El Gobierno encaja una derrota en política fiscal pero salva la ley estrella de justicia
El Gobierno encaja una derrota en política fiscal pero salva la ley estrella de justicia . PP y Junts confirman su acercamiento en cuestiones tributarias y, junto al PNV, imponen derogar el gravamen a las energéticas
EL PAÍS América
El último pleno parlamentario del año se presumía aciago para el Gobierno y acabó como esas noches electorales en las que todos se proclaman vencedores. El Ejecutivo logró salvar la ley para modernizar la Administración de Justicia, tras frenar en el último momento la amenaza de Podemos de tumbarla. Y también obtuvo la aprobación definitiva a la norma que contiene el paquete fiscal, un encaje de bolillos cosido en las últimas semanas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero a la vez, la oposición le propinó una derrota que demuestra las enormes dificultades para pactar una política sobre impuestos común entre la base parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Junts y PNV se sumaron a una propuesta del PP que deroga el impuesto a las grandes energéticas, el mismo que la víspera el Gobierno había pactado prorrogar con ERC, EH Bildu y BNG.

El gravamen a las grandes energéticas, vigente los dos últimos años, se ha convertido en un pulso entre los flancos a derecha e izquierda de la mayoría que hace un año invistió a Sánchez. A estas alturas, ya todo el mundo da por supuesto que desaparecerá, pero la disputa continúa, más como escenificación política que por sus efectos prácticos. Y de momento ha otorgado una victoria parlamentaria al PP, como no tardaron en pregonar sus dirigentes. La enmienda de los populares que unió a la derecha estatal y al soberanismo conservador supone que el impuesto queda automáticamente derogado en cuanto la ley que contiene el paquete fiscal se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esa derogación impide que el Gobierno apruebe un decreto de prórroga del impuesto, como había pactado el miércoles con la izquierda soberanista. La fórmula legal tendrá que ser otra, como si el gravamen se volviese a crear de nuevo, aunque también se vehiculará a través de un decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el lunes. Ese decreto tendrá que ser convalidado por el Congreso antes de un mes. Y ahí su derrota parece segura. Pero unos y otros quieren evidenciar claramente sus posiciones en una cuestión de gran carga ideológica: los impuestos a las grandes empresas. Pese a que el gravamen parece condenado, los grupos de la izquierda soberanista mostraron su satisfacción por el compromiso arrancado al Gobierno a la vez que censuraban a PNV y Junts, al considerar “grave que se presten a apuntalar y reforzar las estrategias e intereses de la derecha española”. Los nacionalistas vascos sitúan como argumento principal que ese impuesto “rompe el concierto económico” de Euskadi, mientras los catalanes, como repitió este jueves su portavoz, Míriam Nogueras, alegan que “pondría peligro inversiones en Cataluña”.

La votación sobre el paquete fiscal también dejó otros retazos menores que ilustran el acercamiento en esta cuestión entre PP y Junts. Los populares apoyaron dos enmiendas del partido de Carles Puigdemont para rebajar al 4% el IVA de los yogures y la fiscalidad de los monitores deportivos. Y los independentistas dieron su voto favorable a otra del PP que exime del pago de impuestos a las empresas afectadas por la dana en Valencia que reciban donativos. Las tres medidas, subrayó Montero, son muy menores y tendrán escaso impacto en la capacidad recaudadora del Estado.

La mayoría de investidura sí funcionó para que el Gobierno sortease otra amenaza que se cernía sobre el último pleno del año. El Congreso debía revertir el veto que el Senado, con mayoría absoluta del PP, había impuesto al proyecto de ley del Servicio Público de Justicia. En juego estaba la “mayor transformación de la Administración de Justicia en décadas”, en palabras del ministro Félix Bolaños, con medidas como la sustitución de los juzgados de Primera Instancia con un solo titular por tribunales colegiados. Y otras sin relación directa con su contenido, aunque introducidas en medio del proyecto, como la supresión de las golden visa, los visados para extranjeros que realizasen grandes inversiones inmobiliarias.

Podemos había amenazado con impedir su aprobación definitiva por otro asunto que se le adhirió: una enmienda del PNV para facilitar el desalojo de okupas en un plazo de 15 días. La formación de Ione Belarra alegaba que suponía una puerta abierta a los desahucios exprés, lo que niega categóricamente el PNV, en medio de un inusitado intercambio de descalificaciones entre ambos grupos durante los últimos días. Muy enfadado, el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, cargaba en los pasillos contra Belarra antes de conocerse el desenlace de la votación: “Ella está en una esquina del hemiciclo. A ver si empieza a darse cuenta de que no tiene mayoría”. La líder de Podemos había calificado al PNV, entre otras cosas, de “cachorros de Repsol” por su negativa a prolongar el impuesto a las grandes energéticas, y recordó con insistencia que el actual consejero delegado de esa compañía, Josu Jon Imaz, fue antes presidente del partido nacionalista.

Sin que Podemos desvelase su postura hasta el último momento y tras arduas negociaciones, el Gobierno consiguió convencerlo para evitar lo que sería un dolorosa derrota. Y la ley salió lista para su publicación en el BOE con 177 votos a favor y 171 en contra de PP, Vox y UPN. “Hoy hemos puesto las bases para la justicia del siglo XXI”, manifestó un aliviado Bolaños tras conocerse el resultado.

El ministro evitó explicar qué había ofrecido a Podemos para revertir su oposición. Fue Belarra quien compareció después para exponerlo. Señaló que ha acordado con el PSOE prorrogar la moratoria de los desahucios para personas vulnerables durante un año y las ayudas al transporte por seis meses. Según Belarra, el Gobierno aprobará además un real decreto la próxima semana para mantener el “escudo social” implantado ya en la pasada legislatura. El decreto se redactará de tal forma que pueda suspender la aplicación de la enmienda del PNV, según aseguró la dirigente izquierdista. Pero, en este caso, también deberá pasar por la convalidación del Congreso. Y puede correr la misma suerte que el de las energéticas si el rechazo vuelve a unir a los nacionalistas vascos y a Junts con la derecha estatal.
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2024-12-19
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