¡Vaya martes!
¡Vaya martes! . La atención pública se centra en la reforma al Poder Judicial y en particular en la sesión que el día de mañana celebrará el pleno de la SCJN para resolver sobre el proyecto presentado por el ministro González Alcántara en torno a la constitucionalidad de la misma.
El Financiero
Cierto es que, en estos momentos, la atención pública se centra en la reforma al Poder Judicial y en particular en la sesión que el día de mañana celebrará el pleno de la SCJN para resolver sobre el proyecto presentado por el ministro González Alcántara en torno a la constitucionalidad de la misma y, por si fuera poco, elecciones en EU.

Sin embargo, no hay que perder de vista el conjunto de reformas que se han anunciado y que se han venido aprobando, ya que lo que está en juego con todas ellas es el cambio del sistema político e institucional de nuestro país, camino a la concentración del poder sin reconocimiento a la diversidad, a los contrapesos y que atenta contra la vida democrática.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que del paquete de reformas consideradas en el “Plan C”, la que tiene que ver con la materia político electoral se postergaba hasta el periodo legislativo del próximo año. No obstante, el pasado jueves se instaló la comisión de la Cámara de Diputados responsable de preparar el proyecto de reforma.

El hecho no puede pasarse por alto, ya que la acelerada dinámica con la que el grupo gobernante está transformando la vida pública del país –claro ejemplo de ello es la celeridad inusitada con la que aprobaron la llamada supremacía constitucional– puede llevar a que nos amanezcamos pronto con nuevas reglas del juego para la vida democrática, la libertad de asociación y el acceso al poder.

Recordemos que la reforma político electoral que propuso Andrés Manuel López Obrador consideraba la desaparición de los legisladores plurinominales, la reducción al 50% del financiamiento de los partidos políticos, la transformación del INE en INEC y la desaparición de los institutos y de los tribunales electorales en los estados. ¿Prevalecerán estos preceptos o tendremos nuevas sorpresas como la anunciada en la instalación de la Comisión para volver al esquema de no reelección de legisladores?

Si se mantiene la propuesta obradorista, se estaría atentando contra la representación plural de la sociedad mexicana en el Poder Legislativo Federal y en los locales, lo que nos retrocede 47 años en el esfuerzo de fortalecer la pluralidad democrática en nuestro país, la incorporación de las minorías y la ampliación de derechos.

Pero además, al concentrar la organización de todos los procesos electorales en una sola autoridad nacional, al igual que la responsabilidad de resolver en definitiva los litigios que derivan de las contiendas electorales en un tribunal nacional, hace mucho más frágil a una institucionalidad electoral que logró distinguirse en el mundo por su autonomía e independencia.

Clara muestra de lo anterior es la reciente reforma que faculta a la presidenta del INE para nombrar directamente, sin pasar por el Consejo General, a funcionarios de primer nivel de la institución y que otorga atribuciones a la Junta General Ejecutiva (órgano presidido por la presidenta y por los funcionarios que ella designaría) que son facultades del Consejo estipuladas en la propia Constitución. Afortunadamente, seis de los once miembros del Consejo lograron una votación para promover ante la SCJN una controversia constitucional contra esas medidas.

La intención es evidente, cooptar a las autoridades electorales, debilitar su vida colegiada, concentrando las decisiones en la presidencia del INE a imagen y semejanza de lo que está sucediendo con el nuevo diseño del Ejecutivo federal. La diversidad y los contrapesos estorban, así el destino del arbitraje de la vida electoral, que tiene como parte de su naturaleza la deliberación entre los diferentes.

Por si esto fuera poco, el viernes pasado la presidenta de la República presentó un ambicioso programa para reformar la administración pública federal, y entre otras medidas se crea la figura de identidad digital (“Ciudadanía Digital”), registro ciudadano que sería operado por una nueva instancia denominada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

Hasta donde alcanzo a entender, ya que no hay mucha información al respecto, una medida de esa naturaleza facultaría al gobierno federal para apropiarse del padrón ciudadano que hasta estos momentos ha estado en manos del INE. Lo anterior per sé es grave, ya que se trata de nuestros datos personales y más aún cuando el programa referido considera la desaparición del INAI, instancia autónoma que entre sus facultades tiene la protección de dicha información y esa responsabilidad la transfiere ahora a una dependencia del Estado.

Es decir, el propio gobierno tendría tanto el registro de la ciudadanía como la explotación de esa base de datos y, además, sería juez y parte en la “protección” de los mismos.

Sin duda, hay que estar atentos a lo que resuelva la Corte y a lo que sobrevenga, lo que muy probablemente derivará en la materialización de una crisis de nuestro Estado de derecho y, por lo tanto, a las fundadas dudas sobre qué constitucionalidad y legalidad prevalece, quién la aplica y obliga a su cumplimiento y las consecuencias de desacatar mandatos judiciales, lo que va mucho más allá de la actual coyuntura.

No podemos perder de vista el conjunto de reformas que están en curso, como las que tienen que ver con los derechos político electorales, la organización de las elecciones y la legalidad de las mismas. Todo lo anterior, sumado ahora a la concentración de los datos ciudadanos en manos del gobierno, configura un escenario en el que se debilitan la democracia, los contrapesos y el Estado de derecho, construyéndose a cambio un Estado autoritario y con todos los elementos para vigilar a la ciudadanía.

POSDATA: Mi confianza a ocho ministras y ministros que sabrán con sobriedad, legalidad y firmeza republicanas hacer prevalecer el Estado de derecho y el respeto a los derechos y libertades.
México
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2024-11-04
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