Buenas tardes un saludo cordial para el único Representante que está aquí de la Comisión Primera y en especial para cada uno de los Delegados y Delegadas de los once Departamentos que nos acompañan aquí, el Movimiento Nacional Ambiental. Los impactos que han generado los proyectos mineros y petroleros en Colombia son incalculables, son impactos que no solo afectan la naturaleza, sino que también afectan la salud pública de las comunidades, poniendo en riesgo su permanencia en los territorios y la transformación de la cultura anfibia de muchas regiones del país. Nadie le preguntó a Santiago Vargas Varón, del área de influencia de la Ciénaga de Palagua en Puerto Boyacá si quería dejar de ser pescador para convertirse en trabajador de la empresa petrolera Mansarovar Energy, quien perdió la vida tras ser atropellado por una volqueta. Nadie le preguntó si quería dejar su atarraya por ponerse casco y botas, en un territorio de más de 40 grados centígrados, como tampoco nadie le preguntó a las mujeres que sufren por los malos olores y enfermedades en la piel, a causa de las malas prácticas del tratamiento de las piscinas de lodo, de las empresas petroleras en el Magdalena medio, si querían dejar de tener su soberanía alimentaria y economía pesquera para ver la Ciénaga de Palagua convertida en una zona de sacrificio social y ambiental viendo a los peces escasos y con mutaciones y alteraciones en el ADN. Es por esa razón y muchas más, que no terminaría de contar en este momento, que se hace urgente, generar garantías serias de participación democrática en los temas ambientales frente a los riesgos latentes que trae consigo las actividades extractivas. Son muchas cosas las que se ponen en juego cuando se imponen estos proyectos en los territorios, por eso la participación no puede ser vista como un capricho, sino como un derecho
Estefany Grajales
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