Gracias, Presidente. Las últimas semanas el país ha sido testigo de hechos reprochables que afectan la vida de nuestros niños y jóvenes y que evidencian –como lo hemos venido denunciando– que en los últimos dos años la guerra se ha recrudecido en la Colombia profunda bajo la mirada indiferente del Gobierno Nacional. El primer hecho se reporta el pasado de agosto en Santa Lucía, Nariño, cuando Cristian de 12 años y Maicol de 17 se dirigían a su colegio a entregar una tarea y fueron asesinados a quemarropa, según denunciaron los familiares de los menores. El pasado 11 de agosto fueron encontrados sin vida en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali los cuerpos de cinco menores de edad, quienes presentaban signos de tortura y se les arrebató la vida de manera cruel y violenta. Cinco jóvenes afrodescendientes hijos de víctimas desplazadas por la violencia quienes desde el pasado 13 de agosto, con posterioridad a la muerte de sus hijos, han sido víctimas de persecuciones y hechos violentos que ponen en riesgo su vida. Los hechos ocurridos en Samaniego, Nariño, no son aislados. El pasado 16 de junio se reportó el asesinato de cuatro personas en zona rural de ese mismo municipio, hombres fuertemente armados llegaron a una finca donde se encontraban las personas y abrieron fuego. El mismo modo operante de los hechos reportados el 16 de agosto en el cual perdieron la vida nueve jóvenes. Lo ocurrido en el Valle del Cauca y Nariño no son hechos aislados, es la evidencia de una guerra que se recrudece en un país que exige al Gobierno Nacional el cumplimiento del Acuerdo de Paz. El pasado 11 de agosto en Santa Rita, Chocó, fue asesinado Patrocinio Bonilla, un joven de 27 años. Pese a que los medios no registraban la noticia en la Serranía del Bau
Antonio Eresmid Sanguino Páez
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