quisitiva del sistema establecido por la Constitución, se trata de una remisión expresa de la Ley 5a de 1992, la cual en su artículo 365 establece que, todo vacío procedimental de la presenta ley, será suplido por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en este caso, de la Ley 600 que es la que trae el título y los respectivos capítulos de los juicios especiales. En este sentido no podría hacerse remisión a un Código Penal, de tendencia acusatoria como el contenido en la Ley 906 del 2004. Sería esto una remisión incompatible con el esquema Constitucional mismo, la remisión con la Carta Suprema es, aquella que le dé operatividad en lo reglado por la Ley 5a de 1992, por lo cual la normatividad procesal aplicable debe ser consecuentemente la Ley 600 del 2000, esto se reitera por cuanto la Ley 5a del 92, establece que el organismo que investiga es el mismo que decida se acusa o no, y en el evento que no haya mérito para acusar y que deba cesar el procedimiento, lo puede hacer la misma Cámara de Representantes.
Luis Fernando Duque García
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