onstitucional, dice que si el Ministerio de Hacienda no interviene en el proceso legislativo, u omite conceptuar la viabilidad de algún Proyecto, esa omisión o la no intervención, no vicia el trámite constitucional de un Proyecto de Ley. Dice en comillas “Este requisito no puede entenderse como un poder de veto sobre la actuación del Congreso, o una barrera para que el Legislador ejerza su función legislativa, lo cual se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático”. Era lo que venía sosteniendo la Corte Constitucional. Además, dice que la Ley sí puede intervenir en definir, porque tienen recursos endógenos y exógenos, y en esos recursos exógenos el Congreso puede los municipios intervenir. En particular, la Corte nos ha señalado que nada obsta para que la Ley intervenga en la definición de las áreas en las cuales deben destinarse los recursos nacionales transferidos, o cedidos a las entidades territoriales. En ese orden de ideas, quisiera recordar acá lo que aprobó el Congreso de la República y que se convirtió en la Ley 2075. En primer lugar, reconocer los honorarios por las sesiones modificando el Artículo 66 de la Ley 136, para que los Concejales de sexta y quinta categoría, pasarán a devengar como Concejales de cuarta categoría, recordando acá que un Concejal de sexta categoría hoy en día y con la decisión de la Corte, y anteriormente antes de la Ley 2075, reitero, en promedio no devengan un salario mínimo legal. En segundo lugar, reconocer decía la Ley 2075, el valor de las sesiones de las comisiones permanentes, y en tercer lugar un tema que fue concertado con el Gobierno nacional, el pago de la seguridad social. Compañeros, los Concejales del país son los únicos servidores públicos que no tienen seguridad social paga por el Estado y allí se concertó con el Gobierno nacional, con el Ministro y el Viceministro
Representante Buenaventura León León
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