fiscales adelantados en su contra y que el régimen jurídico existente en Colombia se adecúa a las garantías derivadas de la Convención. Más adelante sostiene la Corte, la Corte ha señalado en relación con la protección de los derechos políticos, que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, la Carta de la OEA, tratado constitutivo de la organización de la cual es parte Colombia desde 1951, continúa, por otro lado la Corte recuerda que los derechos políticos no son absolutos, de forma tal que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones. Sin embargo, la facultad de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el 38 cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. La Corte advierte que la Comisión y las partes interpretaciones divergentes respecto sostienen al alcance del artículo 23.2 de la Convención al respecto, el Tribunal recuerda el caso López Mendoza vs. Venezuela, se pronunció sobre el alcance de las restricciones que impone el artículo 23.2 respecto a la inhabilidad del señor Leopoldo López. El artículo 2302 y 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el presente caso que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una condena por juez competente en proceso penal, ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues es el órgano que impuso dichas sanciones no era un juez competente, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales con
Senador Roosvelt Rodríguez Rengifo
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