Gobierno desafía la voluntad de pueblos originarios e insiste con cárcel en Mocorón
Gobierno desafía la voluntad de pueblos originarios e insiste con cárcel en Mocorón . Hace unos días el gobierno desistió de la construcción de la cárcel en la zona protegida El Cisne y trasladó su intención a la comunidad misquita de Mocorón, como una solución al fracaso arrastrado por tres licitaciones que no contaban con garantía bancaria para instalar el recinto penitenciario.
Proceso Digital
Tegucigalpa (Por Isis Rubio) – Alegando “boicot” de sectores con el crimen organizado para permitir levantar una megacárcel a las Islas del Cisne, 250 kilómetros de Islas de la Bahía, el gobierno hondureño ahora le apunta a trasladar el recinto penitenciario a Mocorón en Puerto Lempira, Gracias a Dios.

– Los pueblos indígenas de La Mosquitia aseguran que defenderán con sus vidas los territorios y que no permitirán la edificación de la megacárcel.

Hace unos días el gobierno desistió de la construcción de la cárcel en la zona protegida El Cisne y trasladó su intención a la comunidad misquita de Mocorón, como una solución al fracaso arrastrado por tres licitaciones que no contaban con garantía bancaria para instalar el recinto penitenciario.

Este nuevo proyecto denominado Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) está diseñado para instalarse en Mocorón, donde alrededor de 400 misquitos se han trasladado para defender su tierra e impedir la construcción de la megaestructura que prevé una capacidad para 20 mil internos y que impulsa la presidenta Xiomara Castro a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

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Derechos de los pueblos indígenas

El Estado de Honduras reconoce el territorio y los derechos de los pueblos indígenas, (artículo 346 de la Constitución de la República), el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado de Honduras mediante decreto No. 26-94, en sus artículos 2,3,4, 6, 7, 13 al 19, el cual establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad con la participación de los pueblos indígenas tomar acciones coordinadas y sistemáticas con miras de proteger sus derechos

El departamento de Gracias a Dios, considerado territorio indígena, con amplia diversidad cultural y recursos naturales, forma parte del corredor biológico mesoamericano, dicho territorio en materia de inversión pública ha sido olvidado por los diferentes gobiernos.

Pobladores de La Mosquitia se oponen a que la cárcel sea construida en Mocorón.

La población del departamento desde hace décadas, han reclamado al Estado por sus derechos, mayor atención para mejorar sus condiciones de vida, incrementar la inversión de parte del Estado en el sector salud, construcción de hospitales, centros educativos, mejoramiento de las pistas de aterrizajes para bajar el precio del transporte aéreo, construcción de la red vial terrestre que conecte entre los municipios de Gracias a Dios, mejoramiento de la red fluvial con el fin de bajar el precio del transporte público, mejora de la producción agropecuaria, acceso a energía eléctrica, subsidio al transporte público, acceso a la universidad pública y otros.

Ninguna de sus peticiones se han hecho efectivas y esperaban que la presidenta Xiomara Castro brindará un mayor apoyo a esas comunidades, de acuerdo a versiones de líderes de la zona.

CRE

Sin embargo, la noticia de la construcción de una cárcel en el sector de Mocorón les cayó de sorpresa ya que en un inicio ellos se oponían a la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne.

Fue el 26 de noviembre, cuando la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, realizaron una inspección en el departamento de Gracias a Dios donde se construirá un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE).

El CRE será edificado en el sector de Mocorón y las autoridades estiman que albergará unos 20 mil reclusos, considerados de alta peligrosidad y condenados por integrar estructuras del crimen organizado. La idea es aislar a estos peligrosos hampones, han asegurado los promotores.

Tras el anuncio de este proyecto, los ancianos, pueblos indígenas, alcaldes, consejos territoriales y comunidad en general se declararon en alerta y señalaron que no permitirán la construcción de una cárcel en Mocorón.

La congresista Ericka Urtecho.

Pueblo netamente indígena

Una de las abanderadas en defensa de su pueblo, es la diputada por Gracias a Dios, Ericka Urtecho, quien declaró a Proceso Digital que no se oponen a la construcción de cárceles, se manifiestan en contra que sea en tierras de La Mosquitia que es considerada la segunda reserva forestal más grande de Latinoamérica y un pueblo netamente indígena.

“Este proyecto vendría agravar la difícil situación que ya tienen los pueblos misquitos”, aseguró la congresista.

Recordó que Gracias a Dios tiene una enorme riqueza cultural, natural y es ahí donde se piensa planificar la construcción de una cárcel.

“La Isla del Cisne pertenece al departamento de Gracias a Dios al igual que Mocorón que está ubicado en el corazón del departamento, entonces qué sucede, al ser un departamento donde residen cuatro pueblos indígenas, es una zona completamente indígena y no se puede aprobar un proyecto de esa magnitud sin que se le haya hecho la consulta libre, previa e informada”, explicó.

Agregó que igualmente se opusieron a la construcción de la Isla del Cisne por su deterioro ambiental y todo lo malo que dejaría en la zona, el llamado hoy es al gobierno porque el pueblo de Mocorón está acampando en las instalaciones donde supuestamente se indicó que se iba a realizar la construcción para evitar la misma.

Sin un estudio ambiental, ni socialización

Urtecho exigió que se respete la voluntad de los pueblos misquitos.

En ese sentido, Urtecho dijo que todos los pueblos indígenas se oponen a la construcción de la cárcel, un departamento que tiene tantas necesidades, que el 80 % de las comunidades no cuentan con energía, no hay agua potable, con un deficiente sistema sanitario y con otras tantas necesidades, ese fondo de más de dos mil 700 millones de lempiras para la construcción de la cárcel deberían de ser destinados para solventar los problemas que presenta dicho departamento.

Señaló que a Mocorón lo rodean ríos que son usados por los pueblos que lo rodean, y para la construcción de esta cárcel no hay ninguna socialización, no hay un estudio ambiental por eso es el reclamo del pueblo.

Dijo que hay un conocimiento de parte del general Ramiro Muñoz, quien ha sido el único en reconocer la supremacía de los tratados internacionales firmados por Honduras.

“Nosotros solo pedimos respeto, son 23 comunidades las que se han pronunciado, los 15 pueblos territoriales, cinco de los seis alcaldes se declararon en contra, todos los sectores se han manifestado en contra porque no hay ningún aporte, beneficio, solo afectación a la flora, fauna y el bienestar de los pueblos o comunidades del lugar”, arguyó.

Apuntó que las autoridades deben de documentarse bien para poder socializar el proyecto que sea el pueblo indígena el que decida.

El experto en temas ambientales, René Soto.

Derogar decreto que impulsa la construcción de cárcel

Por su parte, el especialista en medio ambiente y miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, René Soto dijo a Proceso Digital que mientras no se derogue el decreto para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne seguirá vigente y con la posibilidad de que se realice en dicha zona.

Mientras que la iniciativa de la construcción de la cárcel en Mocorón tiene otra connotación de tipo legal, “nosotros estamos preocupados porque la ministra Rixi Moncada es abogada y debería haber sabido que no se puede llegar a un lugar y anunciar la construcción de la cárcel sin que haya hablado primero con los misquitos, eso se convierte en una falta de respeto hacia el pueblo”, arguyó

Indicó que tanto la ministra Moncada como los miembros de las FFAA deben de saber que La Mosquita es un área protegida, por lo que demanda de una consulta libre, previa e informada al consejo, mientras no haga eso está ignorando los aspectos legales de la administración pública y estará fuera de ley, no puede estar violando la ley porque sólo los consejos son los que pueden dar un sí o un no a la construcción de la cárcel.

Sostuvo que Mocoron es una área forestal propuesta que está incluida en el listado de conservación forestal, también es frontera con ecosistemas acuáticos, hay una conectividad con el bosque y el río, que no estarían ni a 100 metros de construirse la cárcel.

Impacto social terrible y un proyecto abominable

“La Coalición Ambiental no es una organización criminal, somos personas profesionales, pensantes, técnicos científicos y escritores”, expresó Soto.

Agregó que otro aspecto es el impacto social que será terrible si son trasladados 20 mil privados de libertad a ese lugar, con los tres tiempos de alimentación, con energía eléctrica y aseguramiento de agua potable.

Mientras que afuera hay una población indígena que ha sido abandonada por siempre, donde la dieta de cada familia es arroz y mango.

“En el centro penitenciario habrán médicos, psicólogos, chef para la comida, por lo que nos parece un absurdo, un proyecto abominable, una ofensa a la dignidad de las personas que están pasando miseria, cuando deberíamos de ir con un proyecto de desarrollo integral de La Mosquitia, con empleo, seguridad, salud, atención a los buzos, nutrición, por lo tanto el impacto será terrible”, arguyó Soto.

Añadió que el gobierno no puede salir con “una carambada” como esta, porque son los mismos problemas que se presentaban en la Isla del Cisne, son los del Mocorón, “van a haber desechos sólidos, aguas negras que van a ir a dar a los campos santos de los ancestros de las familias que viven en el lugar o a desembocar en los ríos que pasan en la zona”, señaló.

Recordó que este gobierno ya va de salida por lo que es imposible que puedan construir una cárcel con una logística que no tienen y que erogará una fuerte cantidad de dinero que se puede invertir en el mejoramiento de la población.

“La Coalición Ambiental no es una organización criminal, somos personas profesionales, pensantes, técnicos científicos, escritores y lo que se dice es porque la calidad de vida del hondureño ha bajado, el país no ha crecido y todos los hondureños debemos estar atentos, ya que los indígenas que viven en ese lugar también son hondureños”, apuntó.

La presidenta Xiomara Castro.

Cómplices de la narcodictadura

Mientras que la presidenta de la República, Xiomara Castro, manifestó que los cómplices de la narco dictadura han intentado “blindarse” con la bandera de las luchas populares para crear un boicot en la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en el departamento de Gracias a Dios.

La mandataria se refirió a esto en la ceremonia de ascensos, distinciones y condecoraciones en el marco del 199 aniversario de la institución castrense llevados a cabo en el Campo de Parada Marte en la capital.

“Ahora los cómplices de la narco dictadura, que guardaron silencio ante la depredación y las ilegales concesiones, el tráfico de droga, el saqueo, quieren utilizar las banderas de las luchas populares para evitar la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia CRE, este mega proyecto que ha sido aprobado por el Consejo de Defensa y Seguridad para alcanzar la paz y seguridad que demanda el pueblo hondureño”, señaló.

La ministra de Defensa, Rixi Moncada.

Cuatro redes de narcotráfico

Asimismo, la ministra de Defensa, Rixi Moncada, manifestó que en la zona de La Mosquitia operan cuatro redes de narcotráfico, por ello es urgente instalar una cárcel de máxima seguridad que permita aislar a estos grupos criminales.

Tras el evento de la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas, brindó declaraciones a los periodistas que asistieron en la que justificó la intención de la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en el sector de Mocorón en el departamento de Gracias a Dios.

“En esa zona de La Mosquitia operan como mínimo cuatro redes de narcotráfico, y esas redes tienen grados de oposición porque quieren seguir operando con las concesiones de las cuatro mil hectáreas”, dijo la funcionaria.

Agregó que con esas hectáreas quieren continuar con las operaciones del tráfico de droga para enviarlas a Estados Unidos y Europa.

La también precandidata presidencial oficialista defendió que la construcción del CRE fue definida en un lugar estratégico para alejar a los cabecillas del crimen organizado y los criminales más peligrosos.

Moncada admitió que la zona de La Mosquitia, los departamentos de Colón, Atlántida, El Paraíso y Olancho son corredores del tráfico de droga, por lo que toca hacer intervenciones directas.

Cárcel no beneficia en nada al pueblo

La Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia Hondureña (MAMUMH), afirmó que el proyecto de construcción de una cárcel en Mocorón, Puerto Lempira no beneficia en nada a la población indígena de la zona.

En el pronunciamiento, los alcaldes, indicaron que la construcción de una cárcel de emergencia para albergar a más de veinte mil presos del interior del país, no beneficia en nada a la población del departamento de Gracias a Dios (La Mosquitia), el efecto que dejaría es el aumento de la criminalidad en los municipios, impactos ambiental, social y cultural negativos, invasión y usurpación del territorio de los pueblos indígenas.

El Estado de Honduras, como república democrática, y suscriptor de convenios internacionales, en el marco de la construcción de la cárcel de emergencia, antes de realizar una inversión a la ligera y unilateral, piden a la presidenta Xiomara Castro la conformación de una comisión del gobierno para hacer el proceso de consulta urgente con los pueblos indígenas, consejos territoriales, consejos comunales, autoridades locales, sobre el desarrollo del proyecto de construcción de la cárcel de emergencia, en la comunidad de Mocoron, señala el escrito.

Defensa y FFAA inspeccionaron la zona donde pretenden construir la cárcel.

Una consulta previa

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por la programada construcción de un centro de reclusión en la comunidad de Mocorón y advirtió al Estado que la adopción de una medida de esa naturaleza requiere obligatoriamente de la participación de los pueblos y comunidades afectadas, lo cual se debe desarrollar mediante la consulta previa, libre e informada.

A través de un comunicado, el ente estatal de derechos humanos también recordó, al Estado hondureño, sus obligaciones que derivan de los diferentes tratados internacionales ratificados por Honduras, principalmente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Los Estados deben garantizar el derecho a la consulta, en todas las fases de planeación y desarrollo, de un proyecto que puede afectar el territorio sobre el cual se asienta una comunidad indígena o tribal u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, establece el documento. (PD).

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2024-12-12
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