tener y pagar a su costa estudios y técnicos para poderse pronunciar o hacer solicitudes en materia ambiental, no, y por el contrario le dice, le da al consejo la facultad de solicitarle a la autoridad ambiental y a través de ella lo decidirá la autoridad ambiental, al privado, poder realizar estudios o tener conceptos que estarán a cargo o del privado del ANLA, o de los dos, o de la autoridad ambiental si no es ANLA es CAR, para poderle responder a la comunidad. Entonces, digamos en eso quiero ser escueta, el propósito de este proyecto en ese punto en particular es literalmente invertir la carga de la prueba, es que la gente, ni las autoridades locales tengan que costear estudios o conceptos técnicos solo para sugerir, preguntar, manifestar preocupaciones, sugerir acciones de mitigación, etc., y que por el contrario pueda solicitarlas, ahora la autoridad podrá, sea la CAR, o, sea la ANLA podrá decir si le parece conveniente o no, es en última instancia, por eso es autoridad, es en última instancia quien tiene la decisión de decir, efectivamente el estudio es pertinente y procede, lo solicitaré, o lo realizaré, o el estudio no es procedente y no procede, no es pertinente y no procede, y podrá tomar digamos la determinación de continuar el trámite. Sobre los efectos, pues yo creo que el proyecto es su mecanismos de participación, pero entiendo la preocupación de que no faltará el funcionario sagaz, que salga a decirnos que con esto cumplió un requisito y que eso invalida otros mecanismos de participación, tendremos que ver cómo precisar ese tema. Solo quería hacer ese par de aclaraciones sobre esos dos puntos. doctor Molina, sí señor.
Honorable Senadora Claudia Nayibe López Hernández
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