consecuencias que traería por el cumplimiento de sus funciones, quiero solicitarles honorables Representantes que se discuta este artículo y se acojan los argumentos que desde varios sectores se han presentado frente a la ilegalidad y la inconveniencia de nombrar los Comisarios de Familia en empleo de libre nombramiento y remoción. Este, esta proposición busca evitar la politización de la administración en casos tan sensibles como las contravenciones por la violencia intrafamiliar, pues al dejarlo de nivel directivo, estos nombramientos tendrían un origen político, como es el caso de los Secretarios de Despacho, esto podría llevar a que algunos generadores de violencia intrafamiliar no se sancionen o que quienes no participaron en la elección del Alcalde o por ende en la designación del Comisario en una eventual o supuesta violencia intrafamiliar, no cuenten con las garantías del debido proceso, de la imparcialidad y de la objetividad que se requiere en estos casos. Esta decisión, de otro lado, es una amenaza financiera y presupuestal pues los municipios no cuentan con los recursos para sostener ese aumento de 122 nómina y esto atenta contra la estabilidad financiera en las Entidades Territoriales, otra razón que nos acompaña, Representantes, es que la posibilidad de abrir una puerta o esta propuesta abre una puerta para que otros empleos como los Inspectores de Policía, puedan ser designados como directivos, lo cual se convierte en un riesgo que considero no vale la pena asumir en las actuales circunstancias, y finalmente considero claramente que este artículo 11 viola la Ley 909 del 2004, en especial los artículos 5 y 23, porque no se ajusta a los criterios señalados en esta norma y más grave aún, es contraria a los postulados constitucionales de la Función Pública que ha establecido como regla general que los empleos públicos son de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción son excepcionales. Por lo cual,
Adriana Magali Matiz Vargas
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