para mi país, así como lo hicieron muchos compatriotas, que pueden estar en orillas diferentes. Entonces no hablemos que aquí hay un Estado que no permite o que restringe la manifestación pacífica, demos una discusión sobre la alteración del orden público y ahí podemos entrar en un debate de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado, de cuáles han sido las consecuencias de esos disturbios, de esas alteraciones al orden público, de esos bloqueos, de esos saqueos, de esas afectaciones, de la limitación de los derechos de los demás para poder comenzar a entendernos como país, porque estoy seguro de que nadie en este recinto condona la violencia. Estoy seguro y quiero creer que aquí todos nos rasgamos las vestiduras por decir que no estamos de acuerdo con el vandalismo, pero a veces a algunos se les escucha más decirlo que practicarlo en realidad y ahí en esa búsqueda de consensos que hemos mencionado, es donde tenemos que llegar a esos acuerdos iniciales y esos acuerdos en los que yo no puedo, no como persona, sino como funcionario público, pretender flexibilizar la ley para algunos sí y para otros no, la ley es para todos y la fuerza pública no tiene esa potestad opcional de actuar frente a la violación fragante de la ley o cuando otro ciudadano se pone en riesgo o cuando la propiedad privada o los bienes de los colombianos se ven afectados, eso no es opcional, eso no es renunciable por parte del Estado y que quede claro, siempre que se ponga en riesgo la vida de un colombiano, siempre que se pongan en riesgo los bienes de los colombianos, nuestra fuerza pública deberá actuar, con contundencia, pero amparado y dentro del marco de la ley, siempre cumpliendo los protocolos y los procedimientos. Hablemos entonces de lo
Daniel Palacios Martínez
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