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Así existirán dos sistemas de educación, uno con diversidad de proyectos educativos para la élite de siempre, con un alto costo para las familias, y un solo proyecto educativo para todos los demás. 

De esta forma, ya no habrá financiamiento para las casi dos millones de familias que han optado por la Educación Particular Subvencionada, poniéndose en serio riesgo la calidad de la educación y la integridad laboral de más de 110.382 profesores y cerca de 83.176 mil asistentes de la educación. Con la supresión de estas libertades y derechos perdemos la posibilidad de avanzar hacía un Chile diverso, inclusivo, justo, dejándonos prisioneros de un Estado que es un muy mal empleador y pésimo gestor educacional, por lo que es imprescindible que las comunidades educativas rechacemos este pésimo y fatal borrador de la nueva Constitución.
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