38.6% tienen un uso agropecuario, mientras que el 63.2 millones esto es el 56.7% se mantiene con superficie de bosques naturales, el resto son áreas con usos agropecuarios tales como vivienda, infraestructura, transformación agroindustrial, apoyo a la ganadería, minería, generación y transformación de energía a finales de diciembre del año 2012 habían sido suscritos 9.400 títulos mineros en todo el país, abarcando una superficie de 5.6 millones de hectáreas de estos 3.760 se encontraban en explotación en el 2013 y cubrían cerca de 2.1 millones de hectáreas, una área cercana al 1.8% del territorio nacional. En los 45 años trascurridos desde el anterior censo al que hice referencia, se ha ampliado significativamente la superficie productiva pero concentrándose en las explotaciones de mayor tamaño, los latifundios son hoy muchos más grandes y controlan mucho más la tierra que hace décadas, la explotación de más de dos mil hectáreas apenas el 0.1% del total manejan cerca del 60% de las superficies censadas, mientras las pequeñas fincas se han fragmentado aún más y han perdido cada vez más el territorio, hoy el 80% de las explotaciones tienen menos de 10 hectáreas y no llegan a ocupar ni el 5% de la superficie total censada. Vamos ahora al marco jurídico de esta sustentación, el artículo 64 de la Constitución nacional de 1991 ha elevado este derecho dice que el deber del Estado es promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa el artículo 102 de la misma Constitución dice que el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenece a la nación y por lo tanto el Estado es soberano sobre todos esos bienes situados dentro del territorio nacional y por lo tanto, tiene la facultad para regular ese derecho a la propiedad. Vamos ahora si a un soporte jurisprudencial, la sentencia que ya la mencionaron aquí 
Jesús Enríquez Rosero
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