derechos especiales y beneficios basados en su carácter de minorías étnicas”, por su parte el convenio 169 de la OIT, adoptado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, estableció la obligación del Gobierno de desarrollar con la participación de la población afrocolombiana, acciones orientadas a proteger los derechos de esta población y a garantizar el respeto de su integridad y su derecho a la igualdad de derechos y oportunidades en las mismas condiciones que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, sumado a la mencionada Ley 70, han sido expedida otro gran número de disposiciones y normas en pro de la población afrocolombiana, tales como la Ley 725 de 2001, “Por la cual se establece el día nacional de la afrocolombianidad la Ley 1833 de 2017”, Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley de 1992, se crea la Comisión Legal para la protección de los derechos de las comunidades negras y/o población afrocolombiana del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. La Ley 2068 de 2020, “Por la cual se modifica la ley general del turismo y se dictan otras disposiciones” entre otras, sin embargo, a pesar de que existen diversas leyes sobre el tema en muchas ocasiones esas leyes se quedan en el papel y su reglamentación y cumplimiento no se llevan a cabo por las entidades competentes, ni tampoco se crea las políticas públicas necesarias para garantizar su acatamiento, lo que hace evidenciar la importancia que tiene no solo de expedir normas que contengan acciones positivas, que busquen beneficiar a la población afrocolombiana, sino también que dichas normas sean reglamentadas e implementadas por las entidades respectivas, con el fin de que tengan un alcance e impacto real sobre dicha población y así contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la población de sus derechos y a la protección
Jorge Humberto Mantilla Serrano
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