de garantizar la operación del mercado, pero debe estar orientado a buscar opciones para que el Estado en sus niveles territoriales cumpla adecuadamente las tareas frente al sistema de salud, esas tareas que mencionamos anteriormente. Nos parece problemático que la iniciativa imponga un sistema de salud y de monitoreo del riesgo de los usuarios, como una función de las aseguradoras de salud, cuando la ley estatutaria dice que ese sistema debe estar a cargo del Ministerio, creemos que esto debería más desarrollarse de acuerdo con lo que está en la ley estatutaria, la iniciativa está responsabilizando a los entes territoriales de caracterizar los riesgos epidemiológicos, pero no les está dando las herramientas financieras para cumplir esta tarea, entonces digamos que, correríamos el riesgo de que, pues que no hayan recursos expresamente asignados a las entidades territoriales para esa caracterización epidemiológica. En lo referido al aseguramiento y a la prestación del servicio, nuevamente el punto de las zonas alejadas, porque, se está replicando un piloto que se realizó en Guainía, en donde, percibimos que esa figura tipo concesión, lo que hizo fue entregar mayor gobernabilidad a la EPS, que pasa hacer la aseguradora en salud, pero 32 disminuye la gobernabilidad de la entidad territorial, sin embargo, apenas se agota la UPC reforzada que se utiliza en el modelo, la entidad territorial termina cubriendo los gastos, entonces creemos que ese es un riesgo pues para nosotros. Frente a las empresas sociales del Estado, se le da preeminencia a la posibilidad de liquidar los hospitales, bajo el entendido de que no son sostenibles financieramente, es decir, manteniendo un criterio que sea venido trabajando en los últimos años, que deja algunos territorios en el servicio de la única ESE que tienen, pero que está dejando por fuera las deudas que tienen las IPS, eso creemos, tampoco debería quedar así en el proyecto. Y en cuanto a
Sandra Milena Castro Torres
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