El Ministerio público parece considerar que atribuir la condición de imputado es un 'beneficio', pues de aquella condición se desprenden ciertos derechos, como guardar silencio o tener la asistencia de un abogado. De acuerdo a nuestra legislación procesal penal, imputado es aquel a quien se le 'atribuye participación en un hecho punible', pero esa atribución no puede ser arbitraria -el Estado moderno repele el arbitrio-, sino debe tener fundamento, algún indicio mínimo debe justificar que el poder punitivo del estado se dirija contra determinadas personas, porque el poder público -nunca puede olvidarse- se ejerce sujeto a reglas racionales y justas. 

sin embargo, el ministerio Público ha insistido que imputar es una atribución que le pertenece de manera incuestionable y la sala penal de la Corte Suprema le ha dado la razón.
El Ministerio Público parece considerar que atribuir la condición de imputado es un 'beneficio', pues de aquella condición se desprenden ciertos derechos, como guardar silencio o tener la asistencia de un abogado. De acuerdo a nuestra legislación procesal penal, imputado es aquel a quien se le 'atribuye participación en un hecho punible', pero esa atribución no puede ser arbitraria -el Estado moderno repele el arbitrio-, sino debe tener fundamento, algún indicio mínimo debe justificar que el poder punitivo del Estado se dirija contra determinadas personas, porque el poder público -nunca puede olvidarse- se ejerce sujeto a reglas racionales y justas. 

Sin embargo, el Ministerio Público ha insistido que imputar es una atribución que le pertenece de manera incuestionable y la sala penal de la Corte Suprema le ha dado la razón.
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