Como Senador de la República, integrante de la Comisión Sexta Constitucional, dirijo la presente misiva a fin de servir como puente entre el sector transporte intermunicipal y su cartera, para expresar la preocupación que se tiene ante la crisis económica que atraviesan, producto de la disminución de hasta un 70% de sus ingresos, derivados de la pandemia del COVID-19, lo que los tiene en la quiebra, pudiendo afectar a miles de familias, que dependen de forma directa e indirecta de este sector y fundamentalmente afectando la movilidad de más de diez millones de personas, que en promedio durante un mes utilizan este servicio. Reconozco que durante la emergencia declarada por el Gobierno nacional se adoptaron medidas tendientes a generar beneficios para el sector. Sin embargo, dado que la pandemia ya ajusta 14 meses, se considera necesario que se estudien medidas adicionales, de tal forma que se busque que sigan pudiendo conectar a los ciudadanos en el territorio, ejerciendo su actividad mantener las plazas de trabajo que generan, generando empleo y siendo actores fundamentales para la reactivación económica de nuestro país. Algunas posibilidades giran en torno a modificar el calendario de chatarrización flexibilización con el pago de impuestos y disminución de los mismos, así como continuar, y en lo posible aumentar, los apoyos a las nóminas que se nivele al 100% la capacidad de los vehículos del transporte intermunicipal y urbano, toda vez que los recientes estudios han demostrado que el contagio no tiene como fuente principal el sistema de transporte público, especialmente cuando se cumplen las medidas de autocuidado, tales como el uso del tapabocas, y evitar hablar dentro del mismo. Aunque no es decisión de su cartera, sí considero que por su conducto se puede solicitar al Ministerio de Salud la inclusión de conductores, personal de taquillas y personal de terminales de transporte en la etapa de vacunación, toda vez que su actividad es de 
Ministra Ángela María
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