Muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a las Senadoras y Senadores por este espacio. Nuestra intervención está dirigida en esta oportunidad a contrarrestar lo manifestado por la Honorable Presidenta del Consejo Superior, en el sentido de intentar informar al Congreso de la República que la pérdida de autonomía que se presenta en la reforma a la administración de justicia obedece a la posible injerencia que tendría la Comisión Interinstitucional a hacer obligatorios sus conceptos. Considero que el Honorable Senado o Congreso debe saber que la pérdida de autonomía del Consejo Superior no radica ahí radica es en la manera como son elegidos estos miembros, dado que al ser elegidos por los magistrados de las altas cortes y desde ahí empieza el deterioro o la pérdida de autonomía administrativa, es decir, desde su origen, pese a toda la intención del constituyente. Hay una pérdida de autonomía administrativa, a partir de la elección, dado que el elegido queda condicionado a lo que finalmente determine quién los elige. De suerte que, si es bien cierto que el constituyente, con el fin de asegurar la autonomía administrativa de la rama judicial, creó el Consejo Superior, a quien le confió otras funciones, como entre otras las funciones de la administración de la carrera judicial, sin embargo, 28 años después, ese propósito constituye hoy en día una quimera, una autonomía, una utopía, una fantasía, porque el Consejo Superior ha sido totalmente ineficiente, incapaz de administrar adecuada y correctamente los recursos que se le entregan e igualmente para administrar la carrera judicial. Así es que quienes participan en la elección de los magistrados del Consejo Superior, altas cortes, lo han sometido a sus intereses y conveniencias desde allí se direccionan los recursos, se direcciona la carrera, toda, de manera que resulta superflua la insistencia de la Comisión Interinstitucional. Como 
Óscar Domingo Quintero Argüello Asojudiciales
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