Señor Presidente, honorables Senadoras, Senadores, buenas tardes. He escuchado con enorme atención los discursos de los tres citantes y esa ocasión me ha permitido estar cada vez más convencido de una reflexión que he tenido muy presente en el último mes y medio y es que, en la letra pequeña del derecho muchas veces se esconden grandes injusticias, terribles injusticias que parecieran como garantías de debido proceso, garantías de igualdad formal, garantías de debate suficiente, pero que todas están diseñadas para mantener privilegios, también, para mantener exclusiones. Me ha correspondido estar en un gobierno que quiere cambiar todo eso de la faz de Colombia y hacer desde la ley un escenario que sea más justo con toda la sociedad, especialmente, con la población más vulnerable, con los que siempre han estado excluidos y han sufrido tanto. Esa inicial reflexión general, me permite aterrizar el tema del debate de hoy en los siguiente, ciertamente no me corresponde a mí –de esa me libro– de responder la mayor parte de los cuestionamientos que se han hecho sobre el inventario de bienes que tiene la SAE, Sociedad de Activos Especiales, la forma como se ha administrado, pero sí unos asuntos que me parecen interesantes. el Ministerio de Justicia es parte en los procesos de extinción de dominio y ha formado o ha participado en 2.432 procesos. Esa experiencia de haber participado en más de dos mil procesos de extinción de dominio permite tener un diagnóstico sobre lo que funciona bien, que algo funciona bien y lo que debería, probablemente, reformarse en esta materia. Lo primero que hay que reconocer es que los procesos judiciales de extinción de dominio duran una eternidad, son enormemente demorados, sus términos se cuentan por años. Y probablemente, son enormemente demorados porque el número de jueces es irrisorio. Parece como los datos que nos daba la Senadora Isabel Cristina de lo que daban por hectárea, pues aquí, para todos estos proceso
Néstor Iván Osuna Patiño
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