siempre en el marco de beneficiar el acceso a un derecho fundamental que es la salud, el artículo 9, que es uno de los grandes logros de la Ley Estatutaria y que es reconocer los determinantes sociales de la salud y la responsabilidad que tiene el Estado de afectar las condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales y educativas, para garantizar ese servicio y el artículo 15 como aquí se ha dicho, quiero recordar que en la Sentencia 313 del 2014, que es la que declara exequible la Ley Estatutaria, señala la Corte Constitucional que si bien quedan contempladas esas excepciones para que el Gobierno y el Estado ponga recursos públicos en condiciones experimentales, queda abierta la posibilidad de estudiar una excepcionalidad y en el segundo parágrafo de ese artículo queda abierta la opción de la tutela. O sea, esto no es un hecho cerrado, lo digo no soy abogada, pero me he documentado porque me ha llamado mucho la atención, vuelvo y repito, que la interpretación del Gobierno se haya centrado ahí pero bien como lo decía el representante Ardila y algunos de los compañeros que intervinieron, si bien hay esa restricción pero debe haber un margen de interpretación en la perspectiva constitucional del derecho fundamental a la salud, la pregunta es que está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí debería estar jugando un rol fundamental para impulsar incluso lo que decía el señor Director del Invima. Aquí se habla de seis experiencias para el tema del tratamiento que era otro tema que tocaba el doctor Ardila, no sólo la vacuna el tratamiento y en la Comisión Primera, yo también le hacía esa pregunta al Ministro, la pregunta es qué rol está jugando el Ministerio de Ciencia y Tecnología que tendría que estar aquí arriesgando como lo han dicho los compañeros respecto a esta vacuna, porque ya no los han dicho en un mundo estrujado por esta devastación en su perspectiva de cambio climático en un mundo que se estruja cada vez más y
Ángela María Robledo Gómez
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