Gracias, Presidente, muy buenas tardes. Al contrario de lo manifestado por algunos compañeros en esta discusión, yo creo que sí es válido auscultar con mayor detalle quién debe tener la titularidad del proceso agrario y del proceso rural, de acuerdo a los propósitos de esta legislación, es decir, me parece que falla de pronto el Representante Prada en el sustento de identificar quién está legitimado para participar en este procedimiento y de pronto no vaya a caer Álvaro Hernán en el juego que le están planteando, que es una discusión política, como si esta ley fuera a acabar con las ONG, o con las organizaciones sociales. Primero, esta ley no lo podría hacer y segundo, nadie está planteando esa discusión, yo creo que la discusión debe estar muy orientada a establecer en el articulado, que quede muy claro quién tiene legitimidad en la causa para participar en este procedimiento y esa es una discusión neta, de carácter jurídico y entonces la pregunta es cualquier Organización No Gubernamental tiene legitimación en la causa para representar a cualquier persona que tenga o quiera entablar un procedimiento agrariorural en los términos que trata esta ley o cualquier organización social lo puede hacer, cualquier organización comunitaria O deberíamos tener unos parámetros mucho más expresos que identifiquen cuál es la organización social que pueda representar a ese ciudadano, que es el que está legítimamente autorizado para participar en el proceso agrario y rural o cuál es la organización social, diría yo, por lo menos que ese ciudadano esté vinculado a esa organización social, no puede ser cualquier organización social la que los represente, cuál es la ONG, mínimo debería ser colombiana y diría yo, mínimo debería ser una ONG del territorio donde se genere la litis, mal haríamos en facilitar, por ejemplo, que una ONG extranjera entre en un procedimiento
Harry Giovanny González García
Leyes Tierras Fronteras Reubicación de entidades Diplomacia Monopolios Zona franca Régimen Agropecuario Presupuesto Política Internacional Medios de comunicación Calamidades públicas Hacienda Ecología Empréstitos Organismos de Control Monumentos públicos Medio ambiente Impuestos Vivienda Salud Prestaciones Servidores Públicos Políticas migratorias Asuntos de la mujer Regulación económica Energía Organización Territorial Minería Recursos ictiológicos Recreación Fondos de prestaciones Educación Comercio Exterior Seguridad Social Bienes nacionales Mercado de Valores Planeación nacional Espacio Aéreo Investigación científica Fuerza Pública Transporte Legislación administrativa Control de calidad Defensa Nacional Servicios públicos Banco de la República Corporaciones Autónomas Regionales Política portuaria Control fiscal Informática Cultura Turismo Establecimientos público Organizaciones sindicales Constitución Propiedad intelectual Aseguradora Nacionalidad Administración Central