Allegados a familia Román Ocampo ocupan puestos municipales claves de cara a conflicto por 70 hectáreas de playa Cabuyal
Allegados a familia Román Ocampo ocupan puestos municipales claves de cara a conflicto por 70 hectáreas de playa Cabuyal . Esta semana dio inicio el proceso en el Contencioso Administrativo para decidir el futuro de la franja de 150 metros de playa, mientras en Liberia la propuesta de plan regulador la ubica dentro de una “zona especial” denominada Costa Dorada.
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<p>Una primera, pequeña, pero importante victoria logró la Asociación de Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (Arezomate) en el primer día de juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra las pretensiones de la familia Román Ocampo por hacerse con la idílica playa Cabuyal.</p>
<p>Fue este lunes 4 de noviembre que inició el debate correspondiente a la demanda que esa asociación presentó desde 2015 y logró que el Tribunal acepte como prueba un peritaje territorial. En disputa están terrenos de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en 70 hectáreas de esa playa.</p>
<p>Pero, mientras en San José arranca el juicio, en Liberia existe preocupación por la colocación precisa con que allegados de la familia ocupan puestos en el gobierno local, abocado en medio de esta disputa al diseño y aprobación de un plan regulador.</p>
<p>Se trata de una familia que ha tenido acceso al poder local y nacional a través de su conocida participación y militancia dentro del Partido Liberación Nacional (PLN).</p>
<p>La actual presidenta del Concejo Municipal es María Lourdes Ocampo, quien según detalló el activista Jorge Araya, de Arezomate, es prima de María Ocampo Baltodano, diputada por el PLN en el periodo 2010-2014.</p>
<p>El alcalde de Liberia es José Calvo Darcia. Él no tuvo la suerte de nacer dentro de esta familia, pero su hijo Ronald Calvo sí logró colocarse como parte del equipo de abogados de la familia en este caso.</p>
<p>Volviendo al Concejo Municipal, el regidor Luis Gerardo Corea Martínez resulta ser vicepresidente de una empresa denominada Lizano World Agencies S.A., cuyo presidente es Eugenio Román Ocampo, hijo de la exdiputada y “desarrollador inmobiliario”, al decir de Araya. Corea Martínez estuvo presente para acompañar a la poderosa familia en ese primer día de juicio.</p>
<p>Y siempre dentro del Concejo, Eugenio Román Ocampo fue designado como representante de la comunidad de Liberia en la comisión que se conformó para ocuparse del plan regulador.</p>
<p>Araya se detuvo en ese punto para denunciar que presentó su nombre para integrarla, junto al de Román Ocampo y otras 27 personas cuando la municipalidad, tras cambio de alcalde, publicó un anuncio en busca de postulaciones para integrar esa comisión con dos personas representantes de la sociedad civil.</p>
<p>“Como yo estuve en la comisión de la ruta Cañas &#8211; Liberia por siete años, la experiencia que tengo pensé que era valiosa”, relató. Entre quienes presentaron sus nombres y atestados nombró por ejemplo al exdiputado socialcristiano Johnny Leiva.</p>
<p>“A mí de facto me rechazaron”, recordó, “la excusa que dicen es que mi cédula es 1, que no pudieron corroborar donde yo voto, a dónde es mi domicilio electoral, entonces de facto me excluyen bajo ese argumento”, manifestó con indignación.</p>
<p>A propósito de ese relato, las cédulas tanto de la exdiputada María Ocampo como de su hijo, quien sí fue seleccionado para integrar esa Comisión, empiezan con 1.</p>
<p><strong>20 años </strong></p>
<p>Como se dijo, fue desde 2015 que la Arezomate planteó la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pero el conflicto se remonta a 2003, cuando la familia Román Ocampo realizó una localización de derechos y presentó un estudio histórico para alegar que la playa era de su propiedad.</p>
<p>El activista Araya recordó que en 2019 se iba a realizar una audiencia, pero la entonces abogada de la municipalidad no se presentó, “aduciendo que estaba enferma y eso retrasó la fecha cuatro años hasta ahorita”.</p>
<p>Recién el pasado julio se realizó la audiencia preliminar para determinar si el caso se elevaba a juicio. Poco después fue el abogado José Miguel Villalobos quien como representante de esa familia aseguró a UNIVERSIDAD que “nadie está pretendiendo titular en la playa”, explicó que “en los 50 metros de playa nadie está titulando ni pretendiendo titular, ni ha titulado, permanecen completamente públicos”, y especificó que “es en los 150 metros de lo que se denomina zona restringida” donde están las pretensiones de la familia de Luis Román y María Ocampo.</p>
<p>La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, vigente desde 1977, define “la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República” y que se compone de dos “secciones”: la zona pública, “la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja”; y la zona restringida, “constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas”.</p>
<p>En la audiencia recién celebrada quien encabezó el equipo legal de los Román Ocampo fue Manrique Jiménez, quien al ser consultado por este Semanario reiteró que el tema “se remonta a la época de la corona, porque existían los famosos títulos de la corona”, y que se podía “en ese momento histórico comprar a la corona española lo que eran los inmuebles correspondientes, tal como sucedió, y a través del tiempo incluso se hizo una hipoteca en el desarrollo histórico”. El punto es que precisamente, el título colonial ya no existe.</p>
<p>Cuando se le planteó el tema del poder político de la familia, Jiménez reconoció que “entiendo que se podría interpretar que ha habido mano política”, pero subrayó que “es una cuestión histórica. Esto viene desde la época de la corona, se cumplió con todos los requisitos del ordenamiento jurídico, con la Ley Hipotecaria en la época (siglo XIX), se inscribió como bienes privados que eran en su momento, incluso hacia el oeste del sitio Santo Tomás, que se llama la finca madre, el lindero era playa Cabuyal, hacia el oeste”.</p>
<p>“El Estado mismo avaló todo a través de un juez civil en 1886, que era el procedimiento que se utilizaba”, añadió. Dijo que “se cumple con todos los requisitos procedimentales, se inscribe procedimentalmente y se llega al efecto final de estar inscrito en el Registro Público.</p>
<p>Desde el punto de vista incluso de la parte cartográfica también existen los linderos debidamente definidos con mapas debidamente inscritos, eso es lo importante”.</p>
<p>Por su parte, Damaris Rodríguez, presidenta de Arezomate, dijo que “están en juego 70 hectáreas de la ZMT, que por ley se dice que son territorios del Estado, territorios inalienables, o sea que nadie puede ser dueño de esas áreas según la ley 6043, entonces que de pronto aparezcan algunos que inscriben y de una manera bastante atropellada, de una manera ilegal inscriben áreas que son patrimonio natural del Estado”.</p>
<p>“Hay antecedentes de que estas familias en tiempos pasados solicitaban concesiones a la municipalidad en esas áreas”, pero “de la noche a la mañana dicen que son dueños, cuando hay un historial que ellos solicitan estas áreas en concesión, hay documentación”.</p>
<p>Jorge Araya observó que en la propuesta de plan regulador, playa Cabuyal aparece en medio de una “zona especial” denominada Costa Dorada. Se le preguntó a Rodríguez si considera que esa zonificación está de alguna manera amañada y replicó que “es muy evidente que está amañada” y enfatizó el hecho ya mencionado de que se colocó al hijo de María Ocampo en la comisión municipal sobre el tema.</p>
<p>“Es una municipalidad manejada por el PLN siempre y, aunque no llegue el PLN, están los partidos turecas, entonces ahí se mete siempre el PLN”, lamentó.</p>
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2024-11-06
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