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El bombazo que atentó contra la vida de trabajadores es un acto despreciable que debe perseguirse y condenarse con toda la fuerza de la ley y sin vacilaciones. Pero, ¿acaso frenar el crecimiento (es decir, afectar a miles de trabajadores), generar caos social, manipular a la opinión pública y otras herramientas hegemónicas utilizadas para esta guerra desatada en defensa del statu quo no merecen igual rechazo? Por supuesto que sí. Y si queremos, como sociedad, eliminar este tipo de ofensivas, debemos, al tiempo que aceptamos la importancia del mundo privado en el desarrollo del país, oponernos a cualquier tipo de tutela del poder económico sobre nuestra democracia, ya que es inaceptable que la ciudadanía viva atemorizada creyendo que cualquier cambio en su favor desestabilizará la economía y generará desorden social.
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