Muchas gracias, señor Presidente, permítame usted, primero, expresar mi respaldo a esta iniciativa, y con relación a la discusión en la que estamos, quisiera plantear unos puntos de vista, yo creo que es cierto que la violencia económica es quizá una de las mayores violencias que se ejerce contra las mujeres en el país, que no tiene el registro porque hay un silencio y un sometimiento en los hogares sobre esta manera en que se ejercen, no solamente en la negación de la cuota alimentaria, es impedir, impedir que todavía pareciera extraño pero todavía existe, impedir algún acceso a dineros por parte de la mujer de una manera de sometimiento todavía, yo sí creo que hay una violencia económica, muy fuerte en el país, pero sin embargo, el propósito de esta iniciativa, pues busca quizá contribuir a resolver los planteamientos que hizo la Ley 1257 y es que la Ley 1257 en materia de violencia, en el caso extremo del que estamos hablando estableció que habría que resolver de manera rápida un lugar distinto de la mujer que ha sido agredida, resolverle una vivienda donde el victimario no conozca, no frecuente o no pueda seguir victimizándola, sin embargo la responsabilidad la Ley la entregó a las EPS en una ruta de atención, es muy difícil que la EPS vaya a resolver vivienda, porque lo considera que no hace parte de su misión y entonces luego en el año 2015 esta responsabilidad se le trasladó a los Entes Territoriales, a mí me parece que lo bueno de esta iniciativa es buscar, que haya una regulación y un compromiso del Gobierno nacional, para atender de manera preferente en la entrega de subsidio de vivienda, o de resolver un lugar, una vivienda para quien ha sido agredida y eso recaiga sobre el Gobierno y que el Ministerio de Vivienda pueda también acogerlo y tenerlo en cuenta, me 
Jesús Alberto Castilla Salazar
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