en algunas decisiones del señor Ministro de la Defensa Nacional, ese son uno de los asuntos que tenemos dentro de los cuestionarios, que se han planteado allí. Esta Comisión Segunda, trabajó durante varios años en la elaboración de la Ley Estatutaria 1621 del 2013, que es la ley de actividad de inteligencia y contrainteligencia, que establece todo el marco jurídico alrededor de las cuales se deben realizar las actividades de inteligencia, cómo se respetan los derechos constitucionales, cómo se respetan los derechos humanos, cómo se respeta también el Derecho Internacional Humanitario. Qué entidades están definidas para realizar estas actividades respecto del control político que se hace en las mismas precisamente de allí surge la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Es allí, donde precisamente entendemos que uno de los mayores hechos, de los más bochornosos diría uno, es que sean los medios de comunicación los que sorprendan al Gobierno, que en términos periodísticos, uno podría decir, el Gobierno dejó que lo chiviaran, con resultados sobre la posible investigación sobre los asuntos que habían sucedido. Más grave aún, es que estos hechos que fueron publicados por la revista Semana, si uno revisa específicamente, podría hacer parte de la inteligencia blanca, podrían hacer parte del análisis de redes sociales, de medios de comunicación de perfilamientos que puede realizar cualquier persona sin incurrir en ilegalidad. La dificultad enorme está en que cuando se empieza a indagar sobe las órdenes que se impartieron para realizar estas acciones, no aparecen los responsables. Más aún, cuando el Comandante del Ejército, sale en los medios de comunicación y expresa abiertamente que no conocen el origen de las órdenes, que no se conocen los operativos, no se conocen las unidades que están encargadas de estos asuntos, mucho menos cómo se financiaron
Juan Diego Jiménez
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