Junta Monetaria está divida por emisión de Q25 mil millones en bonos para el presupuesto 2025
Junta Monetaria está divida por emisión de Q25 mil millones en bonos para el presupuesto 2025 . Sectores empresariales argumentan que su voto en contra en la Junta Monetaria es una alerta, porque ese monto de deuda afectaría el déficit fiscal y la estabilidad macroeconómica; además, no están claros los destinos de los gastos.
Prensa Libre
Sectores empresariales argumentan que su voto en contra en la Junta Monetaria es una alerta, porque ese monto de deuda afectaría el déficit fiscal y la estabilidad macroeconómica; además, no están claros los destinos de los gastos.

La Junta Monetaria (JM) dio la semana pasada una opinión favorable para la emisión de Q25 mil 104 millones en Bonos del Tesoro para el ejercicio fiscal del 2025.

De siete votos en la JM, cinco fueron a favor, emitidos por las entidades estatales, mientras que se tuvieron tres en contra.

El sector empresarial, bancario y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), votaron en contra.

Con el monto en mención se financiará el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el 2025, que asciende a Q148 mil 526 millones, según la propuesta del Ministerio de Finanzas (Minfin), la cual está en discusión en el Congreso.

La presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carmen María Torrebiarte, comentó que junto al sector bancario y la Usac votaron en contra como una decisión técnica para cuidar la parte macroeconómica del país.

La presidenta del Cacif expuso que la propuesta del presupuesto para el 2025 contempla un déficit fiscal del 3.1 por ciento, y lo que se busca es que se situé en 2 por ciento para evitar una desestabilización de la economía, ya que luego sería difícil retornar a un comportamiento controlado.

Torrebiarte citó que el déficit en el presupuesto para el 2025 tendrá impactos inflacionarios, y considera que en la medida en que se vayan autorizando estos incrementos de la deuda se comprometerá los pagos a futuro, aspecto que también va a comprometer la calificación de riesgo país y otros factores que pueden desestabilizar toda la economía.

El otro problema que observan es que el 94 por ciento del incremento al presupuesto va dirigido al gasto, pero lo que se necesita es inversión en diversos temas como en la infraestructura.

Consultado Carlos Arias, miembro titular en la JM, electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, explicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el que propone que el 2 por ciento del déficit fiscal debería ser un límite máximo para un país como Guatemala, en relación al crecimiento económico que se tiene, y que esta cifra lo que garantiza es la estabilidad macroeconómica.

Para superar ese límite, el FMI pide que se cumplan tres sugerencias, comentó Arias: que sea por muy corto plazo, que sea destinado en inversión para infraestructura, en bienestar social o inversión de capital, y que existan planes transparentes, condiciones que a criterio del empresario no se están cumpliendo.

Arias señaló que, según la propuesta del Ministerio de Finanzas, con la proyección hasta el 2029, el promedio del déficit fiscal sería de 2.8 por ciento anual, pero que con esto se abarcaría cinco años por encima de lo que el Fondo sugiere como razonable.

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Del total del presupuesto propuesto, alrededor de Q29 mil millones son de déficit y estiman que para lograr mantenerlo en 2 por ciento se tendría que reducir el gasto en unos Q10 mil millones, agregó Arias.

En tanto Torrebiarte comentó que la baja tendría que ser alrededor de Q20 mil millones del gasto.

Desde el lado de las asociaciones empresariales, Arias explicó que al votar en contra lo que se quiso fue mandar un mensaje de preocupación y de alerta, y aunque no están en contra de que el gobierno invierta, señalan que pocos recursos se destinan a inversión.

“Lo que queremos es levantar la bandera de alerta, ya que es un tema muy complejo, muy arriesgado, y pensamos que las condiciones no se están dando para poderlo hacer en el presupuesto de este año. Queremos ser cuidados con la macroeconomía y evitar que Guatemala vuelva a entrar en un espiral inflacionario”, expresó.

Por aparte, Fernando Samayoa, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que el delegado de ese sector tomó, bajo su juicio, una decisión que considera muy acertada, de votar en contra de ese dictamen, y cuya postura que fue seguida por otros dos miembros titulares de la Junta Monetaria.

Agrega que el voto fue técnicamente analizado sobre la capacidad de pago del gobierno. Aunque tiene un nivel de deuda baja con relación al PIB su capacidad de pago está bastante comprometida y no es de los mejores países respecto al servicio de la deuda.

El sobrepasar el 3 por ciento de déficit implica que la economía de Guatemala tendría que crecer por lo menos al 5 por ciento para lograr reducir el impacto de este aumento. Y coincidió con los otros dos directivos empresariales, en que una vez se aumenta ese indicador de endeudamiento nadie lo baja.

Samayoa explica, además, que el servicio de deuda, que es la cantidad de los ingresos de gobierno sobre los impuestos que se utilizan para amortizar deuda que ya se tiene, está incrementando de 216 a 224 por ciento, y considera que eso pone una situación más complicada al país. También coincide en que en el fondo no tendría ningún problema que este dinero fuera para inversión en infraestructura del país, pero más del 84 por ciento del presupuesto ya tiene dueño, porque se deriva a los programas que ya están asignados a la Constitución Política y gasto ordinario.

Analistas

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, comentó que no es la primera vez que no se logra unanimidad en la Junta Monetaria. Considera que esa instancia está estructurada para tener contrapesos como el sector privado, bancos y la Usac.

Explicó que se han tenido déficit por arriba del 3% solo en el 2009, el 2010 y el 2020, pero ante circunstancias extraordinarias como la recesión económica mundial y la pandemia, sin embargo, en el actual gobierno se propone en un período en que no se está en crisis o peligro general.

Estos votos disidentes están sentando un precedente para no tener un déficit por arriba del promedio recomendado por el FMI, del 2%, para evitar que se dé un déficit fiscal en el largo plazo muy alto como lo están experimentando otros países, añade.

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que no es el monto del déficit sino el destino que se dé a los recursos lo que indica si una medida de elevarlo es positiva o negativa.

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Explicó que el monto de deuda bonificable propuesto puede considerarse bastante alto, y aunque no se oponen a priori, sí recomiendan que el Ejecutivo redoblar sus esfuerzos por explicar a qué se va a dirigir esos fondos porque consideran que no se está ofreciendo una justificación completa. Además, porque el artículo 71 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe usar recursos de la deuda pública para gastos corrientes, pero la mitad de esos Q25 mil millones serían para gastos corrientes.

Barrientos expone que la función de la JM no incluye opinar sobre el destino de los recursos ni del déficit fiscal, excepto los efectos monetarios de un incremento agudo, y de aspectos monetarios y macroeconómicos, pero se debe analizar si fue decisión técnica o política.

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2024-11-04
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