en el Representante Legal de Tierra y Vida, que está ahí el señor Carlos Páez Díaz, todas estas fotos fueron tomadas el día de la invasión, eso es garantía, señor Director. Pobres opositores tenerse que enfrentar a un Estado, como a la señora de la camisa blanca, a quien conozco, la señora de la camisa blanca, llegaron 400 policías del SMAD a sacarla a ella con sus dos niñitas, y más de 100 funcionarios, una burocracia que parece es una aplanadora, quitándole los derechos mínimos a un ciudadano. Para concluir, para mí es muy extraño que la unidad no utilice las fuentes que le da el mismo Estado, la unidad no utiliza la Unidad de Justicia y Paz para que le diga si hubo despojo o no, no utiliza el Batallón, no utiliza la Brigada, no utiliza el Ejército, al pobre cam una lesión enorme, porque el predio hoy vale mucho más plata, le toca a ese campesino que compró al bandido adjudicatario, ir a buscar al propietario original o a sus hijos, para que le den el avalúo de la tierra, que se la compró el Incora. Fincas como la del señor Serrano, que valía mil millones de pesos, fue comprada en 207 millones, si usted divide eso por el número de invasores, le da el valor que valía la parcela, pues resulta que el Estado no conserva ningún archivo del valor de nada, y somete a ese pobre campesino a una tortura para demostrar que es de buena fe. Solo el 5%, señores, de esas mil Sentencias, ha sido el campesino o el opositor reconocido como de buena fe exenta de culpas, es imposible poder cumplir con esa normatividad, yo he recibido muchas denuncias, he recibido denuncias de cómo el Director de Montería, al parecer ha incurrido en falsedad, por un campesino analfabeta. He recibido denuncias, de cómo
María Fernanda Cabal Molina
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