Contraloría identifica débil gestión crediticia en entes no supervisados, lo que afecta a sectores vulnerables
Contraloría identifica débil gestión crediticia en entes no supervisados, lo que afecta a sectores vulnerables . De 14 órganos no supervisados que otorgan créditos en áreas como educación, vivienda, agricultura, promoción de micro y pequeña empresa, vivienda y desarrollo municipal, un 78,6% solo alcanzaba niveles básicos de la gestión crediticia, mientras 21% logró un nivel intermedio. Ninguno alcanzó una valoración de avanzado o de óptimo
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<p>Un informe de la Contraloría identificó una débil gestión crediticia en los órganos y y fondos no supervisados del país, al grado de que casi un 80% solo alcanza un nivel básico, mientras el resto se encuentra en una posición intermedia, lo que refiere a debilidades en el manejo de los fondos que deben llegar a sectores vulnerables en campos como educación, vivienda, agricultura, micro y pequeñas empresas, y servicios municipales.</p>
<p>Se trata de 9 instituciones, 3 fondos y 2 fideicomisos que durante el 2023 prestaron más de ₡814 mil millones a 63 mil personas y empresas, que presentaron debilidades en cuanto a implementación de prácticas efectivas de gestión de riesgos, selección de beneficiarios, manejo de los niveles de morosidad y desalineamiento de la política crediticia con los objetivos de estas entidades públicas, lo que afecta su eficiencia y evaluación, y podría estar aumentando el riesgo al que se exponen estos recursos.</p>
<p>El informe DFOE-CAP-SGP-00004-2024 de la Contraloría estableció que el 78% de estos órganos tenían apenas un nivel básico en su gestión crediticia. En este grupo se incluyeron la Comisión Nacional de Préstamos para Estudiantes (CONAPE), la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), el Instituto Nacional de Vivienda (INVU), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el Fondo de Apoyo para la educación superior y técnica de Puntarenas (FAESUTP). Además, los fideicomisos del INDER para la compra y readecuación de deudas de micro, pequeños y medianos productores de piña, y el 955, del Ministerio de Hacienda y el Banco de Costa Rica.</p>
<p>Únicamente tres de los entes fiscalizados en el período entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de marzo del 2024 alcanzaron un nivel intermedio: el Consejo rector de la Banca para el Desarrollo, la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y el Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME).</p>
<p>&#8220;Se determinó que, en promedio, estos entes y organizaciones se encuentran en un nivel básico de gestión, y solo tres alcanzaron un nivel intermedio. Se identificaron áreas de mejora como la selección de beneficiarios, prevención de duplicidades y una gestión integral de riesgo que garantice la calidad de las carteras y su sostenibilidad a largo plazo&#8221;, expresó Humberto Pereda, gerente de área de fiscalización para el desarrollo de capacidades.</p>
<p>Según el reporte del ente contralor, únicamente un 38,8% de estos entes aplicaba prácticas de gestión de riesgos robustas; y en la mayoría se identificó ausencia de una gestión integral (solo 42% tenía políticas básicas para el seguimiento y monitoreo de la cartera de crédito).</p>
<p>Además, se identificó una escasa alineación entre las políticas crediticias y los objetivos de largo plazo de estas organizaciones: solo un 35% tenía mecanismos en ese sentido.</p>
<p>Una cantidad menor, un 21%, tenía mecanismos para detectar filtraciones ex post (esto es, evaluar si los beneficiarios realmente cumplían con los requisitos para acceder a los créditos),</p>
<p>En algunos casos se identificaron problemas de morosidad inquietantes. Por ejemplo, en el caso de JUDESUR, alcanzó un 61%, por lo que urgen mecanismos para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Menos grande es el monto de morosidad en el caso del INVU, pero el informe advirtió que el crecimiento en la colocación de créditos vino acompañado de un nivel considerable de morosidad, y de una cartera de riesgo de ₡32.950 millones. También en el INDER, entre el 2021 y el 2014 se presentó un aumento de un 28% en la cartera directa, y un 16% de los prestatarios activos, pero los créditos en condición de morosidad aumentaron un 25%.</p>
<p>La conclusión de la Contraloría apunta a que esta gestión limitada de la gestión crediticia induce a implementar una normativa global, para regular de manera integral y estratégica el manejo crediticio de estas organizaciones no supervisadas.</p>
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2024-12-10
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