n todas las entidades del Estado, todas las entidades del Estado, que lógicamente vamos actualizando semana a semana, con todos los desarrollos que se han hecho unos integrantes de las entidades públicas, las entidades privadas, la cooperación internacional, que han sido fundamentales en este desarrollo unos otros integrantes, que son los entes de control, que están aquí acompañándonos, realmente todas las semanas, y por supuesto, la prioridad que es precisamente la comunidad raizal. Cómo se ha hecho la estructuración para la intervención, y basados en qué hemos ido haciendo esto, pues aquí hay un marco normativo claro, la Senadora Avella, creo que nombró algunos de ellos está la Ley 1523 del 2012, la que adopta realmente la política Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, pero además, la que establece como tal, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y se dictan otras disposiciones, que quiero dejar claro, que independientemente, dentro, aquí dentro de la Ley 1523, no aparezca esa figura de la Gerencia de la Reconstrucción trabajamos totalmente en llave, no solamente con la Unidad de Gestión de Riesgo, sino con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el Decreto número 1472 del 18 de noviembre, por el cual se declara la situación de desastre del Departamento Archipiélago, de Providencia y Santa Catalina. Cuando vemos entonces la Ley 1523 del 2012, vemos artículos muy importantes que quiero dejar claro, y por eso mi exposición no va a ser tan larga, porque aquí voy a estar acompañada con quien realmente tiene el manejo del plan de acción específico, que definitivamente, cuando se declara esta situación de desastre o calamidad pública, se activan las estrategias para la respuesta, es la Unidad de la Gestión del Riesgo de Desastres en lo Nacional, las Gobernaciones y las Alcaldías en lo territorial, quienes elaboran
Susana Correa
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