impliquen una suspensión temporal o defina el derecho de acceso a cargos públicos. El hecho de que determinadas normas hagan parte de ese bloque de constitucionalidad, como lo es el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ningún caso implica su prevalencia sobre la Constitución política y esto es supremamente importante. Lo anterior al reiterar que la inserción de este tipo de disposiciones de naturaleza convencional al bloque de constitucionalidad conlleva a la necesidad de adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre las disposiciones jurídicas de diverso origen, y así lo dijo también en la Sentencia C-500, del año 2014, en la sentencia de SU-355 del año 2015, en la cual manifestó claramente la Corte. Es constitucionalmente válida la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular, y es incuestionable la validez de la referida competencia de la Procuraduría ante la existencia de cosa juzgada constitucional. Así también se dijo por parte del Consejo de Estado en un fallo del año 2020, y esto sencillamente para ratificar el tema de que nuestro sistema jurídico, la interpretación de circunstancias similares, la forma como deben interpretarse las normas convencionales, ha sido clara y así se ha manifestado en esta sentencia, a las cuales hice mención.
Representante Adriana Magali Matiz Vargas
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