El juez deniega la cautelar a Pedro Rocha y complica su candidatura a la presidencia de la RFEF
El juez deniega la cautelar a Pedro Rocha y complica su candidatura a la presidencia de la RFEF . El expresidente, inhabilitado por dos años por su gestión en la Federación, se aferra a que prospere su recurso ante la Audiencia Nacional para mantenerse en el proceso electoral
EL PAÍS América
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha denegado la cautelar a Pedro Rocha, que no podrá presentar su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) salvo que prospere el recurso de Apelación que presentó ante la Audiencia Nacional cuando en septiembre le fueron denegadas por primera vez las medidas cautelares. Rocha, expresidente, deberá cumplir la sanción que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte por su gestión al frente de la entidad cuando ejercía de interino tras la salida de su predecesor, Luis Rubiales. Esta es la segunda cautelar que los juzgados le niegan a Rocha, inhabilitado por dos años, aspiraba a recuperar el mando en la Federación, a cuyo cargo dejó a una persona de confianza, la que fue nombrada su vicepresidenta adjunta, María Ángeles García Chaves, conocida como Yaye. Esta es la mujer de Alberto Montes, exsecretario de Rocha en la federación extremeña.

Yaye, presidenta interina, fue quien fijó las elecciones a la presidencia para el próximo lunes 16 de diciembre. En solo cinco días, el 25 de noviembre, se procederá a la elección de la Asamblea General, en la que se elegirán a sus 142 miembros, un paso previo necesario para poder celebrar unas semanas más tarde el proceso electoral. Unas elecciones, además, que deberían servir para regenerar el organismo que rige el fútbol español. En siete años y medio, ya son tres los presidentes de la RFEF inhabilitados, Ángel María Villar (2017), Rubiales y solo un año después Rocha.

El TAD consideró que el dirigente extremeño se extralimitó en sus funciones cuando presidía la comisión gestora al despedir al que fuera secretario general, Andreu Camps, por su cuenta, sin consultar con el resto de miembros de la junta. Esto está tipificado como falta muy grave, por lo que el TAD le impuso los dos años de inhabilitación.

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Además de la sanción del TAD, Rocha fue imputado en la Operación Brodie, en la que se investigan presuntos contratos irregulares de la RFEF entre 2018 y 2023. Cuando prestó declaración en el juzgado dijo no saber nada de las adendas en los acuerdos para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí pese a que era el presidente de la comisión económica desde octubre de 2020. En ese periodo también se adjudicó la remodelación del estadio de La Cartuja a la empresa Gruconsa, en la que trabajaba el hermano del director de los servicios jurídicos federativos. Rocha dijo no tener conocimiento de ello. Por ello, la jueza Delia Rodrigo le cambió su condición de testigo a la de imputado con apenas media hora de declaración.

Todo lo vivido en el último año, especialmente después de los episodios en las celebraciones de la selección femenina campeona del mundo en Sídney —con el ya famoso beso de Rubiales a la delantera del equipo español, Jenni Hermoso—, puso en alerta al Consejo Superior de Deportes y al propio Gobierno español, que han impulsado la necesaria renovación de los cargos federativos e incluso pusieron al ex seleccionador nacional Vicente del Bosque al frente de una Comisión de Supervisión, Representación y Normalización para ejercer el control en la propia RFEF.

El empresario madrileño Juanma Morales Alonso es por ahora el primer candidato en presentarse oficialmente a las elecciones a la presidencia de la RFEF. El candidato recibió el apoyo público de exjugadores como David Silva o Luis Milla.
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2024-11-20
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