¿Cómo funciona la ley de libertad de expresión en Europa?
Ley francesa sobre la laicidad
Algunos críticos han argumentado que la ley es incompatible con la Convención Europea sobre los Derechos Humanos Fundamentales. La Comisión rechazó ese argumento: "La Comisión Europea en Estrasburgo protege la laicidad cuando es un valor fundamental del Estado. Permite limitar la libertad de expresión en servicios públicos, especialmente cuando es una forma de proteger a los menores de presiones externas". La Comisión considera que la expresión de la religión de cada uno en el estado francés tiene que ser compatible con las reglas básicas que conciernen la naturaleza secular del estado así como con los requerimientos de igualdad entre los sexos y la salvaguarda de los derechos de los menores. Procedimiento legislativo en la Unión Europea
Si bien la valoración del Parlamento sobre el documento aprobado por el Consejo no tiene carácter vinculante para este, ni condiciona en ningún caso su validez o su fuerza legal, es muy cierto que la libertad de que goza el Parlamento para emitir su opinión en dictamen y la voz democrática que esta cámara directamente expresa, como representante de los ciudadanos europeos, junto con el eco y el favor mediático que en ocasiones se le otorga, conceden a la opinión del Parlamento un peso político específico que pocas veces será completamente desoído por el otro brazo legislador, que de costumbre incorporará algunas de las modificaciones propuestas por el Parlamento, especialmente si su dictamen ha sido muy desfavorable. En cualquier caso se trata de un paso constitucionalmente necesario para que el Consejo adopte válidamente el acto: sin la consulta previa, y conforme con los plazos que dictan los Tratados para que el Parlamento pueda efectivamente expresarse, el acto no podrá adoptarse por el Consejo, y si así lo hiciere, será nulo de pleno Derecho. Así lo dicen los Tratados y así lo ha confirmado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sociedad libre
La libertad de expresión es la libertad de hablar libremente sin censura ni limitación. Aunque varía de un país a otro, la libertad de expresión estableció un reconocimiento formal por las leyes de la mayoría de las naciones. La Ilustración Europea fue la causa de la libertad de expresión. En 1689, la Bill of Rights (Carta de los derechos del año 1689) de Inglaterra concedió "libertad de expresión en el Parlamento". En 1789, la Revolución Francesa declaró los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La libertad de expresión fue explícitamente declarada como un derecho innegable. Años más tarde, la libertad de expresión fue seguida de desafíos y limitaciones. Estos desafíos y limitaciones incluyen la ofensividad, la agitación, el discurso que implica acciones ilegales inminentes, el discurso comercial y la pornografía infantil. Junto con la libertad de expresión surge el discurso de odio que es cualquier tipo de discurso o acto que puede mostrar violencia o acciones perjudiciales contra una sola persona o grupo. Este tipo de discurso ha sido prohibido y categorizado como un acto de desviación o crimen. De acuerdo con el "Brandenburg v. Ohio" (1969) decisión histórica, la Corte Suprema descartó la prueba anterior de "peligro claro y presente", dictaminando que el derecho de un ciudadano estadounidense a la libertad de expresión (política) es casi absoluto. El tribunal dictaminó que el gobierno no podía castigar constitucionalmente la defensa abstracta de la fuerza o la violación de la ley. En otro fallo de la Corte Suprema, se determinó que las expresiones de odio también estaban protegidas por la Primera Enmienda en los Estados Unidos, como se decidió en "R.A.V. v. City of St. Paul". (1992) en el que el tribunal dictaminó que la incitación al odio es permisible excepto en caso de violencia inminente El caso involucró el crimen de odio de un niño blanco de 14 años que quemó ilegalmente una cruz en el césped de la única familia afrodescendiente en un vecindario de St. Paul, Minnesota. La ley estatal procesó indebidamente al chico por la motivación de sus acciones en vez de por su comportamiento criminal, buscando castigar al joven por el contenido de su mensaje y no por sus acciones criminales. Algunos de los principios jurídicos citados en el caso "R.A.V. v. City of St. Paul" se referían a la protección de la libertad de expresión que impide que el gobierno proscriba la expresión, o incluso la conducta expresiva, debido a la desaprobación de las ideas expresadas. Históricamente, los gobiernos han tratado de impedir la libertad de expresión definiendo arbitrariamente la expresión impopular como peligrosa o amenazante para la sociedad, designando lo que es y lo que no es aceptable. Tales leyes son a menudo "usadas por facciones políticamente poderosas para suprimir el discurso que las critica" y "pueden ser abusadas con fines políticos". Libertad de expresión
En 1999, Bernard Harcourt escribió sobre el colapso del principio del daño: Las interpretaciones de las limitaciones de daño y ofensa a la libertad de expresión son relativas cultural y políticamente. Por ejemplo, en Rusia, los principios de daños y ofensas se han utilizado para justificar la ley de propaganda LGBT rusa que restringe el discurso (y la acción) en relación con cuestiones LGBT. Varios países europeos que se enorgullecen de la libertad de expresión proscriben sin embargo el discurso que podría interpretarse como negación del Holocausto. Estos incluyen Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Israel, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Suiza. Libertad de expresión
En la actualidad, la libertad de expresión está reconocida en las leyes internacionales y regionales de derechos humanos. El derecho está consagrado en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Con base en los argumentos de John Milton, la libertad de expresión se entiende como un derecho multifacético que incluye no solo el derecho a expresar o difundir información e ideas, sino también tres aspectos más:Los estándares internacionales, regionales y nacionales también reconocen que la libertad de expresión incluye cualquier medio, sea oral, escrito, impreso, a través de Internet o mediante formas artísticas. Esto significa que la protección de la libertad de expresión como un derecho incluye no solo el contenido, sino también los medios de expresión.
Espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea
El espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) es el nombre con que se designa un conjunto de políticas y actuaciones que la Unión Europea despliega, esencialmente dentro pero también fuera de sus fronteras, para lograr el objetivo de crear un área compartida entre sus Estados miembros donde se alcance un alto grado de cooperación y coordinación política, policial y judicial a nivel comunitario que facilite la seguridad interior, una justicia eficaz y una fuerte protección de las libertades públicas para sus ciudadanos. Freedom for the Thought That We Hate
El libro empieza citando la Primera Enmienda, la cual prohíbe al Congreso de EE.UU. crear ningún tipo de legislación que limite la libertad de expresión o la libertad de prensa.El autor analiza el impacto de esta cláusula y hace referencia al escritor de la Constitución de Estados Unidos, James Madison, quien creía que la libertad de prensa serviría como medio para separar los poderes del gobierno. Lewis escribe que un respeto integral hacia la libertad de expresión informa al lector porque los ciudadanos tendrían que oponerse a los intentos gubernamentales de bloquear los medios de comunicación a la hora de informar sobre las causas de una guerra polémica. Lewis advierte que, en un estado que no deja expresar los puntos de vista polémicos, los ciudadanos y reporteros sirven meramente de abogados del mismo estado; y relata los acontecimientos históricos claves en los que el miedo condujo al gobierno a extralimitarse en sus funciones, particularmente la rama ejecutiva. El autor da trasfondo al proceso de un siglo de duración por el cual el sistema judicial de los EE. UU. empezó a defender editores y escritores de los intentos del gobierno de suprimir su libertad de expresión. Libertad de expresión
La información que circula en internet, en Argentina debe y está regida por leyes que responden a las referidas a la libertad de expresión, asegurando su efectivo cumplimiento. Tanto los proyectos de búsqueda, la recepción y la difusión protegen los derechos de las personas mediante las diferentes leyes ya aprobadas. Ante la violencia, no importa cual sea su tipo, comportamiento abusivo o agresivo, el Estado desenvuelve diferentes acciones tendientes a solucionar agravios y sancionar a los responsables. Historia de la prensa española en democracia
Siguiendo la conocida máxima de que la mejor ley de prensa es la que no existe, las únicas leyes aprobadas al respecto durante la Democracia son la Ley reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Profesionales de la Información (LO 2/1997, de 19 de junio)y la Ley reguladora del Derecho de Rectificación (LO 2/1984, de 26 de marzo). Todavía no existe una Ley que regule el secreto profesional, sin embargo el gran caballo de batalla sigue siendo la elaboración del Estatudo del Periodista Profesional que defina qué o quién es periodista y en qué condiciones puede realizar este oficio. Medio de comunicación comunitario
Estos medios tienen el apoyo de las resoluciones, dictámenes e informes de instituciones como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, los relatores de la libertad de expresión de la ONU y otros organismos, Maputo o la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, o la opinión de profesores universitarios como Manuel Chaparro Escudero, o el Catedrático Ramón Zallo. A pesar de todo ello, las legislaciones sobre este tipo de medios son variables. Algunos países, como Francia o Argentina, reservan un tercio del dial a estas emisoras; en España, únicamente se han otorgado dos licencias de emisión, de las cuales, sólo Ràdio Klara la conserva. Zona de libre expresión
Las zonas de libre expresión (en inglés: Free speech zones), también conocidas como "zonas de primera enmienda" (en inglés: "First Amendment zones"), "jaulas de libre expresión" (en inglés: "Free speech cages") y "zonas de protesta" (en inglés: "protest zones"), son áreas dispuestas en lugares públicos de Estados Unidos para propósitos de protesta política. Aunque la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de expresión, la existencia de tales zonas está basada en decisiones judiciales que estipulan que el gobierno está en facultad de regular el tiempo, lugar y modo de la expresión, mas no su contenido. Procedimiento legislativo en la Unión Europea
La Unión Europea (UE), como comunidad de Derecho con personalidad jurídica internacional, posee un sistema propio de producción normativa, autónomo y diferenciado de la mecánica legislativa interna de sus Estados miembros. El conjunto de previsiones y técnicas ordenadas a la elaboración y modificación de estas normas con rango de ley, así como los que regulan o precisan los medios de participación de las Instituciones de la Unión en las mismas, conforman un complejo sistema procedimental de adopción de decisiones que, en razón de su finalidad legisladora, se conoce con el nombre de procedimiento legislativo. En función de la regular participación en el mismo de las instituciones involucradas, y de acuerdo con la terminología de los Tratados, el procedimiento legislativo puede ser ordinario (PLo) o especial (PLe). Human Rights Foundation
"Hablando Libremente" es un proyecto de investigación jurídico comparativo de la HRF-Centro para el Derecho y la Democracia, que busca informar mejor a los tomadores de decisiones de todo el mundo y el público mundial sobre el valor de un estándar de la libertad de expresión de alto. Según el sitio web de la HRF, "El proyecto de investigación será primero rastrear los orígenes antiguos de los delitos de "incitación" y "la difamación de funcionarios públicos", su evolución en la Edad Media, y su adopción como las disposiciones legales por las naciones europeas y sus antiguas colonias. A continuación, el proyecto estudiará la evolución de la norma la libertad de expresión de la Primera Enmienda de Estados Unidos y las razones detrás de él, mientras que trazar el mal uso generalizado de incitación y leyes oficiales de difamación por los gobiernos democráticos y no democráticos en todo el mundo. Presidencia de Mauricio Macri
En junio de 2018 un grupo de 29 eurodiputados de España, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Finlandia e Irlanda expresaron su preocupación por los ataques a la libertad de expresión en la Argentina bajo el gobierno de Macri, en una declaración conjunta en la que se expresaba la “preocupación ante los ataques a la libertad de expresión que se viven en Argentina desde que el gobierno de la Alianza Cambiemos está en el poder” exigiéndole “al gobierno de Mauricio Macri que desista de la persecución a periodistas opositores y garantice la libertad de expresión”. En una declaración conjunta en la Embajada Argentina en Bruselas pidiendo al gobierno de Mauricio Macri que "se abstenga de perseguir a los periodistas de la oposición". Injurias a la Corona (España)
Stern y Roura recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, el 13 de marzo de 2018, por unanimidad, condenó a España por violar el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que defiende la libertad de expresión. El tribunal consideró que hubo "injerencia en la libertad de expresión" de Stern y Roura y que la pena aplicada "no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática", por lo que se debía indemnizar a cada uno con los 2700 euros pagados de multa y otros 9000 euros en concepto de gastos y honorarios. Según el tribunal de Estrasburgo, el acto no fue una incitación al odio ni a la violencia. Censura en los Estados Unidos
La Censura en los Estados Unidos implica la supresión de la expresión o la comunicación pública y plantea cuestiones de libertad de expresión, que está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.La interpretación de esta libertad fundamental ha variado desde su consagración. Por ejemplo, las restricciones aumentaron durante el período de la década de 1950 de sentimiento anticomunista generalizado, como lo demuestran las audiencias del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara. En Miller v. California (1973), la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la libertad de expresión de la Primera Enmienda no se aplica a la obscenidad, que, por lo tanto, puede ser censurada. Si bien ciertas formas de discurso de odio son legales siempre que no se conviertan en acciones o inciten a otros a cometer actos ilegales, las formas más graves han llevado a que a personas o grupos (como el Ku Klux Klan) se les nieguen los permisos de marcha o al Bautista de Westboro. Church está siendo demandada, aunque el fallo adverso inicial contra este último fue posteriormente anulado en una apelación al caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos Snyder v. Phelps. Efecto directo del derecho de la Unión Europea
Por cuanto al derecho primario se refiere, en la sentencia “Van Gend en Loos”, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentó el principio del efecto directo. No obstante, indicó como condición que las obligaciones deben ser: Precisas, claras, incondicionales y que no requieran medidas complementarias. El Tribunal de Justicia precisa de este modo que, en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), surten efecto directo los siguientes artículos: el artículo 12 sobre la prohibición de discriminaciones por razón de la nacionalidad; el artículo 25 sobre la prohibición de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente; los artículos 28 y 29 sobre la prohibición de las restricciones cuantitativas; el artículo 39 sobre la libre circulación de trabajadores; el artículo 43 sobre la libertad de establecimiento; el artículo 50 sobre la libre circulación de servicios; el artículo 81 sobre la prohibición de acuerdos entre empresas y el artículo 82 sobre la prohibición del abuso de posición dominante; el artículo 88 sobre ayudas estatales; el artículo 90 sobre la prohibición de discriminaciones tributarias a los productos importados; el artículo 141 sobre la igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo.  El Tribunal consideró que algunas disposiciones del Tratado surten efecto directo completo (los artículos 39, 43, 50 y 81), o efecto directo vertical (como los artículos 12 y 95). El alcance del efecto directo del derecho derivado es variable según el tipo de acto. Por cuanto se refiere a los reglamentos comunitarios, el Tribunal de Justicia ha reconocido su efecto directo completo; las decisiones individuales de las que el Estado es el único destinatario, el Tribunal de Justicia sólo ha aceptado el efecto directo vertical; en cuanto a las directivas, el Tribunal de Justicia les ha reconocido efecto directo. No obstante, precisó que el efecto directo era de carácter exclusivamente vertical. Además sólo rige a partir de la expiración del plazo de transposición. Por último, las directivas deben cumplir las condiciones impuestas en la sentencia “Van Gend en Loos” para que se les reconozca el efecto directo; por lo que se refiere al derecho convencional y, en particular, el generado por los compromisos internacionales de las Comunidades, el Tribunal de Justicia aceptó aplicar los criterios sentados por la sentencia “Van Gend en Loos”, y por último, los instrumentos del tercer pilar y el Tratado de la Unión Europea (Tratado UE) son explícitos: las decisiones marco y las decisiones carecen de efectos directos. Historia de la prensa española
Los vencedores aprendieron de la guerra que los medios debían cumplir una función social de servicio público. Se desarrolló entonces la teoría de la responsabilidad social de los medios. Desde 1945 a 1970 se vive una etapa de expansión económica que repercute en el desarrollo del sector informativo. Los Estados democráticos defienden la libertad de expresión y, al mismo tiempo, establecen normas de control de los medios. Paralelamente, se convierten en dueño de diarios, emisoras de radio y cadenas de televisión públicas. El negocio informativo crece y las empresas de información aumentan su poder. Esto favorece la concentración de los medios (cada vez menos empresas son dueñas de más medios), a pesar del control de los Estados que promulgan leyes antimonopolio. Sin embargo, mientras que en los Estados democráticos se asienta definitivamente la libertad de expresión, esto no representa la situación de la España del franquismo, donde se mantuvo la ley de prensa de 1938, pensada para el control férreo de las publicaciones durante la Guerra Civil. Constitución de Suecia
En el siglo XVIII, después de más de 40 años de experiencia con el parlamentarismo, el acceso público a los documentos del gobierno fue uno de los principales problemas con la ley de libertad de prensa de 1766. Aunque la novedad fue puesta fuera de servicio entre 1772-1809, desde entonces ha permanecido como un elemento esencial en la mentalidad sueca, considerada como un medio contundente contra la corrupción y el tratamiento desigual de los poderes gubernamentales a los ciudadanos, aumentando la legitimidad percibida del gobierno y los políticos. El principio de publicidad (en sueco: "Offentlighetsprincipen"), ya que el conjunto de reglas se conocen públicamente, establece que toda la información y los documentos creados o recibidos por una institución pública (gobierno local o central, y todos los establecimientos públicos en funcionamiento) debe estar disponible para todos los miembros del pueblo. También establece que todas las instituciones públicas deben hacer todo lo posible para dar a alguien el acceso a cualquier información que él o ella desee tan pronto como sea posible. Las únicas excepciones a esta regla son los regulados en la ley de Publicidad y la Ley de Secretos Oficiales de 2009, detallando lo que las agencias gubernamentales pueden mantener en secreto , qué tipo de documento, en qué circunstancias, y hacia quién. De acuerdo con el Capítulo Segundo, artículo 2, en la Ley de libertad de prensa (parte de la Constitución de Suecia): Libertad de expresión
La libertad de información también está explícitamente protegida por actas como la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad de Ontario, en Canadá. Aplicación del derecho de la Unión Europea
Dada la compleja articulación política del modelo comunitario, inspirado por métodos supranacionales, la facultad de hacer cumplir las leyes no reside en una sola institución ni en un solo nivel de gobierno; al contrario, es este un poder fraccionado horizontal y verticalmente. La división horizontal opera a nivel europeo mediante la separación institucional de las potestades ejecutivas entre la Comisión, a la que los Tratados reconocen la función ejecutiva como propia, y el Consejo, que conserva funciones de coordinación de las políticas en algunos ámbitos que de hecho se traducen en una auténtica capacidad ejecutiva, que desde Lisboa ya no le está expresamente encomendada. Asimismo, la completa ejecución de las políticas monetaria y cambiaria, aun cuando pudieran derivar de actos legislativos, le está incondicionalmente reservada al Banco Central Europeo. Deontología profesional periodística
Ante la ineficacia de la mayoría de los códigos de deontología, el Consejo de Europa como institución europea a quien compete la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona, aprobó en 1993 el denominado Código Europeo de Deontología del Periodismo como marco de referencia de autocontrol ético del periodismo para toda la Europa democrática. Coloriuris
El sistema funciona mediante la combinación de herramientas informáticas y jurídicas que garanticen los efectos legales de las cesiones de derechos en los países de origen de los autores, conforme al artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con respeto al Convenio de Berna, los Tratados Internet de la O.M.P.I. de 1996, la normativa de U.E. y la legislación nacional de los respectivos Estados con efectos legales para creadores de los países anteriormente mencionados, respetando los derechos morales de autor y explicitando la cesión de derechos de explotación a fin de lograr una mayor difusión de la cultura mediante acuerdos de licencia en línea, existiendo diferentes posibilidades de usarlos, a elección de los titulares de los derechos, en función de donde esté alojado el contenido y en qué condiciones desea cederlo. Derecho de acceso a la información
A nivel nacional, el acceso a la información pública está regulado por las leyes de libertad de información. Además de la legislación nacional, los principios y estándares para el acceso a la información pública se establecen en varias declaraciones y tratados internacionales que han reconocido con autoridad la naturaleza fundamental y legal del derecho a la libertad de información junto con la necesidad de legislaciones efectivas que garanticen la respeto de ese derecho en la práctica. Dichas leyes y normas internacionales incluyen:La organización no gubernamental Artículo 19 ha publicado un conjunto de principios llamados "El derecho del público a saber: Principios de la legislación sobre libertad de información" que describe las mejores prácticas y normas sobre legislación de libertad de información basadas en leyes internacionales y regionales, así como en prácticas y legislaciones nacionales en evolución. Dichos principios, que están diseñados principalmente para las leyes nacionales, también son aplicables a organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas y la Unión Europea. Islandia
Islandia es uno de los países más proteccionistas respecto a la libertad de expresión; la constitución reconoce este derecho en el artículo 73, y el parlamento islandés aprobó en 2010 una ley que protege específicamente la libertad de expresión y de información de los periodistas y escritores. A pesar de las características geográficas del país, se garantiza la cobertura de radio, televisión e internet a toda la población. Islandia ocupa el decimotercer puesto en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Deontología profesional periodística
Los casos que más controversia crean dentro de la regulación de la deontología profesional son aquellos en los que se alude a la libertad de expresión e información. En este sentido, este derecho se ve limitado normalmente en su aplicación por tres aspectos: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En términos jurídicos, la libertad de expresión y de información quedan protegidas por el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, que reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier forma o medio de difusión. Además, garantiza la posibilidad de comunicar y recibir libremente información veraz. También lo vemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948), en su artículo 19, nos dice:" Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Sin embargo, el ejercicio de estas libertades no es absoluto. Según el artículo 20.4 de la Constitución, la libertad de expresión y de información tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título 1, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Todos ellos son Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución Española. Cuota de emisión (medios de comunicación)
La legislación de la Comunidad Europea establece en la Directiva 89/552/CE, la necesidad de promover la producción de obras audiovisuales europeas, y obliga a los canales de televisión a reservar una determinada cuota de emisión. En el caso de España esto se implementa exigiendo por ley que los prestadores del servicio de comunicación televisiva reserven a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales de un mismo prestador, estando el 50% de dicha cuota reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas. Anarquismo en Francia
Algunos integrantes del movimiento anarquista radicados en Suiza comenzaron a teorizar sobre los que se conoce como propaganda por el hecho. Después del intento de asesinato de Auguste Vaillant los "Republicanos Oportunistas" votaron la primera ley antiterrorista en 1893, que fue inmediatamente denunciada como las "lois scélérates". Estas leyes restringían severamente la libertad de expresión. La primera de ellas condenaba la apología de cualquier delito o crimen como si fuera un crimen en sí mismo, permitiendo una amplia censura de la prensa. La segunda ley permitía condenar a cualquier persona directa o indirectamente involucrada en cualquier acto de “propaganda por el hecho”, incluso cuando no hubiera ocurrido ninguna muerte como consecuencia del acto. La última de ellas condenaba a cualquier persona o periódico que realizase propaganda anarquista, y por extensión a los socialistas libertarios o a los exmiembros de la AIT: Derecho al silencio
Dentro de la Unión Europea, un proceso gradual de armonización de las leyes de todos los estados de la Unión ha dado como resultado la adopción de una carta de derechos común que se aplicará a todos en la Unión Europea. La ley acordada, también conocida como "los derechos Reding" tomando el nombre de la Comisionada de Justicia de la UE Viviane Reding, quien propuso y negoció la medida para convertirse en ley en toda la Unión Europea, significará que los sospechosos en la Unión Europea una vez detenidos recibir una 'carta de derechos que enumere sus derechos básicos durante el proceso penal.' Permiso de conducir europeo
La licencia tiene un estilo de tarjeta de crédito, documento recubierto de plástico único, muy difícil de falsificar. El documento será renovable cada 10 o 15 años, dependiendo del Estado miembro. Los distintos Estados miembros tendrán la opción de incluir un microchip que contiene información sobre el titular del permiso. Esto será muy útil porque la policía puede acceder al permiso de conducir en su propio idioma. Esto resolvería el problema de los tres tipos de alfabeto (latín, griego y cirílico) utilizados en el EEE. Además, los campos de la licencia de conducir se numeran de manera uniforme, lo que permite a la policía descifrar el significado de los campos que no tienen acceso electrónico. Dictadura electiva
Este término se origina del Reino Unido, donde la soberanía legislativa última reside en el Parlamento (soberanía parlamentaria). El Parlamento puede aprobar cualquier legislación sobre cualquier tema que desee. El Parlamento funciona sin restricciones como, por ejemplo, la obligación de legislar de conformidad con los derechos constitucionales fundamentales. Las excepciones aparentes a esta regla son situaciones en las que el Parlamento ha optado por limitarse a sí mismo, como en el caso de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, en las que los tribunales británicos pueden "no aplicar" la legislación británica que está en conflicto con el Derecho de la UE, pero que podrían retirar dicha autoridad. Libre circulación de personas, inmigración y asilo en la Unión Europea
La libertad de circulación es un derecho fundamental que asiste a los ciudadanos de la UE en virtud de los Tratados constitutivos. Se expresa por medio del espacio de libertad, seguridad y justicia exento de fronteras desde el punto al interior de la Unión. La supresión de las fronteras internas conlleva un refuerzo en la gestión de las fronteras externas de la UE así como la regularización de la entrada y la residencia de personas procedentes de países extracomunitarios por medio de medidas como la política común de asilo e inmigración, Así, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo constituye la base de las políticas de inmigración y asilo comunes para la Unión y sus Estados miembros. Forma de gobierno
Europa Consejo de Europa
El Consejo de Europa (abr: CdE; en francés: Conseil de l'Europe y en inglés: Council of Europe) es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley. Modelo de Parlamento Europeo
El Modelo de Parlamento Europeo (en inglés: "Model European Parliament") (MEP) es una actividad llevada a cabo a nivel europeo por la Fundación Modelo de Parlamento Europeo (en inglés: "Model European Parliament Foundation"), una fundación cultural, apolítica, sin ánimo de lucro y formada oficialmente en La Haya, Países Bajos, en 1994. Su objetivo es familiarizar a los jóvenes con la conciencia europea a través de la simulación de sesiones del Parlamento Europeo que implican a jóvenes estudiantes de toda la Unión Europea. Derecho de autor en España
El artículo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece la libertad de panorama, al permitir la reproducción, distribución y comunicación mediante pinturas, dibujos, fotografías o procedimientos audiovisuales de las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas. El artículo 40 bis establece que no debe causarse un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o ir en detrimento de la explotación normal de las obras. Fiscalía europea
La Fiscalía europea (en inglés "European Public Prosecutor's Office (EPPO)" ) es una institución prevista en el Tratado de Lisboa para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea que comenzó a operar oficialmente el 1 de junio de 2021. EUR-Lex
En sus comienzos, el uso era solo interno, el sistema desarrolló, ofreciendo poco a poco distintos niveles de acceso al público, incluyendo ofertas de contenido bajo licencias comerciales de compañías privadas. Finalmente, en 1997 una versión web se lanzó, llamada Eur-Lex, organizada y gestionada por la oficina de publicaciones de la Unión Europea. Croacia
Sin embargo, pese a lo establecido en la ley, desde 2000 Freedom House clasificó a Croacia como un país parcialmente libre, en cuanto a libertad de prensa y de expresión se refiere. En el informe de "Libertad de Prensa Global" de 2013, se colocó en la posición de 81 de 197 países. Freedom House también reportó una mejora en la legislación aplicable que refleja el acceso de Croacia a la UE, aunque resaltó algunos ejemplos de políticos que intentaron esconder investigaciones periodísticas e influenciar los reportajes de noticias, dificultades en el acceso público a la información y que gran parte de la prensa impresa es controlada por la agencia alemana Europapress Holding y la austriaca Styria Media Group. En 2009 Amnistía Internacional reportó que había un aumento en el número de ataques físicos y asesinatos contra periodistas. Los incidentes fueron perpetrados en su mayoría contra aquellos que investigaban sobre crímenes de guerra y el crimen organizado. Forma de gobierno
Europa Censura homofóbica
En 1949 se creó en Francia una ley sobre las «publicaciones destinadas a la juventud», en la que se prohibía la «"débauche"» («corrupción», «perversión», «vicio») en cualquier publicación dedicada a menores. De hecho, la ley se interpretaba de forma que cualquier publicación que pudiese ser vista o leída por menores podía ser censurada, aunque la publicación estuviese dedicada exclusivamente al público adulto. Naturalmente, la homosexualidad era considerado el vicio por excelencia y numerosos autores tuvieron problemas, tanto legales, como con las editoriales que no querían arriesgarse a tener dificultades, como fue el caso de Violette Leduc, Éric Jourdan, Nicolas Genka, Pierre Guyotat, etc. La revista "Gai Pied" vio prohibida su distribución y la realización de cualquier tipo de promoción repentinamente en 1987. En Alemania, en 1955, con la entrada en vigor de la ley de protección del menor, se prohibió la venta pública de las revistas homosexuales, por lo que las revistas que se habían publicado hasta entonces pasaron a ser clandestinas. En 1968 solo sobrevivían dos revistas: "amigo" (publicada en Dinamarca) y "Der Weg". Leyes similares siguen existiendo en Europa. En Lituania, una propuesta de ley de 2009 para la protección de menores incluía la prohibición de la «propaganda de las relaciones homosexuales, bisexuales o polígamas», sin definir lo que significaba «propaganda», en cualquier lugar en el que pudiese ser visto por menores. Tras la oposición del Parlamento Europeo y del presidente de Lituania, la ley se reformuló como una «prohibición de difundir información que pudiera promocionar relaciones sexuales o concepciones del matrimonio o la familia distintos de la establecida en la constitución o el código civil», siendo que el matrimonio es definido en la constitución explícitamente como entre una mujer y un hombre. Esta ley, que en su forma actual es válida para la población en general y no está limitada a los menores, se intentó usar por primera vez para prohibir la marcha del orgullo de Vilna. En 2013 se adoptó en Rusia una ley contra la propaganda homosexual, uno de cuyos efectos es la desaparición de cualquier expresión de la cultura homosexual de la esfera pública. En Estados Unidos existen en 8 estados —entre ellos Arizona, Alabama y Texas— y en varias ciudades leyes que prohíben explicar de forma positiva o incluso mencionar la homosexualidad en las escuelas, las llamadas «"no promo homo"». Speakers' Corner
Hay quienes sostienen que la existencia de un lugar específico donde la libertad de expresión está permitida, es usado por las autoridades como excusa para prohibir la libertad de expresión en la mayoría de lugares públicos de Londres, incluyendo el resto de Hyde Park y todo los otros Parques reales de Londres, donde la libertad de expresión está prohibida por ley. A finales del siglo XIX por ejemplo debido a una serie de leyes, Speakers' Corner fue uno de los pocos lugares donde los oradores socialistas podían reunirse y debatir. La Marsellesa
El 24 de enero de 2003, se aprobó la Ley de Programación para la Seguridad Interior (Lopsi), propuesta por Nicolas Sarkozy, que creaba el delito de ultraje a la bandera y al himno nacional franceses, sancionándolos con penas de hasta seis meses de prisión y 7500 euros de multa. Algunas asociaciones y ciudadanos protestaron, considerando esta ley un atentado a la libertad de expresión. El Consejo Constitucional de Francia limitó las posibilidades de aplicación de la ley, los actos dentro de un círculo privado, y los actos realizados en manifestaciones no organizadas por las autoridades públicas o no reglamentadas por ellas. Libertad de expresión
Norman Finkelstein, escritor y profesor de ciencias políticas, opinó que los dibujos de Charlie Hebdo sobrepasaban los límites de la libertad de expresión, y comparó esos dibujos con los hechos sobre de Julius Streicher, ahorcado por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial por los escritos y dibujos que había publicado. En 2006, en respuesta a un tema particularmente agresivo de Charlie Hebdo, el presidente francés Jacques Chirac condenó las "provocaciones manifiestas" que podrían inflamar las pasiones. En los EE.UU., la opinión histórica más destacada sobre el discurso político es "Brandenburg v. Ohio" (1969), anulando expresamente "Whitney v. California". En Brandeburg, la Corte Suprema de los Estados Unidos se refirió al derecho incluso a hablar abiertamente de acción violenta y revolución en términos generales: Encapuchado (manifestación)
En algunos países, en especial los miembros de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, han promulgado leyes antimáscaras con el objeto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, argumentando que en las democracias modernas, donde se supone que debe existir la libertad de expresión y el derecho de reunión, no es necesario ocultar la identidad de una persona para manifestarse pacíficamente. Autoridades tanto locales como centrales han tomado medidas contra los encapuchados donde han aparecido durante las protestas de diferentes países en el mundo. A causa de la constancia y registro de que encapuchados durante manifestaciones de naturaleza pacífica han actuado de manera violenta, pudiendo ser vinculados a actos de vandalismo y actividades delictuales, como saqueos, incendios, robos, porte de armas y otro tipo de desmanes, destruyendo bienes públicos y privados. Bajo esta premisa y para desenmarcarlos de las protestas pacíficas, se ha facultado a las fuerzas de seguridad, como las policías antidisturbios, a actuar en represalia de individuos o grupos de personas que participen encapuchados en eventos masivos, dependiendo el criterio y la legislación de cada país o ciudad donde se produzcan. Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios
El representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación funciona como un observador que monitoriza el desarrollo de los medios de comunicación en los 57 Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El representante emite una alerta temprana ante las violaciones de la libertad de expresión y promueve el pleno cumplimiento de los principios y compromisos de la OSCE en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Estado miembro de la Unión Europea
Las instituciones de la Unión Europea tienen por tanto la facultad de dictar leyes y ejecutarlas en el ámbito europeo. Si un Estado no cumple con la ley de la Unión Europea puede ser multado o se le pueden retirar los fondos. En casos extremos, existen disposiciones para limitar el derecho a voto o suspender la pertenencia de un Estado miembro. Política de la Unión Europea
El poder comunitario es ejercido por medio de un marco institucional común compuesto por las instituciones, órganos y organismos de la Unión. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa, mientras que a la Comisión Europea le corresponde la aplicación de las leyes, la gestión de las políticas comunes y la ejecución del presupuesto; un Tribunal de Justicia para toda la Unión es el intérprete supremo del Derecho comunitario y el garante último de su aplicación por la vía judicial. El Consejo Europeo, con su Presidente a la cabeza, desempeñan las funciones de impulso político y moderación institucional que orientan la acción comunitaria en conjunto Actualmente, el presidente del Consejo Europeo es el político belga Charles Michel, que asumió su mandato el 1 de diciembre de 2019. Mientras que la comisión actual está presidida por Ursula von der Leyen desde el 1 de noviembre de 2019. Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital
El 26 de abril de 2018, 145 organizaciones de las áreas de derechos humanos y digitales, libertad de prensa, publicaciones, bibliotecas, instituciones educativas, desarrolladores de software y proveedores de servicios de Internet firmaron una carta en la que se oponían a la legislación propuesta. Algunos de los que se oponen incluyen a Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, European Digital Rights, Sociedad Max Planck, varios capítulos de Wikimedia, y la Wikimedia Foundation, la organización matriz de Wikipedia. La Wikipedia en italiano, seguida más tarde por otras que incluyen el español, estonio, letón, polaco, francés, portugués y catalán, oscurecieron sus páginas para lectores el 3 y 4 de julio, mientras que la Wikipedia en inglés agregó una banner pidiendo a los lectores que se pongan en contacto con sus representantes en el parlamento europeo. Las personas que se han opuesto públicamente a la ley incluyen a Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, Vint Cerf y Jimmy Wales, quienes expresaron su preocupación sobre los costos y la eficacia de los filtros de carga y los efectos negativos sobre la libertad de expresión en línea. Una petición de change.org que se opone a la directiva tiene más de 700000 firmas. Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital
La Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, también conocida como "Directiva de derechos de autor" de la Unión Europea o expediente 2016/0280 (COD), es una propuesta de directiva de la Unión Europea con el objetivo declarado de armonizar aspectos del derecho de autor en el mercado único digital de la Unión Europea. Es un intento de ajustar la ley de derechos de autor para internet brindando protección adicional a quienes poseen material. Tras su aprobación inicial por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el 20 de junio de 2018, fue rechazada por el pleno del Parlamento el 5 de julio. En septiembre de 2018, toda la propuesta fue aprobada, por lo que tras una repetición de la votación a principios de 2019, cabe esperar que entre en vigor. Federico Jiménez Losantos
En relación con esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó a Jiménez Losantos, por no protegerse su libertad de expresión, en una sentencia emitida el 14 de junio de 2016 que establece que la multa de 36 000 euros impuesta al periodista no es compatible con la libertad de expresión que garantiza el artículo 10 del Convenio. El fallo fue adoptado por seis votos contra uno, el de la juez "ad hoc" Blanca Lozano Cutanda, que veía proporcionada la cuantía de la multa impuesta a Losantos. Fiscalía europea
La Fiscalía Europea respetará los principios de legalidad, proporcionalidad e imparcialidad. La legislación aplicable en el procedimiento será la del Estado miembro cuyo Fiscal Europeo Delegado esté encargado del expediente. Las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía se regirán por el Reglamento de la UE, pero la  legislación nacional se aplicará a las cuestiones que no estén reguladas por el Reglamento. Limitaciones y excepciones al derecho de autor
En el artículo 10 párrafo 1, en el Convenio de Berna se regulan Algunos Artículos:“Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección”. Ley OPEN
La ley OPEN está respaldada por grandes empresas web como Google, Twitter y Facebook, mientras que PIPA y SOPA están principalmente respaldadas por los sectores de la música y el cine. Otras páginas y medios, como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Public Knowledge Project opinan que la nueva propuesta mejora mucho las anteriores leyes. Otra de las razones por las que es apoyada es que evita la vulneración de derechos de autor, pero no otorga nuevos poderes policiales al Gobierno. La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos está rotundamente en contra de esta ley, porque con la nueva ley las partes interesadas perderían la capacidad de actuar unilateralmente, y debería notificarle la infracción a la Comisión Federal de Comercio para que se tomen las medidas y la empresa no podrá conseguir una autorización para destruir la página. Algunos sectores denuncian que puede cortar la libertad de expresión, ya que una web podría ser eliminada en su totalidad porque una parte de ella cometa una infracción, perjudicando a los usuarios de esas páginas que no cometan tales infracciones. Libertad de expresión
Así parecen claros los motivos por los que «la censura ni existe ni se practica exclusivamente al amparo de la legalidad, sino también en otros ámbitos del espacio público, en especial en los medios de comunicación, la cultura, la educación o la religión». En el caso de la libertad de expresión de la música, el ámbito que se tiene que considerar es el de la cultura. Este ámbito abarca tanto «la censura ejercida desde las instituciones de las Reales Academias de la Lengua española y de la Historia, así como el gravamen impositivo de las actividades culturales (artes escénicas, cine y edición) de un 21% o la disyuntiva (por incompatibilidad legal) que obliga a los artistas jubilados a optar entre el cobro de sus ambos merecidos pensión y sus derechos de autor, o de no hacerlo, a perder la primera y enfrentarse a elevadas multas». La música, en cuanto actividad cultural y por eso manifestación artística y expresión comunicativa, está sujeta a la censura. Mercado de ideas
El mercado de ideas es una razón fundamental para la libertad de expresión basada en una analogía con el economía concepto de mercado libre. El mercado de ideas sostiene que la verdad surgirá de la competencia de ideas en un discurso público libre y transparente y concluye que las ideas e ideologías serán seleccionadas según su superioridad o inferioridad y aceptación generalizada entre la población. El concepto se aplica a menudo a las discusiones sobre la ley de patentes, así como libertad de prensa y las responsabilidades de los medios de comunicación en una democracia liberal. European Union Public License
La Licencia Pública de la Unión Europea (su acrónimo EUPL del inglés "European Union Public License") es una licencia de software libre y "copyleft" creada por la Unión Europea para una previsible liberación de programas pertenecientes a las administraciones públicas. Artículo 19
Artículo 19 monitoriza las amenazas a la libertad de expresión en todo el mundo; presiona a los gobiernos para que adopten leyes que se ajusten a las normas internacionales de libertad de expresión; y redacta normas legales que refuercen los medios de comunicación, la radiodifusión pública, la libre expresión y el acceso a la información mantenida por el gobierno. FCForum
También tuvo lugar este día un grupo de trabajo titulado "Libertad de expresión, libertad de información, libertad de acción: estado de la cuestión y coordinación de luchas en el Estado español" en el que se analizaron las conocidas como "ley Mordaza" y "ley Torquemada" de la mano de LegalSol, Rights International Spain y el abogado Carlos Almeida. Copyleft
Aunque depende de las leyes que rigen los derechos de autor, que pueden ser diferentes de un país a otro, la licencia final, que no es más que un método para alcanzar los objetivos del copyleft, también puede diferir de un país a otro. Por ejemplo, en algunos países puede ser aceptable vender un producto software sin ninguna garantía, al estilo de la licencia GPL (véanse los artículos 11 y 12 de la versión 2 de la licencia GPL), mientras que en la mayoría de países europeos no es posible que un distribuidor de software se desentienda de todas las garantías vinculadas a un producto vendido, razón por la cual el alcance de dichas garantías es descrito explícitamente en la mayoría de licencias copyleft europeas (la licencia CeCILL, permite usar la GPL - artículo 5.3.4 de CeCILL - en combinación con una garantía limitada - artículo 9). Ley DADVSI
La ley DADVSI, de las siglas en francés de Derechos de autor y derechos conexos, en la sociedad de la información ("") es una ley francesa resultante de la trasposición al derecho francés de la Directiva de la Unión Europea sobre derecho de autor (Directiva 2001/29CE) sobre la armonización de ciertos aspectos en materia de derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información.El proyecto de ley fue presentado por el diputado Christian Vanneste, de la Unión por un Movimiento Popular. El examen por parte de la Asamblea Nacional francesa, que estaba previsto que tuviera lugar del 20 al 22 de diciembre de 2005 mediante el procedimiento de urgencia, fue prolongado más allá del receso parlamentario, sobre todo por razón de dos enmiendas (idénticas) que extienden la excepción para la copia privada a las descargas de obras por internet. Discurso de odio en línea
El discurso de odio no se menciona explícitamente en muchos documentos y tratados internacionales de derechos humanos, pero algunos de los principios relacionados con la dignidad humana y la libertad de expresión lo invocan indirectamente. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, que fue redactada como respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, contiene el derecho a igual protección ante la ley en el artículo 7, que proclama que: "Todos tienen derecho a la igualdad de protección contra cualquier discriminación en violación de esta Declaración y contra cualquier incitación a tal discriminación ". La DUDH también establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye "la libertad de opinar sin injerencias y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar fronteras". Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas
En México, cuenta con la colaboración del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) para la defensa de la libertad de expresión. Además, esta colaboración se utiliza para contactar a otras organizaciones en México. Varias de labores hechas en conjunto con la organización se centran en la vigilancia de las libertades del país y la búsqueda de justicia ante los asesinatos de periodistas. Un ejemplo es el Programa de Libertad de Expresión; el cual es una red de alerta para cualquier ataque hacia un medio de comunicación, centrado en Ciudad de México y otras dos ciudades en la frontera del norte. Libertad de prensa
John Stuart Mill en 1869 en su libro «Sobre la libertad» abordó el problema de la autoridad versus la libertad desde el punto de vista de un utilitarista del siglo XIX: el individuo tiene el derecho de expresarse siempre y cuando no dañe a otros individuos. La buena sociedad es aquella en la que el mayor número de personas disfruta de la mayor cantidad posible de felicidad. Al aplicar estos principios generales de libertad a la libertad de expresión, Mill afirmaba que si silenciamos una opinión, podemos silenciar la verdad. La libertad de expresión individual es, por lo tanto, esencial para el bienestar de la sociedad. Mill escribió: Libertad de expresión
Richard Moon ha desarrollado el argumento de que el valor de la libertad de discurso se relaciona con las interacciones sociales. Los sistemas legales a veces reconocen ciertos límites a la libertad de expresión, particularmente cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos y libertades, como en los casos de difamación, calumnia, pornografía, obscenidad, palabras de pelea y propiedad intelectual. Las justificaciones de las limitaciones a la libertad de expresión a menudo hacen referencia al "principio del daño" o al "principio del delito". Las limitaciones a la libertad de expresión pueden ocurrir a través de sanciones legales o desaprobación social, o ambas. Ciertas instituciones públicas también pueden promulgar políticas que restrinjan la libertad de expresión, por ejemplo, códigos de voz en las escuelas estatales. Artículo 19
Artículo 19 es miembro fundador de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, un centro de intercambio de información para una red mundial de organizaciones no gubernamentales que monitorean las violaciones a la libertad de expresión en todo el mundo. También es miembro del Grupo de Monitoreo de Túnez, una coalición de 21 organizaciones de libertad de expresión que presionó al gobierno tunecino para mejorar su historial de derechos humanos. Y es coordinador del Grupo Internacional de Asociación para Azerbaiyán (IPGA), una coalición de organizaciones internacionales que trabajan para promover y proteger la libertad de expresión en Azerbaiyán. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015)
Esta ley forma parte de la revisión de la justicia penal española desde la reforma del Código Penal del año 1995 y su desarrollo, aprobación y entrada en vigor ha estado rodeada de fuertes polémicas, incluso a nivel internacional. En este sentido, un editorial del "The New York Times" ("NYT") instó a la Comisión Europea a apresurarse a condenar la nueva ley, citando al relator de las Naciones Unidas, Maina Kiai, quien también instó a los legisladores españoles a derogar la ley. El "NYT" afirmó que «esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática». En un artículo posterior, el "NYT" reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnesty International como a Human Rights Watch, que considera que la ley supone una «amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España» y cita al portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que también ha manifestado su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley, entre otros, la falta del «necesario consenso político y social». Libertad de prensa
La libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación es el principio de que la comunicación y la expresión a través de diversos medios, incluidos los medios impresos y electrónicos, especialmente los materiales publicados, deben considerarse un derecho que se ejerza libremente. Tal libertad implica la ausencia de interferencia del Estado. Esto implica la prohibición de la censura previa. Su preservación puede obtenerse a través de protecciones constitucionales. Ley Alfano
Según Silvio Berlusconi, en cambio, "esta ley es el mínimo que una democracia puede hacer para defender su libertad". La ley Alfano es única en el panorama europeo donde la inmunidad es, por lo general, sólo para los parlamentarios aunque limitado al ejercicio de sus funciones: el representante del poder ejecutivo (jefe de gobierno) no gozan de ninguna ventaja en este sentido. En algunas naciones la inmunidad para cualquier tipo de procedimiento se garantiza sólo a los jefes de estado (Grecia, Portugal, Francia) o a los monarcas, pero nunca para el gobierno. Cumplimiento normativo
En la Unión Europea se ha aprobado la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE, más conocida como Directiva Whistleblowing. Mediante esta Directiva se obliga a implantar canales de denuncia internos y ofrecer protección a los denunciantes. Política de Suecia
La Ley de Libertad de Prensa de 1766 , establece y define los derechos de libertad de expresión y también el acceso libre los ciudadanos a información en manos de cualquier institución pública. Ha sido reformada varias veces y se trata de forma más extensa en la Ley Fundamental sobre la Libertad de Expresión. Directivas de la Unión Europea sobre la libre circulación de trabajadores
El Derecho Comunitario europeo no ofrece una sola definición de la condición jurídica de trabajador, aunque propone diferentes interpretaciones del término, destacando una triple significación del concepto de trabajador en la legislación comunitaria: Se recoge en los artículos 12 y 39.2 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE), y viene a decir que se prohibirá toda discriminación por razón de nacionalidad y que la libre circulación supondrá la eliminación de toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. Con esto se pretende que el "Estado comunitario de acogida" dispense un tratamiento igual para los foráneos como el que dispensa para sus nacionales, es mucha la importancia de este contenido para la consecución de la libre circulación de trabajadores como instrumento para conseguir un efectivo establecimiento de un mercado común. En cambio, señalar que pese a la importancia de la libre circulación de trabajadores para alcanzar dicho mercado decir que el TCE carece de medidas positivas que fomenten la libre circulación limitándose sólo a intentar suprimir los obstáculos a esa libre circulación, carencias que han sido subsanadas a través de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que amplió el ámbito de aplicación del art.39 del tratado a supuestos que no cabe calificar de discriminatorios. Copyleft
No obstante, puesto que la mayoría de creaciones con copyleft adquieren la característica de copyleft exclusivamente de las leyes del copyright, los mecanismos de patentes pueden amenazar las libertades que otorga el copyleft a dichas creaciones cuando se permite a las leyes de patentes anular a las de copyright, que podría ser el caso de las nuevas reglas referentes a patentes desarrolladas por la Unión Europea a principios del siglo XXI. No parece haber una respuesta fácil a tales amenazas, aunque generalmente se considera que las comunidades que desarrollan productos con copyleft no tienen ni los recursos ni la organización necesaria para los complejos trámites de patentes. Debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), una organización con sede en Bruselas que agrupa a más de 600.000 profesionales de 120 países y es según su vicepresidente Osvaldo Urriolabeitia la organización más representativa de periodistas a nivel mundial, dio a conocer en mayo de 2009 un comunicado de adhesión a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, firmado por el periodista británico Aidan White, secretario general de dicha organización. En el comunicado, la organización de periodistas sostuvo que apoyaba la nueva ley «tanto en la forma, representada por el apoyo explícito recibido y el debate de todos los puntos que se impulsa a lo largo y a lo ancho del país» como en lo «medular», por contener «preceptos claros y precisos para evitar la concentración de los medios de comunicación y la tendenciosa uniformidad del mensaje informativo», posibilitando «la multiplicidad de voces» para hacer realidad «el Derecho universalmente reconocido que todos tenemos de informar libremente y ser verazmente informados». Libertad de panorama
Muchas leyes tienen diferencias muy sutiles en cuanto a sitios públicos y privados. Mientras que en Alemania el permiso aplica solo si ambos, el trabajo descrito y el fotógrafo, se encontraban en un sitio público cuando la imagen fue tomada, en Austria, la ubicación del fotógrafo es irrelevante. En muchos países de Europa Oriental, las leyes de derecho de autor limitan este permiso de uso de imagen solo para uso no comercial. También, existen diferencias internacionales en la definición de un “sitio público”. En la mayoría de los países, esto incluye solo espacios exteriores (por ejemplo, en Alemania) mientras algunos otros países también incluyen museos públicos (este es el caso del Reino Unido y en Rusia). Consejo de Estado (Grecia)
De acuerdo con la Constitución de Grecia, las sesiones de todos los tribunales son públicas, salvo cuando el tribunal decide que la publicidad pudiera ser perjudicial para las buenas costumbres o por razones especiales para la protección de la vida privada o familiar de los litigantes. Cada sentencia del tribunal se concreta y se fundamenta a fondo y se pronuncia en una sesión pública. La ley establece las consecuencias legales consiguientes y las sanciones impuestas en caso de violación de esta disposición. La publicación de la opinión en contrario es obligatoria. La ley contempla las cuestiones relativas a la introducción obligatoria de cualquier opinión discrepante en el acta, así como las condiciones y requisitos para la publicidad de las mismas. Fake news
Este problema se discutió en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. El debate se desarrolló entre quienes sostienen que deben implementarse controles y supervisión estrictos, considerando los riesgos que los contenidos falsos implican para las democracias liberales, y quienes sostienen que estos controles representan una forma de censura, los que representaría un retroceso en cuanto a los derechos a la libre expresión. Una tercera argumentación apunta a la autorregulación y al desarrollo de acciones para que los lectores puedan detectar la información verdadera de aquella que no lo es. Deontología profesional periodística
El consejo de Europa toma decisiones sobre los temas que afectan a la ciudadanía Europea y es de carácter consultivo. A finales de los 80, ya se tocaba el tema de la telebasura y, en 1991, se puso manos a la obra para, dos años después, emitir la resolución 1003 sobre ética del periodismo del Consejo de Europa.( La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad en Estrasburgo en 1993 una resolución que contemplaba algunos principios éticos del periodismo, que estimó que deberían ser aplicados en Europa.) Libertad de expresión
La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El artículo 19 de la DUDH establece que: Human Rights Foundation
El 16 de agosto de 2012, la HRF publicó un informe jurídico al concluir que "Rusia no demostró que su interferencia con [de Pussy Riot] la libertad de expresión -la detención, confinamiento, juicio penal, la condena y la pena de prisión de dos años- fue prescrito por la ley, persigue un objetivo legítimo, y era necesario para alcanzar dicho objetivo. El informe concluye: "Rusia ha violado la norma europea de la libertad de expresión que se requiere para cumplir con el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos". El 17 de agosto de 2012, presidente de la HRF Garri Kaspárov fue detenido y golpeado por la policía frente al tribunal en Moscú, donde el juicio contra tres miembros de Pussy Riot estaba teniendo lugar. Libertad de expresión
«Los derechos y libertades recogidos en el artículo 20 gozan de algunas medidas de protección, establecidas por la propia Constitución». Entre otras, merece la pena subrayar el punto 6: “El desarrollo normativo de los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española, debe realizarse mediante Ley Orgánica [2015] (art. 81.1 de la Constitución Española), que requiere un especial consenso parlamentario al exigirse, para su aprobación, modificación o derogación, mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2 de la Constitución Española). Leyes españolas de prensa
Las leyes españolas de prensa se promulgaron durante la Restauración borbónica en España y durante la dictadura del general Franco. Durante el periodo de la II República, si bien no existieron leyes de prensa como tales, se estableció la ley de Orden Público y la ley Defensa de la República, textos donde se limitaba la capacidad de los medios para criticar el régimen vigente. En el periodo democrático de los reinados de Juan Carlos I y FelipeVI no existen "leyes de prensa" porque la libertad de expresión está reconocida y garantizada en el texto constitucional de 1978. Mercado de ideas
La idea general de que la libertad de expresión debe tolerarse porque conducirá hacia la verdad tiene una larga historia.El escritor inglés John Milton sugirió que restringir el habla no era necesario porque "en un encuentro libre y abierto" la verdad prevalecería. El presidente Thomas Jefferson argumentó que es seguro tolerar "el error de opinión [...] donde la razón es libre para combatirlo"..Fredrick Siebert se hizo eco de la idea de que la libertad de expresión se corrige a sí misma en "Cuatro teorías de la prensa": "Que todos los que tengan algo que decir sean libres para expresarse. Lo verdadero y lo sano sobrevivirán. Lo falso y lo falso serán vencidos . El gobierno debe mantenerse al margen de la batalla y no sopesar las probabilidades a favor de un bando o del otro ".Estos escritores no se basaron en la analogía económica con un mercado. Enmienda de 2018 a la Ley del Instituto de Conmemoración Nacional
Según el estudioso polaco del derecho constitucional, la enmienda parece contradecir las disposiciones de la Constitución polaca, entre las que se incluyen: "Art. 2, del cual puede derivarse el llamado principio de una legislación decente, Art. 42 párr. 1 que expresa la norma "nullum crimen sine lege" y Art. 54 párr. 1 sobre la libertad de expresión ". También expresó la opinión de que no cumplía con el requisito de ser necesario en una sociedad democrática para permitir una restricción a la libertad de expresión según el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Constitución de Suecia
La ley de libertad de prensa (en sueco: "Tryckfrihetsförordningen", TF) en realidad ha sido cambiada varias veces desde su primera encarnación: en 1772, 1810, 1812, 1949 y 1982. No fue, sin embargo, hasta la ley de 1810 que lo que generalmente llamamos hoy la libertad de expresión quedó garantizada. La Ley de 1766, por ejemplo, establecía que la libertad de expresión debía estar garantizada, a excepción de ""violaciones"", entre las que incluía la blasfemia y la crítica al Estado. Procedimiento legislativo en la Unión Europea
La UE es la única organización internacional en el mundo con atribuciones legislativas. La fuerza de ley que revisten algunos de sus actos (los actos legislativos) vincula tanto a las instituciones de la Unión como a los propios Estados miembros. Para adoptar medidas legislativas son necesarias determinadas pautas que componen el procedimiento legislativo en la Unión. Dicho procedimiento puede ser ordinario o especial (en realidad especiales, pues cada procedimiento especial es distinto al resto). Las normas europeas con rango de ley pueden adoptar las siguientes formas: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
En los casos que involucran una violación grave de la libertad de expresión, la persona al frente de la Relatoría Especial emite comunicados de prensa sobre la información que ha recibido, expresa su preocupación a las autoridades y hace recomendaciones para restablecer este derecho. En otros casos, el relator o relatora especial contacta directamente a las autoridades gubernamentales para obtener más información y / o solicitar que el gobierno tome medidas para rectificar el daño que se ha infligido. Ley de Transparencia (España)
La ley de Transparencia de España, cuya denominación completa es Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es una norma que tiene como objetivo ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Ley contra la blasfemia
En el mundo existe un debate que contrapone la existencia de leyes contra la blasfemia con el respeto a la libertad de expresión. Organizaciones pro derechos humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado la existencia de leyes contra la blasfemia al considerar que vulneran los derechos humanos, ya que sirven habitualmente para perseguir a las personas por creencias y actividades que no se ajustan a la opinión mayoritaria sobre asuntos religiosos y para reprimir la crítica a la religión. Algunos países justifican la existencia de esta legislación en que protegen las creencias religiosas de la mayoría religiosa, mientras que en otros se considera que ofrecen una protección a las creencias de las minorías. Fiscalía europea
•Basada en el Estado de Derecho (anuncio de 2012, de Durao Barroso) y el pleno respeto a los derechos fundamentales y garantías procesales. •Transferencia limitada de poderes a la Fiscalía Europea, para llevar a cabo el ejercicio directo de poderes investigativos y acusatorios. •Competencia exclusiva (y prioritaria frente a las Fiscalías nacionales) en el ámbito de actuación de la Fiscalía Europea. •Estructura integrada con los Estados Miembros (central, con delegados). •Principio de territorialidad europea (los poderes de la Fiscalía Europea se ejercerán directamente en cualquier parte del territorio de los Estados Miembros que participen) •Neutralidad en el coste (transferencia de recursos desde algunas agencias -OLAF- y sinergias con otras como Eurojust). Fiscalía europea
El European Jurists Forum celebrado en Barcelona los días 18 y 19 de abril de 2013, trató el proyecto de puesta en marcha de la Fiscalía Europea, conocida como EPPO por ser sus siglas en inglés (European Public Prosecutor’s Office), justo cuando la Comisión Europea había anunciado que en julio presentaría su proyecto. La primera ponencia corrió a cargo del profesor de la Universidad de Utrech, Dr. John Vervaele, quien explicó el modelo de fiscalía formulado en el estudio encargado por la Comisión Europea, y donde se proponen las bases legales de EPPO. A continuación, Péter Csonka, asesor jurídico de la Comisión en la materia comentó el proyecto que presentará la Comisión, si bien fue algo parco a la hora de desarrollar sus contenidos, por cuanto el próximo mes de julio la Comisario Reding hará su presentación. En el panel de debate intervino el magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, quien en el año 2010 como fiscal general del Estado participó en la propuesta de la presidencia española para la creación del fiscal europeo. Intervinieron también la presidenta de Eurojust, Michèle Coninsx y Margarete Hofmann, directora de OLAF (Oficina Antifraude Europea) junto con la profesora Katalin Ligeti, moderados por el Fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana. Los grandes trazos de la Fiscalía Europea son comunes en todos los modelos y propuestas: Se trata de una institución con una doble estructura: Una sede central donde el Fiscal Jefe debe tener el poder de decisión y unos fiscales delegados en cada Estado Miembro (Csonka), además deberá tener un nivel altamente jerarquizado y muy conectado con la Comisión Europea (Ligeti). Puede escoger el territorio nacional donde se celebre el juicio (Csonka y Vervaele) y debe recibir las pruebas de los fiscales delegados para decidir a quién y cuando acusar. Los fiscales delegados en cada Estado Miembro llevarán a cabo el trabajo de investigación sobre el terreno, utilizando para ello los medios del propio Estado Miembro. La discusión se centraba en si estos fiscales delegados deben estar en el país de origen o bien en la sede de la Fiscalía Europea, y también en su estatuto y vinculación con el Estado Miembro. Es razonable que se hallen en el territorio del Estado Miembro y deben gozar de la doble condición de fiscal del Estado Miembro y delegado EPPO. De hecho, parece que la propuesta de la Comisión irá en el sentido que el Fiscal Jefe de la Fiscalía Europea los seleccione y contrate de entre una lista que será propuesta por el EM. Por su parte, el Magistrado Conde-Pumpido abogó por un sistema en que el Órgano Central de EPPO fuera reducido, limitándose a coordinar y decidir llevar al sujeto a juicio, y con mayor protagonismo de los fiscales delegados, quienes utilizarían la legislación y tribunales de los EM para investigar. Inicialmente la Fiscalía Europea tratará de los delitos contra los intereses financieros de la Unión, dejando aparte la corrupción, el terrorismo y otros.  En materia de recursos frente a las decisiones de EPPO, algunos ponentes propugnaban su revisión ante el Tribunal de Luxemburgo, lo que exigiría una jurisdicción federal penal dentro de la UE. La tesis contraria sostenía que el Tratado de Lisboa es claro en que el enjuiciamiento corresponde a los EM, por lo que la revisión de las decisiones recurribles del Fiscal deben ser también competencia de los Estados Miembros.  La Directora de la Oficina Antifraude (OLAF), expuso que es probable que investigadores de OLAF acaben ingresando en las filas de la Fiscalía Europea, dada su especialización, a la vez que defendió la necesidad de que OLAF no desaparezca al tener objetivos (corrupción) que no son competencia de la Fiscalía. Censura cinematográfica
Europa Declaración de Derechos de 1689
La Triennal Act, aprovechando la ausencia del Rey, que visita mucho el continente, el rey no puede verse privado del Parlamento por más de tres años (así el Rey no puede prorrogar una asamblea dócil). En 1695 el Parlamento vota la libertad de expresión para periódicos y libelos, ampliando así la participación de la opinión pública en la vida política. Prohibición de símbolos comunistas
Hungría tenía una ley (artículo 269 / B del Código Penal (2000)) que prohibía el uso de símbolos de dictaduras fascistas y comunistas. El mismo año, el Tribunal Constitucional confirmó la ley cuando fue impugnada, alegando que la restricción involucrada de la libertad de expresión estaba justificada. En julio de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró el desafío de Attila Vajnai, quien fue acusado de un delito menor por el uso de la estrella roja y declaró que la ley húngara violaba la libertad de expresión. La Corte reconoció las graves violaciones cometidas por los regímenes nazis y comunistas; sin embargo, observó que la Hungría moderna es una democracia estable con una posibilidad insignificante de dictadura, por lo que las restricciones a la libertad de expresión no tienen justificación en el país en forma de una "necesidad social clara, apremiante y específica". Finalmente, la ley fue anulada en 2013 por el Tribunal Constitucional, citando la falta de definición precisa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En marzo de 2017, el primer ministro húngaro Viktor Orbán presentó un proyecto de ley que prohíbe las mercancías con símbolos como la esvástica nazi o la estrella roja comunista de cinco puntas, incluida la utilizada por la empresa cervecera holandesa Heineken. Derecho de autor
Las leyes de cada país difieren especialmente en los siguientes puntos:Según la ley alemana, los documentos están en el dominio público ("gemeinfrei") si han sido publicados como parte de una "ley" o de un "decreto" o "edicto" oficial, o si han sido publicados como un "anuncio oficial" o "información pública". Censura en España
La censura en España se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. La ONG de origen francés Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2019, ubica al país en el puesto 29 de 180 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente, señalando la Ley de Seguridad Ciudadana como la principal amenaza a la libertad de expresión en la actualidad. Leyes españolas de prensa
El artículo segundo establecía como causas para limitar la libertad de expresión:  La libertad de expresión y el derecho a la difusión de información, reconocidas en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. Alertador
En noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una directiva de protección al delator ("Whistleblower Protection Directive") que contiene amplias protecciones para la libertad de expresión de delatores en los sectores público y privado, incluyendo periodistas, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva prohíbe represalias directas o indirectas contra empleados, actuales y pasados, en ambos sectores.Si el alertador da a conocer un hecho relacionado con la energía nuclear, se trata de un alertador nuclear ("nuclear whistleblowers", en inglés). Ha habido varios alertadores nucleares, a menudo ingenieros nucleares, que han identificado o dado a conocer problemas de seguridad nuclear. Convención Europea de Derechos Humanos
Afirma que la libertad de expresión incluye la libertad de recibir y transmitir informaciones o ideas. Regula las posibles restricciones. Libertad de prensa
La libertad de medios es un derecho fundamental que se aplica a todos los estados miembros de la Unión Europea y a sus ciudadanos, tal como se define en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Garantizar la libertad de prensa es un "indicador clave de la disposición de un país para formar parte de la UE". Derecho de acceso a la información
El derecho de acceso a la información pública es un componente del derecho fundamental a la libertad de expresión establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión abarca la libertad de "buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio e independientemente de las fronteras". El acceso a la información pública y la libertad de información se reconocen como derechos humanos en los tres principales sistemas regionales de derechos humanos, es decir, dentro de las Américas, Europa y África, así como en los principales instrumentos internacionales. Adarga (revista)
"«La libertad de expresión y el derecho a la difusión de información, reconocidas en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar»." Alba Villanueva Navasquillo
Como activista y portavoz de la Plataforma No Somos Delito, Villanueva ha denunciado en diversas ocasiones la vulneración del derecho de libertad de expresión en España como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LOSC) de 2015, conocida como "ley mordaza". Entre sus principales reivindicaciones, destaca la retirada de las sanciones económicas impuestas por participar en manifestaciones pacíficas. Asimismo denuncia que muchas conductas que antes se gestionaban por la vía penal con la intervención de un juez ahora pasan por la vía administrativa, donde son los funcionarios los que las valoran. En 2014, participó en varias protestas, como la jornada antirrepresiva contra la ley mordaza organizada por la Coordinadora 25-S en el centro cultural Tabacalera. Procedimiento legislativo en la Unión Europea
El procedimiento legislativo ordinario, se aplica a casi todas las áreas políticas de la UE. En el marco del procedimiento, la Comisión Europea presenta sus propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo. A continuación, envía las modificaciones al Consejo, que puede adoptar el texto con las modificaciones o devolverlo. Esa propuesta puede ser aprobada o nuevas modificaciones pueden ser presentadas por el Parlamento. Si el Consejo no la aprueba, entonces un "comité de conciliación" se forma. El Comité está integrado por los miembros del Consejo y un número igual de eurodiputados que tratan de acordar una posición común. Una vez que se llega a un acuerdo, la posición tiene que ser aprobada nuevamente por el Parlamento por mayoría absoluta. Hay otros procedimientos especiales utilizados en las sectores sensibles que por lo general reducen el poder del Parlamento. Ley Toubon
Sin embargo, le ley Toubon fue fuertemente edulcorada tras un recurso impuesto ante el Consejo Constitucional. El Consejo estimó que los principios de libertad de pensamiento y de expresión, inscritos en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se oponían a que la ley fijase la terminología precisa que deben emplear los organismos de televisión y de radio, así como las personas privadas en el conjunto de sus actividades. El legislador no puede regular más que el vocabulario que deben emplear las personas jurídicas de derecho público y las personas de derecho privado en cumplimiento de una misión de servicio público.