Declaración pública
Declaración pública . Las organizaciones sociales integrantes –junto con la Universidad de la República (Udelar)– del espacio La Vivienda en Diálogo, preocupadas por la necesidad de que en el próximo período de gobierno se lleve adelante una política de vivienda que dé efectiva solución a los graves problemas que el país enfrenta actualmente en ese campo, nos venimos […]
Brecha
Las organizaciones sociales integrantes –junto con la Universidad de la República (Udelar)– del espacio La Vivienda en Diálogo, preocupadas por la necesidad de que en el próximo período de gobierno se lleve adelante una política de vivienda que dé efectiva solución a los graves problemas que el país enfrenta actualmente en ese campo, nos venimos reuniendo desde el mes de agosto para discutir, plantear nuestras inquietudes y proponer soluciones.

En ese lapso convocamos a una marcha hasta el Palacio Legislativo el 7 de octubre y realizamos una actividad pública en esa sede al día siguiente, todo ello en el marco del Día Mundial de lxs Sin Techo. Presentamos además la «Plataforma social sobre problemas y propuestas para la efectivización del derecho a la vivienda adecuada y digna». Asimismo, el 19 de noviembre, conjuntamente con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar, propiciamos la realización de un debate para tratar el tema entre los representantes de los candidatos a la presidencia de la república que contó con un auditorio repleto con más de 250 personas y fue seguido online por otras 300, lo que dio cuenta de la importancia de discutir y conocer propuestas concretas en la temática.

Culminada la etapa electoral, hemos evaluado el camino recorrido y los resultados alcanzados hasta ahora, confrontamos nuestros planteos con las propuestas de campaña y lo establecido en debates y declaraciones del presidente electo y sus representantes, y advertimos una serie de avances importantes, pero algunas preocupaciones persisten. Nos interesa ponerlas en conocimiento de la opinión pública y de las nuevas autoridades.

Entre los aspectos positivos, destacamos:

-La voluntad de convocar a la Comisión Asesora de Vivienda (en la que nos comprometemos a estar presentes), así como de elaborar políticas y programas que den participación a las organizaciones sociales;

-La priorización de los sectores con mayores carencias habitacionales en las políticas a llevar adelante;

-El propósito de generar una diversidad de alternativas para atender con soluciones específicas problemas diversos;

-La decisión de estimular el sistema cooperativo de producción social de vivienda;

-La voluntad de impulsar formas innovadoras de producción y gestión, en particular la vivienda colaborativa;

-El impulso a la creación de un stock de vivienda pública en alquiler;

-La coincidencia en la importancia de la generalización del acceso a saneamiento seguro a nivel del país;

-La creación de un Observatorio de la Vivienda y el Hábitat para monitorear las acciones en la materia.

Simultáneamente, queremos plantear la necesidad de seguir ahondando en los siguientes aspectos que aún no han sido suficientemente esclarecidos:

-La incertidumbre sobre los recursos a aplicar a la vivienda social;

-La necesidad de implementar un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, lo cual requiere la asignación de recursos propios y permanentes, como estaba establecido en la ley de vivienda de 1968;

-La importancia de suprimir los impuestos que gravan la vivienda social y que la encarecen injustificadamente;

-La importancia de aplicar alguna forma de control de precios de los arrendamientos no amparados en la ley 14.219 de 1974 (libre mercado de alquileres), así como en los precios de la vivienda promovida y la necesaria revisión de este sistema, para que las renuncias fiscales aplicadas impacten positivamente en los sectores de ingresos bajos, medios bajos y medios, como se buscaba;

-La inconveniencia de la construcción de enclaves excluyentes, como los barrios privados;

-La necesidad de definir la forma de abordar el problema del acceso al suelo residencial y, en particular, de actuar sobre los inmuebles abandonados;

-La importancia de derogar las leyes que criminalizan y penalizan la pobreza y hacen que la ocupación de inmuebles y de espacios públicos por falta de vivienda sea un delito.

Finalmente, formulamos el compromiso de seguir unidos trabajando y luchando por estos temas, de profundizar su análisis, proponer soluciones y participar en todos los ámbitos de discusión que se establezcan para hacerlo.

Organizaciones y colectivos que han participado del proceso de diálogo:

Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay; Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales; Centro Cooperativista Uruguayo; Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura; Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo; Ciudad Abierta; Colectivo Habitadas; Colectivo Somos Barrio; Comisión Derecho a la Ciudad. Grupos de alojamiento colaborativo: Coviviendo Angirú, Cooperativa Anga Irü, Carpe Diem y Mujeres con Historias; Federación de Cooperativas de Propietarios; Familias Presentes (familiares de personas privadas de libertad); Federación de Cooperativas de Usuarios por Ahorro Previo; Federación Plan de Vivienda Sindical; Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay; Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua; Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay; Instituto Técnico de Asistencia Cooperativo; Miles de Ciudades (comunicación); Mundo Afro; Ni Todo Está Perdido (personas en situación de calle); Olla Popular Juan R. Gómez, Sociedad de Arquitectos del Uruguay y Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
Uruguay
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2024-12-13
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