Muchas gracias a todos, buenas tardes, como miembro también directivo y asociado a Asonal Judicial, pues queremos aprovechar este espacio, a pesar de que ya han sido muchos los temas que se han presentado, se han expuesto a lo largo de toda la reunión, que motivan y justifican la solicitud de archivar el proyecto de reforma a la justicia. Y es que no podemos dejar pasar por alto o dejar de lado, un tema que, a pesar de ya ser conocido y bastante trillado, entre algunos estamentos del estado, si se insiste en este proyecto de reforma, como un condicionamiento para el ejercicio del derecho de huelga, la libertad sindical y el derecho de sindicalización, cómo es que la justicia es un servicio público esencial. Este aspecto, a pesar de haber sido ya abordado por la OIT, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, en el que precisa que los Estados parte, deben garantizar estos derechos y no pueden adoptar medidas legislativas que menoscaben estas garantías, ha sido y también ha sido así moderado por la Corte Suprema de Justicia, que ha interpretado estas garantías en la Sentencia SL-1680 de junio del 2020, el derecho de huelga en servicios esenciales y precisa que este derecho debe mirarse bajó dos conceptos importantes, uno la actividad y el otro del servicio. Porque en la actividad pueden concurrir servicios de diferente naturaleza, que para poder ser considerados esenciales, deben ser potencialmente necesarios para su correcto funcionamiento, pero en aquellos que no resultan indispensables para el mantenimiento del derecho fundamental, es decir, que no pongan en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas, el ejercicio de este derecho se justifica cuando su motivación, precisamente es el menoscabo de los derechos de los trabajadores que prestan el servicio. En ese orden y teniendo esa claridad, consideramos
Luisa Fernanda León Asonal Judicial
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