Un «privilegio» q estaba pensado para salvaguardar la labor de los políticos (diputados y cargos públicos) y evitar q cualquier denuncia, por infundada o malintencionada q fuera, paralizara sus funciones, ha acabado por convertirse en un obstáculo q retarda la instrucción de los casos de corrupción. Como también la retardan a veces los propios jueces q no quieren perder «su» causa al tener q cedérsela a un tribunal superior, sea el Supremo o los Superiores de las distintas Comunidades Autónomas, si llaman a un aforado.
Un «privilegio» que estaba pensado para salvaguardar la labor de los políticos (diputados y cargos públicos) y evitar que cualquier denuncia, por infundada o malintencionada que fuera, paralizara sus funciones, ha acabado por convertirse en un obstáculo que retarda la instrucción de los casos de corrupción. Como también la retardan a veces los propios jueces que no quieren perder «su» causa al tener que cedérsela a un tribunal superior, sea el Supremo o los Superiores de las distintas Comunidades Autónomas, si llaman a un aforado.
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