a nuestras casas es la minga, son los indígenas. Entonces, insisto, es realmente un proyecto que plasma una visión de criminalización de la protesta que no entiende como nunca entendió a lo largo del paro que había una ciudadanía que legítimamente estaba protestando a la que había que escuchar y que si bien hubo brotes graves de violencia que tienen que ser procesados, ese no fue el grueso de lo que la ciudadanía salió a expresar, hay gravísimas medidas inconstitucionales en esa lógica de cómo entienden el paro nacional, criminalización de la protesta, no reconocimiento por lo demás de abusos del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, aquí la lógica de este proyecto insisto es una turba de manifestantes que todos son percibidos por este proyecto como vándalos, y esto genera una serie de riesgos graves que están plasmados en el proyecto. El primero y quizás más grave, es una crisis penitenciaría, no hay ningún elemento que permita justificar en el proyecto cómo el crecimiento exponencial de encarcelamiento que va a generar este Proyecto de ley está costeado, tasado, qué significa eso de estado inconstitucional bajo el cual están nuestras cárceles, algunos de los elementos que contribuyen a él en el proyecto son el incremento de las penas máximas que hoy son de 50 años y pasarían a 60 años, el hecho por ejemplo, de agravar las multas y los delitos frente a los hurtos, que insisto, no es lo que disuade la comisión de hurtos y por el contrario sí va a generar una crisis penitenciaría incluso riesgos de asonada carcelaria. Un segundo riesgo muy grande en mi opinión, es la ampliación de posibilidades de abuso policial, quienes escuchamos a los jóvenes que participaron en el paro sabemos de primera mano que la medida del traslado por protección fue una de las figuras incluidas en su momento en el Código de Policía
Juanita María Goebertus Estrada
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