as para el pleno En ese sentido el enfoque de facilitación implica que los Estados tienen que establecer presunciones a favor del derecho de reunión y manifestación, esas presunciones son básicamente que se presume que todas las reuniones y protestas son lícitas, que tienen un ca actos de violencia esporádica o los delitos que comentan algunas personas dentro de las manifestaciones no pueden atribuirse a los otros participantes, ni pueden ser motivo para disolver o impedir el ejercicio de este derecho, tampoco pueden ser considerados responsables del comportamiento ilícito de otras personas los organizadores de protesta, ni mucho menos las tres gar de la reunión. Eso creemos que no puede suscitarse responsabilidad penal, civil o administrativa contra las por el mero hecho de ser organizadores de la protesta y no les puede ser imputables a los organizadores las actuaciones ilícitas de otras personas porque se estaría violando el principio de responsabilidad objetiva y toridades y los organizadores para poder impulsar los derechos a la movilización. Creemos que frente a la exigencia del periodo de cuarenta y ocho horas, es un periodo que tiene ya cuarenta y cinco años establecido en el Código Penal y que esos periodos inclusive podrían reducirse dado la facilidad de los medios tecnológicos hoy disponibles, sentación personal ante la primera autoridad del lugar sino a través de vías como el internet, WhatsApp, correo electrónico que facilitan que inclusive estos tiempos pudieran reducirse. Sin embargo creemos que el la protesta por sí en ilícita, ni puede servir a las autoridades para disolver la misma, en ese sentido también es necesario que el código regule la posibilidad de la los cuales las comunidades y las organizaciones se ven Sin embargo también a veces las autoridades apelan la existencia de riesgos o las presuntas amenazas para impedir el derecho a la protesta y creemos que la mera existencia de ries
Alberto Yepes Palacio
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