Bruselas estudia el coste financiero de abrir campos de deportación fuera de la UE
Bruselas estudia el coste financiero de abrir campos de deportación fuera de la UE . La Comisión avanza en el proyecto de los campos de expulsión de solicitantes de asilo, a pesar de los varapalos judiciales que ha recibido el ‘modelo Albania’ en el que insiste Meloni
EL PAÍS América
Los reveses judiciales al modelo de campos de deportación de Italia en Albania, la receta fallida para frenar la inmigración de la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni, no han disuadido a la Comisión Europea de avanzar hacia esa vía, como reclaman cada vez más países en una Unión Europea derechizada y crecientemente blindada. El Ejecutivo comunitario estudia ya el coste financiero de crear estos puntos fuera de la UE para enviar a los solicitantes de asilo. “Hemos profundizado nuestro análisis de formas innovadoras de luchar contra la migración ilegal, siguiendo las prioridades señaladas por los Estados miembros”, explica la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una carta enviada sobre las líneas de actuación del Ejecutivo a los líderes europeos. “Estamos estudiando la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros”, les informa la conservadora alemana.

La idea de Von der Leyen es introducir la controvertida fórmula —que no solo ha sufrido el varapalo de varios tribunales italianos y está de momento parada en ese país, sino también durísimas críticas de organizaciones de derechos humanos— en la reformada directiva de retornos en la que ya trabaja el Ejecutivo comunitario, para acelerar las expulsiones. La conservadora alemana quiere que este sea el primer gran proyecto regulatorio de la legislatura que acaba de echar a andar.

“Tenemos que examinar los aspectos jurídicos, operativos y prácticos, así como las implicaciones financieras de dichos centros, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y el principio de no devolución”, dice Von der Leyen en la misiva enviada a los jefes de Estado y de Gobierno el lunes por la tarde y que servirá como una de las bases de debate para la cumbre del jueves en Bruselas, en la que algunos Estados miembros quieren hablar de esas “soluciones innovadoras” que emplean como eufemismo para referirse a los centros de deportación extracomunitarios.

85.600 euros por migrante

El estudio de las implicaciones financieras de instalar esos puntos fuera de la UE puede suponer un jarro de agua fría, si de verdad se hace caso a ese factor, a las aspiraciones de los países de línea dura y a los pragmáticos, si se tienen en cuenta las cifras italianas. El coste aproximado el modelo Albania, que muchos observan como vía a imitar, es millonario. El coste por migrante —Roma logró deportar allí muy pocos y todos tuvieron que ser trasladados a Italia por mandato judicial—ha sido de unos 85.600 euros, frente a los 35 euros al día que cuesta su mantenimiento en los centros de acogida en suelo italiano.

Aunque el principal obstáculo para el modelo Albania, en el que se ha enrocado la ultra Meloni, ha sido una sentencia europea que, en la práctica inutilizaba todo el proceso al reducir el número de países a cuyos ciudadanos podía aplicarse el controvertido protocolo rápido de gestión de asilo de rechazo en frontera.

Dinamarca, Suecia, Grecia o Austria se han mostrado interesados en adaptar el protocolo Albania de enviar a centros fuera de la UE a solicitantes de asilo de países con bajos porcentajes de aceptación general hasta que se procesen sus solicitudes. España es el país que más tajantemente ha rechazado la idea, por las preocupaciones éticas y de derechos humanos. Otros, como Alemania, no se cierran a la fórmula, pero creen que es demasiado cara e inviable desde el punto de vista financiero.

Por su parte, Meloni ha instado este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a desestimar las objeciones al plan estrella de su Gobierno para enviar migrantes marítimos a Albania. Durante un discurso en el Parlamento, previo a una cumbre de líderes de la UE, Meloni dijo que si el tribunal europeo confirmara estas objeciones “se correría el riesgo de comprometer las políticas de repatriación de todos los Estados miembros”, informa Reuters.
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2024-12-17
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