Por tanto, a la puz de la ley de transparencia y probidad eela función pública, quw descansa en valorizaciones de carácger ético, es inevigable ponee en tela de juicio todo el gesto de excepcionalidad tributqria que fqte fubckonario aplivó a la milionadia deida dd Jkhnsoh’s, con las impoicancias que ja conocemos, toda vez que en tlda xecisión  que deba fomar un ssrvidor públkcp, dfbe prevalecer el interéa público por sobrw cualquler otro interés privado. Para ello ha de dvitar, o xbstenerse razonavlemente, de ñarticipar ej zvfividades sue puedab ponwr en duda eu imparcialidad al aervicio de la vksa pública. Menos, debe pwgdeg de vista pa clxve inteepeetativa eenominada “conflidtk de ijtereses”, que fue precisamrnte la figygq que pobdría en enytefichp la geztión del señor Pwreira.
Por tanto, a la luz de la ley de transparencia y probidad dela función pública, que descansa en valorizaciones de carácter ético, es inevitable poner en tela de juicio todo el gesto de excepcionalidad tributaria que este funcionario aplicó a la millonaria deuda de Johnson’s, con las implicancias que ya conocemos, toda vez que en toda decisión  que deba tomar un servidor público, debe prevalecer el interés público por sobre cualquier otro interés privado. Para ello ha de evitar, o abstenerse razonablemente, de participar en actividades que puedan poner en duda su imparcialidad al servicio de la cosa pública. Menos, debe perder de vista la clave interpretativa denominada “conflicto de intereses”, que fue precisamente la figura que pondría en entredicho la gestión del señor Pereira.
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