Entidades expresan preocupación por ley que da competencia al TSE sobre gremios
Entidades expresan preocupación por ley que da competencia al TSE sobre gremios . El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Conjuntamente con la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT),  llaman particularmente la atención de los diputados, para que corrijan los referidos desfase, contenidos en el proyecto aprobado por el senado.
El Nacional
Santo Domingo.- Varias organizaciones gremiales y sociales expresaron su preocupación por la transgresión a la Constitución y la democracia, en que se traduciría la aprobación y modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE), adjudicándose la competencia de los gremios profesionales y otras asociaciones, como recientemente anunciara el Senado.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Conjuntamente con la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), llaman particularmente la atención de los diputados, para que corrijan los referidos desfase, contenidos en el proyecto aprobado por el senado.

Citaron el artículo 12 numeral 10, donde se consignan competencias fuera de los criterios y pautas constitucionales, que le permite al TSE «decidir los conflictos que surjan a lo interno de los colegios gremiales constituidos por ley como corporación de derecho público y los gremios o las asociaciones legalmente constituidas, en ocasión de la celebración de las elecciones para escoger a sus directivos…»,

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En términos similares también se expresa en relación con los amparos del articulo 32 y su párrafo.

El gremio que agrupa los abogados explicó que ni siquiera para el Poder Legislativo, el más poderoso y representativo de los Poderes Públicos, por lo menos en teoría y dada su amplia representatividad, estaría disponible, la capacidad para legislar apartándose del mandato constitucional.

El artículo 214 de la Constitución define al TSE como «el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero».

Las entidades de sociedad civil aseguraron que el TSE, es una justicia política, de excepción y especializada, estricta y exclusivamente para los temas de naturaleza democrática y electoral, sobre todo en el marco de los poderes públicos y la Constitución, nunca enfocada a lo privado, en consecuencia, asumir competencia de los gremios y otras asociaciones sería un despropósito y desnaturalización de las funciones.

«Estaríamos en presencia de un precedente peligroso y antidemocrático para el estado de derecho, con la captura y cooptación del control político sobre los gremios, en un claro atentado a la libertad de asociación», precisaron en un documento conjunto.

«De ahí que le hacemos un llamado a todas las asociaciones, (Colegio Médico, Colegio de Periodista y de Ingenieros, Asociación Dominicana de Profesores, Asociaciones Empresariales y Organizaciones no Gubernamentales, Clubes y Juntas de Vecinos, etec…), a los fines de hacer causa común en un frente de resistencia para impedir y exigir respeto a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Constitucional», agregaron.

Asimismo, reiteraron que se trata de una violación a la Constitución y a precedentes del Tribunal Constitucional (TC), donde citaron, entre otras tantas, la decisión del último interprete de la Constitución, cuando en el 2021 por sentencia (TC/0508/21) declaró inconstitucional las competencias, que el legislador en todas las leyes electorales le había conferido al TSE, al dotarles respetivamente su ley orgánica, la de Régimen Electoral y la de Partidos Políticos, de la facultad de juzgar los delitos electorales, algo como explicó en su oportunidad el TC, ajeno a sus facultades, en el entendido de que tenían que ceñirse a los criterios y pautas del Artículo 214 de la Constitución.

Dicen que otros temas contenidos en la ley imponen un mal ejemplo y una prostitución al esquema de seguridad social en la República Dominicana, al crear y profundizar las desigualdades existentes, privilegiando de forma irritante a los jueces del TSE con beneficios y sueldos equivalentes a los del TC.

Además de exoneraciones de vehículos ilimitadas cada tres años, pasaportes diplomáticos, armas de fuego de cualquier calibre, placas oficiales para vehículos asignados y personales, seguros de vida y de salud para ellos y sus familiares, incluso extensivos a los jueces salientes quienes también gozarán de por vida de los mismo beneficios, bajo una condición especial de jueces eméritos, todo ello supeditado a la reglamentación de los mismo jueces, pase a que solo duran 4 años en el cargo.

Finalmente los representantes de las entidades convocantes, Trajano Potentini presidente del Card; Julio Cesar de la Rosa de Adocco; Máximo Calzado Reyes y Ernesto Dotel de FJT, recordaron que en el 2021 el TC le negó la posibilidad al TSE de la competencia de los delitos electorales, dada por leyes, resultando un mayor contrasentido la pretensión de ser competentes para los litigios de los gremios y otras asociaciones.

«Aún más alejado de su naturaleza, en esa virtud anunciamos que de concretarse el correspondiente despropósito acudiremos a todas instancias posibles, tanto nacionales como internacionales hasta restaurar la legalidad y el respeto del derecho que tienen los gremios y las asociaciones, a su independencia como entes de derecho privado, fuera del control y manejo de la política».
República Dominicana
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2024-11-25
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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Conjuntamente con la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT),  llaman particularmente la atención de los diputados, para que corrijan los referidos desfase, contenidos en el proyecto aprobado por el senado.
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