sagradas en el artículo octavo de la Convención Americana. Termino con esto, la Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es clara en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno puede aplicar una sanción que implique una restricción, por ejemplo, en imponer una pena de inhabilitación o destitución a una persona por su inconducta social en el ejercicio de la función pública o fuera de ella para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido. Y reitera, solo puede serlo por acto jurisdiccional, paréntesis sentencia del juez competente en el correspondiente proceso penal, el Tribunal considera que la interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos públicos, no solo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores. En ese sentido, señor Presidente, dejo dichas las razones por las cuales votaré positivamente la proposición y la ponencia de archivo. Gracias señor Presidente.
Senador Roosvelt Rodríguez Rengifo
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