Privados de libertad del CAI Marcus Garvey reclaman incumplimiento de orden judicial y restablecimiento de comisariatos
Privados de libertad del CAI Marcus Garvey reclaman incumplimiento de orden judicial y restablecimiento de comisariatos . En calidad de “urgente por estado de necesidad” presentaron escrito en el que entre otras cosas denuncian que las medidas tomadas pro el Ministerio de Justicia han generado desigualdad e “incentivado el comercio ilegal dentro de los centros penitenciarios”.
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Semanario Universidad
<p>El pasado lunes un grupo de 139 privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) Marcus Garvey, de Limón, presentó un incidente de ejecución de sentencia en el que piden la revocación de la circular del 4 de diciembre mediante la cual se ordenó el cierre de los comisariatos de todos los CAI del país.</p>
<p>Esa draconiana decisión fue la respuesta del gobierno de Rodrigo Chaves, en particular de su ministro de Justicia Gerald Campos y el director de Adaptación Social Alexánder Bolaños, contra la orden de un juez de Ejecución de la Pena, quien a su vez había anulado una circular de esos funcionarios que restringía la lista de productos que se pueden ofrecer en los comisariatos.</p>
<p>En el documento presentado exponen que el cierre de los comisariatos “ha provocado un agravamiento de las condiciones de vida de los privados de libertad, quienes ahora dependen exclusivamente de las encomiendas familiares para adquirir productos de venta libre, tales como artículos de higiene personal, alimentos adicionales y otros bienes esenciales”.</p>
<p>Además se ha generado una “brecha evidente” entre los privados de libertad con recursos económicos y familiares que pueden enviar encomiendas regularmente, y aquellos que “sin apoyo familiar o recursos económicos” y que por ello “carecen de cualquier medio para adquirir productos esenciales, quedando en un estado de absoluta vulnerabilidad”. Tal es el caso de los internos extranjeros, por ejemplo.</p>
<p>Denuncian además que el cierre de los comisariatos ordenado por el ministro Campos y aupado por Chaves, “ha incentivado el comercio ilegal dentro de los centros penitenciarios”.</p>
<p>Precisamente el riesgo de que ello sucediera fue apuntado en un comunicado de las las autoridades del Poder Judicial, con el que se salió al paso de las críticas que Chaves y su prosélito Campos hicieron del juez que había anulado la circular de Campos.</p>
<p>El incidente presentado por los privados de libertad recuerda que en 2013 la Sala Constitucional determinó que una sentencia condenatoria de prisión implica la pérdida de la libertad de tránsito consagrada en el artículo 22 de la Constitución, pero que “conservan todos los demás derechos y garantías” establecidos en la Carta Magna, pues “por su sola condición de seres humanos conservan los derechos inherentes a su naturaleza”.</p>
<p>Apuntan que la draconiana circular DGAS-14-2024, mediante la que se ordenó el cierre de los comisariatos, constituye “un desacato evidente al mandato judicial, lo que representa no solo una falta de respeto a la autoridad judicial, sino también una violación grave al principio de legalidad”, según el cual toda acción administrativa debe fundamentarse en la ley y además “es obligatorio para los órganos administrativos respetar las resoluciones judiciales como expresión máxima de la justicia en un Estado de Derecho”.</p>
<p>Así, además de la revocatoria del cierre de los comisariatos, piden la “adopción de medidas urgentes que garanticen el abastecimiento de productos esenciales para la población penitenciaria”, así como la imposición de las sanciones correspondientes “por el evidente desacato al mandato judicial previamente emitido por este juzgado”.</p>
<p>También solicitan que las medidas administrativas que les impacten cuenten con respaldo técnico y que se realice una inspección judicial en el CAI Marcus Garvey, “con el fin de constatar las condiciones actuales de los internos y las carencias derivadas del cierre de los comisariatos”.</p>
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                        <p>Tanto las autoridades del Poder Judicial como sindicatos del sector han reaccionado con vehemencia ante “el deterioro del respeto social hacia la Independencia Judicial”.</p>

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                        <p>Un día antes de responsabilizar a la Asamblea Legislativa por supuestamente archivarlo, desconvocó de la agenda parlamentaria la iniciativa en cuya elaboración participó su propio Ministerio de Justicia. </p>

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                    <div class="entry-summary">
                        <p>Hace tan solo seis meses se fijó una amplia lista de productos, entre ellos algunos que el Ministro de Justicia alegó ante medios que fueron autorizados en administraciones anteriores.</p>

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Costa Rica
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2024-12-18
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