Reforma electoral vuelve a avanzar, pero democratizar el financiamiento se mantiene como principal deuda
Reforma electoral vuelve a avanzar, pero democratizar el financiamiento se mantiene como principal deuda . Comisión de Reforma Electoral dictaminó 8 proyectos, incluyendo 3 propuestas del TSE, pero no se evidencia voluntad para reforma permanente a contribución estatal, saldar pendiente en tema de financiamiento indirecto y necesidad de evaluar los certificados de donación de deuda
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<p>Tras años en los que la norma de las reformas electorales ha sido básicamente un transitorio para reducir el monto de la deuda política del Estado, los diputados preparan una cosecha de proyectos que permitirá enfrentar la creciente explosión de partidos políticos y nuevas condiciones del entorno, pero en la que hay resistencia a las propuestas para modernizar y democratizar el financiamiento en esta actividad.</p>
<p>La Comisión de Reformas Electorales que la Asamblea Legislativa instaló el 20 de setiembre del 2023 ya reporta un listado de propuestas revisadas que, en caso de ser avaladas por el Plenario, emularía las leyes aprobadas en esta materia desde 1980.</p>
<p>En ese período de más de 40 años, los diputados dieron luz verde a 14 reformas electorales, mientras, en poco más de un año, la comisión dictaminó 8 proyectos, tramita todavía 5 expedientes, vió como 1 iniciativa se convertía en ley en el Plenario y rechazó 3 propuestas (ver recuadro: “Balance de comisión electoral”).</p>
<p>De esta manera, la reforma electoral, que permanecía relegada en las últimas décadas, recuperó un protagonismo que había tenido en la segunda mitad del siglo pasado, pero en la que no se evidencia voluntad para los grandes temas relacionados con el financiamiento electoral, desde una reforma permanente para el monto de la contribución del Estado a la actividad electoral (en los últimos tres procesos, se han aprobado reducciones pero limitadas únicamente al proceso electoral que se avecina), a la revisión del gran pendiente de Costa Rica en materia electoral: la ausencia de mecanismos de financiamiento indirecto.</p>
<p>A esto se suma la persistencia de un mecanismo cuestionado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en forma continua: los certificados de cesión de derechos de deuda política (conocidos como bonos de deuda política), que los diputados se resisten a evaluar, a pesar de las polémicas asociadas a convertir la contienda electoral como un negocio o una apuesta financiera. Pero, en lugar de señales para limitar o revisar esta figura, en la actual reforma electoral incluso hay un expediente para aumentar su alcance a los procesos municipales y las actividades no electorales de los partidos políticos, el expediente 24.503, firmado por el presidente de la comisión, el diputado Fabricio Alvarado.</p>
<p>UNIVERSIDAD intentó conversar con el diputado Alvarado sobre el balance de la comisión, pero no atendió las solicitudes de conversar sobre el tema.</p>
<figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_331103" style="width: 715px;"><img alt="" class="size-full wp-image-331103" height="484" src="https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2024/11/Foto-2.jpg" width="715" /><figcaption class="wp-caption-text" id="caption-attachment-331103">Los diputados Carlos Felipe García y Fabricio Alvarado, integrantes de la comisión de reformas electorales, han presentado sus propias propuestas; el primero, reformas al recuento electoral, y el segundo, la ampliación de bonos de deuda política a elecciones municipales y gastos permanentes de los partidos que no sean electorales.</figcaption></figure>
<p><strong>El balance positivo</strong></p>
<p>A pesar de estos pendientes, hay un balance muy positivo en la reforma electoral que se tramita desde la esfera de las autoridades electorales. Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, resaltó que, desde el TSE, están muy satisfechos con los avances realizados desde la comisión.</p>
<p>“Ha sido un trabajo muy articulado con el TSE”, indicó Cambronero, en relación a las sesiones de la comisión, que incluyeron autoridades de partidos políticos. También resaltó que se dictaminaron “con pocos cambios”, los tres proyectos de ley que el TSE presentó el 29 de marzo del 2023, seis meses antes de la instalación de la comisión.</p>
<p>Los tres expedientes: 23.883, ley para fortalecer el acceso, equidad y control al financiamiento de los partidos políticos; el 23.884, ley para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos; y el 23.885, ley para regular nuevas formas de propaganda, fueron dictaminados en forma positiva, lo que permitiría llevar al Plenario normativa para ajustar las condiciones del entorno político, principalmente en cuanto a las reglas para la inscripción y para poder cancelar partidos políticos.</p>
<p>Adicionalmente, Cambronero destacó que en el TSE consideran positivas otras iniciativas que podrían ayudar a ajustar el panorama político, que van desde remozar aspectos del recuento, hasta la inscripción de las candidaturas, que con la normativa actual y la explosión de los partidos políticos (ver gráfico: “lluvia de partidos políticos”), dificulta el cumplimiento.</p>
<p><strong><img alt="" class="aligncenter size-large wp-image-331104" height="631" src="https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2024/11/Grafico-1-1024x631.jpg" width="1024" /> <img alt="" class="aligncenter size-large wp-image-331105" height="597" src="https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2024/11/Grafico-2-1024x597.jpg" width="1024" />El balance faltante</strong></p>
<p>Empero, Cambronero admitió que en esta reforma fue excluida la propuesta del TSE —algo recurrente desde hace años— para saldar la deuda con respecto al financiamiento indirecto. “Los legisladores optaron por excluir el régimen de financiamiento indirecto que el TSE propuso, que consistía en que el TSE comprara espacios en medios de comunicación para repartirlos entre los partidos de manera equitativa. Costa Rica es una de las poquísimas democracias de América Latina que no tiene ningún mecanismo de financiamiento indirecto, de hecho, las misiones internacionales que nos visitan señalan que es uno de los pocos aspectos por mejorar, es necesario un correctivo”, expresó.</p>
<p>Por su parte, la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del TSE, destacó en las audiencias en la comisión que únicamente Costa Rica y Haití son las democracias de América Latina que carecen de un sistema de franjas electorales, a pesar de que los magistrados han presentado propuestas en ese sentido desde hace más de 20 años, con las reformas al Código Electoral.</p>
<p>Estas inquietudes apuntan al tema de la democracia electoral, ya que, en la pasada elección, de 25 partidos políticos que participaron, 19 no llegaron al umbral mínimo para cobrar la contribución estatal; casi un 80%. Con respecto al otro aspecto de la deuda, la posibilidad de un anticipo, también hay dificultades, como la exigencia de una garantía líquida, que se materializaron en que, para el 2022, ningún partido lo solicitara.</p>
<p>También sigue pendiente el tema recurrente: el tamaño de la deuda política. De hecho, tres de las últimas seis reformas fueron para rebajarla, aunque solo en forma transitoria, para el 2014, 2018 y 2022.</p>
<p>La comisión rechazó un proyecto para realizar la rebaja habitual para el 2022, y ni siquiera se plantea la posibilidad de la rebaja estructural —a pesar de que el TSE recomendó una reforma constitucional para bajarla del 0,19% del PIB al 0,11%—. En ese punto, diputados como Alvarado argumentaron que primero debían analizarse otras reformas. “No es una discusión que debe darse por cerrada, sino que hay un contexto que no sabemos cuál sería previo a las elecciones del 2026”, declaró en la votación que cerró las puertas al proyecto 23.271.</p>
<p><strong>Límites para cambios</strong></p>
<p>El proyecto fue retomado por el Frente Amplio, que presentó el proyecto 24.337, todavía en trámite. En este punto, Alvarado ha insistido en que todavía hay tiempo para debatir este punto.</p>
<p>Esto también se reflejó en que, a pesar de que el plazo para la comisión expiraba en octubre, los integrantes solicitaron una extensión del plazo por diez meses, que el Plenario concedió, en forma unánime, el pasado 24 de octubre.</p>
<p>Pero es evidente que hay un plazo límite, cuando el país está a menos de un año para la convocatoria del nuevo proceso electoral, a partir del 1 de octubre del 2025.</p>
<p>No obstante, en este aspecto Cambronero aclaró que el límite para que una reforma electoral sea incluida en el siguiente proceso electoral no es una norma escrita en piedra. “Es algo muy variable, depende de la norma y del aspecto que esté regulando. Por ejemplo, el nuevo Código Electoral entró a regir en septiembre del 2009, a cinco meses de la elección del 2010, porque el TSE consideró que algunas normas podían entrar a regir inmediatamente”, comentó.</p>
<p>La norma que el TSE busca aplicar en este caso, es que las reglas estén claras para los procesos que inician, por lo que el criterio clave consiste en si la reforma incide sobre una situación que está en marcha.</p>
<p>En ese sentido, las reformas electorales que todavía están buscando su avance en la Asamblea Legislativa podrían aplicarse sobre aspectos como la definición del monto de deuda política y la campaña, pero ya sería tarde para otros como inscripciones y cancelaciones de partidos, dado que ya varios han iniciado sus procesos.</p>
<p><img alt="" class="aligncenter size-large wp-image-331106" height="597" src="https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2024/11/Grafico-3-1024x597.jpg" width="1024" /></p>
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<div class="sema-recuadro"><h4 class="sema-recuadro-title">Reforma electoral retoma el paso</h4><div class="sema-recuadro-body"></p>
<p>De 1950 a alrededor de 1985, la actividad de reformas electorales presentó una importante actividad en Costa Rica, al registrar 29 nuevas leyes, casi un promedio de una por año en ese período de 35 años.</p>
<p>Sin embargo, el paso se perdió en los siguientes 35 años, al pasar a apenas 8 proyectos de ley de 1985 al 2020; es decir, casi un promedio de 1 reforma cada 4 años.</p>
<p>El recuento por décadas evidencia la desaceleración en esta materia. Andrei Cambronero, jefe del despacho de la Presidencia del TSE, considera que hay una lógica en esta tendencia, ya que Costa Rica adoptó en 1952 un Código Electoral que definió las reglas para el sistema electoral en el que el TSE había sido erigido como rector de esta actividad apenas en 1949.</p>
<p>Sin embargo, el ajuste que se realizó en el 2009 con el nuevo Código Electoral, luego de casi medio siglo de vigencia, parece no haber resuelto varios problemas de fondo, ya que apenas 15 años después se debe buscar nuevamente una reforma de gran calado.</p>
<p>“Lo que se da es un ajuste de los actores a las nuevas reglas, antes la Contraloría tenía una gran participación en la labor de fiscalizar, pero eso pasó al TSE con la creación del Registro Electoral y el departamento de financiamiento de partidos políticos. Y se presentaron derogatorias de reglas, a partir de pronunciamientos de la Sala Constitucional, que podrían estar generando esta inflación de partidos políticos”, comentó Cambronero.</p>
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Costa Rica
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2024-11-06
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