Para que no se equivoquen en las propuestas que se presentan, que sean propuestas de resoluciones coherentes al Ordenamiento Constitucional y a la realidad que está viviendo el país en estos momentos. Entonces, para concluir, esta es la posición del Ministerio Público, como les digo, muy atento a que haya un respeto completo a lo ordenado en la Constitución Política sin haber todavía la aceptación de la declaratoria legal en Colombia, reconocimiento de los campesinos como sujeto rural, como ya lo hizo el señor Procurador General mediante la Directiva 007 del año 2019, cumpliendo con el Mandato Constitucional que así lo establece. Lo que necesitamos de estas Agencias que administran las tierras y la propiedad pública en Colombia, es mucha seriedad en la técnica de recoger la información para alimentar ese Proyecto de Catastro Multipropósito que pueda dar las bases del Ordenamiento Ambiental, Agrario y Social de la propiedad y no se siga dando palo de ciego con este tipo de propuestas que tratan de imponer por el tema de la seguridad alimentaria y del progreso seguramente de la economía que también es muy importante, para pasar por encima de derechos fundamentales y protegidos como son el acceso a la tierra para los campesinos y una seguridad alimentaria que debe ser una actividad que se debe proteger desde la óptica de la economía y la agricultura campesina familiar y comunitaria, como lo han establecido, porque en este país son los campesinos los que están produciendo la alimentación que consumimos en Colombia antes, durante y va a ser igual después de la pandemia. Porque ya sabemos que la gran agroindustria si bien tiene mucha importancia para la economía, en materia de alimentación lo han hecho a un lado y se han interesado muchísimo es en la exportación para el cumplimiento de las cuotas de los Tratados Internacionales para alimentar otras Naciones en la exportación, que es muy rentable y para la producción agrícola de productos que sirven más para los biocombustibles que pensar
Diego Fernando Trujillo Marín
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