certeza, esa mayor certeza se puede obtener cuando pudiéramos nosotros en la Comisión Primera o la Cámara de Representantes como un todo, tuviera que esas firmas estuvieran certificadas por alguna entidad certificadora de firmas, vamos a ponerlo de esa manera. La más común en Bogotá es Certicámaras, eso significaría palabras más palabras menos, que cuando un Representante envíe un documento a la Secretaría General de la Comisión Primera, inmediatamente la Comisión Primera recibe un código, que efectivamente le demuestra que esa firma corresponde a ese Representante, igual procedimiento debería darse respecto de las otras firmas que aparecen en los documentos anexos. Reitero, la preocupación es cuando se envía un Proyecto o una Ponencia y esa Ponencia, es firmada por personas adicionales al que envía el mensaje de texto. Si esto último lo tuviéramos en la Cámara de Representantes sobre la Comisión Primera, pudiera resolverse de una vez por todas, la posibilidad de que no exista ningún tipo de inconveniente para recibir por la vía de mensaje de datos, los documentos Ponencias y Proyectos. Yo creo y estoy plenamente convencido, sin embargo, se plantea la inquietud y la duda, acerca de si las leyes que aparecen en el documento, son suficientes como para alterar, modificar o complementar la Ley 5a de 1992. Y en ese sentido, yo debería decirles a ustedes que, en mi opinión, estas leyes si bien no modifican ni cambian la Ley 5a de 1992, sí debería entenderse que el Congreso no está exento de la utilización de los mensajes de datos y mucho menos de utilizar la firma electrónica, vuelvo y repito que según interpretación del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, debe entenderse como firma escaneada y firma digital. Será esta Comisión, la que pueda considerar, si los alcances de lo que yo esto
César Augusto Lorduy Maldonado
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