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Henry Jiménez Guanipa: De la bendición del petróleo, a la maldición de la corrupción
El texto constitucional nos garantiza, primero, que…”No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra (el)  patrimonio público, segundo que…”previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público” y tercero que la autoridad judicial competente está facultada para….”para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”.