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Gladys Socorro: Deterioro de los servicios públicos es un negocio redondo
En el artículo 281, punto 2, de la Constitución, se establece, entre sus atribuciones directas, “velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos…exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos”.