El estado de excepción hondureño: una pésima idea
El estado de excepción hondureño: una pésima idea . No había que ser una lumbrera para saber que dar más poderes a los policías y restar derechos a los ciudadanos en Honduras era una pésima idea. Lo fue. Una pésima idea que sigue vigente y ha dejado personas torturadas, desaparecidas, violadas, asesinadas. Era previsible. En diciembre de 2022, a propuesta de la presidenta Xiomara […]
Proceso Digital
Óscar Martínez jefe de redacción de la plataforma digital «El Faro» (DW)

No había que ser una lumbrera para saber que dar más poderes a los policías y restar derechos a los ciudadanos en Honduras era una pésima idea.

Lo fue. Una pésima idea que sigue vigente y ha dejado personas torturadas, desaparecidas, violadas, asesinadas. Era previsible.

En diciembre de 2022, a propuesta de la presidenta Xiomara Castro, se implementó un estado de excepción para combatir a las pandillas. Está vigente en 158 de los 298 municipios del país y se suponía que su principal objetivo era acabar con las extorsiones pandilleras luego de que varios operadores del transporte público fueran asesinados en crímenes relacionados con la resistencia a pagar esa cuota criminal.

Si nos ceñimos a las palabrotas burocráticas, el estado de excepción permite restringir a los ciudadanos cosas como «los derechos a la inviolabilidad de la libertad personal, la libre circulación o la libertad de reunión”. Poniendo todo esto en un español comprensible, el estado de excepción otorgaba a los cuerpos de seguridad del Estado la posibilidad de capturar a quien quisieran y allanar la casa de quien quisieran. Policías y militares con superpoderes, pues.

La presidenta Castro, que en medio de una Centroamérica cada vez más autoritaria llegó al poder con promesas de otro pelaje, cedió ante la moda represiva de su vecino y emuló el régimen de excepción que el presidente salvadoreño Nayib Bukele había puesto en marcha en marzo de 2022.

Los resultados hondureños, como era previsible, fueron catastróficos.

Antes de revisar la evidencia y los números, hay que decir que la Policía hondureña ha estado desde hace décadas carcomida por una corrupción endémica. Podría dejar decenas de ejemplos que lo demuestran con elocuencia, pero basta decir que el excomisionado Juan Carlos Bonilla fue primero acusado de dirigir grupos de exterminio en el norte del país; luego, nombrado director de la Policía entre 2012 y 2013; y, finalmente, tras ser extraditado a Estados Unidos, condenado a 19 años de cárcel por haber traficado 450 kilos de cocaína cuando era jefe de la Policía. Lo dicho, no había que ser una lumbrera para prever que dar superpoderes a los uniformados de una institución tan manchada era una pésima idea. En pocos países del continente se puede pronunciar una frase tan brutal como esta: un narco era el director de la Policía.

Durante meses fui el editor de un grupo de nueve periodistas que este 2024 investigaron los efectos del estado de excepción como parte de la iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas. Los hallazgos fueron contundentes.

Del lado oficial, ningún dato que confirmara ningún éxito de la medida. A pesar de que se hicieron 34 peticiones de información a ocho instituciones públicas vinculadas al estado de excepción, ninguna entregó información que confirmara la reducción de las extorsiones o la reducción de la actividad pandillera en el país. Ninguna.

Por el lado de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la condena fue estruendosa. Organizaciones hondureñas han revelado que, según sus mediciones, durante el régimen en Honduras pasó de haber 9 % de hondureños bajo extorsión en 2022 a 11 % en 2023. Desde que inició la política represiva, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha registrado 600 quejas contra agentes de los cuerpos del Estado por denuncias como golpizas, desapariciones o violaciones sexuales. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en su informe de este año, registró 25,896 detenciones y 17,062 allanamientos sin orden judicial durante el estado de excepción. El organismo de derechos humanos aseguró que solo el 3 % de las detenciones fue por extorsiones.

Un fiscal contra la criminalidad organizada definió así el estado de excepción: «La Policía Nacional lo está usando para matar, robar. Hay muchos casos, principalmente en San Pedro Sula, donde el objetivo de la Policía es estar asaltando, atacando enemigos”.

De nuevo, era previsible.

Los testimonios de las víctimas fueron desgarradores. Una familia de padre guatemalteco y madre hondureña recibió una golpiza en la frontera mientras los policías decían frases como esta: «aquí se hace lo que nosotros decimos, aquí los podemos matar y nadie se da cuenta”. Madres de muchachos que no tenían ningún antecedente policial, que fueron sacados de sus casas por la Policía, que nunca regresaron. Una madre que solo obtuvo una respuesta de un policía: «Ya no busque, él está muerto”. Un muchacho asesinado de un tiro por la Policía en plena calle, tras ser detenido cuando ignoró una orden policial de alto. Y así, el rosario de barbaridades sigue.

Sin duda, era previsible.

El reportaje permitió visibilizar toda la evidencia de abusos recogida por las organizaciones de la sociedad civil y poner sobre la mesa las voces de las víctimas y evidencia de lo que padecieron. Se generó un debate en el Congreso y ya algunos congresistas aseguran que el estado de excepción no será renovado en enero de 2025. O sea, dos años después de decretado. O sea, decenas de víctimas después de decretado.

Es mejor tarde que nunca, pero era posible antes. Era previsible lo que pasaría. Fue una pésima idea. (ms) (DW)
Honduras
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2024-12-14
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