onces, tenemos una situación delicadísima frente esta violencia institucional que la propia Corte la define como la lentitud en el trámite de una denuncia o de una medida de protección es un abuso por parte también del Estado cuando las autoridades actúan sin creerles a las mujeres que denuncian los jueces que no tienen en cuenta en sus decisiones la obligación de fallar desde el punto de vista de la diferencia de género que se ajustan a estereotipos machistas o que olvidan la situación de vulnerabilidad de la mujer. También se estima como violencia institucional, desestimar una denuncia de violencia intrafamiliar por considerar que hubo agresiones de la pareja, sin examinar si la mujer actuó en defensa, eso sucedió en mi pueblo, el alcalde le pegó a su mujer y le recibieron la denuncia a él pero a la mujer no se la recibían se exige a la víctima de violencia sexual que demuestre que se resistió a la agresión se desconoce la violencia psicológica porque los testigos no fueron presenciales como si en una violación se necesitaran testigos presenciales para que pueda ser delito se desestima la gravedad de la violencia por inexistencia de secuelas significativas psicológicas o porque la mujer no asume la actitud en seguridad, no llega llorando o no llega deprimida. Me parece muy importante porque vamos a hablar de la violencia con hechos reales. Datos según el Observatorio Colombiano de las Mujeres en su décimo boletín consolida la naturaleza de las llamadas en la línea 155, incluyendo violencia intrafamiliar. Según el observatorio se recibieron un total de 6.226 llamadas durante el periodo del 25 de marzo al 28 de mayo de 2020 mientras en el año 2019 fueron recibidas 2.020, mostrando un aumento de 4.026 llamadas. Es decir, aumentaron en un 228% las llamadas denunciando violencia intrafamiliar. Esto es gravísimo un aumento extraordinario durante esta situación de pandemia que nos parece que hay necesidad de mirar cómo la corregimos. Al examinar el
Aída Yolanda Avella Esquivel
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