más a un genocidio político, la perpetuación de unas formas de violencia fascista, que existen en el país desde los años 50. Y que desde los años 80 en alianza con el narcotráfico, se han vuelto o se han convertido en una máquina sistemática de violencia y de asesinatos quirúrgicos, contra ciertos sectores de la población colombiana. Por otro lado, respecto del concepto de la Comisión de Política Criminal, pareciera que en determinadas circunstancias obliga al gobierno de manera conveniente y en otras simplemente se burla e ignora lo que dice dicha comisión, recientemente el Congreso de la República aprobó, aprobamos aquí un proyecto de ley, una Ley de la República que busca encontrar un tratamiento penal diferenciado, de penas alternativas para las mujeres pobres cabeza de hogar, qué pasó con creces el filtro de la comisión de política criminal y que no obstante, ello no fue óbice para que el Gobierno nacional presentara unas objeciones, objeciones absolutamente ridículas sobre la constitucionalidad de este proyecto. En segundo lugar, esta ley aquí radicada en la Comisión Primera del Senado, atañe la filosofía misma del derecho penal y de los equilibrios necesarios en un sistema penal acusatorio, en teoría, en principio un homicidio plenamente probado, no debería ser objeto de un principio de oportunidad, es el más grave de todos los delitos y más aún, si su objetivo es cegar y silenciar a una voz política, en representación de sectores de la sociedad colombiana. Solo de manera muy excepcional, debe proceder entonces un principio de oportunidad y justamente eso es lo que busca este proyecto, establecer condiciones excepcionales para que proceda ese derecho de oportunidad, establecer circunstancias en donde el derecho de oportunidad se justifique, en virtud de los intereses superiores del país, de su estabilidad,del mantenimiento del orden público y la lucha contra la criminalidad organizada, que sacude a muchas
Rodrigo Lara Restrepo
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