año, con respecto al año anterior. Pero nada de eso consideran los autores del proyecto que sea problemático, que altere la convivencia ciudadana, puesto que dirigen la mirada es hacia otro tipo de conductas y de comportamientos que nada tienen que ver con esas dinámicas colectivas de seguridad, y de falta de seguridad que se vive en el territorio ante la ausencia del Estado, que por su configuración, por el carácter de régimen político colombiano, ha sido incapaz de garantizar el monopolio del uso de la fuerza y de las armas por parte del Estado, que ha terminado concesionando o entregando en franquicia la seguridad a unas 102 verdaderas mafias que controlan, no solamente desde el punto de vista de disputarle al Estado el uso y el monopolio de las armas, sino también, el poder político y en maridaje de ese poder político, con poderes económicos que no solamente usufructúan los dineros públicos, sino que se benefician también de las economías ilegales. Esa es la verdadera realidad y ahí está el reto fundamental en materia de dar plenas garantías de seguridad a los ciudadanos colombianos, y no en amenazar ni en criminalizar y no en perseguir a los sectores sociales, que como consecuencia del modelo económico que se ha impuesto en Colombia, por lo menos en los últimos 30 años, se ven obligados ante la negativa de ese Estado y de ese régimen político de escuchar sus justos reclamos de empobrecimiento, de segregación, de marginamiento económico y político a las calles a protestar, por eso, tras el eufemismo de vender seguridad, lo que se busca es realmente tratar de contener esos fenómenos sociales para seguir manteniendo ese régimen de denominación económica y política. Por eso, se equivocan si creen que van a detener esos fenómenos sociales con cárcel, con amenazas, con persecución. En los últimos 80 años en Colombia se han aumentado las penas en más del 150%, y está probado que el aument
Julián Gallo Cubillos
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