Por eso es necesario revisar la normativa actual, para facilitar el acceso a la financiación; para reducir los costes administrativos y toda la burocracia; para alentar el ahorro de energía, ya que actualmente solo el 24 % de las empresas reconoce su importancia; para mejorar la tecnología empresarial a través de la innovación ecológica; para fomentar niveles mejorados de cualificación, educación y formación profesional; y para promover la internacionalización y la buena gobernanza.