Orden de detención de la CPI contra Benjamin Netanyahu: ‘Un símbolo poderoso’
Orden de detención de la CPI contra Benjamin Netanyahu: ‘Un símbolo poderoso’ . El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, son objeto de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Son sospechosos de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” por sus acciones en la Franja de Gaza. En teoría, la CPI cuenta con la policía de sus 123 países miembros para detenerlos. Sin embargo, el Estado israelí no reconoce la autoridad del tribunal internacional. El análisis de François Dubuisson, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Libre de Bruselas.
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Oriente Medio

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, son objeto de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Son sospechosos de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” por sus acciones en la Franja de Gaza. En teoría, la CPI cuenta con la policía de sus 123 países miembros para detenerlos. Sin embargo, el Estado israelí no reconoce la autoridad del tribunal internacional. El análisis de François Dubuisson, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Libre de Bruselas.

En la práctica, para personas como Benjamin Netanyahu (en la foto) y Yoav Gallant, esto restringe su libertad de movimientos, explica el analista.

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Por Théo Renaudon

RFI: ¿Qué significa ser objeto de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional?

François Dubuisson: Ser objeto de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) significa que un Estado miembro del Estatuto de Roma, es decir, un país que ha firmado el tratado, está obligado a detener a la persona mencionada en la orden y entregarla a la Corte para que sea juzgada. En la práctica, para personas como Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, esto restringe su libertad de movimientos. Si estos dirigentes viajan a un Estado miembro de la CPI, como Francia, corren el riesgo de ser detenidos y extraditados. Por supuesto, hay complejas cuestiones jurídicas que resolver, especialmente en el caso de Netanyahu, que goza de inmunidad como Primer Ministro. Pero, en principio, una orden de detención implica la obligación de arrestar y entregarse a la CPI.

¿Se ha detenido alguna vez a jefes de Estado en este contexto, debido a una orden de detención de la CPI?

Que yo sepa, no. Aunque no es la primera vez que un jefe de Estado es objeto de una orden de detención. El caso de Omar al-Bashir, ex presidente de Sudán, es un buen ejemplo. Aunque ha sido depuesto, sigue encarcelado en Sudán y no ha sido entregado a la Corte a pesar de su procesamiento. Dicho esto, una orden de detención internacional puede restringir la movilidad de estos líderes. Por ejemplo, Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de detención de la CPI, viajó recientemente a Mongolia, pero este país decidió no detenerlo, lo que suscitó críticas. Para los aliados europeos de Israel, hoy sería más delicado dar la bienvenida a Netanyahu.

¿Estaría en peligro un Estado miembro de la CPI que acogiera hoy a Benjamin Netanyahu?

Existen procedimientos por falta de cooperación. Un Estado podría ser condenado, aunque en general se trate de una condena de principio. Por ejemplo, Jordania fue condenada tras acoger a Omar al-Bashir, pero no se le obligó a entregar al presidente sudanés. En general, los jefes de Estado gozan de inmunidad frente a otros Estados. Excepto cuando se trata de ser juzgados ante un tribunal internacional, como es el caso. Todo eso en principio.

Usted habla mucho de principios...

Es cierto. En este momento, la emisión de estas órdenes de arresto sigue siendo principalmente simbólica. Pero es un símbolo poderoso, porque los crímenes por los que se han emitido estas órdenes son extremadamente graves, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como la persecución y el exterminio. El hecho de que dos dirigentes israelíes sean objeto de tales acusaciones no puede pasar desapercibido, en particular para los Estados europeos.

Estos países, a menudo aliados de Israel, intentan restar importancia a las acusaciones, pero cada vez resulta más difícil ignorarlas. Una orden de detención internacional contra un Primer Ministro israelí conlleva un importante mensaje político.

¿Podría tener consecuencias militares? Por ejemplo, ¿podrían los países europeos seguir vendiendo armas a Israel?

Cada vez hay más presión para detener toda venta de armas a Israel, sobre todo por el riesgo de genocidio en Gaza. Algunos Estados ya han suspendido dichas ventas, como Países Bajos, que ha emprendido acciones legales a nivel nacional para suspender la venta de armas a Israel. En términos más generales, la ONU adoptó en julio de 2024 un dictamen que establece que los Estados deben poner fin a toda ayuda o asistencia que mantenga la ocupación israelí.

Esta prohibición se aplica no sólo a las armas, sino también a cualquier apoyo que pueda facilitar la ocupación. Con la emisión de la orden de detención, la situación se vuelve aún más delicada. Justificar las entregas de armas, incluso con fines “defensivos”, se hace difícil tanto política como jurídicamente.

¿Se arriesgan los Estados que siguen vendiendo armas a Israel a ser procesados, por ejemplo, por complicidad en crímenes de guerra?

No necesariamente por complicidad directa. Para que haya complicidad, es necesario saber con precisión cómo se utilizarán las armas. Sin embargo, el derecho internacional impone la obligación de prevenir el genocidio y de no ayudar a violar las leyes de la guerra.

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2024-11-22
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, son objeto de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Son sospechosos de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” por sus acciones en la Franja de Gaza. En teoría, la CPI cuenta con la policía de sus 123 países miembros para detenerlos. Sin embargo, el Estado israelí no reconoce la autoridad del tribunal internacional. El análisis de François Dubuisson, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Libre de Bruselas.
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