inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por el término de quince años, en la revisión del fallo se alegó la violación de los derechos políticos, la violación de las garantías judiciales y la protección judicial y se alegó la violación al derecho a la integridad personal. Su contenido y al respecto de cada uno de estos alegatos en los derechos políticos la Corte concluyó, que los derechos del señor Gustavo Petro se vieron afectados, el artículo 23 de la Convención, no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción de los derechos políticos de un funcionario público que es democráticamente elegido. Se afectaron los derechos de aquellas personas que lo eligieron y el principio democrático, en cuanto los derechos de las garantías judiciales, la Corte Interamericana concluyó que el proceso disciplinario seguido contra el señor Gustavo Petro no respeto la garantía de la imparcialidad, ni el principio de la presunción de inocencia. Pues el diseño del proceso implicó que la sala disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias, en una misma persona. En el caso existió una violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Gustavo Petro, fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente y, por último, en lo que respecta a los alegatos de derecho de integridad personal, la corte concluyó que no es posible establecer un nexo causal entre la imposición de la sanción disciplinaria y las reacciones presuntamente amenazantes que dicha sanción pudo haber generado en redes sociales. Adicionalmente advirtió, que no existen elementos que demuestran que las sanciones impuestas por la contraloría, por la superintendencia de industria y comercio, hayan generado una angustia tal
Fabio Raúl Amín Saleme
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