Si bien cabe valorar la reacción de la Contraloría (ver editorial arriba), en orden a abrir una investigacion especial en la Secretaria General de Gobierno sobre denuncias de mal uso de fondos públicos, es demasiado evidente que nuestra institucionalidad se muestra impotente para enfrentar en todas sus dimensiones las distintas formas en las que puede intervenir el aparato del Estado en una elección, incluyendo tambien a los municipios. Sus resoluciones llegan demasiado tarde, sus sanciones no guardan relación con el eventual daño y, lo que es más grave, se centra solo en algunos aspectos específicos, dejando afuera otras formas en las cuales hay un claro abuso de los cargos. 

El daño institucional que ello genera es enorme.
Si bien cabe valorar la reacción de la Contraloría (ver editorial arriba), en orden a abrir una investigación especial en la Secretaría General de Gobierno sobre denuncias de mal uso de fondos públicos, es demasiado evidente que nuestra institucionalidad se muestra impotente para enfrentar en todas sus dimensiones las distintas formas en las que puede intervenir el aparato del Estado en una elección, incluyendo también a los municipios. Sus resoluciones llegan demasiado tarde, sus sanciones no guardan relación con el eventual daño y, lo que es más grave, se centra solo en algunos aspectos específicos, dejando afuera otras formas en las cuales hay un claro abuso de los cargos. 

El daño institucional que ello genera es enorme.
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