¿Quién paga la cuenta?
¿Quién paga la cuenta? . A medida que se acerca el proceso electoral de las primarias e internas del 2025, los aspirantes presidenciales calientan sus motores con reuniones, propaganda y anuncios publicitarios, especialmente en redes sociales, que nos aproximan a un proceso intenso, polarizante, candente y altamente ideologizado, como una especie de pandemónium en donde todo o casi todo se puede saber o adivinar, menos la procedencia del dinero que ingresa a esas campañas.
Proceso Digital
Thelma Mejía

Tegucigalpa. – A medida que se acerca el proceso electoral de las primarias e internas del 2025, los aspirantes presidenciales calientan sus motores con reuniones, propaganda y anuncios publicitarios, especialmente en redes sociales, que nos aproximan a un proceso intenso, polarizante, candente y altamente ideologizado, como una especie de pandemónium en donde todo o casi todo se puede saber o adivinar, menos la procedencia del dinero que ingresa a esas campañas.

El Observatorio de la Democracia en su primer informe presentó unos datos interesantes relacionados con la campaña electoral, que oficialmente no ha iniciado, pero que ha sido permanente desde inicios del 2024. Esos datos se relacionan con los eventos, techados o no, de los aspirantes a ocupar el solio presidencial una vez que salgan electos como los presidenciables oficiales de los tres partidos políticos que correrán en las primarias e internas: los partidos Libertad y Refundación (Libre), oficialista, y los partidos Nacional y Liberal, que concentran las tres fuerzas políticas mayoritarias en el país.

Según el Observatorio, seis precandidatos presidenciales repartidos entre los tres partidos políticos han realizado de enero a octubre de este año un total de 217 eventos políticos, entre pequeños, medianos y grandes.

Un evento pequeño de entre 10 a 50 personas, tiene un costo promedio de 15 mil a 25 mil lempiras. Incluye salón, sillas, mesas, banderas, banner y sonido. Un evento mediano para 50 a 500 personas tiene un costo aproximado de entre 100 mil a 200 mil lempiras, en tanto un evento grande de 500 a 5,000 personas, el gasto aproximado oscila entre 600 mil a 1 millón de personas.

Los estimados, según los integrantes del Observatorio de la Democracia que coordina la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), son modestos, pero permiten dar una aproximación a los costos de una campaña política. El Consejo Nacional Electoral aprobó un techo límite de 500 millones de lempiras para la campaña a nivel electivo presidencial.

Así, el presidenciable nacionalista Nasry Asfura o “Papi a la Orden” tuvo 12 eventos pequeños y 88 medianos; Jorge Cálix del partido Liberal, 14 eventos pequeños, 12 medianos y 9 grandes. Rixi Moncada, ministra de Defensa y candidata del oficialismo en Libre con las mayores posibilidades de ser la ungida de ese instituto político, desarrolló 24 eventos pequeños, 8 medianos, y 2 grandes; Ana García (esposa del expresidente JOH, condenado por narcotráfico en Nueva York) y quien aspira como precandidata presidencial por el nacionalismo, tuvo 1 evento pequeño, 16 medianos y 13 grandes.

Salvador Nasralla, precandidato liberal, desarrolló en el periodo de tiempo analizado, 4 eventos pequeños, 2 medianos y 5 grandes, mientras que Maribel Espinoza, precandidata también por el liberalismo, hizo 6 eventos pequeños y 1 mediano. En total, todos estos aspirantes presidenciales han desarrollado 217 eventos políticos como parte del precalentamiento electoral.

¿De dónde están financiando sus campañas?, pregunta el Observatorio de la Democracia, ¿quién paga la cuenta? La Unidad de Política Limpia, responsable de la fiscalización de los fondos que se usan en las campañas políticas para determinar de dónde viene la plata, no puede hacer mucho, las reformas para darle dientes no han sido consideradas, muchos menos aprobadas en el parlamento hondureño, uno de los más opacos de América Latina según una reciente medición internacional al respecto.

Los comisionados de la Unidad de Política Limpia, ni siquiera cuentan con un presupuesto decoroso para poder entrar al tema del financiamiento con herramientas sólidas, porque tampoco ha sido considerado por las autoridades correspondientes: Consejo Nacional Electoral, Finanzas, Congreso Nacional. Apenas se ha empezado a mover el tema por la denuncia en los medios de comunicación que han dado un seguimiento permanente ante la trascendencia que para el país y la democracia tienen las próximas elecciones.

De los aspirantes presidenciales que correrán en las primarias e internas por el tripartidismo político, solo los precandidatos nacionalistas y liberales han ido a la Unidad de Política Limpia a solicitar la autorización para abrir sus cuentas bancarias que usarán en la campaña política, y, extrañamente, del partido en el poder, Libertad y Refundación, ninguno de sus aspirantes ha llegado a solicitar el permiso para abrir sus cuentas bancarias como manda la ley de la Política Limpia. Así lo han informado los Comisionados de esa Unidad que ven como en sus narices corre el dinero de las campañas sin poder hacer mucho o poco, hasta ahora, para detectar el origen de su procedencia.

Conocer quién financia las campañas políticas obtiene una relevancia mayor en esta coyuntura luego del juicio y condena del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico, donde gran parte del dinero en su campaña procedió de los capos de la droga, según sus testimonios. Y más aún cuando trascendió un narco video en donde el hasta hace poco secretario del congreso nacional, Carlos Zelaya, negociaba en el 2013 con capos hondureños fondos para financiar la campaña política de Libertad y Refundación en el 2013.

La penetración del dinero sucio en las campañas políticas procedente de la narcoactividad parece que ha sido una vieja práctica desnudada con el caso del expresidente Hernández, su hermano Tony Hernández, y el hijo del expresidente Lobo, Fabio Lobo. Mucha tela falta por cortar en cuanto a la narcoactividad y sus ramificaciones, conexiones y estructura de complejo y difícil desmontaje, en donde el tratado de extradición era una de las pocas esperanzas de justicia a la que aspiraban los hondureños, pero que ha sido cortada de tajo por el actual gobierno.

217 eventos políticos entre enero y octubre de 2024 es un buen insumo para empezar a trabajar desde la Unidad de Política, al margen de sus limitaciones, es un buen paso para que los precandidatos rindan cuentas sin necesidad de que se los exija la ley, un buen aliciente para que la veeduría ciudadana al proceso electoral tome gusto y forma como mecanismo fiscalizador del poder y un aporte importante para que los medios y los periodistas encuentren nuevos enfoques y lecturas que permitan una cobertura de este proceso desde todos los ángulos, pero sin dejar que el pandemónium les saque del foco central: ¿Quién paga la cuenta? ¿De dónde viene el dinero?
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2024-11-04
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