Gobierno español ampliará el impuesto a las energéticas para salvar multinacionales
Gobierno español ampliará el impuesto a las energéticas para salvar multinacionales . La medida volverá a ser considerada por el Pleno del Congreso de este jueves, pero la bronca y confusa votación de este lunes
La República
La medida volverá a ser considerada por el Pleno del Congreso de este jueves, pero la bronca y confusa votación de este lunes

La mayoría de la Comisión de Hacienda del Congreso se opone a incluir el tributo a las entidades financieras en el articulado del proyecto de ley del tipo mínimo a multinacionales, aunque la decisión final la tomará el Pleno del jueves.

El inestable juego de equilibrios políticos sobre el que el Gobierno aspiraba a erigir su reforma fiscal comenzó a venirse abajo este lunes, cuando el Congreso de los Diputados anticipó su rechazo a los gravámenes a banca, diésel y Socimis, dejando herido de muerte el cuerpo central del plan tributario de Hacienda, si bien el Ejecutivo podría conseguir salvar in extremis el tributo a las multinacionales a costa de mantener el impuesto a las energéticas un año más, hasta 2025, tal como le pedían ERC, EH Bildu y BNG, si bien este movimiento le puede costar el apoyo de Junts.

Con todo, el tiempo ganado por el Ejecutivo con los sucesivos retrasos a los que ha sometido la tramitación del proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global, a fin de incluir una reforma fiscal por la vía de las enmiendas, no le ha bastado para poner de acuerdo a todos sus socios parlamentarios, lo que deja en vilo el conjunto de las grandes medidas recaudatorias, a la espera de la votación definitiva en el Pleno del jueves, ya que la prórroga al impuesto a las energéticas también se complica sin el acuerdo con Junts y PNV-

Así, la mayoría de la Comisión de Hacienda del Congreso se manifestó este lunes en contra del impuesto a la banca en dos ocasiones (a la hora de incluirlo como transaccional al texto del proyecto de ley, y como enmienda particular).

El rechazo se produjo ante el descontento de ERC y Bildu por la retirada inicial del impuesto a las energéticas que el Gobierno concedió a Junts y PNV, lo que ha provocado que voten en contra del tributo bancario -inusualmente alineados con PP y Vox- para forzar la renegociación del paquete fiscal.

La medida volverá a ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso de este jueves, pero la bronca y confusa votación de este lunes, que requirió recesos y varias intervenciones de los letrados de la Cámara, puso de relieve la división reinante entre los tradicionales socios parlamentarios del Gobierno y la debilidad en que lo sitúa su minoría parlamentaria.

Después de todo, el Ejecutivo se aboca a ver fuertemente diluida la reforma fiscal que tenía doblemente comprometida con la Unión Europea, de un lado en el Plan de Recuperación para acceder a US$7.604 millones del quinto desembolso de ayudas Next Generation, y de otro en el Plan Fiscal Estructural de reequilibrio de las cuentas públicas, que prometía elevar estructuralmente los ingresos en US$4.752 millones desde 2025.

No será así, de momento, puesto que la votación anticipa el rechazo del Parlamento a tres de las medidas con mayor capacidad recaudatoria de la reforma fiscal inicialmente diseñada por Hacienda: los impuestos a banca y energéticas (que conjuntamente han recaudado US$3.020 millones este año) y la equiparación fiscal del diésel a la gasolina (que la Airef estimó que arrojaría US$2.534 millones).

La votación de este lunes también coloca al Parlamento en contra de algunas de las cesiones que el ala socialista del Gobierno había hecho a la de Sumar en su acuerdo tributario, como es el caso de la supresión del régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis), el fin de la exención tributaria sobre las primas de seguros sanitarios, o la creación de un tributo al lujo.

Por el contrario, la Comisión de Hacienda del Congreso dio su visto bueno a la reactivación del triple alza fiscal societaria que el exministro Cristóbal Montoro impulsó en 2016 por Real Decreto-ley que el Tribunal Constitucional le tumbó el pasado enero, lo que permitiría al Gobierno evitar que la pérdida de recaudación ya sufrida siga creciendo por esta vía.

En paralelo, la mayoría parlamentaria aceptó la propuesta de rebaja del Impuesto de Sociedades para cooperativas y empresas que facturan menos de US$1 millón, así como una mejora de la tributación para las actividades artísticas, o la bonificación de cuotas a la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.

Además, los grupos secundaron mayoritariamente la propuesta de Sumar de incrementar el tipo marginal del Irpf sobre los rendimientos del ahorro en dos puntos, hasta 30%, a partir de US$316.836.

El Congreso también dio su apoyo al nuevo impuesto sobre el tabaco líquido y a las alzas fiscales sobre el tradicional que ha impulsado el Gobierno para desincentivar el hábito de fumar y vapear.

Además, la Comisión de Hacienda aceptó la enmienda de lucha contra el fraude en los hidrocarburos planteada al proyecto de ley de transposición de la directiva europea que fija el tipo mínimo global de 15% para grandes empresas, que eran las dos medidas que hasta el PP se había abierto a apoyar si el Gobierno retiraba el resto de la reforma fiscal.

La gobernabilidad, en vilo

El resultado de la votación, que previsiblemente se replique en el Pleno del jueves, permite al Ejecutivo salvar los muebles en su carrera contrarreloj para aprobar antes de fin de año el tipo mínimo a multinacionales (que acumula un año de retraso y permitiría a otros países cobrarlo a firmas españolas si no se aprueba antes) y las alzas fiscales de Montoro (que de lo contrario serían inaplicables en el ejercicio 2024).

El resultado supone un fuerte revés para la gobernabilidad, pues da cuenta de las crecientes dificultades del Gobierno para aprobar nuevas normas y cumplir sus compromisos con la UE, cuando afronta el reto de impulsar nueva senda fiscal y un primer proyecto presupuestario que amarre la legislatura

US$23.234 millones en juego en una sesión bronca y caótica

La decisión del Psoe de priorizar las reivindicaciones de PNV y Junts en la negociación de la reforma fiscal (que, ante la amenaza de deslocalización de Repsol, le exigieron sacrificar el impuesto a las empresas energéticas), para incluir luego cesiones progresistas de Sumar, ha enardecido a ERC, Podemos, Bildu y BNG, que contraatacaron condicionando su apoyo a recuperar el tributo a las energéticas.

Pese a los esfuerzos del Gobierno por reconducir la situación, suspendiendo en dos ocasiones la Comisión de Hacienda que debatía la reforma fiscal, el juego de vetos cruzados entre los socios parlamentarios a su izquierda y derecha le costó la votación de ayer.

"En esta legislatura nos debemos mover en la cuadratura del círculo", resumía la diputada del PNV Idoia Sagatizabal, que instó al resto "abandonar posiciones maximalistas" para desbloquear un acuerdo que deja en vilo US$11.617 millones de las ayudas europeas (los del quinto y sexto pago de los fondos Next Generation), una multa de US$5.280 millones de la UE si no se aprueba el tipo mínimo global de 15% a multinacionales este año, más 2.600 millones de su recaudación; US$1.689 millones del tributo a la banca; o US$2.112 del fraude de IVA, estimó.

Su mensaje no caló en una sesión marcada por la bronca, en la que se tildó a unos de "maximalistas", a otros de "lacayos de Repsol", y al proyecto de reforma de "galimatías fiscal"; dando paso luego al caos, los recesos y las consultas a lo letrados de la Cámara durante la procelosa votación, una a una y mano alzada, de las más de 130 enmiendas presentadas por los distintos grupos al proyecto de ley.
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2024-11-19
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