, el artículo 135 es el que habla del homicidio en persona protegida dice que “todo aquel que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado ocasione la muerte de personas protegidas conforme a los convenios internacionales sobre el derecho humanitario y que son ratificados por Colombia incurrirán en prisión de 30 a 40 años y una multa de 2.000 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. El artículo 141B, es el que habla de las personas de la trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual, este dice que “todo aquel que en ocasión y en desarrollo del conflicto armado que capte, traslade, acoja o reciba a una persona protegida dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación sexual incurrirá en prisión de 156 a 276 meses y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes”, se extrae entonces de todo esto que al hacer una valoración objetiva de los lineamientos, se encuentra que vulneran y trasgreden de manera similar los bienes jurídicos tutelados, pero que persiste una desproporción en la proporción de la pena por lo que se entiende que a situación de igual gravedad se debe aplicar penas de igual gravedad. Pero entonces, es cierto que he dicho que un castigo más severo no es garantía de que la conducta deje de cometerse, tampoco es garantía alguna que el Estado sea benevolente con quienes cometen crímenes que ofenden la humanidad, porque así nunca se va erradicar el crimen, tienen que tomarse medidas ejemplarizante por parte del Estado y una justicia, sobre todo, una justicia efectiva para que el crimen deje de cometerse y el delito de reclutamiento ha sido un delito que no ha sido atendido de una manera adecuada durante décadas en Colombia e incluso en el Gobierno pasado se intentó invisibilizar y que desde el Centro Democrático fuimos los únicos que 
Margarita María Restrepo Arango
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