Muy buenos días a los presentes, me presento, Miguel Ángel Castell. No soy pescador, sino abogado de la diáspora raizal, en estos momentos de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina. Lo primero que quisiera hacer mención en el corto espacio que nos están permitiendo, entonces, la serie de violaciones flagrantes al derecho humanitario en nuestro pueblo étnico raizal hay que entender que esto es un pueblo étnico, y está reconocido no solamente por nuestra carta magna, sino por múltiples sentencias y fallos judiciales de la honorable Corte Constitucional, donde no solamente establece nuestra especialidad y el tratamiento particular que debe tener el Estado en materia administrativa y legislativa, sino a la que se ha reconocido todo el territorio de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, el mar y los islotes de ella, como un territorio étnico y vamos a empezar a mencionar, por qué y cómo se 30 empezaron a violar los derechos humanos en el proceso de la reconstrucción. En principio, al ser un pueblo étnico, todo lo concerniente a proyectos que van estar dentro de su territorio, deberían ser aprobados por consulta previa, dada la urgencia manifiesta, que significó el paso del huracán y la necesidad de acelerar el trámite de la reconstrucción, pues entonces, la población en ese momento se vio frente al tema de la consulta previa, en el entendido que el impacto que iban a tener los proyectos iban a ser positivos, ese era el pensar, sin embargo, se iniciaron unas mesas de concertación con la comunidad, así las entendía la comunidad, como mesas de concertación, luego de varias de ellas, las directivas de Findeter, las directivas de Fontur, y la misma gerencia de la reconstrucción, Susana Correa, se levantan de las mesas, aludiendo de que nunca fuer
Miguel Ángel Castell
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