hablando de que no son recursos nuevos, de la economía territorial, los que se allegan a estas instituciones, si no que estamos hablando de los mismos recursos, de la economía local y, entonces, lo que se hace con estas leyes, es autorizar la emisión de unas estampillas, que encarecen la contratación y naturalmente esos sobrecostos de la contratación, pues terminan pagándolos las mismas entidades públicas, con su propio presupuesto, es decir están comprando servicios más caros, luego se están disminuyendo sus recursos para otro tipo de inversiones locales y finalmente lo que ocurre en este escenario, es que el impuesto termina, por un lado encareciendo la gestión administrativa territorial y por otro lado definiendo desde la ley la destinación de los recursos locales, que por mandato constitucional son de propiedad de los territorios. Y este nivel nacional, no tiene por qué tocar esos recursos, pero en fin ese no es el tema que se define en esta ley, simplemente pongo de presente digamos, la imperfección de este sistema de estampillas, por su inequidad y digamos por abuso de la iniciativa local, en la medida en que a la ley, al aprobarse una ley de estampillas, se está ya condicionando un gasto público territorial, que debiera ser de la libre discrecionalidad de las asambleas departamentales, o de los concejos municipales, claro que normalmente la ley dice que autoriza a esas entidades territoriales a aprobar la emisión de las estampillas y de hecho pues las entidades territoriales lo que hacen es aceptar digamos el objeto de la Ley de estampillas, que se aprueba, que le llega repito, en forma de una ley y termina desfigurándose digamos, ese escenario de inversión y de gasto público territorial pero en fin, eso no lo podemos arreglar en esta Ley, yo diría que en la historia de la Ley hay tres temas que vale la pena mencionar, uno el Ministeri
Iván Marulanda Gómez
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