Gracias Presidenta, unas inquietudes que me nacen aquí un poco en borrador para la discusión, desde el año 2004 según las estadísticas que me llegaron a la oficina con fuente en Medicina Legal, desde el año 2004 hasta la fecha, 2019 es el corte, 312 menores fueron asesinados por el Estado a través de su fuerza pública, en bombardeos, acciones directas, etc. 312 menores, todo un colegio completo prácticamente habría muerto bajo balas del Estado, es el producto de un reclutamiento que fundamentalmente las FARC, como señala la Senadora, ha realizado de menores de edad. Entonces aquí me surge una inquietud jurídica, si la ley, si el tratado internacional habla de qué es el Protocolo de Ginebra, habla de prohibición para menores de 15 años, que más o menos era el principio que usaba Colombia, pero legalmente lo aumentamos a 18 años como sugiere la Senadora qué pasa con estas personas que han muerto o qué pasa con las qué van a seguir muriendo porque se trata de mirar hacia delante cuál es la restricción que tendría el Estado para... menores de edad Entonces se entiende que un menor de edad sea miembros de las FARC o el ELN o del GAO etc. no son miembros de esas organizaciones, están allí forzadamente, forzadamente están en una situación de guerra y si están en una situación de guerra y la contraparte hace una operación y los mata cuál es la situación jurídica inquietud que dejó a la doctora María Fernanda, porque creo que tendría que añadirse el proyecto de ley, no solamente con este tema, sino con el otro tema, la otra cara de la moneda y entonces el Estado puede matar menores de edad que han sido reclutados forzadamente puede o hay un límite legal o la ley que es la que estemos discutiendo podría poner una talanquera, de tal manera que las operaciones legítimas del Estado cuiden
Julián Gallo Cubillos
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