Presidente, muchas gracias. Yo quiero aclarar dos últimos temas por último, en primer lugar quiero referirme al tema que se manifiesta la ponencia negativa relacionado con el desconocimiento tajante de la interpretación adecuada de la convención que se manifiesta en esa ponencia, que debe ser literaria aquí quiero simplemente hacer dos apreciaciones. En primer lugar, que a la luz de una interpretación evolutiva de ese artículo 23.2 y en atención al carácter vivo de la convención, es decir que su interpretación debe darse a la luz de la evolución de los tiempos y la evolución institucional, la restricción de esos derechos políticos efectivamente debe de ser realizada por una autoridad de naturaleza judicial, y vale decir en ese sentido o en sentido amplio y no restringido a un juez penal. Lo que sí es claro y fundamental es que cualquiera que sea el camino utilizado para materializar esa restricción debe efectuarse con pleno respeto de las garantías establecidas en la Constitución y esas garantías es a ser juzgado por un juez imparcial, que el proceso se surta en dos etapas con distinto funcionario, lo cual creo que acata perfectamente este proyecto de ley. De otra parte, si bien es cierto la Corte Interamericana según el artículo 62 de la convención es la competente para interpretar y para aplicar las disposiciones de la convención, también es cierto que existe el concepto del margen nacional de apreciación, es decir el grado de discrecionalidad nacional para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico convencional en materia de derechos humanos, ante la ausencia de un claro e inobjetable consenso entre las partes del convenio. Sobre qué Sobre su alcance e interpretación, la cual en si bien es altamente excepcional puede ser aplicada, y máxime cuando los pronunciamientos de las altas cortes colombianas han establecido las formas en que las convenciones deben integrarse a nuestro derecho interno. Y, en segundo lugar,
Adriana Magaly Matiz Vargas
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