Muchas gracias, señor Presidente y muchas gracias Representante Ciro por la invitación. Bueno, como les estaba comentando mi compañero, yo tengo otros tres puntos sobre los que quisiera llamar la atención, en primer lugar, es que hemos hablado mucho del artículo 64, el Acuerdo también cita explícitamente el artículo 65 y el Acuerdo trata de o se supone que es un desarrollo de los deberes y de las obligaciones contenidas allí para el Estado, sin embargo, yo quisiera aclarar que el Acuerdo desconoce precedentes Constitucionales, desconoce las Sentencia T- 063 de 2019, desconoce la Sentencia C-077 de 2017 y desconoce la Sentencia T-325 de 2017, en esta Jurisprudencia la Corte afirma que en aras de garantizar la seguridad alimentaria el Estado debe otorgar una especial protección a las economías tradicionales de subsistencia y de las comunidades que dependen de este tipo de comunidad económica que son puestas en riesgo cuando se involucran estos proyectos de monocultivo el Acuerdo debería mencionar entonces en ese sentido, que los proyectos que se desarrollan en estas Zonas de Desarrollo Empresarial deben ser acordes o deben respetar lo que la Corte ha interpretado sobre este derecho Constitucional. También existe un gran vacío en cuanto, respecto a cuántas Zonas de Desarrollo Empresarial se pueden constituir en un municipio o territorio y teniendo en cuenta que no se exige la concertación con las Autoridades Territoriales parece que no hay un límite claro para la manera en la que el Gobierno Nacional puede disponer de estos baldíos. Otro punto importante es que el acuerdo como se mencionó, pero creo que de pronto es importante tenerlo muy claro, el Acuerdo prevé un estudio técnico, jurídico por parte del ANT, pero este estudio no le da ningún tipo de garantía los ocupantes actuales de esos baldíos, es más, el Acuerdo genera un incentivo perverso para que grupos de interés, incluso
Milton Alberto Valencia Herrera
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