Señor Presidente, señores Congresistas, lo primero es lamentar que esta clase de debates que son fundamentales para el departamento que nos ocupa el Toli la presencia de las cabezas de los Organismos de Control que fueron citados, y lo digo claramente porque este debate apunta a establecer responsabilidades por omisión, que naturalmente le debe corresponder investigar en la parte patrimonial a la Contraloría General de la República y en la parte disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación. Pero ni el señor Procurador, ni el señor Contralor, ni el Defensor del Pueblo que fue invitado también, concurren porque como aquí no se trata de uno de esos debates convocados, con el eco de la gran prensa, seguramente consideran que pueden delegar su presencia en sus funcionarios ejecutores, señor Presidente se trata, reitero, de establecer quién debe responder por los graves daños ambientales en el Tolima. Y para eso hay que hacer naturalmente un recorrido para que los colombianos entiendan acerca de cómo se conceden estas licencias para extracción de material de arrastre, a partir de la Ley 99 de 1993 se estableció el requisito de la licencia ambiental, cuya primer etapa la de exploración minera debe aplicarse con base en las guías expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en equipo con el Ministerio de Minas y Energía en el año 2012, y contar con el permiso de ocupación de causas otorgado por las Corporaciones Autónomas Regionales. En este caso como se trata de una explotación superior a 250.000 metros cúbicos por año, la competencia de la autoridad ambiental es del ANLA, pero es que el tema señor Presidente no es de la licencia precisamente los requisitos para conceder la licencia fueron cumplidos, hubo un estudio de pacto ambiental, hubo un plan de manejo ambiental, pero en el cumplimiento de las actividades de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales y la atención del plan
Representante Arturo Yepes Alzate
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