Dice así la proposición al Artículo Primero. Objeto. Esta ley tiene por objeto, adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto ley 806 de 2020, con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en las actuaciones judiciales, y agilizar el trámite de los procesos judiciales, ante la jurisdicción ordinaria, en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas, que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales. constitucional jurisdicción Adicionalmente, y sin perjuicio de la garantía de atención presencial en los despachos judiciales, salvo casos de fuerza mayor, pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas, como forma de acceso a la administración de justicia. El acceso a la administración de justicia a través de herramientas tecnológicas e informáticas debe respetar el derecho a la igualdad, por lo cual, las mismas serán aplicables cuando las autoridades judiciales y los sujetos procesales y profesionales del derecho dispongan de los medios tecnológicos idóneos, para acceder de forma digital no pudiendo, So pena de su uso omitir la atención presencial en los despachos judiciales, cuando el usuario del servicio lo requiera y brindando especial medida y brindando especiales medidas a la población, en condición de vulnerabilidad o en sitios del territorio donde no se disponga de conectividad, por su condición geográfica. Parágrafo Primero. Las disposiciones de la presente ley se entienden complementarias a las normas contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción y especialidad. Parágrafo Segundo. El Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, debe
Raúl Enrique Ávila Hernández
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