Gracias, señor Presidente. Quiero dejar constancia ante la Plenaria del grave quebrantamiento del orden jurídico internacional que se está presentando en el país, por cuenta de las decisiones de la que debería ser la entidad que proteja justamente el marco normativo existente. Me refiero a la decisión adoptada por la Procuradora General de la Nación de suspender del cargo al señor alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, junto al alcalde de Ibagué y un concejal, en abierta contradicción de lo que ya ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Leopoldo López versus Venezuela, y, más recientemente en el caso, Gustavo Petro versus Colombia. En los que, ese Alto Tribunal, deja claro que autoridades administrativas no pueden limitar los derechos políticos. Y no se trata de un asunto de ideologías, pues si se quiere, puede revisarse que los dos casos que citó son contra personas de bloqueo económico, además del hacinamiento, en el cual se encuentran los asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros crímenes perpetrados contra pueblos y pobres vulnerables. Estos hechos, por ejemplo, que iniciaron el pasado de mayo, cuando el grupo de las AGC citó a una reunión a la comunidad para darle dos horas, para abandonarse o para quedarse, de lo que puede, esto apenas, a 100 metros del puesto más cercano de la Fuerza Pública. Eso es parte de la preocupación que hoy, y pregunta que le hacemos al Gobierno nacional. La gente ha sido encerrada y sometida a cuatro días de hambre y terror, bajo la amenaza de que, si salen a la calle, “van a ser llevadas al cepo”, como se puede oír en los audios de WhatsApp que han circulado por distintas cadenas de WhatsApp. Pero este castigo es selectivo, porque en los días más álgidos del paro toda la clase pudiente de Montería, junto con
Iván Darío Agudelo Zapata
Reubicación de entidades Organismos de Control Nacionalidad Organización Territorial Legislación administrativa Administración Central Establecimientos público Regulación económica Medios de comunicación Fronteras Fuerza Pública Prestaciones Servidores Públicos Defensa Nacional Monopolios Servicios públicos Control fiscal Calamidades públicas Organizaciones sindicales Política Internacional Aseguradora Zona franca Bienes nacionales Régimen Agropecuario Leyes Tierras Diplomacia Empréstitos Hacienda Vivienda Informática Corporaciones Autónomas Regionales Banco de la República Impuestos Fondos de prestaciones Minería Monumentos públicos Comercio Exterior Presupuesto Recursos ictiológicos Constitución Asuntos de la mujer Planeación nacional Energía Políticas migratorias Control de calidad Propiedad intelectual Seguridad Social Espacio Aéreo Transporte Educación Política portuaria Turismo Ecología Salud Recreación Medio ambiente Mercado de Valores Investigación científica Cultura