Ambicioso proyecto de ley de “Protección del consumidor de servicios o productos financieros” riñe con legislación vigente sin reformarla
Ambicioso proyecto de ley de “Protección del consumidor de servicios o productos financieros” riñe con legislación vigente sin reformarla . Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo brinda amplias competencias al MEIC incluso para sancionar, pero crea nuevos tipos penales y choca con el Código Procesal Civil.
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<p>Se trata de un extenso proyecto de ley que busca “proteger los derechos y los intereses legítimos de los consumidores de servicios o productos financieros”, para lo cual establece “principios y reglas que regirán las relaciones entre estos y los proveedores de servicios o productos financieros”.</p>
<p>Así se explica en el artículo 1 del proyecto de “Ley de protección del consumidor de servicios o productos financieros”, correspondiente al expediente legislativo Nº24.616 y que fue estudiado esta mañana en Corte Plena.</p>
<p>El informe fue elaborado por el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, pero presentado ante Corte por William Serrano, quien explicó algunos puntos en que el proyecto tiene una relación casi tangencial con el Poder Judicial.</p>
<p>Sin embargo, destacó que el articulo 34 de la propuesta, sobre la “ejecutoriedad” de las sanciones y órdenes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en particular su inciso c dispone: “Las resoluciones que contengan órdenes, de hacer o dar a favor de las personas consumidoras tendrán los efectos de cosa juzgada material y serán ejecutables en vía judicial a través del proceso de ejecución de sentencia dispuesto en el Código Procesal Civil”.</p>
<p>En ese sentido, Serrano solicitó el criterio del magistrado Jorge Olaso, de la Sala II, quien observó que la competencia de ejecutar pronunciamientos de sede administrativa, como lo serían los del MEIC, no la tienen los jueces civiles.</p>
<p>Detalló que el artículo 136 del Código Procesal Civil, establece que en lo que respecta a ejecución de sentencias, “será competente el tribunal que hubiera dictado el pronunciamiento u homologado el acuerdo o los tribunales especializados establecidos para ese efecto”.</p>
<p>“Evidentemente, es una sede de ejecución de sentencia únicamente para procesos jurisdiccionales, no para procesos administrativos, con lo cual se estaría dando una competencia y casi una incidencia entre dos poderes desde el punto de vista de la ejecución de los fallos”, detalló.</p>
<p>Serrano por su parte destacó que además el proyecto de ley incluye reformas al Código Penal, pues reforma el artículo 216 que habla de estafa y añade un 322 bis, sobre el ejercicio ilegal de actividades financieras.</p>
<p>Respecto al 216, añade el siguiente párrafo: “Las penas precedentes (estafa mayor y estafa menor) se elevarán al doble cuando los hechos señalados los realice valiéndose de una relación de confianza con la víctima o valiéndose de una condición de vulnerabilidad de la víctima incluyendo su edad, salud o situación financiera”.</p>
<p>El propuesto artículo 322 bis apunta: “Ejercicio ilegal de actividades financieras: Será reprimido con prisión de tres años a cinco años, el que sin cumplir con los requisitos de autorización o registro que exija el ordenamiento jurídico, ejerciere como proveedor de servicios financieros”.</p>
<p>Serrano aseveró que la creación de un nuevo tipo penal “vendría a incrementar las labores del sistema penal, Fiscalía, Defensa (Pública), OIJ, juzgados penales, tribunales de juicio, tribunales de apelación y Sala de Casación Penal”.</p>
<p>Informó además que desde el OIJ se indicó precisamente que la creación del nuevo tipo penal “eventualmente podría producir un engrosamiento de las investigaciones que ingresan a diario”, lo cual requerirá de disponer recursos.</p>
<p>Por ello llegó a la conclusión de que la propuesta sí incide en funcionamiento de Poder Judicial “porque incorpora un tipo penal al ordenamiento, que es el ejercicio ilegal de actividades financieras, ampliando competencias de órganos jurisdiccionales y auxiliares de justicia a sin destinar un contenido presupuestario que de sustento a la implementación”.</p>
<p>Olaso por su parte también apuntó que existe una propuesta emanada desde el propio Poder Judicial, que busca reformar la Ley de Protección al Consumidor y que es contradictorio con esta propuesta.</p>
<p>También el magistrado Jorge Leiva uso la palabra para observar que “hay entidades públicas que prestan servicios financieros y tienen régimen especial en el Código Procesal Contencioso Administrativo, con reglas diseñadas para hacer la ejecución de sentencia de instituciones públicas”, por lo cual “debería ajustarse el proyecto”.</p>
<p>El informe del magistrado Alfaro y presentado por Serrano fue aprobado por Corte, con las observaciones de Olaso y Leiva incluidas.</p>
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2024-12-02
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