La suspensión del ejercicio profesional: el precio a pagar en Guinea Ecuatorial por ser abogado de derechos humanos
La suspensión del ejercicio profesional: el precio a pagar en Guinea Ecuatorial por ser abogado de derechos humanos . Quienes reclaman públicamente un sistema judicial independiente y denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas por el poder judicial han sido a veces descalificados y reprimidos
EL PAÍS América
Una ciudadana de Guinea Ecuatorial sostiene una pancarta durante una protesta, en Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2019.

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Para poder ejercer, quienes se dedican a la abogacía deben ser miembros del Colegio de Abogados de su país, pero en Guinea Ecuatorial, las injerencias políticas en el Ilustre Colegio de Abogados hacen peligrar el acceso a la justicia, el Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos. En los últimos meses, se ha utilizado indebidamente esta institución para perseguir a un abogado y a una abogada defensores de los derechos humanos en un país en el que la independencia de la abogacía y del poder judicial ya está gravemente amenazada, tras varios ejemplos de detención arbitraria. En este caso, se ha suspendido del ejercicio profesional a dos miembros del Colegio de Abogados, Gemma Jones y Ángel Obama, y se les ha impedido continuar con su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Gemma Jones es una abogada de 40 años nacida en Madrid de padres ecuatoguineanos. Tras instalarse en Guinea Ecuatorial en 2018, entró en contacto con varias ONG nacionales de derechos humanos y creó un bufete en la capital, Malabo. El 24 de noviembre de 2023, la letrada intentó denunciar la difícil situación que atraviesa el país: una parte del funcionariado público denuncia impago del salario; padres y madres en paro se quejan de no poder pagar los gastos escolares de sus hijos; y madres desoladas que buscan a sus hijos víctimas de detenciones arbitrarias en distintos centros. A través de TikTok, exigió la independencia del poder judicial en un vídeo titulado Despierten.

Cuatro días después, el 28 de noviembre, el Colegio de Abogados abrió un proceso disciplinario en su contra que desembocó en su suspensión temporal. El 10 de julio de 2024, Jones quedó inhabilitada para ejercer su profesión durante dos años. Fue acusada de infracciones graves y de violar los estatutos del Ilustre Colegio de Abogados. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ha expresado su preocupación por la sanción.

Pese a todo lo anterior, Jones no ha tirado la toalla. Se mantiene firme a pesar del hostigamiento, la intimidación y las amenazas que ha sufrido por hacer su trabajo, como cuando defendió a una mujer que estaba siendo agredida por el marido de una de sus empleadas; la detención arbitraria que sufrió en 2021 y que le impidió asistir a la celebración del Día Internacional de la Democracia, o las recientes sanciones que le ha impuesto el Colegio de Abogados ecuatoguineano.

La falta de independencia de la abogacía deja a los abogados y abogadas ecuatoguineanos completamente indefensos

Ángel Obama empezó a ejercer la abogacía a jornada completa en 2018 y desde entonces ha llevado casos sobre todo tipo de violaciones de derechos humanos en el país. Por ejemplo, ha apoyado a defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido atacados, detenidos en múltiples ocasiones y que en este momento se encuentran sometidos a detención arbitraria únicamente por realizar su trabajo legítimo, como Anacleto Micha o Joaquín Elo Paysa; lo que a su vez, lo ha convertido en blanco de persecución. Ángel sigue luchando con valentía y determinación, movido por la convicción de que alguien debe alzar la voz contra esta represión.

El 9 de agosto, el Colegio de Abogados amenazó con suspenderlo del ejercicio profesional si seguía defendiendo a organizaciones de derechos humanos “ilegales” como Somos+, la plataforma liderada por Joaquín Elo. El 14 de agosto quedó inhabilitado temporalmente para ejercer su profesión con el argumento de que su defensa de Joaquín Elo y su plataforma iba en contra de los estatutos de la institución.

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados, quien también es cuñado y asesor del presidente Obiang Nguema Mbasogo, lleva desde 2003 en el cargo, que durante algunos años ha compaginado con el de viceministro de Justicia del país. La falta de independencia de la abogacía deja a los abogados ecuatoguineanos completamente indefensos. Se descalifica a quienes reclaman públicamente un sistema judicial independiente y a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas por el poder judicial.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Guinea Ecuatorial que garantice que toda la ciudadanía, incluidos los abogados y abogadas, puedan ejercer libremente sus derechos humanos

Guinea Ecuatorial forma parte de varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ambos imponen a los Estados la obligación de garantizar la independencia de la abogacía y del poder judicial.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Guinea Ecuatorial que garantice que toda la ciudadanía, incluidos los abogados y abogadas, puedan ejercer libremente sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión pacífica, en particular en relación con los asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos.

Un sistema de justicia imparcial que permita el acceso a la justicia y a recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y defienda el Estado de derecho requiere una abogacía y un poder judicial sólidos e independientes

Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben respetar el derecho de los abogados y abogadas a constituir y mantener asociaciones profesionales independientes y autónomas, y a proteger su integridad profesional como parte del derecho a la libertad de asociación, reconocido en el principio 23 de los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados. Según el principio 24, los colegios de abogados deben poder ejercer sus funciones sin injerencias externas del gobierno o de otros actores.

Un sistema de justicia imparcial que permita el acceso a la justicia y a recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y defienda el Estado de derecho requiere una abogacía y un poder judicial sólidos e independientes. Las autoridades deben garantizar la anulación inmediata de la suspensión del ejercicio profesional de Gemma Jones y Ángel Obama. Además, deben defender y respetar la independencia del Ilustre Colegio de Abogados del país y permitir que abogados y abogadas, incluidos los de derechos humanos, ejerzan libremente sus derechos humanos y desempeñen sus funciones profesionales sin temor a represalias.

Marta Colomer es encargada de campañas senior de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
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2024-11-05
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