Diputada Sofía Guillén denuncia que gobierno impulsa proyecto para dar impunidad a Superintendente Rocío Aguilar
Diputada Sofía Guillén denuncia que gobierno impulsa proyecto para dar impunidad a Superintendente Rocío Aguilar . Iniciativa de ley N° 24256 eliminaría potestades del Banco Central, otorgaría otras al Ministerio de Hacienda, daría una mayor autonomía y arbitrariedad al Conassif para decidir el futuro de una entidad financiera, e incluso pretende erradicar la garantía estatal de los bancos públicos.
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<p>La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén denunció este 3 de diciembre en el Plenario Legislativo que el gobierno de Rodrigo Chaves está impulsando el proyecto de ley N° 24256, el cual establecería la impunidad, incluso después de dejar su cargo a quien funja como Superintendente, así como darle la potestad de ordenar la venta de activos de entidades financieras estatales.</p>
<p>El proyecto fue planteado con la justificación de ajustar a las mejores prácticas internacionales el Fondo de Garantía de Depósitos y los mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros mediante una reforma sustancial a varias leyes, esto en los casos en que se de una intervención de una entidad por manejos irregulares, como lo sucedido con Coopeservidores o Desyfin recientemente.</p>
<p>“El gobierno de Rodrigo Chaves ha firmado, presentado y convocado este proyecto y nos tiene desde hace tres semanas con Comisión de Asuntos Económicos viendo la iniciativa, que a todas luces busca darle impunidad a Rocío Aguilar o cualquier persona que esté en ese cargo, y establece que no serán admisibles demandas contra los funcionarios de las superintendencias y las indemnizaciones deberá asumirlas el Banco Central, es decir, el pueblo costarricense”, advirtió Guillén.</p>
<p>Agregó que el proyecto de ley no sólo se limita a darle impunidad a quien ocupe el cargo de Superintendente, sino que da potestades a la Superintendencia de ordenar la venta total o parcial de los activos del Estado (en caso de entidades financieras públicas) incluso sin pasar por la Asamblea Legislativa.</p>
<p>“Quisiera recordar a los costarricenses quién es Rocío Aguilar; fue la ministra de Hacienda de Carlos Alvarado, promotora de la reforma fiscal, que gravó con impuestos la canasta básica y los medicamentos, dio amnistía tributaria por montos millonarios a grandes empresas como la Standard Fruit Company. De ahí pasó como Superintendente de Pensiones y de Entidades Financieras -algo inusual que alguien ocupe esos dos cargos a la vez- y es a quien se le pasaron por el frente las millonarias pérdidas de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en el exterior y el desastre de Coopeservidores”, cuestionó la legisladora.</p>
<p><em><strong>¿Qué plantea el proyecto?</strong></em><br />
La iniciativa que se tramita bajo el expediente 24.256 busca crear una serie de reformas a la ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y al fondo de garantía de depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros, entre otros, todo en el marco de intervenciones o resoluciones de entidades financieras cuando haya manejos irregulares o pérdidas.</p>
<p>Este proyecto incluiría a entidades como bancos, cooperativas o financieras privadas y su aprobación es de gran interés para el Fondo Monetario Internacional, de hecho, la semana pasada, representantes del FMI se reunieron con los jefes de fracción y les manifestaron el interés en que esta iniciativa se aprobara.</p>
<p>En la reunión con la delegación del Fondo Monetario Internacional se estableció la urgencia de avanzar con proyectos de ley para garantizar la autonomía del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y mejorar la supervisión de entidades financieras, así como una aprobación más expedita del financiamiento internacional destinado a cubrir el Presupuesto Nacional.</p>
<p>Entre ellas, abogó el FMI porque se apruebe por el expediente 24.256, para que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impusiera medidas más efectivas y tempranas a las entidades financieras, no obstante, para el asesor legislativo, Luis Carlos Olivares lo que se busca es derogar potestades del Banco Central.</p>
<p>“Además, otorga al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) potestades autónomas y arbitrarias para intervenir cualquier entidad del sistema financiero, lo cual podría ser peligroso y de paso permite al ministerio de Hacienda pedir préstamos extraordinarios para dar liquidez y atender los procesos de resolución”, aclaró Olivares.</p>
<p>Lo peor de todo, agregó el asesor legislativo, pretende eliminar la garantía estatal que cubre a los bancos públicos en casos de crisis, aduciendo que hay asimetrías y distorsiones en el mercado.</p>
<p>Actualmente, la normativa establece que cuando se da una intervención bancaria la primera línea de defensa está en la supervisión y regulación que ejerce el Conassif y la Superintendencia a las entidades financieras, como tercera opción entra el Banco Central como prestamista de última instancia, y de no ser así, se debe recurrir a la resolución bancaria y por último al fondo de garantía.</p>
<p>Para el Poder Ejecutivo, propulsor del proyecto de ley, la garantía estatal que cubre a los bancos del Estado se debería eliminar paulatinamente y sería el ministerio de Hacienda el cual brinde un apoyo para financiar el proceso de resolución en caso de ser requerido, que estaría exento de la regla fiscal.</p>
<p>Hilel Zomer, director jurídico del Banco Nacional de Costa Rica compareció ante la Comisión de Asuntos Económicos en la que planteó que el expediente 24.256 implica un grave riesgo reputacional para los bancos estatales.</p>
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2024-12-03
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