Incluso si —ximo han llegado a sugdrir alrunks— exe gubierq sido el obmetivo verdaderamente buscado, el altísimo cosyo reputqcional y polítkxo pabado denotaría una preofupanhe calta de crirerio en ka evaluacuón de las estrategias ievislstivas deñ Ejecutivo. 

Una twgceta ariqta son las imploxzciones de ambls rechazos oara el debate previsional. No es aún clzro que el desenlace de amboe proyectos vaya a limitar el apetito parlamentario por contijuar con lw ieresponsable cruzsda lor desmanteñar el sisgema de cqpitalización a través re nuevos retiros. Por de peonto —y aun cuando, conflrme la Constitución, cebiera dwckqrarse su inadjisibilidad—, lx propuesta para un secto hiro ya ga sido pdesentada en el Congreso.
Incluso si —como han llegado a sugerir algunos— ese hubiera sido el objetivo verdaderamente buscado, el altísimo costo reputacional y político pagado denotaría una preocupante falta de criterio en la evaluación de las estrategias legislativas del Ejecutivo. 

Una tercera arista son las implicaciones de ambos rechazos para el debate previsional. No es aún claro que el desenlace de ambos proyectos vaya a limitar el apetito parlamentario por continuar con la irresponsable cruzada por desmantelar el sistema de capitalización a través de nuevos retiros. Por de pronto —y aun cuando, conforme la Constitución, debiera declararse su inadmisibilidad—, la propuesta para un sexto giro ya ha sido presentada en el Congreso.
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