¿Cuántos dictadores argentinos fueron condenados?
Historia de la Argentina
Los militares golpistas fueron detenidos y enjuiciados. Perón y Lucero impulsaron en cambio optaron por aplicar sanciones moderadas. Menéndez fue condenado a 15 años de prisión; Rodolfo Larcher, Armando Repetto y Julio Alsogaray, fueron condenados seis años de reclusión; a cuatro años el capitán Alejandro Agustín Lanusse, Gustavo Martínez Zuviría, Víctor Salas y Costa Paz; fueron sancionados a tres años Manuel Raymúndez y Rómulo Menéndez y a un año Luis Prémoli, Ricardo Echeverry Boneo y Manuel Rojas Silveyra. Ninguno de ellos perdió su grado militar. Los sectores más duros del peronismo, liderados por Eva Perón, sostenían que los delitos cometidos -que incluían un homicidio-, debieron haber sido sancionados severamente, con pérdida de los grados militares y aplicación de la pena de muerte en los casos más graves. El historiador radical Félix Luna opinó que Perón aprovechó el intento del golpe para depurar las fuerzas armadas, desprendiéndose mediante su retiro de oficiales que no habían sido parte de la rebelión. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El coronel retirado Antonio Herminio Simón y el agente de inteligencia del Ejército Alfredo Omar Feito fueron condenados a 19 y 10 años de prisión, respectivamente. Por otro lado, resultaron absueltos el coronel retirado Julián Marino y al teniente coronel José Ramón Pereiro, exmiembros del Batallón de Inteligencia 601.En este juicio se condenó a Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, a 19 años de prisión; y a Jorge Julio Bianchero, extitular de la seccional 3 de Villa Lynch, a 9 años de prisión. Se los juzgó por las desapariciones de Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski, Mirta Silber y Carlos Pérez, que fueron secuestrados el 12 de mayo de 1979. Cuatro de ellos eran estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta. Las seis víctimas permanecen desaparecidas y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Quedó fuera del juicio por cuestiones de salud el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201.Se trata del segundo juicio por los crímenes cometidos en Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Fueron condenados el expolicía federal Pedro Godoy y el exmiembro del Ejército Alfredo Feito. Feito se encontraba prófugo y Godoy había sido recientemente identificado cuando se realizó el primer juicio por ABO. Este juicio fue por los mismos 181 casos que habían formado parte del primer debate oral. Feito fue condenado a 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años por 152 casos. Fue la primera vez que se aplicaron las reglas prácticas de la Cámara Nacional de Casación Penal para la agilización de los juicios elaboradas en 2012.En esta causa fue investigada la responsabilidad de Alberto Carlos Lucena, jefe militar del Área 313, y Juan Daniel Rauzzino, a cargo de la Policía a partir de abril de 1976, por los secuestros de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, militantes de la Juventud Obrera Católica; el sobrino de ellos, Bruno Genaro Burgos, y por Nelly Yolanda Borda, estudiante de bioquímica que militaba en el PRT. Lucena y Rauzzino fueron condenados a 16 y 10 años de prisión, respectivamente.En este juicio se juzgaron los crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones del destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial de Misiones. Los imputados cuya responsabilidad fue investigada en esta causa fueron Carlos Omar Herrero, exteniente coronel a cargo de la Policía desde el 9 de junio de 1976, Felipe Nicolás Giménez, ex comisario de la Policía de Misiones; Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía; Julio Argentino Amarilla, un exagente y Carlos Alberto Pombo, parte del grupo de tareas de la fuerza que operaba en los centros clandestinos dependientes de la policía provincial. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Facino, ya había sido condenado a 20 años de prisión en la causa Brusa.En septiembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de La Rioja condenó al exsoldado José Rodríguez a 20 años del prisión al probar que fue quien dio el disparo que asesinó por la espalda, el 30 de agosto de 1976, al conscripto Roberto Villafañe cuando intentaba huir de un grupo de soldados que querían secuestrarlo.Este juicio tuvo como eje los delitos de los que fueron víctimas 90 presos políticos que se encontraban alojados en la Unidad Penal N.º 9 de La Plata. El principal imputado fue el director del penal, Abel David Dupuy, quien una vez asumió su cargo implementó régimen fuertemente represivo sobre los detenidos. Ese régimen comenzó con una requisa realizada el 13 de diciembre de 1976, cuando fuerzas del Ejército y del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a la cárcel en la madrugada y obligaron a más de 800 detenidos a que salieran de sus celdas a punta de gritos y golpes. Mientras eran torturados, sus pertenencias fueron saqueadas. Los prisioneros fueron clasificados según su filiación política, “peligrosidad” y posibilidades de “recuperación”; también se implementaron nuevas formas de castigo y traslados sorpresivos a otros penales. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
En el juicio se condenó a tres integrantes del Ejército: los coroneles Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y el teniente coronel Hugo César Espeche a reclusión perpetua.El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba inició el 2 de julio de 2010 el debate en la causa conocida como “UPI”, en la que se investigan las muertes de 31 personas que se encontraban detenidas en la Unidad Penitenciaria I de Córdoba. Del grupo del Departamento de Informaciones Policiales (D2) que comandaba Raúl Telleldín (fallecido), llegan a juicio el expresidente de facto Jorge Rafael Videla; el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez; los ex comisarios Jamil Jabour, Luis Alberto Rodríguez y Carlos “Tucán” Yanicelli; los ex suboficiales Ricardo Cayetano Rocha, Marcelo Luna y Calixto Flores; y los civiles Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Ángel “Gato” Gómez (ya tiene una condena). Otros imputados son los ex oficiales superiores Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz, Gustavo Adolfo Alsina, Osvaldo César Quiroga, Emilio Juan Huber y Francisco Pablo D’Aloia. También los ex suboficiales José Antonio Paredes y Carlos Hibar Pérez. Historia de la Argentina entre 1983 y 2003
El juicio oral se inició el 22 de abril y la sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985. Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera fueron condenados a cadena perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a 8 años; y Orlando Ramón Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses. Fueron absueltos los demás miembros de juntas (Omar Domingo Rubens Graffigna, Basilio Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya). La Corte Suprema con posterioridad reduciría levemente las penas de Viola y Agosti. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Entre 2011 y 2014 En la causa conocida como sub zona 14 II fueron sometidos a proceso más de 45 imputados, se dieron por acreditados unos 250 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, a su vez tales ilícitos en el caso de los máximos responsables concurren con el delito de asociación ilícita. Dichos ilícitos fueron caracterizados de “lesa humanidad”, en tanto la Cámara Federal de Bahía Blanca le agregó la figura de “genocidio”. Sin embargo en 2016 los cinco represores condenados fueron liberados tras estar procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. La decisión la tomÓ el tribunal de esa jurisdicción y los beneficiados son Luis Lucero, Miguel Ochoa, Óscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El argumento es que se vencieron los plazos de la prisiones preventivas. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
En este juicio, el tribunal condenó a prisión perpetua a Héctor Gamen y Hugo Pascarelli; a José Néstor Maidana a 22 años y medio de prisión; a Diego Salvador Chemes a 21 años y medio; Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán, a 20 años y medio y Roberto Carlos Zeolitti, a 18 años. Pedro Alberto Durán Sáenz, jefe del centro clandestino, falleció poco antes de que se dictara sentencia.En 2011, en la provincia de Río Negro, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a los ex polícias provinciales Rubén Codina, Víctor Manuel Lobos, Sixto Navarrete y Elfio Navarrete; y a los exmilitares Raúl Lucio Pedernera y Néstor Rubén Castelli; y absolvió a Alberto Mario Marasco por los delitos contra el secretario general de la Seccional Atlántica de la UOCRA y el colaborador de la Seccional Sierra Grande de UOCRA. Ambos fueron secuestrados en Sierra Grande y trasladados a Viedma donde estuvieron privados de su libertad y fueron torturados hasta que recuperaron su libertad. Rubén Codinafue condenado a 8 años de prisión; Víctor Lobos y Sixto Navarrete, a 7 años y 10 meses de prisión; Elfio Navarrete, a 7 años de prisión; Raúl Lucio Pedernera, a 8 años y 6 meses de prisión; y Néstor Rubén Castelli, a 5 años y 2 meses de prisión.En esta causa se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Goya, más precisamente en la Compañía de Ingenieros 7 del Regimiento de Goya y en la Compañía de Telecomunicaciones 121. El 5 de agosto de 2011 fueron condenados cinco exmilitares y un expolicía provincial por la privación ilegítima de libertad agravada y los tormentos sufridos por 16 víctimas. Luis Leónidas Lemos, Juan Ramón Alcoverro, Alberto Silveyra Ezcamendi, Juan Antonio Obregón, Leopaldo Norberto Cao y Romualdo del Rosario Baigorria, fueron condenados a 25 años de prisión por la represión padecida por militantes barriales, docentes y activistas de las Ligas Agrarias.En esta causa fueron condenados Policarpo Luis Vázquez, encargado de inteligencia en la Base Naval marplatense, y Ana María Ferrá, personal civil en la Marina, por los delitos de retención y ocultación de un menor de diez años, la falsificación de las actas y certificados de nacimiento y del DNI al haber anotado a Evelin Karina Bauer Pegoraro como hija propia. También fue condenada la partera Justina Cáceres por la falsificación de documento y supresión del estado civil, retención y ocultación de un menor. El padre de Evelin Karina Bauer Pegoraro, Rubén Santiago, fue secuestrado el 18 de junio de 1977 en La Plata. Su madre, Susana Beatriz, fue secuestrada el mismo día en Constitución cuando estaba embarazada de cinco meses. En octubre dio a luz en el centro clandestino de detención que funcionó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue vista y atendida por sobrevivientes en «la salita de las embarazadas».Se trató del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar realizado en la provincia de Mendoza. fijó fecha de debate en esta causa para el 11 de marzo de 2010. Posteriormente, esa fecha fue suspendida, por lo que el tribunal debe fijar nuevo día de debate. En el mismo se encontraban imputados el ex interventor de Mendoza Tamer Yapur; el ex segundo jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza, Juan Oyarzabal; el ex general Mario Lépori; el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de inteligencia del Ejército, Paulino Furió Etcheverri y los expolicías Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero Lorca, Dardo Migno Pipaon Eduardo Smaha Borzuk y Orlando Óscar Dopazo. Sin embargo, del juicio fueron excluidos Tamer Yapur y Luciano Benjamín Menéndez, por considerar que no se encontraban con las facultades mentales como para enfrentar el mismo. Además, Mario Lépori y Orlando Oscar Dopazo fallecieron antes del término del juicio. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Herrero, fue condenado a 20 años de prisión; Giménez, a 21 años de prisión; Amarilla, a 7 años de prisión; y Pombo, a 7 años de prisión. Asimismo, Mendoza fue absuelto de los cargos.En este juicio la Justicia dio por probada por primera vez la existencia de una «práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad» en «el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar». Esa decisión estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas, en el que se absolvió a Videla por cinco de los seis casos que llegaron a juicio, ya que se consideró que la práctica sistemática no existía y que las apropiaciones eran casos aislados. En el primer tramo de la causa fue condenado Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión. El tribunal condenó además a otros ocho represores: Antonio Vañek a 40 años de prisión, Jorge Acosta a 30 años, Santiago Omar Riveros a 20 años, Reynaldo Benito Bignone y Víctor Gallo a 15 años, Juan Antonio Azic a 14 años, Jorge Luis Magnacco a 15 años de prisión e Inés Susana Colombo a 5 años de prisión. Asimismo, la condena absolvió a Rubén Franco y a Eduardo Ruffo.Se trató del primer juicio realizado en Bahía Blanca fueron condenados a prisión perpetua 11 integrantes del Ejército y tres de la policía federal. Otros dos tres imputados fueron condenados a penas entre 18 y 17 años de prisión. Fueron investigados los crímenes cometidos en perjuicio de 90 víctimas, de las cuales muchas eran militantes de Montoneros, la Juventud Peronista (JUP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Entre los casos también se encuentra la “Masacre de la calle Catriel”, y los casos de dos embarazadas: Olga Souto de Castillo y María Graciela Izurieta.Se trató del tercer tramo de la causa Contraofensiva. Fueron condenados los agentes civiles de inteligencia Carlos Eduardo José Somoza y Jorge Oscar Baca. Ambos utilizaban como sosías los nombres César Ernesto Segal y Juan Omar Boyé para sus tareas asignadas por el Batallón 601. Julio Cirino fue absuelto en primera instancia pero fue condenado en el fallo de la Cámara Federal.En esta causa fueron acumulados cuatro expedientes por los crímenes que damnificaron a 86 personas. Fueron cometidos en la Comisaría 1ª y en el centro clandestino de detención «La Cueva», ambos de Mar del Plata, y en la Comisaría 4ª y la Subcomisaría Díaz Vélez, las dos de Necochea. Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Beccio fueron condenados a prisión perpetua. Seis imputados más fueron condenados a penas de entre 5 y 25 años. Resultaron absueltos en este juicio Aldo José Sagasti y Marcelino Blaustein.El 15 de agosto de 1972 se fugaron 25 presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 de Rawson. Solo seis de los prisioneros lograron escapar a Chile; los 19 restantes se entregaron en el aeropuerto de Trelew al capitán de navío Luis Emilio Sosa. Los detenidos fueron llevados a la base aeronaval Almirante Zar, en donde se mantuvieron incomunicados durante seis días. En la madrugada del 22 de agosto, los prisioneros fueron fusilados por personal militar. Dieciséis murieron y tres lograron sobrevivir. Por estos hechos fueron condenados Sosa y dos marinos más, Emilio Jorge del Real y Carlos Amadeo Marandino. El jefe de la base Rubén Paccagnini y el juez militar Jorge Enrique Bautista fueron absueltos, decisión que fue revocada por la Cámara Federal. En este juicio se dio por acreditado que el inicio del Plan Clandestino de Represión fue anterior al golpe de 1976. El tribunal ordenó que se solicite la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y está acusado de haber sido uno de los autores de la masacre.En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la llamada Subzona 52 se juzgó a 21 imputados. Se investigaron secuestros producidos en distintas ciudades de la región: Neuquén (incluyendo el operativo en el barrio Sapere), Cipoletti, Cinco Saltos, Cutral Có, Junín de los Andes, General Roca, Plottier, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche.En 2012 el Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a Antonio Musa Azar a cadena perpetua. Fue un fallo histórico en el cual se condenó el abuso deshonesto (sexual) (violaciones sexuales) en perjuicio de un detenido varón.
Indulto
Hubo también una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente de la Argentina Carlos Menem, indultando civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de mil doscientas personas. Raúl Alfonsín
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado "Nunca Más" y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70 000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica. Iglesia católica en Argentina
Según las fuentes, el Papa Francisco salvo la vida de más de 25 personas en la última dictadura militar Argentina. Aldo Duzdevich, político y guerrillero argentino, quien integró Montoneros, relato de esta forma el trato del Papa Francisco a Jorge Rafael Videla para liberar a los detenidos en la ESMA: Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a Eduardo Rodolfo Cabanillas, a prisión perpetua; Honorio Carlos Martínez Ruiz, a 25 años de prisión; Raúl Antonio Guglielminetti, a 20 años de prisión; Eduardo Alfredo Ruffo, a 25 años de prisión. Rubén Víctor Visuara, murió antes de que se dictara la sentencia; y Néstor Horacio Guillamondegui, fue separado del juicio por un problema de salud.En 2011, el Tribunal Oral Criminal Federal de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares; Reynaldo Bignone, exjefe del Estado Mayor; segundo comandante de dicho Cuerpo; Martín Rodríguez, exoficial de inteligencia; Juan Fernando Meneghini, ex comisario de la comisaría 1.ª de la localidad de Escobar; y Luis Abelardo Patti quien había cumplido funciones como Oficial Subinspector en la misma seccional policial. Alfredo Astiz
En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Alfredo Astiz. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad. Plan Cóndor
En 2017 la justicia falló en primera instancia condenando a cadena perpetua a ocho de los acusados, entre ellos el dictador boliviano Luis García Meza, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez y su primer ministro Pedro Richter Prada y el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco, entre otros. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Colombo fue gobernador de Formosa entre 1976 y 1981 y fue condenado por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, cometidos en el ámbito del territorio a su mando. En el juicio declararon contra Colombo más de 150 testigos. Durante el mismo se pudo probar que, como gobernador, destinó recursos económicos a las fuerzas armadas y de seguridad, principalmente a las pertenecientes al Regimiento de Infantería de Monte 29, para el manejo y puesta en marcha de centros clandestinos de detención.El Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas condenó con fecha 16 de octubre de 2009, a los excoroneles Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti a prisión perpetua, por considerarlos responsables por delitos de lesa humanidad cometidos en Misiones, en el centro clandestino de detención conocido como «la Casita de los Mártires», en las afueras de Posadas durante el último gobierno militar, como responsable del Área 232 y gobernador de facto de la provincia, respectivamente (Causa 67/09). Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina
Durante más de 25 años normas como las de Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final impidieron en Argentina llevar ante los tribunales penales a todos los acusados de delitos de secuestros, desaparición forzada, torturas, asesinatos en los años de la dictadura militar. Por este motivo, los organismos de derechos humanos y de familiares de los desaparecidos buscaron ayuda en el exterior, para alcanzar la verdad y la justicia. Desde 1985 se abrieron procesos judiciales en Italia, por los ciudadanos de origen italiano desaparecidos en Argentina. El primer juicio concluyó en Roma el 6 de diciembre de 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Omar Riveros. En ese juicio el Tribunal de Roma también condenó a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin, culpables del delito de homicidio en el caso de Martino Mastinu. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Por su parte, el exintegrante de la fuerza de seguridad Calixto Flores, fue absuelto. En 2012, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las sentencias, revocó la absolución dictada a Flores y lo condenó a seis años de prisión.El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el 23 de diciembre de 2009 a 21 años de prisión a Víctor Hermes Brusa -exjuez federal y al momento de los hechos juzgados, secretario federal-; a 22 años de prisión a Juan Calixto Perizzotti; a 23 años de prisión a Héctor Colombini y Eduardo Ramos; a 20 años de prisión a Mario José Facino y a 19 años de prisión a María Eva Aebi, por delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes de la D2 (Departamento de Informaciones Policiales de la provincia de Santa Fe) (Causa 03/08). Revolución Libertadora (Argentina)
Revolución Libertadora según el nombre con que se autodenominó, o Revolución Fusiladora, según el nombre con que es denominada por sectores opositores, fue la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional, Juan Domingo Perón, clausurar el Congreso Nacional, deponer a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, municipales y universitarias y puesto en comisión a todo el Poder Judicial mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años, organizó elecciones condicionadas que trasladó a un gobierno encabezado por el radical Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958, quien también sería derrocado en 1962. Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina
El Gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a penas por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales responsables. Era la primera vez que se enjuiciaba ―sin más armas que las leyes― a quienes detentaron la suma del poder público. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la República desde 1922. Este fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad. Secuestro de niños
Durante la última dictadura argentina entre 1976 y 1983 se realizó un secuestro sistemático de niños y bebés con fines políticos. Sin contar los niños que fueron secuestrados junto a sus padres pero luego aparecieron con vida, once niños fueron secuestrados junto a sus padres y nunca aparecieron. Otros cuatro aparecieron muertos. Se estima que aproximadamente unos quinientos niños fueron secuestrados-desaparecidos y crecieron sin saber quiénes eran ellos o sus padres. Estos niños fueron dados en adopción ilegalmente y anotados como propios por sus apropiadores. Hasta 2013 habían sido recuperados 109 nietos por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Casos de gran repercusión mediática:Casos de gran repercusión mediática: Inflación en Argentina
Al dúo Videla/Martínez de Hoz le siguieron tres dictadores que gobernaron poco tiempo, Roberto Viola (8 meses), Leopoldo Fortunato Galtieri (6 meses) y Reynaldo Bignone (un año y medio). En esos casi tres años la inflación se mantuvo en ascenso por encima de los tres dígitos, alcanzando su pico en 1983, con 343,8%. Historia de la Argentina entre 1963 y 1983
Tras un efímero intento de dictadura que preservara los avances sociales del peronismo, dirigido por el general Eduardo Lonardi, la llamada Revolución Libertadora encumbró como dictador a Pedro Eugenio Aramburu que inició una política de persecuciones y detenciones masivas con el fin "desperonizar" al país y regresar a la economía agroexportadora. La mayoría de los partidos que fueron opositores al peronismo (UCR, PS, PDN, PDP, PDC) integraron la dictadura formando la Junta Consultiva Nacional. Se consideró delito incluso el canto de la marcha peronista. Un intento de contragolpe de estado fue aplastado y sus líderes –además de decenas de civiles– fueron fusilados o asesinados clandestinamente. La reforma constitucional de 1949 fue dejada sin efecto y la dictadura patrocinó una nueva reforma constitucional impugnada por gran parte del arco político. No obstante, el peronismo no desapareció: una inorgánica "resistencia peronista" alarmaba continuamente al país por medio de atentados incruentos, mientras varios grupos intentaban evadir la proscripción por medio de varios partidos "neoperonistas". En las elecciones sindicales de 1957 el peronismo volvió a ganar la mayoría de los sindicatos. Plan Cóndor
La sentencia inicial fue apelada y en julio de 2019 la justicia italiana condenó en ausencia y en segunda instancia a cadena perpetua a 24 represores, entre ellos el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez, el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco y varios exmilitares. Historia LGBT en la Argentina
El Senado de la Nación creó una comisión especial para investigar el caso, a pedido de los senadores Gilberto Suárez Lago, Héctor González Iramain y el futuro candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, José Tamborini. Ballvé Piñero fue condenado a doce años de prisión; Ernesto Brilla a nueve años; Romeo Spinetto y Jorge Olchansky fueron condenados a seis años de prisión; Adolfo Goodwin y Podestá Méndez fueron condenados a cinco años de prisión; fueron condenados también a cuatro años y fracción Andrés Lucantis, Miguel Ángel Brest Miranda, Blanca Abratte, Javier Calvo y Mario Villafaño. Historia de la Argentina entre 1963 y 1983
El gobierno dictatorial desplazó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y a los gobernadores e intendentes de todo el país. Centenares de miembros del gobierno fueron arrestados. Los cargos en el gabinete, las gobernaciones de provincia y prácticamente cada nivel de administración fueron repartidos en partes iguales entre las tres armas y los grupos civiles que formaron parte de la conspiración golpista. Como ya había sucedido en 1966, el nuevo gobierno no se consideró provisional, anunció que tenía objetivos y no plazos, y se dispuso a modificar por completo la política, la sociedad y la economía nacionales. Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina
El propio dictador Jorge Rafael Videla indicó en una entrevista que las desapariciones podían llegar "hasta 30 000": Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos ha desarrollado a lo largo de su trayectoria una inquebrantable lucha a favor de la memoria, verdad y justicia para las víctimas de los crímenes cometidos por la última dictadura argentina (1976-1983); unos crímenes que constituyen en su conjunto un delito penal de genocidio, tal como ha sido reconocido judicialmente por primera vez en Argentina en una sentencia del año 2006. Historia de la Argentina
La alta conflictividad política y social generada durante la "«Revolución Argentina»" y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Trata de personas en Argentina
La causa llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en diciembre de 2013 se expidió revocando el fallo absolutorio y condenando a todos los imputados.La sentencia final fue el 8 de abril de 2014; José Fernando "Chenga" Gómez, Gonzalo José "Chenguita" Gómez, Mariana Natalia Bustos, Juan Humberto Derobertis, Cinthia Paola Gaitán, Carlos Luna, Daniela Natalia Milhein, Alejandro González, Domingo Pascual Andrada y María Azucena Márquez; con penas entre 15 y 22 años de prisión. Historia de la Argentina entre 1983 y 2003
El presidente Menem continuó con la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que había iniciado Alfonsín luego de los levantamientos militares carapintadas. A tal fin entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, dictó diez decretos indultando a civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de 1.200 personas. Las organizaciones de derechos humanos criticaron duramente los indultos, exigiendo su derogación. Finalmente en 2003, las llamadas leyes de impunidad dictadas por Menem y Alfonsín serían anuladas por el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Pese a los indultos el 3 de diciembre de 1990 se produjo un nuevo levantamiento "carapintada" (el cuarto y último) que causó trece muertos y decenas de heridos. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
A Brusa se lo condenó por ser autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Alicia Sánchez, Daniel Oscar García, José Ernesto Schulman, Mariano Eusebio Millán y Roberto Jorge Cepeda -8 hechos-, en concurso real. Colombini y Ramos fueron condenados como coautores penalmente responsables de los delitos de tormentos y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas. Perizzotti fue condenado por ser coautor penalmente responsable de los delitos de tormentos y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de las víctimas Bugna, Pacheco, Cámara, Traba e Isasa (5 hechos), todos en concurso real. Aebi fue condenada por ser coautora penalmente responsable de los delitos de tormentos en perjuicio de las víctimas Bugna, Vallejos, Cámara, Traba y Gómez y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de Bugna, Vallejos, Cámara, Traba, Gómez e Isasa, 6 hechos, todos en concurso real. Facino fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de tormentos en perjuicio de Isasa y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de las víctimas Schulman, Almada e Isasa (3 hechos); todos en concurso real.El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el 12 de abril de 2010, al exagente secreto del Ejército Horacio Américo «Quique» Barcos, a once años de prisión por «privación ilegal de la libertad agravada» y «tormentos» en dos casos, en concurso real, y unificó la pena con otra anterior por «extorsión» a un empresario de Tres Arroyos, en 2003, lo que significa una condena única y efectiva de 15 años de cárcel, hasta 2025 (Causa 43/08). Negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina
Ya en democracia, y condenado por el genocidio, reconocería la intención de ocultar los delitos afirmando que «"no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta 5000, 10 000, 30 000. No había otra manera. Había que desaparecerlos»". Juicio Plan Cóndor
La sentencia del TOF condenó a 15 acusados y absolvió a dos, Juan Avelino Rodríguez y a Carlos Tragant. La causa empezó con 31 condenados, pero muchos fallecieron en el camino, entre ellos, el expresidente de facto Jorge Rafael Videla. Víctor Alejandro Gallo
En el año 2012 junto a su esposa Susana Colombo, el exdictador Jorge Rafael Videla, Antonio Vañek, Jorge “Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Juan Antonio Azic y Jorge Luis Magnacco, fue juzgado por el plan sistemático y los secuestros de los niños apropiados. La sentencia remarcó dio por probado que la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Anarquismo en Argentina
En 1931 los anarquistas Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago Mainini, de la ciudad de Bragado (provincia de Buenos Aires), fueron torturados y condenados a prisión por un crimen que no habían cometido; el caso fue conocido como los «presos de Bragado». Se inició una intensa campaña por esclarecer el hecho y en solidaridad con los detenidos. Finalmente serán liberados el 8 de julio de 1942 por conmutación de la pena. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El debate oral comenzó en 2013 con un total de 27 imputados. Cuatro fueron apartados por razones de salud y seis fallecieron durante el juicio.En julio de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dictó sentencia sobre las «ligas agrarias», crímenes cometidos contra 12 víctimas, siete de ellas pertenecientes al movimiento campesino, por entonces de gran influencia en la zona tabacalera y algodonera, que fue duramente perseguido en diferentes localidades de la provincia. El Tribunal condenó a 15 años al ex jefe de la Agrupación “Mesopotamia Sur” de Gendarmería Nacional de Curuzú Cuatiá, Domingo José Issler; a 3 años a Juan Carlos Medrano Caro; y a 2 años y 6 meses a Julio Miguel Plazaola. Asimismo, absolvió a Ángel Ricardo López Ferro, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Manuel Arrillaga y Julio Santiago Canteros resultaron absueltos.El 25 de agosto de 2016 concluyó el juicio por los crímenes cometidos en los centro clandestino de detención «La Perla – Campo La Ribera», en Córdoba. Luego de tres años y nueve meses de debate oral se dictaron 28 condenas a prisión perpetua y 10 condenas a penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión. También hubo cinco absoluciones. Los hechos que se investigaron incluyen delitos cometidos antes del golpe de 1976, entre los que además se encuentran casos de violencia sexual perpetrados por un grupo de policías contra las personas secuestradas en el centro clandestino que funcionó en el D2.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín dictó una condena de 25 años de prisión para Omar Graffigna y Luis Tomás Trillo, y de 12 años para Francisco Gómez por los delitos ocurridos en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Los condenados fueron hallados culpables de la privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Es la primera condena que recibe el ex jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la segunda Junta Militar de la dictadura, Omar Graffigna, luego de su absolución en el Juicio a las Juntas. También es la segunda condena que recibe Francisco Gómez, agente de inteligencia de la Fuerza Aérea, quien fue hallado penalmente responsable de la apropiación de Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit, nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovsky de Roisinblit.El 17 de agosto de 1976, Ricardo Alberto Cittadini, un estudiante de 21 años de Ciencias Económicas de La Plata y militante de la Juventud Peronista, fue detenido en Plaza Constitución por patrulleros de la comisaría 28ª de Capital Federal por «averiguación de antecedentes», lo que llevó a su desaparición. En agosto de 2016, Miguel Alcides Viollaz y Nicomedes Mercado fueron declarados coautores penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad, y condenados a cinco años de prisión. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
En 1989 y en 1990, Carlos Menem firmó una serie de decretos en los que indultaba a civiles y militares condenados por delitos durante la dictadura militar, mediante los que fueron liberadas más de 1200 personas. Entre los indultados se encontraban todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Ramón Camps, Ovidio Riccheri, Norma Kennedy, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason. Vuelos de la muerte (Argentina)
El 23 de abril de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar de los años 1970 a Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Oscar Montes, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio Coronel, Ernesto Weber y Jorge Radice. El 29 de noviembre de 2017 en la sentencia ESMA fueron condenados por primera vez en la historia a cadena perpetua los pilotos Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino dando por probada la existencia de los vuelos de la muerte como estrategia sistemática de exterminio durante la última dictadura cívico militar. Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina
Los condenados permanecieron presos hasta que en 1990 el presidente justicialista Carlos Menem los indultó permitiendo la liberación de los que no estaban procesados por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres. Mulhall, Carlos Alberto y otros
El Tribunal condenó a los procesados Joaquín Cornejo Alemán, Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray y Carlos Alberto Mulhall a prisión perpetua y a Julio Oscar Correa , Víctor Hugo Almirón, Mario Reinaldo Pachao, Juan Manuel Ovalle, Felipe Caucotta, Raúl Eduardo Toledano, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega y Jacinto Ramón Vivas a penas entre 5 y 10 años de prisión, en todos los casos con más la de inhabilitación absoluta. Leyes de impunidad (Argentina)
En Argentina el término leyes de impunidad, se refiere a dos leyes y una serie de decretos presidenciales sancionados entre 1986 y 1990, mediante los cuales se impidió el juzgamiento o la ejecución de las condenas contra autores de crímenes de lesa humanidad, durante el Terrorismo de Estado llevado a cabo por la Junta Militar en el último golpe de Estado cívico-militar, que ejerció el gobierno en el periodo de 1976-1983. El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema dictó una sentencia que permite reducir considerablemente las condenas de las personas halladas culpables de delitos de lesa humanidad, por aplicación del llamado "dos por uno". Juicio El Vesubio
Se calcula que por El Vesubio pasaron cerca de 1500 secuestrados pero en los dos juicios que hubo, se juzgaron a doce represores por unas 300 víctimas. En 2011, se condenó a siete represores por más de veinte homicidios y cerca de un centenar de secuestros y torturas. El general Humberto Gamen y el coronel Idelbrando Pascarelli recibieron reclusión perpetua, en tanto los penitenciarios Chemes, Maidana, Zeolitti, Martínez y Erlán recibieron penas de entre 18 y 22 años. Los jueces ordenaron además investigar a los guardias del Servicio Penitenciario y las violaciones y delitos de índole sexual denunciados durante las audiencias. La Cacha
Fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata: Carlos del Señor Hidalgo Garzón: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Claudio Raúl Grande: 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; Emilio Alberto Herrero Anzorena: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Carlos María Romero Pavón: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Gustavo Adolfo Cacivio: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Jorge Héctor Di Pasquale: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Raúl Ricardo Espinoza: 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; Héctor Raúl Acuña: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Juan Carlos Herzberg: 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; Jaime Lamont Smart: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Roberto Armando Balmaceda: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Ricardo Armando Fernández: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Rufino Batalla: 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; Isaac Crespín Miranda: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Pedro Anselmo Palavezzati: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Miguel Ángel Amigo: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Miguel Osvaldo Etchecolatz: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Julio César Garachico: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Horacio Elizardo Luján: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Aníbal Teodoro Gauto conocido como Yosef Carmel, se encuentra prófugo de la Justicia argentina y vive en Israel por lo cualno pudo continuarse por ahora su proceso. Masacre de Trelew
A mediados de 1972 gobernaba la Argentina una dictadura liderada por el general Alejandro Agustín Lanusse. Desde 1968, varias organizaciones guerrilleras habían surgido para combatir la dictadura y cientos de guerrilleros y militantes habían sido encarcelados. En el Penal de Rawson, ubicado en la Patagonia, estaban detenidos alrededor de doscientos reclusos, miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, que se pusieron de acuerdo para organizar conjuntamente una fuga. La cárcel estaba custodiada por 70 guardiacárceles -de los cuales la mitad estaban armados- y una compañía antiguerrillera de 120 hombres, acampada a tres cuadras. A esas fuerzas se sumaba la base aeronaval ubicada en Trelew, a 20 km, que contaba con dos batallones con un total de 1200 soldados. El jefe del operativo era Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (ERP), aunque algunas declaraciones —especialmente la de Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros, afirman que Marcos Osatinsky (FAR) había comenzado a planificar la fuga antes de que Santucho llegara al penal. Estos dos dirigentes, junto a Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), Roberto Quieto (FAR), Enrique Gorriarán Merlo (ERP) y Domingo Menna (FAR), integraron el Comité de Fuga. Samuel Gelblung
[[Archivo:Cortazar2.jpg|thumb|El escritor argentino [[Julio Cortázar]] (1914-1984) denunció que la [[Proceso de Reorganización Nacional|dictadura cívico-militar argentina]] asesinó a 30 000 personas. Por ello Chiche Gelblung lo consideraba uno de los jefes de la «campaña antiargentina». Historia de la Argentina
El presidente Menem continuó con la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que había iniciado Alfonsín luego de los levantamientos militares carapintadas. A tal fin entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, dictó diez decretos indultando a civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de 1200 personas. Las organizaciones de derechos humanos criticaron duramente los indultos, exigiendo su derogación. Las así llamadas leyes de impunidad, dictadas por Menem y Alfonsín, serían anuladas en 2003. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Su entonces jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, fue condenado a 25 años de prisión; el exgeneral Osvaldo García a 18 años; los ex oficiales Raúl Harsich y Cesar Fragni, a 8 años de prisión; y el ex comisario Alberto Aneto, a 14 años de prisión. Todas las condenas son de cumplimiento efectivo en el penal de Marcos Paz. Genocidio (Derecho español)
En 1997 el juez Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y torturas de presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983, incluyendo al almirante Jorge Isaac Anaya. La solicitud fue rechazada por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad. Fuga del Penal de Rawson
A mediados de 1972 gobernaba la Argentina una dictadura liderada por el general Alejandro Agustín Lanusse. Desde 1968, varias organizaciones guerrilleras habían surgido para combatir la dictadura y cientos de guerrilleros y militantes habían sido encarcelados. En el Penal de Rawson, ubicado en la Patagonia, estaban detenidos alrededor de doscientos reclusos, miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, que se pusieron de acuerdo para organizar conjuntamente una fuga. La cárcel estaba custodiada por 70 guardiacárceles -de los cuales la mitad estaban armados- y una compañía antiguerrillera de 120 hombres, acampada a tres cuadras. A esas fuerzas se sumaba la base aeronaval ubicada en Trelew, a 20 km, que contaba con dos batallones con un total de 1.200 soldados. El jefe del operativo era Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (ERP), aunque algunas declaraciones —especialmente la de Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros, afirman que Marcos Osatinsky (FAR) había comenzado a planificar la fuga antes de que Santucho llegara al penal. Estos dos dirigentes, junto a Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), Roberto Quieto (FAR), Enrique Gorriarán Merlo (ERP) y Domingo Menna (FAR), integraron el Comité de Fuga. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Barcos, es un civil, que operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, fue juzgado y condenado por integrar un grupo de tareas que en mayo de 1978 secuestró a la bibliotecóloga Amalia Ricotti y a su marido, el historiador y exdirigente de CTERA, Alberto Tur, hoy fallecido, y de haberlos sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978, en el centro clandestino de detención conocido como «La Casita» o «Fábrica», situado en cercanías de la ciudad de Santa Fe.En abril de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a los imputados Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo, ambos coroneles retirados, a la pena de 20 años de prisión por el homicidio simple y privación ilegal de la libertad de Aldo Melitón Bustos, hechos ocurridos el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal (Causa 3050/09). Ambos fueron los primeros condenados por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Salta. Actividades de la CIA en Argentina
Durante los años 1990 fueron indultados casi 300 militares y civiles involucrados en terrorismo de estado y organizaciones político - militares. Argentina experimentó dos de los ataques terroristas más grandes en su historia: el AMIA (la Asociación israelí) y los bombardeos a la Embajada israelí, que dejaron un total de más de cien personas muertas. Hasta hoy, los autores de los bombardeos son todavía desconocidos. La ineficiencia de los servicios de inteligencia es vista como la razón principal de este fracaso institucional. En agosto de 2000, el jefe del estado la Agencia de inteligencia, Fernando de Santibañes, fue acusado de pagar sobornos a senadores de la oposición en el Congreso para promulgar una ley de trabajo. El escándalo creó una crisis institucional dentro de Argentina. El jefe de la agencia y varios senadores dimitieron el mes pasado. Además, el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez también dimitió como un acto de protesta, ya que creía que el Poder ejecutivo no condenaba ni condenaría activamente el episodio. Un Juez Federal todavía investiga el caso en la actualidad. Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina
El 25 de enero de 2016, el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y director del teatro Colón Darío Lopérfido, de la Unión Cívica Radical, dijo sobre el número de víctimas de la dictadura cívico-militar: «En Argentina no hubo 30 000 desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada para conseguir subsidios». El Estado solo subsidió a los familiares de 9334 desaparecidos "denunciados". Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El excomisario bonaerense Luis Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenado a prisión perpetua.El Tribunal Oral Federal de Resistencia juzgó en la causa conocida como “Masacre de Margarita Belén” a los exmilitares Gustavo Athos Renes, Jorge D. R. Carnero Sabol, Ernesto Jorge Simóni, Aldo Héctor Martínez Segón, Luís Alberto Patetta, Germán Emilio Riquelme, Horacio Losito y Guillermo Reyes, como presuntos autores de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el número de partícipes y desaparición forzada de personas. También están imputados los expolicías Marcelo Carballo y Luis Chas, bajo la misma calificación legal, pero en la modalidad de partícipes secundarios. Todos ellos actuaban bajo el comando operacional del II Cuerpo de Ejército Argentino. Historia de la Argentina entre 1943 y 1963
La Marina fue la gran derrotada, perdiendo el lugar prioritario que había ganado al interior de las Fuerzas Armadas a partir de 1955. Los tribunales militares condenaron a 139 oficiales, pero el mismo día de la condena fueron perdonados por el presidente Guido. El 90% de los almirantes y el 40% de los capitanes de navío perdieron sus cargos, y la fuerza fue reducida significativamente. El general Onganía y sus principales oficiales (Julio Alsogaray, Alejandro Agustín Lanusse, Roberto Marcelo Levingston, Alcides López Aufranc) fueron los grandes ganadores, recuperando la hegemonía del Ejército en las Fuerzas Armadas y procediendo a purgar el Ejército para crear un cuerpo unificado bajo la cadena de mandos, con amplia autonomía política, que sería decisivo en las dictaduras permanentes instaladas en 1966 y en 1976, así como la generalización del terrorismo de Estado en las dos décadas siguientes. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
En 1996 el Juzgado n.º 5 de la Audiencia Nacional española inició una investigación por los delitos de terrorismo y genocidio contra españoles durante la dictadura militar en Argentina. En estas causas se encuentran imputados decenas de represores argentinos para los que se ha solicitado extradición. En ese marco en 2005 fue condenado el represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
El primer tribunal que estableció que en Argentina se había cometido un genocidio, fue la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, en su sentencia del el 4 de noviembre de 1998 que condenó a Adolfo Francisco Scilingo. El tribunal español sostuvo entonces que: Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Jorge Anaya. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó la pena de 12 años de prisión para el ex suboficial de Inteligencia Luis Alberto Tejada y 5 años de prisión domiciliaria para su esposa, Raquel Josefina Quinteros; los apropiadores de Jorge, quienes lo anotaron como Carlos Alberto Tejada.En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura cívico militar, estuvieron detenidas cerca de 5.000 personas, de las que solo sobrevivieron alrededor de 200. En la primera sentencia sobre crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención se juzgaron secuestros, torturas, homicidios y robos de bienes cometidos contra 86 víctimas, 28 de las cuales permanecen desaparecidas. Por estos hechos fueron condenados 12 integrantes de la armada, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Ricardo Miguel Cavallo, un integrante de prefectura, uno del ejército y dos de la policía federal. Dos imputados fueron absueltos. Formaron parte del juicio casos de gran repercusión como los homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet; de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga; y del periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. En la sentencia se ordenó iniciar investigaciones por los casos de violencia sexual, de niños secuestrados con sus padres y por el funcionamiento de la maternidad clandestina. El tribunal también ordenó una medida de protección sobre el campo de deportes de la ESMA, sobre el que se sospecha que fue utilizado para la incineración o entierro de cuerpos. Por último los jueces le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que promueva ante los organismos internacionales la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de genocidio.Se trató del segundo juicio por la Unidad Penal N.º 9 de La Plata. En el mismo fue investigada la responsabilidad del exagente del Servicio Penitenciario Federal Pedro César Guerrero, quien quedó fuera del juicio anterior por haber estado prófugo durante dos años. A Guerrero lo apodaban «el sátiro de la zapatilla» porque solía «golpear con una zapatilla la planta de los pies de los presos de manera intermitente». También lo llamaban «Pamperito» por la brutalidad con la que aplicaba los tormentos. Pedro César Guerrero fue condenado a nueve años de prisión.En este juicio se juzgaron los homicidios de Margarita Susana Azize Weiss de Tello y de Juan Carlos Aguirre, quienes fueron asesinados por fuerzas de seguridad en el marco de un operativo en la provincia de Tucumán desarrollado el 12 de julio de 1976. Se encontraban imputados el Jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Provincial Roberto Heriberto Albornoz, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi. Menéndez fue apartado del juicio por encontrarse ausente por superposición con otros juicios. Bussi falleció horas después del comienzo del juicio. Albornoz fue condenado a la pena de prisión perpetua por los homicidios. Reynaldo Bignone
El 12 de marzo de 2013, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, halló responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad al otrora último dictador de la República de Argentina, general Bignone, por los casos de Campo de Mayo (secuestros, tormentos y desapariciones producidas en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en el mayor cuartel militar del país), condenándolo a cadena perpetua. Jorge Rafael Videla
Dos años después de restablecerse el régimen democrático en Argentina en 1983, fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos durante su gestión presidencial. Fue sentenciado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar en 1985. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal lo halló penalmente responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegales de la libertad calificada, aplicaciones de tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documentos, sustracciones de menores, y tormentos seguidos de muerte. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986. Juicio político de 1947 en Argentina
Los acusados eran los jueces Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto y el procurador Juan Álvarez. La sentencia dictada el 30 de abril de 1947 dispuso remover de sus cargos a todos ellos, con excepción de Repetto que había renunciado previamente. Una de las acusaciones fue la de haber legitimado las dictaduras de 1930 y 1943. Querella argentina contra los crímenes del franquismo
El 12 de noviembre de 2014 para la Interpol solicitó la detención a 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Franco, entre las que se encuentran Rodolfo Martín Villa, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio, Benjamin Solsona Cortes, José Utrera Molina y Fernando Suárez González. Inmediatamente, el ministro de justicia español, Rafael Catalá, adelantó que la Audiencia Nacional negaría la extradición a Argentina de los veinte acusados. El 13 de marzo de 2015, el Consejo de Ministros denegó oficialmente la extradición de los exministros Utrera Molina y Martín Villa, luego de retrasar el proceso al solicitar más información a Argentina. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El exgeneral de Brigada Enrique Braulio Olea, responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros de Montaña 181, fue condenado a 25 años de prisión por ser partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada (17 hechos), tormentos y asociación ilícita. Igual condena recayó sobre los excoroneles Mario Alberto Gómez Arena –entonces jefe del Destacamento Inteligencia- y Oscar Lorenzo Reinhold– quien se desempeñaba como jefe del Comando de Brigada de la Subzona 52- por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos físicos y psíquicos, por ser las víctimas perseguidos políticos, violación de domicilio, robo y asociación ilícita. Al excoronel Reinhold, se lo condenó también por el delito de coacción. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Este juicio fue una causa residual de por la que se condenó en 2013 a los represores Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Benito Vera a prisión perpetua por eso mismos asesinatos. El único imputado en esta causa fue Ángel Ricardo Pezzetta, que en 1976 era uno de los jefes de la Base Aérea de Chamical, acusado de «privación ilegítima de la libertad calificada por simulación de autoridad pública, dos hechos en concurso real, homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas». Represalia por la masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, 25 presos pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo; las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, se fugaron del penal de Rawson en la provincia de Chubut. Seis de ellos lograron llegar a Chile y los 19 restantes se entregaron cuando estaban rodeados sin posibilidad de escape, luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 22 de agosto, los 19 prisioneros fueron fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar y solo tres sobrevivieron. A los pocos días, en una improvisada conferencia de prensa en Cuba, tres de los fugados, Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky y Fernando Vaca Narvaja, afirmaron que aquellos asesinatos habían sido una «salvaje y desesperada respuesta de la dictadura» a los reclamos populares, reafirmaron, con la consigna «la sangre derramada no será negociada» que seguirían en la lucha «hasta la victoria final» y que «la unidad de los revolucionarios, sellada con sangre en Trelew» sería el legado a conservar por las organizaciones armadas de izquierda. Se fueron produciendo hechos de violencia que incluyeron el asesinato de tres militares y cinco policías argentinos, un político retirado y, al parecer, un ejecutivo, invocando que eran represalias por los muertos de la base de Trelew, durante la dictadura militar precedida por Lanusse y de las Presidencias de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Además, en su libro "Soldados de Peron", Richard Gillespie afirma que dos pelotones de Montoneros fueron nombrados Mariano Pujadas y Susana Lesgart, en memoria a dos de los guerrilleros asesinados en aquella oportunidad. En 2012, la justicia argentina declaró esos fusilamientos como «crímenes de lesa humanidad» y condenaron a prisión perpetua a los militares involucrados. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El tribunal fijó la pena de 20 años de prisión para Carlos Tepedino, ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia; condenó a 18 años de prisión a Jorge Osvaldo García, exdirector de la Escuela de Infantería; y a 17 años a Eugenio Guañabens Perelló, de 83 años, exdirector de la Escuela General Lemos. Germán Montenegro, de 78 años, jefe de la comisaría de Bella Vista en 1977, resultó absuelto.En julio de 2010, el Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata condenó al ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina a la pena de prisión perpetua por considerarlo penalmente responsable de los crímenes cometidos en contra de 40 víctimas del centro clandestino de detención «La Cueva», en Mar del Plata. En este juicio se responsabilizó por primera vez a un integrante de las Fuerzas Armadas por dos casos de violencia sexual. En la sentencia, el tribunal aseguró que las violaciones “no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar”.El 8 de julio de 2010, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua al exjefe de Inteligencia de la Policía de Tucumán, Roberto Heberto Albornoz, y al exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravada, torturas seguidas de muerte, homicidios agravados por alevosía y por concurso premeditado de dos o más partícipes, todos en concurso real (Causa 29/09), . Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina
Las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina son víctimas del crimen de desaparición forzada antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar que hubo en Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. Encerradas en centros clandestinos de detención, eran sometidas a torturas y en muchos casos asesinadas. Las primeras desapariciones y los primeros centros clandestinos de detención se instalaron en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y continuaron hasta 1984, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema dictó una sentencia admitiendo que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva. La sentencia se dictó en la causa «Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario» (CSJ 1574/2014/RH1) y benefició a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a trece años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde 2007. La Corte consideró aplicable al caso el artículo 7 de la Ley N.º 24 390, conocida como Ley del Dos por Uno, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. El fallo fue dictado por tres votos a favor (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos votos en contra (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda). La sentencia fue cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, que la consideraron un acto de impunidad, asociándola con las llamadas leyes de impunidad, sancionadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, desencadenando varias denuncias penales contra sus autores y pedidos de juicio político. Historia del deporte en Argentina
En 1955, tomó el poder una dictadura militar que persiguió a gran cantidad de deportistas por razones políticas -entre ellos la tenista Mary Terán de Weiss, el campeón mundial de básquetbol Miguel Ballícora, el medallista olímpico en remo Eduardo Guerrero, Tranquilo Cappozzo, la nadadora Enriqueta Duarte, el atleta Osvaldo Suárez y el corredor Walter Lemos- y redujo sustancialmente el apoyo económico al deporte amateur, dando origen a varias décadas de fuerte retroceso deportivo, en términos generales. En Argentina entre 1955 y 1959 durante las dictaduras de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu se prohibió la actuación de figuras deportivas por haber tenido contacto con el justicialismo, que fueron incluidos en listas negras. En 1960, Argentina fue el único país iberoamericano en participar en los primeros Juegos Paralímpicos realizados en Roma. En Tokio 1964 la delegación argentina obtuvo 36 medallas paralímpicas (6 de oro) y en Tel Aviv 1968 obtuvo 30 medallas paralímpicas (10 de oro), ocasión en la que el equipo paralímpico de atletismo salió segundo en el medallero de competencias femeninas y tercero en el de las masculinas. En ambos juegos se destacó la atleta Silvia Cochetti, máxima medallista de la historia argentina, con trece medallas, cinco de ellas de oro. Corrupción en Argentina
Julio de Vido, ministro de Obras Públicas entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fue condenado el 10 de octubre de 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado por no haber intervenido, en su rol para controlar la gestión de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y la prestación del servicio, lo cual llevó al accidente ferroviario en 2012, que tuvo como consecuencia 52 muertos y numerosos heridos. El 22 de diciembre de 2020 la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena. José Antonio Vaquero
En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Luciano Benjamín Menéndez. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
El 22 de diciembre de 2010, Jorge Rafael Videla, máximo responsable del terrorismo de Estado, fue condenado a prisión perpetua en una cárcel común. Un día antes de la sentencia, Videla volvió a insistir en que en la Argentina hubo una «guerra interna». Sin embargo, uno de los testigos claves en el juicio, Carlos Raimundo Moore —exmilitante del ERP— dijo que para 1975 las organizaciones guerrilleras ya no existían en la Argentina. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Fue la primera vez que todo el sistema represivo de Tucumán se unificó en un solo proceso: en Jefatura se decidían las muertes, se trasladaban a las víctimas a Arsenal y allí se definía cómo se las hacía desaparecer. Fueron condenados 37 de los 41 imputados por los hechos que damnificaron a 228 víctimas. El sacerdote José Eloy Mijalchiyk fue absuelto a pesar de todo el material probatorio que lo vinculaban a crímenes de lesa humanidad.Se trató del segundo juicio por los crímenes cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca. El juicio versó sobre delitos cometidos en el centros clandestinos de detención «La Escuelita» que operó en dicha ciudad y también dio cuenta del accionar del el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51, organismo extrajudicial que en el marco de parodias de juicio intentó formalizar las detenciones ilegales de varias de las víctimas. Se condenó a Felipe Ayala, suboficial retirado, a prisión perpetua; Bernardo Cabezón, suboficial retirado, a prisión perpetua; Héctor Fidalgo, coronel retirado, a 3 años y 4 meses de prisión; Ricardo Gandolfo, teniente del Ejército Argentino, a 4 años y 3 meses de prisión; Alejandro Marjanov, coronel retirado, a prisión perpetua; Carlos Stricker, coronel retirado, condena a prisión perpetua; y a Fernando Videla, subteniente retirado, condena a 11 años de prisión. Años 1980
En 1983 Argentina vuelve a la democracia de forma insegura, luego de que el año anterior fuera la Guerra de las Malvinas y resultaran derrotados, y asume Raúl Alfonsín a la presidencia. En 1985 se condena en un Juicio a las Juntas a los represores militares de la dictadura, siendo Argentina el primer y único país de Latinoamérica en hacerlo. Plan Cóndor
Luego de más de una década de investigaciones, el 5 de marzo de 2013 se inició finalmente el juicio contra 18 acusados de cometer delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, en perjuicio de 105 víctimas (45 uruguayas, 22 chilenas, 13 paraguayas, 14 argentinas y 11 bolivianas). Entre los acusados se encontraban los exdictadores argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, el exministro del Interior Albano Harguindeguy, el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, el exjefe de operaciones de la Marina, almirante Antonio Vañek, el exjefe de Campo de Mayo Santiago Riveros, el exagente de Inteligencia Miguel Ángel Furci y el exmilitar uruguayo Manuel Cordero, el único acusado no argentino. De un total de 32 imputados, sólo 17 llegarían como acusados a la sentencia. Fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín (Córdoba)
Eduardo Daniel Bartoli, Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svagusa, Luis Ricardo Verón, Eduardo Alberto Hernández, Diana Beatriz Fidelman, Ricardo Alberto Yung, Carlos Alberto Sgandurra, José Ángel Pucheta, Claudio Aníbal Zorrilla, Miguel Ángel Barrera, Mirta Abdon, Esther María Barberis, Marta Rossetti de Arqueola, José Cristián Funes, Raúl Augusto Bauducco, José René Moukarzel, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnaldo Toranzo, Gustavo Adolfo De Breuil, Ricardo Daniel Tramontini, Liliana Páez, Florencio Esteban Díaz, Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Óscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos y Marta González de Baronetto.El 2 de julio de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Córdoba, inició el proceso contra el exdictador más otros veinticuatro represores por asesinar a una treintena de presos políticos entre abril y octubre de 1976. Desde el Juicio a las Juntas Militares que el expresidente de facto no estaba sentado en el banquillo. Historia de la Argentina
El 28 de junio de 1966 un levantamiento militar liderado por los comandantes en jefe de las tres armas, el teniente general Pascual Ángel Pistarini, brigadier general Adolfo Teodoro Álvarez y el almirante Benigno Ignacio Marcelino Varela derrocó al presidente Arturo Illia (radical del pueblo) y nombró como presidente al teniente general Juan Carlos Onganía. El golpe dio origen a una dictadura denominada "Revolución Argentina", que ya no se presentó a sí misma como "«gobierno provisional»", como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de tipo permanente. Este tipo de dictaduras militares de tipo permanente, se instalaron por entonces en varios países latinoamericanos en esos años (Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc.) y fue analizado detalladamente por el destacado politólogo Guillermo O'Donnell quien lo denominó con la expresión de Estado burocrático autoritario (EBA). Revolución Argentina
La alta conflictividad política y social generada por esta dictadura incluyó una famosa fuga de cerebros, puebladas insurreccionales, la aparición de organizaciones guerrilleras y luchas internas que produjeron dos golpes palaciegos por los que se sucedieron en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El 27 de marzo de 2009 la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por los doctores Raúl Madueño, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Juan Fégoli, confirmó “en todos sus términos” la sentencia a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata en octubre de 2007.Es la causa por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, quien fue la primera nieta recuperada que se presentó como querellante contra sus apropiadores. Se acusó al excapitán del Ejército Enrique José Berthier de la apropiación de la niña recién nacida en un centro clandestino de destención y luego entregarla, junto con un certificado de nacimiento falso, al matrimonio Rivas - Gómez Pinto con quien tenía una relación de amistad. Los tres acusados fueron condenados por sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad.Es la causa contra Carlos Caggiano Tedesco, que fue el responsable máximo del Área 232, por el secuestro de Alfredo González, exdecano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones. González había sido detenido secuestrado el 4 de marzo de 1978, y fue visto por última vez en «La casita de Mártires», en donde habría muerto luego de haber sido sometido a reiteradas torturas. Caggiano Tedesco fue condenado a 25 años de prisión por este crimen.En esta causa se juzgaron los hechos ocurridos en 1976, cuando fueron asesinadas 30 personas que se encontraban detenidas en la superintendencia de la Policía Federal y luego se intentó atribuir el crimen a las organizaciones armadas. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5 y dictó en 2008 la sentencia, donde condenó a Juan Carlos Lapuyole y a Carlos Gallone a prisión perpetua, y dictó la absolución de Miguel Ángel Timarchi.El 31 de julio de 2008, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Lardone, por el secuestro, desaparición, torturas y asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, todos ellos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (Causa 40/08). Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Los condenados fueron Abel David Dupuy, exdirector de la Unidad; Isabelino Vega; Víctor Ríos; Raúl Aníbal Rebaneyra; Catalino Morel; Ramón Fernández; Omar Cosso; Jorge Luis Peratta; Héctor Raúl Acuña; Segundo Andrés Basualdo; Valentín Romero; Carlos Domingo Jurio; Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole. Golpes de Estado en Argentina
En los 53 años que transcurrieron desde el primer golpe llevado con éxito, en 1930, hasta que cayó la última dictadura cívico-militar en 1983, hubo seis regímenes ilegales en el poder, habiendo estos sumado 25 años en total, en donde se cruzaron 14 dictadores con el título de «presidente» y varias autoridades "de facto" a lo largo y ancho del país. En ese período todas las experiencias de gobierno elegidas democráticamente entre radicales y justicialistas fueron interrumpidas mediante los golpes de Estado. Historia de la Argentina entre 2003 y 2022
Uno de los primeros objetivos de Kirchner fue volver a impulsar el juicio político a los cuestionados jueces de la Corte Suprema que formaban la llamada «mayoría automática» menemista. El año anterior la Cámara de Diputados había abierto el juicio político contra la Corte, pero al momento de votar no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios. Pese a ello, la Corte quedó seriamente desprestigiada por las revelaciones sobre los actos de corrupción cometidos y el hecho que la mayoría de los diputados votara a favor del enjuiciamiento de seis de los nueve jueces supremos. Poco después de que la Comisión de Juicio Político reabriera las denuncias contra varios miembros de la Corte, el 27 de junio renunció su presidente, el juez Julio Nazareno, y a fin de año el Senado destituyó a Eduardo Moliné O'Connor. Al año siguiente otro juez supremo fue destituido por el Senado (Antonio Boggiano) y tres renunciaron (Adolfo Vázquez, Augusto César Belluscio y Guillermo López). Para completar la Corte, Kirchner, con acuerdo del Senado y mediante un nuevo procedimiento público con participación ciudadana, designó a cuatro jueces, respetando por primera vez en la historia argentina la paridad entre mujeres y varones: Carmen María Argibay, Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Los cuatro se sumaron a Juan Carlos Maqueda, que había sido designado por el presidente Duhalde. Jorge Julio López
Jorge Julio López (General Villegas, 25 de noviembre de 1929-Desaparecido el 18 de septiembre de 2006) fue un militante peronista y albañil retirado argentino que fue víctima de desaparición forzada durante la última dictadura argentina (1976-1983) y confinado varios años en distintos centros clandestinos de detención. Sobrevivió a esta experiencia y, ya restaurada la democracia, se presentó como testigo en los Juicios por la Verdad abiertos en 1998. Luego de que el Congreso Nacional y la Corte Suprema anularan las leyes de impunidad en 2003, López declaró como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Etchecolatz. Poco después de declarar y un día antes de que se dictara la sentencia condenatoria, durante el gobierno de Néstor Kirchner el 18 de septiembre de 2006, desapareció sin que existan noticias sobre qué le sucedió. Las sospechas recaen en algún grupo parapolicial vinculado con la fuerza. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
En 1985 se inició un primer juicio que concluyó el 6 de diciembre del 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, y a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin. Carlos T. Gattinoni
La Dictadura Militar (76-83) en Argentina fue muy dura. Uno de los méritos del Gobierno de Raúl Alfonsín fue someter a juicio a sus responsables. Antes de llegar a este proceso judicial, decidió establecer la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), dependiente del Ministerio del Interior que a la sazón conducía Antonio Troccoli. Los organismos de Derechos Humanos miraban con mala cara esta decisión pues entendían que el trabajo de investigación lo debía realizar una Comisión Bicameral (Senadores y Diputados) para darle la legalidad requerida. La CONADEP era una comisión conformada por notables, presidida por el escritor Ernesto Sabato a la cual fueron invitados representantes de ambas cámaras, pero solo participaron dos diputados. Entre los notables que designó Raúl Alfonsín había tres religiosos: el Rabino Marshal Meyer (Judío), el Obispo Jaime De Nevares (Católico) y el Obispo Carlos T. Gattinoni (Evangélico Metodista). Golpes de Estado en Argentina
La alta conflictividad política y social generada durante la "Revolución Argentina" y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Historia del deporte en Argentina
El dictador Pedro Eugenio Aramburu dictó la suspensión y la persecución de centenares de deportistas que fueron proscritos por razones políticas, estimados en más de quinientos. Refiriéndose a las persecuciones deportivas realizada por la autodenominada "Revolución Libertadora", el basquetbolista León Najnudel dijo que "estuvimos frente a un genocidio deportivo”. La persecución se instrumentó mediante la llamada "Comisión Investigadora Nº 49 de Irregularidades Deportivas". Entre los deportistas perseguidos por la dictadura de Aramburu se encontraron:En 1960, Argentina fue el único país iberoamericano en participar en los primeros Juegos Paralímpicos realizados en Roma. En Tokio 1964 la delegación argentina obtuvo 36 medallas paralímpicas (6 de oro) y en Tel Aviv 1968 obtuvo 30 medallas paralímpicas (10 de oro), ocasión en la que el equipo paralímpico de atletismo salió segundo en el medallero de competencias femeninas y tercero en el de las masculinas. En ambos juegos se destacó la atleta Silvia Cochetti, máxima medallista de la historia argentina, con trece medallas, cinco de ellas de oro. Rodolfo Walsh
Fueron también condenados a prisión perpetua:Además, fueron condenados a 25 años de prisión Juan Carlos Fotea y Manuel Jacinto García Tallada. Carlos Antonio «Tomy» Capdevilla deberá cumplir 20 años de prisión. Juan Antonio «Piraña» Azic: 18 años. Pablo Eduardo García Velasco, Julio César Coronel y Juan Carlos Rolón fueron absueltos. En octubre de 2018 se lanza el libro "Rodolfo Walsh, reportero en Chile. 1970-1971", donde se reúnen sus textos de “enviado especial” desde Argentina a registrar los albores del gobierno de Salvador Allende. Presidente de la Nación Argentina
Hasta la fecha, hubo un total de cincuenta personas que asumieron el título y cincuenta y tres presidencias —esto debido a que Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón fueron reelectos transcurrido un periodo presidencial como mínimo—. De ellas, solo dos fueron mujeres: María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. De las personas que ejercieron el cargo doce fueron dictadores que se autodenominaron «presidente», usurpando los poderes ejecutivo y legislativo, tanto nacionales como provinciales y en algunos casos también el poder constituyente, bajo la doctrina de los gobiernos "de facto" de la Corte Suprema. Además, siete vicepresidentes y cinco ciudadanos por la Ley de acefalía —dos presidentes provisorios del Senado, un presidente de la Cámara de Diputados, un gobernador y un senador— asumieron el cargo tras la falta de un presidente. En cuanto al término del mandato por el que fueron elegidos, seis fueron derrocados por golpes de Estado, tres murieron por causas naturales y doce renunciaron. Carlos Carvallo
En diciembre de 2020 fue condenado a 12 años de prisión por delitos cometidos en el marco del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar argentina de 1976/1983. Historia de la Argentina entre 1963 y 1983
En abril de 1979 la Comisión de los 25 declaró el primer paro general contra la dictadura; este tuvo un acatamiento limitado en un contexto altamente represivo en el que la huelga se castigaba con una pena mínima de seis años. El grupo de Ubaldini exhibió su popularidad en julio de 1981, cuando logró mayor éxito en la huelga general, y en noviembre, al organizar una peregrinación a la Iglesia de San Cayetano, que se convirtió en una manifestación masiva. Cine de Argentina
Tras la muerte del presidente argentino Juan Domingo Perón en 1974 se debilito el gobierno democrático vigente en Argentina por aquellos años. La fuerte tendencia dictatorial en países vecinos insinuaba ya una fuerte contraofensiva imperial. Tras la asunción de María Estela Martínez de Perón, las presiones militares se incrementaron y, tras dos años de mandato, el 24 marzo de 1976 inició oficialmente la última dictadura militar argentina y con ella uno de los momentos más trágicos de Argentina y obviamente, de su cinematografía también.  La reducción de la industria cinematográfica se dio al comienzo del gobierno militar. No obstante, durante el gobierno anterior se sancionaron leyes que atentarían contra el cine argentino. Entre las cosas que sucedieron en este lapso predictadura se pueden señalar:La industria tuvo que reducir sus posibilidades de producción, porque aparecieron las complicaciones económicas y financieras que surgieron del gran impacto inflacionario que implicó el estallido del plan económico del gobierno de las fuerzas armadas. Historia de la Argentina entre 1963 y 1983
En los veinte años del período se sucedieron 12 presidentes (Guido, Illia, Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón, Martínez de Perón, Videla, Viola, Galtieri y Bignone), de los cuales siete fueron dictadores. Hacia el final del período, tras el régimen del terror del propio Estado y la guerra de las Malvinas, el poder militar entregó el gobierno a los civiles sin condicionamientos, estableciéndose un amplio consenso en respetar la democracia como único camino legítimo de resolución de conflictos, y así acabando con los golpes de Estado en Argentina iniciados en 1930. Adolfo Pérez Esquivel
Gracias a su iniciativa se iniciaron procesos penales contra la dictadura militar argentina en Italia, España y Alemania. Luego de la Ley de nulidad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final del año 2003, también pudo continuar con el juicio que inició en 1984 al dictador Jorge Rafael Videla y otros represores en la misma Argentina: ""Tenemos que fortalecer las instancias jurídicas para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Este juicio en Córdoba es muy emblemático. La Argentina avanzó quizá más que ningún país a nivel internacional. El juicio de Núremberg fue un tribunal ad hoc, aquí no. Aquí está en funcionamiento, y eso es lo que hay que valorar, es la justicia Argentina a través de un estado de derecho"". Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina
El Decreto de Noche y Niebla de Hitler es mencionado como antecedente de la política de desapariciones forzadas en Argentina, en algunas resoluciones judiciales. El juez español Baltasar Garzón lo menciona en una resolución del 2 de noviembre de 1999, por la que dispone procesar a 98 militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad: Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
En el 2006 algunas de las causas denunciadas se encontraban en investigación, sin condenados. La Fiscalía y el Tribunal de Núremberg solicitaron la captura y extradición de seis altos oficiales argentinos, entre ellos el expresidente de facto Jorge Rafael Videla, así como el ex almirante Emilio Eduardo Massera, los generales Juan Bautista Sasiain y Franco Luque, y el coronel Pedro Alberto Duran Sáenz. Historia de la Argentina
Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las juntas militares que usurparon el poder durante la dictadura, con excepción de la última, así como a los líderes de las organizaciones guerrilleras que actuaron en la década de 1970. Para ello creó la CONADEP que realizó el "Nunca más", un informe documentado que detalla y prueba miles de desapariciones y violaciones de derechos humanos, individualizando a los responsables. El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge R. Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituye un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica. Julio César Strassera
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituye un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica. Francisco Macías Nguema
El número de muertos bajo la dictadura de Macías depende de las fuentes que se consulten, pero se ha establecido entre y (siendo esta última la cifra más consensuada), o, dicho de otro modo, entre un 6 y un 15 % de una población aproximada de unas personas, siendo esta cifra proporcionalmente mayor a la cantidad de víctimas de los nazis en Europa. Algunas fuentes cifran el número de muertos incluso en 80.000 personas. Al finalizar su dictadura, un 60 % de los guineanos había pasado por la cárcel o tenía un pariente muerto por el régimen. Por otro lado, el número de desaparecidos se ha cifrado en unos , mientras que alrededor de personas fueron condenadas a trabajos forzados. El trabajo forzado se decidía por decreto presidencial y aumentó el número de exiliados. Las víctimas de Macías incluían a ciudadanos de todas las edades, hasta niños y bebés, puesto que la persecución del régimen arrastraba familias enteras. En las cárceles, los presos eran brutalmente torturados. Durante el régimen llegaron a ser asesinadas diariamente entre 50 y 60 personas. Con frecuencia se organizaban ejecuciones y juicios sumarísimos públicos. Existen casos de presos políticos que cavaron su propia tumba y se metieron en ella. Para 1976, ya casi no quedaban en el país opositores a Macías, pero la represión continuó. Uno podía ser víctima del terror dictatorial no solo por motivos políticos, sino también por celos, venganza personal, envidia o diversión. Uno de los castigos más leves para un disidente era ser confinado a su aldea. Siendo el juez principal del país, Macías condenó personalmente a muerte a muchas personas. Con frecuencia, se formaban «Tribunales Revolucionarios» formados por gente del PUNT y las Juventudes. Elecciones presidenciales de Argentina de septiembre de 1973
El clima de júbilo general que siguió a la restauración de la democracia el 25 de mayo de 1973, al celebrarse las elecciones de marzo donde se permitió la candidatura peronista de Héctor José Cámpora (si bien la dictadura de la Revolución Argentina, gobernante durante casi siete años, impidió la candidatura del propio Juan Domingo Perón), fue pronto nublado por fricciones políticas y acontecimientos imprevistos. El presidente Héctor Cámpora, que fue juramentado en presencia del Presidente de Cuba Osvaldo Dorticós Torrado y el Presidente de Chile Salvador Allende, ambos representantes del marxismo en la Latinoamérica de la Guerra Fría, declaró una amnistía casi total para los varios cientos de presos políticos detenidos por el régimen de Alejandro Lanusse, muchos en campamentos inhóspitos como el de Trelew, lugar donde se dio una ejecución masiva en 1972. Tercer peronismo
En su momento, ninguno de los crímenes de la Triple A fue investigado, ni sus autores identificados y castigados. Tampoco fueron incluidos en el decreto 157/83 del presidente Alfonsín, por el cual se ordenó promover la acción penal por los actos de violencia cometidos "con posterioridad al 25 de mayo de 1973", quedando la responsabilidad limitada a los jefes guerrilleros. En 1986 López Rega fue detenido y extraditado a la Argentina, muriendo en la cárcel en 1989, antes de llegar a ser enjuiciado. Durante el kirchnerismo (más de 40 años después), uno de los líderes de la Triple A, el excomisario Rodolfo Almirón, fue descubierto en una playa de Valencia, por el diario "El Mundo" de España. En Argentina se abrió la causa 1075/2006, que quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide, siendo extraditado Almirón y detenidos Ramón Morales, y Miguel Ángel Rovira, que morirían antes de ser enjuiciados. Oyarbide formó una megacausa con 680 casos crímenes y en un fallo histórico, resolvió que los crímenes de la Triple A cometidos durante los gobiernos constitucionales de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón, constituían delito de lesa humanidad, y por lo tanto eran imprescriptibles. Como resultado de la esa investigación, en 2016 cinco miembros de la Triple A (Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi) fueron condenados por el delito de asociación ilícita, aunque a penas de solo cuatro años. También en 2016, tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), grupo de choque ligado a la Triple A, Mario Ernesto Durquet, el exsuboficial del Ejército Fernando Alberto Otero y al exfiscal Gustavo Demarchi, fueron condenados a cadena perpetua, por crímenes cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Genocidio (Derecho español)
En 1996, el Juzgado n.º 5 de la Audiencia Nacional española inició una investigación por los delitos de terrorismo y genocidio contra españoles durante la dictadura militar en Argentina. En estas causas se encontraban imputados decenas de represores argentinos para los que se solicitó extradición. En ese marco, en 2005 fue condenado el militar Adolfo Scilingo a 640 años de prisión, si bien no por un delito de genocidio sino de lesa humanidad. El 1 de octubre de 2007, el Tribunal Supremo anuló la sentencia al estimar parcialmente sendos recursos de Scilingo y de una acusación. El Tribunal Supremo condenó a Scilingo por múltiples delitos de asesinato y detención ilegal. Comando Libertadores de América
Después de casi cuatro años de juicio, el 25 de agosto del 2016, un total de veintisiete represores incluyendo Menéndez fueron condenados a cadena perpetua y otros diez ex oficiales fueron condenados a penas menores. Varios de los condenados habían servido en el Comando, en actividades de represión que tenían como centro de operación el edificio de "La Perla". Golpes de Estado en Argentina
Seis golpes de Estado exitosos se realizaron durante el , en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los cuatro primeros establecieron dictaduras provisionales, en tanto que los dos últimos establecieron dictaduras de tipo permanente según el modelo de Estado burocrático-autoritario. El último impuso un régimen de terrorismo de Estado, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron miles de desapariciones, asesinatos, torturas, robos de bebés, violaciones, encarcelamientos ilegales, persecuciones ideológicas y exilios forzadas. Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
Los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor no resultaron alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni por los indultos del presidente Menem. Por esa razón, en 1999 se abrió una causa para investigar esos crímenes, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. En la causa se había pedido la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, sin que la misma se efectivizara. Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El veredicto determinó la condena a penas de entre 8 y 25 años de prisión para 15 imputados por los delitos cometidos contra 174 víctimas de distintas nacionalidades. El excomandante Reynaldo Bignone y el exmilitar uruguayo Manuel Cordero Piacentini recibieron las penas más altas. Así como el exagente civil de inteligencia Miguel Ángel Furci, quien llegó a juicio en el marco de la causa Automotores Orletti. Apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar (Argentina)
El veredicto salió el 5 de julio de 2012. El Tribunal Oral Federal número 6, con los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, declaró culpables a los imputados. Condenó a 50 años a Jorge Rafael Videla, a 40 años a Oscar Franco, a 40 años a Antonio Vañek, a 35 años a Reynaldo Benito Bignone, a 30 años a Jorge Eduardo Acosta, a 20 años a Santiago Omar Riveros, a 15 años a Eduardo Ruffo, a 15 años a Jorge Luis Magnacco y a 14 años a Antonio Azic. El Tribunal dio por probado un plan organizado y sistemático de apropiación de bebés de las detenidas embarazadas.