, dada la ausencia de unas medidas que realmente se ajusten de lleno a una lógica de justicia virtual. Documentaba la doctora Remolina también, una serie de fallas recurrentes en la conectividad de testigos claves o de abogados que tratan de evitar que se lleve a cabo una audiencia virtual, por alegar falsamente un problema de tema de conectividad y dentro de la encuesta que presentó la judicatura, 12 ellos decían que el 90% de los encuestados por la judicatura manifestaban que la virtualidad debería ser flexible y debería ser una posibilidad, pero no una obligación. Por eso queridos ponentes, miembros del gobierno, hemos radicado una serie de proposiciones que quisiera que fueran discutidas, el primero es que cuando hay proceso sin abogado, uno debería poder tener una garantía de que pues se preserve la posibilidad de la ciudadanía de decidir si lo quiere hacer de manera presencial, hay un artículo al Artículo del decreto de ley, estamos señalando que en todos los despachos se garantizara la atención presencial a los usuarios. La manera en la cual está redactado ese Artículo 1, es como que la presencialidad es la excepción, en aquellos eventos en los sujetos qué sucede si un campesino está recorriendo, no tiene conectividad, está recorriendo probablemente una jornada de horas y horas en lancha para llegar a un despacho judicial y resulta que no atiende porque está en virtualidad Entonces siempre debe haber la posibilidad de atención presencial, distinto es la excepción, de que si se cumple con los requisitos pueda ser virtual. En el Artículo al proyecto de ley, estamos haciendo una serie de propuestas que entiendo venían de unas conversaciones de la senadora Angélica Lozano, que tiene hoy imposibilidad de asistir a la sesión, para poder extender esto a una serie de especialidades incluyendo la civil, mercantil, familiar, laboral, seguridad social, penal militar y otras, entiendo
Juanita María Goebertus Estrada
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