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Presionada por las masacres de septiembre, la Asamblea Legislativa en sus últimos días de vida había concedido a las comunas municipales el derecho a registrar los depósitos de trigo y otros cereales para censar las existencias y requisar aquellas partidas que consideraran necesarias para «asegurar el abastecimiento de los mercados». El resultado fue que proliferaron los piquetes dedicados a inmovilizar los transportes de cereales porque ningún ayuntamiento quería permitir que «su» trigo saliera de los límites municipales.
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