que la contraparte ha aparecido más de 300 veces en los medios y ha difundido una serie de falsedades sobre nuestros clientes y nos vemos en la obligación de rectificar eso y defender sus intereses”. Y agrega: “Es un tema de imagen y de respeto a la trayectoria y a la seriedad empresarial de nuestros clientes”.

La contraparte son los penalistas Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik, un equipo que lidera Alberto Eguiguren y que integra a otros abogados encargados de un juicio arbitral ante un panel de tres expertos en Chile y otras controversias abiertas en Florida y Delaware, Estados Unidos, y Londres, Inglaterra.

Pero el flanco mayor hoy es el penal, tras la formalización solicitada por la fiscal Constanza Encina, quien encabeza la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la zona oriente de la Región Metropolitana.

¿Cómo recibió su cliente la noticia de la formalización?

Alex van Weezel (AVW): Como cualquier persona que recibe una noticia así, está afectado, pero también muy tranquilo, en el sentido de que tiene la convicción de que ha actuado correctamente en todo momento.

¿Si le piden explicar en palabras sencillas este caso, como lo resumiría?

AVW: Partiría diciendo que este es un caso inventado, es un caso que carece de todo fundamento legal y en la evidencia que se ha recogido en la investigación durante este tiempo. La imputación básica de los querellantes es que aquí se habría ocultado información y por esa vía se habría engañado a los compradores.

La Fiscalía Oriente en audiencia para el 15 de enero próximo, buscará formalizar a Isidoro Quiroga por estafa y administración desleal.

Información relativa a la producción de la salmonera…

AVW: Tanto información relativa a los datos productivos de la compañía, como a su régimen regulatorio, concretamente, respecto al cumplimiento de los límites de producción. Ninguna de las dos acusaciones es verdadera. Respecto de la información productiva, ya desde los primeros contactos entre los asesores de Joyvio y Australis se entregó toda la información productiva necesaria para evaluar la realidad de la compañía. Las primeras proyecciones productivas se entregan después de la firma de un acuerdo de confidencialidad, en abril de 2018, y se continúa entregando información en el due diligence y hasta la toma de control en julio de 2019 de los nuevos dueños. Toda la información se entregó, y no solo se entregó, sino que fue trabajada, analizada, cotejada, verificada, certificada por los asesores legales y técnicos de Joyvio, de los compradores. Esto consta en la investigación en centenares de documentos.

Juan Domingo Acosta (JDA): De manera especial, se puede nombrar a este efecto a una asesora de Joyvio que viajó especialmente a este proceso, doña Dina Ding, que declaró expresamente ante la señora fiscal que, en su opinión, se había entregado toda la información, que había estado disponible en un sistema de videoconferencia y que nunca hubo un conflicto al respecto. Consta también de las declaraciones del propio CEO de Joyvio, el señor (Chen) Shaopeng. Consta también de la extensa declaración que prestó en la causa don José Gago, que ofició, por una parte, de negociador de Joyvio y por otra, de asesor experto, y que se explayó en detalle acerca de la información que recibió y lo que él hizo con esa información, vale decir las proyecciones, y cómo esa información que él recibió y la que el procesó se la entregó a Joyvio, entre otras pruebas, muchas…

¿El testimonio de José Gago es lo más relevante de la causa?

AVW: Es muy relevante, pero no es el único. Es muy relevante porque esta es una causa, en primer lugar, por estafa. Y el delito de estafa supone que existe una comunicación entre una parte y otra y que esa comunicación es portadora de un engaño que hace incurrir al que recibe la comunicación, en un error. Aquí la víctima de esta supuesta estafa sería Joyvio, que está encarnada en la persona de don José Gago, que es el representante, el negociador, el interlocutor.

14/12/2024 - ALEX VAN WEEZEL Y JUAN DOMINGO ACOSTA - Mario Tellez / La Tercera

14/12/2024 - ALEX VAN WEEZEL Y JUAN DOMINGO ACOSTA - Mario Tellez / La Tercera

¿Y la otra imputación?

AVW: La otra imputación es el ocultamiento de este incumplimiento de los límites productivos, o sea, de las reglas del juego. Al señor Gago le preguntan a quién correspondía verificar que la compañía estuviera cumpliendo con la regulación y, particularmente, con los límites productivos. Él dice que el due diligence técnico, de concesiones, es el de Guillermo Brain, experto en concesiones, fallecido hace poco, quien realizó un informe a través de una empresa consultora llamada Lua Austral. ¿Y qué dice el informe de Lua Austral, del cual tenemos solo el resumen ejecutivo, porque, por alguna razón, Joyvio no ha querido entregar el informe? Lua hizo un reporte por cada una de las 95 concesiones, visitó 54 concesiones. Dice que “se analizó el programa de siembra de la compañía, cruzando la información y chequeándolo con el periodo de descanso de cada barrio, con la capacidad máxima de producción permitida por el proyecto técnico, y con la capacidad máxima física de producción de cada concesión”. Con el resultado de este análisis llega a la conclusión de que el plan productivo de la compañía, tal como estaba siendo proyectado por los vendedores, era perfectamente viable, de acuerdo a la regulación y de acuerdo a las capacidades físicas de las concesiones (…).

Han hablado de cambio de criterio también.

AVW: En materia de límites de producción hay un antes y un después en la industria salmonera, que está marcado por diciembre del año 2020, cuando se produce un cambio radical en esta materia en la forma como la autoridad ambiental considera los límites de producción de salmones. Antes de esa fecha, la sobreproducción consistía en sembrar un mayor número de peces, lo cual redundaba eventualmente en una mayor cantidad de toneladas de producción. Antes del año 2020, hay cinco casos de formulaciones de cargo, ni siquiera de sanción, por este tema de la sobreproducción. En todos esos casos, hay exceso de individuos sembrados, lo que redunda después en una mayor cantidad de toneladas, con excepción de un solo caso de Nova Austral del año 2019, donde además de exceso de toneladas, hay daño ambiental. Esos son todos los casos que hay hasta esa fecha. Esto cambia en diciembre del año 2020, con una formulación de cargo a un centro de Mowi, donde la superintendencia establece el criterio de que el solo exceso de toneladas finales de producción respecto de lo proyectado va a constituir infracción ambiental.

O sea, de la cosecha y no de la siembra.

AVW: Exactamente. Donde el solo exceso respecto de la producción proyectada en la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) constituye una infracción ambiental. Ese cambio está absolutamente documentado en la investigación. En esa época era superintendente del Medio Ambiente don Cristóbal de la Maza, quien realizó dos informes escritos sobre esta materia. Y fíjate lo que dice en el primero de ellos. “Para un titular de un centro de engorda de salmones situado antes de este cambio de enfoque fiscalizador y de interpretación de la normativa a aplicar, no era posible anticipar que se modificaría la tendencia histórica de manera sorpresiva, en que no solo aumentó el número de fiscalizaciones, sino que cambió su foco, para pasar a concentrarse en la fiscalización de la sobreproducción, con independencia de los antecedentes sobre siembra”.

Alex van Weezel, socio de Claro & Cía., y el penalista Juan Domingo Acosta, defienden a Isidoro Quiroga en el caso Australis.

Pero las autoridades actuales han dicho que no hay cambio de criterio.

AVW: No ha habido cambio de criterio desde el 2021 hacia adelante. Eso es cierto, no ha habido cambio de criterio. Las autoridades actuales tienen cerca de 100 procesos sancionatorios abiertos, en curso, por esta supuesta infracción consistente en exceder las toneladas de producción proyectada, que cubren el 100% de las empresas salmoneras.

En la investigación hay correos y presentaciones donde exejecutivos hablaban de sobreproducción…

AVW: Efectivamente, en la investigación hay una serie de correos de básicamente dos ejecutivos de Australis que compartían de alguna manera alguna interpretación en el sentido de que con anterioridad al año 2021 habría existido un límite de producción en toneladas finales. A mí me parece que aquí ocurrió, como ocurre en todas las industrias que son densamente reguladas, donde existen un gran número de disposiciones, de normas, también de criterios de la autoridad para aplicar esas normas, van cambiando en el tiempo, van evolucionando y no se puede descartar de que con anterioridad al año 2021 hayan existido interpretaciones, visiones, que consideraban que existía ese segundo límite de producción consistente en las toneladas finales, pero lo importante en todas estas industrias, en la industria bancaria, de seguros y también en la industria pesquera, no es qué interpretaciones circulan acerca de la regulación, sino qué es lo que hace efectivamente a la autoridad. Y en este caso no hay ninguna duda de que la autoridad ambiental hasta el año 2021 o hasta diciembre del 2020 jamás consideró que el solo sobrepasar las toneladas proyectadas de cosecha era infracción.

La Fiscalía

Si a juicio de ustedes y los antecedentes son tan contundentes en favor de su cliente, ¿por qué no fueron capaces de convencer a la fiscal de su posición?

AVW: Para nosotros la decisión de formalizar resulta completamente inexplicable, es una decisión que no tiene fundamento legal ni en la evidencia, es una decisión que contradice, además, la opinión de todos los expertos en derecho penal chileno que hemos consultado, que no son pocos.

Si lo consideran inexplicable, ¿cómo lo explican a su cliente?

JDA: No tenemos una explicación. Es más, esta decisión ni siquiera va con los tiempos de la causa. Hace algunas semanas la fiscal solicitó una autorización judicial para revisar correos electrónicos, porque para ella, según le expresó al tribunal, había posiciones contrapuestas en la causa y tenía que resolverla en función del acceso y análisis a correos electrónicos. Y sin que se hubiese hecho esa diligencia, de buenas a primeras aparece esta decisión de que van a formalizar la investigación. La verdad es que nunca han sido capaces de incorporar alguna prueba, demostración o testimonio presencial de alguien que pueda decir en qué consistió la estafa, el engaño. Es sorprendente: consideramos que la prueba es abrumadora y por lo tanto hemos pedido el sobreseimiento definitivo de la causa y ese día, el día 15 de enero, de no mediar algún inconveniente, se va a debatir también el sobreseimiento definitivo de la causa.

Dice que hay una causa inventada, ¿con qué fines?

AVW: Con el fin evidente de presionar para obtener un acuerdo económico.

JDA: Es una causa ficticia desde el punto de vista de los hechos, porque no está amparada en evidencia real y jurídicamente, por lo tanto, equivocada y que la única actividad que persigue es presionar a nuestro representado para que les pague alguna suma de dinero a Joyvio, sentarlo a conversar. Y el nivel de presión que se ha dejado sentir en esta materia ha sido tremendo. Aquí no es solamente que esté Joyvio presionando al señor Quiroga, sino que el propio Joyvio, en voz de su CEO, señor Shaopeng, ha dicho que en este conflicto es parte directa interesada, el gobierno de China, que es propietario, según sus dichos, del 30% del holding, del grupo que pertenece a esta empresa.

El penalista Juan Domingo Acosta, y Alex van Weezel, socio de Claro & Cía., defienden a Isidoro Quiroga en el caso Australis.

¿Con eso qué quiere decir? ¿Que están peleando contra el gobierno chino?

JDA: No, no necesariamente. Yo estoy diciendo el nivel de presiones que existen en esta materia.

¿Y han sentido esas presiones?

JDA: O sea, si usted ve que los abogados aparecen más de 300 veces en la prensa, uno no vive en el limbo y lee lo que hay en la prensa. Segundo, ha habido también mensajes que han transmitido a través de otras personas, advertencias de cosas que van a ocurrir, advertencias de que nuestros representados van a ser demandados en distintas sedes, y lo hicieron. Lo demandaron en Estados Unidos, lo demandaron en Inglaterra. En Inglaterra perdieron su demanda, tienen que pagar costas por aproximadamente US$ 1,5 millones…

AVW: A mayor abundamiento, cada una de las apariciones más notorias en la prensa de la contraparte iba asociada al envío de emisarios anunciando que este era el momento para sentarse a negociar y llegar a un acuerdo.

¿Quiénes eran esos emisarios?

AVW: Yo lo sé a través de mi cliente, no tengo el conocimiento.

¿Existe la posibilidad de un acuerdo económico con Joyvio?

JDA: Hoy en día no está a la vista, no está disponible hoy en día.

La formalización, ¿no les hace cambiar su posición respecto de un posible acuerdo?

JDA: Todo lo contrario. Nos alienta a seguir discutiendo esto, con el debate sobre su sobreseimiento definitivo y que se diga que aquí no hay ningún delito.

Si no lograron convencer hasta ahora a la fiscal, ¿por qué van a lograr convencer a un tribunal?

JDA: Porque creemos que nuestros argumentos son sólidos y son buenos. Si la Fiscalía no atendió a ellos, si para la Fiscalía aquí no existe el señor Gago, o no lo pondera, si no existen declaraciones como la señora Dina Ding, si no existen personas como el exsuperintendente, el superintendente anterior y el anterior, tendrá que ser un tribunal que en algún momento puede escuchar este antecedente y revisarlo y ponderarlo.

Los querellantes han dicho que van a pedir la prisión preventiva y los tribunales han sido receptivos a aceptarla en casos mediáticos. ¿No temen que eso se conceda?

AVW: La concesión de medidas cautelares está regulada en la ley y exige que existan lo que se llaman presupuestos materiales y necesidad de cautela. Entendemos que aquí no se ha cometido ningún delito y creemos que vamos a estar en condiciones de poder mostrárselos ahí al tribunal.

Dentro de las consideraciones para una prisión preventiva está el riesgo de fuga. Su cliente vivió los últimos años en Inglaterra. ¿Por qué se radicó nuevamente en Chile?

AVW: Una de las razones para volver a Chile fue justamente para estar presente y hacer frente a estas falsas acusaciones.

Han dicho que no entienden las razones de la fiscal. ¿Le atribuyen alguna razón especial para ser más receptiva con los querellantes?

AVW: No quisiéramos especular sobre eso.

JDA: Nosotros sabemos sobre realidades. Ya hay la solicitud de formalización, a nuestro juicio es infundada, carente de evidencia. En cuanto a cómo se produjo esto, quiénes fueron los que influyeron, cómo se influyó, cómo se tomó eso, no sabemos.

AVW: Lo que sí puedo decir es que la decisión de la Fiscalía es llamativa si uno considera la cantidad y calidad de los antecedentes que demuestran que no existe ningún delito. Y, por otro lado, complementa la estrategia de la contraparte de ir generando presión para obligar a nuestros clientes a sentarse a un acuerdo. En los hechos, las decisiones de la Fiscalía han terminado siendo funcionales a una estrategia que pudiera calificarse de extorsión.
Chile
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2024-12-15
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