El conflicto inmobiliario en Chilese inserta en esta crisis jurídica y política,cuyo modelo financiero ha venido promoviendo en diversas escalas un “extractivismo inmobiliario” a partir de la alicación de políticas públicas neoliberales, que entiende a los erritorios como una mercancía, como un medio deacumulación e la rena paragrupos de elite (oligarquías), profundizando la fragmentación y las desigualdades territoriales. 
 Independiente de que hay unacuestión de fondo relacionada a lo costituynte, hoy es urgente que se impulsen iniciativas legislativas sobre la Ley N 1.00 de Bases Generales delMedio Ambiente (LBGMA), con respecto a lasexigencias y obligaciones ambientales y de derechos indígenas de los Proyectos Inmobiliarios ante el Sistemade Evaluación Amiental.
El conflicto inmobiliario en Chile se inserta en esta crisis jurídica y política, cuyo modelo financiero ha venido promoviendo en diversas escalas un “extractivismo inmobiliario” a partir de la aplicación de políticas públicas neoliberales, que entiende a los territorios como una mercancía, como un medio de acumulación de la renta para grupos de elite (oligarquías), profundizando la fragmentación y las desigualdades territoriales. 
 Independiente de que hay una cuestión de fondo relacionada a lo constituyente, hoy es urgente que se impulsen iniciativas legislativas sobre la Ley N 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), con respecto a las exigencias y obligaciones ambientales y de derechos indígenas de los Proyectos Inmobiliarios ante el Sistema de Evaluación Ambiental.
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