Administración Chaves se ensaña contra comisariatos por vender productos que este mismo gobierno autorizó
Administración Chaves se ensaña contra comisariatos por vender productos que este mismo gobierno autorizó . Hace tan solo seis meses se fijó una amplia lista de productos, entre ellos algunos que el Ministro de Justicia alegó ante medios que fueron autorizados en administraciones anteriores.
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Semanario Universidad
<p>La actual administración de Rodrigo Chaves reguló desde junio de este año el tema de los productos que pueden ser vendidos en los llamados comisariatos de los centros de atención institucional (CAI) en el país.</p>
<p>Exactamente el 4 de junio el entonces viceminsitro de Justicia, Exleine Sánchez, junto al director de Adaptación Social, Juan Carlos Arias, generaron una circular con copia a al ministro Gerald Campos, en la que se estableció una lista detallada de productos autorizados para la venta en esos sitios.</p>
<p>Esa lista incluye algunos que han sido destacados por la prensa en el contexto de la polémica generada luego de que un juez de Ejecución de la Pena de Limón se trajera abajo una circular de Campos en que buscó volver a definir la lista de productos autorizados para el CAI Marcus Garvey.</p>
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                        <p>Tanto las autoridades del Poder Judicial como sindicatos del sector han reaccionado con vehemencia ante “el deterioro del respeto social hacia la Independencia Judicial”.</p>

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<p>La respuesta del gobierno fue girar la severa disposición de cerrar todos los comisariatos de los CAI del país.</p>
<h3>Las contradicciones de Campos</h3>
<p>Tal pataleta contradice directamente la circular de junio, la cual señala que el funcionamiento de los comisariatos ha “brindado una solución” para que la población privada de libertad pueda adquirir artículos para cubrir sus necesidades y además detalla que se la administración realiza un análisis jurídico del funcionamiento de los comisariatos, razón por la cual precisamente se hizo necesario “estandarizar los artículos permitidos para la venta”.</p>
<p>Así, se estableció la lista de productos de diversa índole y se especificó la presentación autorizada. Por ejemplo, la lista menciona bebidas hidratantes, bebidas gaseosas en plástico transparente de 600 mililitros, o galletas.</p>
<p>En ese sentido, llama la atención que en el contexto del ordenado cierre de los comisariatos, Gerald Campos fue consultado por El Observador sobre el tema y dijo que tardó más de dos años de su gestión en detectar el supuesto problema porque “pensábamos que estábamos ante algo legal” y además, cuando se le consultó por el hallazgo precisamente de bebidas gaseosas e hidratantes, antiácidos, galletas o helados -único producto no incluido en la circular de junio-, alegó falsamente que “ellos estaban autorizados por disposiciones de otras administraciones que podían ejercer ese tipo de labor”.</p>
<h3>Estado de Derecho</h3>
<p>Pero “¿por qué es importante este documento?”, como se preguntó retóricamente Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III) en entrevista con UNIVERSIDAD.</p>
<p>Y ofreció respuesta: “porque esto es lo que da posteriormente origen al incidente de ejecución de pena que conoció el juez de Limón”.</p>
<p>Además citó una resolución de la Sala Constitucional de 2002, la cual estableció la potestad de las personas privadas de libertad de llevar las quejas que puedan tener con relación al funcionamiento del comisariato “ante el Juez de Ejecución de la Pena, autoridad que tiene la competencia para resolver lo pertinente, en aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen con relación al régimen, las sanciones disciplinarias y el tratamiento penitenciario”.</p>
<p>Con prudencia, la Magistrada comentó que “me causa suma este sorpresa, porque no le puedo decir otro término, que el señor Ministro de Justicia a dos años y medio casi de la administración, entre a señalar que hasta ahora se da cuenta de la existencia de los comisariatos” y al respecto recordó que ese tipo de emprendimiento incluso se menciona en la emblemática novela La Isla de los Hombres Solos, del desaparecido José León Sánchez.</p>
<p>Al respecto destacó que ese texto recuerda que los comisariatos estaban en manos de la administración penitenciaria y “la queja de las personas privadas de libertad era que los precios eran especulativos”, con lo cual la privación de libertad se convierte en una violación de derechos humanos.</p>
<p>“Me alarma que las personas, cuando se refieren a derechos humanos de las personas privadas de libertad, lo traten como si fuera una prerrogativa y a veces no entramos en consideración que cualquier persona, por diferentes motivos, podemos terminar en también en prisión”.</p>
<p>Solano recordó además que históricamente la Administración Penitenciaria determinó que los comisariatos serían operados por personas privadas de libertad, “para que las ganancias que surgieran de esa actividad fueran en pro de las mismas personas privadas de libertad”.</p>
<p>Al respecto mostró una circular de 2005 del director de Adaptación Social, en ese entonces Guillermo Arroyo, en la cual se señala que “es indispensable el funcionamiento de comisariatos al interior de los Centros de Atención Institucional, en los cuales se expendan artículos de primera necesidad a la población privada de libertad”.</p>
<p>El documentó determinó, eso sí, que “no es conveniente por razones de seguridad y convivencia, que sean administrados por personas privadas de libertad”; sin embargo, a la luz de que la administración penitenciaria “no puede ni debe asumir la operación” de los comisariatos, estableció que se debía buscar la posibilidad de que “un grupo voluntario legalmente constituido, sin fines de lucro y con capacidad y disposición de administrar los comisariatos asuma esta tarea”.</p>
<p>Según esa circular, aparentemente desconocida para el actual gobierno, además impuso que la gestión de parte del “grupo voluntario” tiene que darse por convenio refrendado por la Contraloría General de la República (CGR) y que “la agrupación autorizada de personas privadas de libertad sólo asume la operación diaria del Comisariato, la administración deberá asumirla la Administración del Centro”.</p>
<p>Se consolidó además en ese documento de hace casi 20 años las reglas para el manejo de los ingresos de dinero, como que debían mantenerse en una cuenta corriente de un banco del Sistema Bancario Nacional o que se tienen que presentar informes contables.</p>
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Costa Rica
Información veraz
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2024-12-06
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