África y el Pacífico exponen sus vulnerabilidad climática ante Corte Internacional
África y el Pacífico exponen sus vulnerabilidad climática ante Corte Internacional . LA HAYA / NAIROBI –  Numerosos Estados miembros de las Naciones Unidas han testificado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para demadar que se debe responsabilizar legalmente a los países que generan grandes daños al sistema climático planetario. «Los Estados responsables deben poner fin a los actos ilícitos o remediar cualquier omisión perjudicial para […]
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LA HAYA / NAIROBI – Numerosos Estados miembros de las Naciones Unidas han testificado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para demadar que se debe responsabilizar legalmente a los países que generan grandes daños al sistema climático planetario.

«Los Estados responsables deben poner fin a los actos ilícitos o remediar cualquier omisión perjudicial para el sistema climático, así como reparar todos los daños causados por su incumplimiento. Dicha reparación puede adoptar la forma de indemnización por pérdidas y daños», dijo dijo Phoebe Okowa, abogada keniana y profesora de Derecho Internacional Público.

Por supuesto, añadió, «la Corte no tiene por qué pronunciarse definitivamente sobre la indemnización en el contexto de omisiones históricas».

En cualquier caso, las sesiones consultivas que se celebran en la sede de la CIJ en La Haya sobre la responsabilidad en torno al cambio climático, representan una valiosa oportunidad para integrar el corpus juris del derecho de los tratados sobre el cambio climático y el derecho internacional consuetudinario.

Ese derecho incluye el principio de responsabilidad común pero diferenciada, de manera que ayude a los Estados a establecer marcos viables para la indemnización.

Okowa participa en nombre de Kenia en la CIJ, donde es uno de los 98 países y 12 organizaciones que participan en las audiencias públicas actuales que se vinculan con la crisis climática.

Su testimonio y otros muchos contribuyen a consgtruir la opinión consultiva del máximo tribunal de la ONU sobre la obligación de los Estados de prevenir el cambio climático y garantizar la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Este caso histórico sobre el cambio climático se remonta a septiembre de 2021, cuando el pequeño país insular de de Vanuatu, en el oceano Pacífico, anunció su intención de solicitar una opinión consultiva a la CIJ.

Vanuatu apoyó los esfuerzos de un grupo de jóvenes, los Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático, preocupados por la vulnerabilidad al cambio climático de los pequeños Estados insulares en desarrollo de la región.

Vanuatu presionó entonces a otros países para que apoyaran esta iniciativa y formó el grupo central de Estados miembros de la ONU para llevar la iniciativa a la Asamblea General.

En el marco de este asesoramiento, la embajadora Halima Mucheke, en nombre de Kenia, afirmó que el tribunal «ha contado con numerosos participantes que han subrayado la naturaleza existencial de la amenaza que supone el cambio climático».

En su respuesta, consideró, la CIJ debe aportar claridad a la ley, informada por las perspectivas de los Estados en desarrollo, en particular los de África, donde las temperaturas están aumentando más rápidamente.

«Creemos que una aclaración de las obligaciones legales existentes proporcionará una orientación muy necesaria a los Estados, así como el impulso para la próxima fase de las negociaciones políticas. Kenia invita específicamente al tribunal a basarse en principios equitativos reflejados en los tratados sobre cambio climático, como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas», dijo.

Fred Sarufa, representante permanente de de Papúa Nueva Guinea ante la ONU, dijo que en los casi 50 años de existencia del país, ésta era su primera comparecencia ante la CIJ. Y lo ha hecho, dijo, porque el cambio climático ya no puede ser ignorado.

A continuación pasó a ilustrar las importantes cuestiones que estaban en juego para su país, situado en Oceanía, en el suroeste del oceáno Pacífico.

Papúa Nueva Guinea alberga y custodia un paisaje geofísico y geomórfico diverso, que incluye 20 197 kilómetros de costa, 40 000 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral, uno de los mayores niveles conocidos de diversidad biológica marina del mundo.

También ostenta alrededor de 10 % de la biodiversidad mundial en menos de 1 % de la superficie terrestre total del planeta, y la tercera mayor extensión de selva tropical virgen del mundo, que cubre 77,8 % de la superficie terrestre total del país, explicó Sarufa ante la CIJ.

Destacó que la biodiversidad de Papúa Nueva Guinea está directamente relacionada con su insuperable diversidad lingüística, con más de 850 lenguas habladas, la mayor del mundo.

Pila Niningi, ministro de Justicia y Fiscal General de Papúa Nueva Guinea, habló de las numerosas formas en que el cambio climático está causando estragos a su país.

Por ejemplo, dijo, ha obligado a la población a abandonar sus tierras y territorios ancestrales, ha alterado los paisajes terrestres y marinos, ha perturbado los medios de subsistencia y ha provocado disturbios civiles entre los terratenientes tradicionales, que luchan por unas tierras y un espacio cada vez más limitados.

«También ha puesto en peligro los cultivos alimentarios, el agua y la seguridad, y el colapso de las prácticas tradicionales y culturales y de los sistemas indígenas de gobernanza», afirmó Niningi.

La subida del nivel del mar ha obligado a los isleños del noreste de Bougainville y a los habitantes de Veraibari, en la provincia del Golfo de Papúa Nueva Guinea, a abandonar sus tierras ancestrales porque engulló sus casas y escuelas e inundó lo que quedaba de tierra cultivable.

Situaiones como estas, llevaron a países insulares del Pacífico a adoptar, en el marco del Foro de las Islas del Pacífico, la Declaración de Boy sobre Seguridad Regional.

En ella se afirma, entre otras cosas, que el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza para los medios de subsistencia, la seguridad y el bienestar de los pueblos del Pacífico.

El profesor Makane Moïse Mbengue, de la Unión Africana, dijo a la Corte que el asunto en cuestión se refería a la justicia climática, ya que «el cambio climático es un fenómeno que no ha sido causado por todos los Estados por igual, ni todos los Estados sufrirán sus efectos por igual».

Destacó que la ciencia es la piedra angular de la justicia climática para los Estados, los pueblos y las personas afectadas por el cambio climático, subrayando la necesidad de proteger el sistema climático y de exigir responsabilidades a los Estados que lo han dañado.

En este contexto, dijo que la Unión Africana acoge con satisfacción el compromiso de la CIJ con el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), a tener en cuenta sus posiciones y estudios durante las audiencias.

«La Unión Africana toma nota de los esfuerzos de algunos Estados, aunque minoritarios, por negar la ciencia y trivializar el significado ordinario de los términos de la solicitud (de una opinión consultiva)», aseguró.

A juicio de Mbengue, «sus repetidos llamamientos a una cautela indebida ahora, y en sus escritos, son intentos transparentes de diluir el objeto mismo del presente procedimiento».

«La Unión Africana insta respetuosamente al tribunal a desestimar estos argumentos infundados», observó.

También invitó a la CIJ a rechazar el argumento viciado, que se repitió nuevamente durante las audiencias, de que las obligaciones relevantes se reducen únicamente a lo que se indica en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ( CMNUCC) y a su Acuerdo de París, alcanzado en 2015.

Los mismos argumentos fueron ya derrotados, consideró el representante de la Unión Africana.

No obstante, insistió Mbengue, «no deberían encontrar terreno fértil ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, cuyas opiniones consultivas han contribuido sistemáticamente a mantener la coherencia sistémica del sistema jurídico internacional».

Aseguró que «si la Corte no dijera quién es el responsable, sería lo mismo que una situación de no-liquidación, lo que significa que no hay ley que se aplique, y los Estados serían libres de seguir dañando el sistema climático».

Para Mbengue, «este resultado difícilmente podría haber sido la intención de la Asamblea General al solicitar esta opinión consultiva».
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2024-12-06
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