y yo le acompañaría y allí viene mi sugerencia, que no se trate simplemente de una convocatoria pública, sino de un proceso de selección a través de un concurso previamente reglado en la ley, esto va a ampliar el abanico de posibilidades de personas que aspiran a ocupar esos cargos y por supuesto va a contribuir al mejoramiento de las calidades idoneidad de estas personas, pero marginando ese elemento de la subjetividad que ha sido tan criticado y que puede terminar desembocando en burocracia en la Rama Judicial y clientelismo. La segunda propuesta creo que no tiene mayor discusión se trata simplemente de asegurar el principio de proporcionalidad en la representación del Consejo Superior, respecto de las tres Cortés. Y la tercera propuesta, aquella que pretende modificar el artículo 255 de la Constitución, me parece una propuesta razonable. Hay que entender que originariamente, a las cabezas de las Instituciones en la Rama Judicial, pero también en los órganos de control, se les daban competencias decisorias en el marco de su función y eso era lo que justificaba asimilar esos requisitos a los requisitos de los Magistrados y una exigencia rigurosa en las calidades que deberían reunir estas personas como Abogado, pero adicionalmente a la experiencia relacionada con el ejercicio del derecho. Hoy por hoy la tendencia es hacer desprender a sus funcionarios de la Función Judicial, pongo un ejemplo, el Fiscal General de la Nación, que inicialmente en la Constitución del 91, tenía funciones directas de investigación y que sus Fiscales Delegados simplemente lo acompañaban en el proceso de investigación, pero era él, el que tenía que firmar las providencias, fue sustituido por un sistema en el cual se llegó a la conclusión, de que esto era una gran mentira, que realmente eran los Fiscales Delegados ante la Corte, los que adelantaban la investigación ejercían la función de investigación de acusación y que por tanto eran ellos los
Darío Bazzani
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