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Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado 'conflicto mapuche', originado principalmente por la nefasta 'ley indígena'— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.
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