cuando esté presente discordancias con los planos aprobados por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, en la medida que el Decreto 1469 de 2010, determina que los planos deben corresponder fielmente al respectivo proyecto de parcelación, urbanización o construcción que represente. En consecuencia estos soportan los actos administrativos que autorizan las autoridades urbanísticas y en este sentido se constituye en insumos vinculantes para los copropietarios, así la aprobación surtida por la autoridad urbanística legaliza y legítima el contenido del respectivo plan. Es de anotar que esta aprobación supone el cumplimiento de una serie de requisitos normativos y es un trámite que implica el acatamiento de unos plazos y costos determinados siendo incluso más práctico y útil que la copropiedad se acoja al contenido de los planos, procediendo posteriormente con el ajuste del respectivo reglamento. Esta recomendación que hacemos en esta proposición está orientada a garantizar congruencia, coherencia, armonía entre la representación gráfica de la propiedad horizontal y las normas que la regulan, esta es la segunda proposición señor Presidente. La tercera y última que proponemos es que se elimine el artículo 42 del Proyecto de ley 511, cuya justificación tiene la siguiente las funciones del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, están estrictamente circunscritas a lo señalado en el artículo 3571 de 2011, y en esta medida no es propio del Ministerio emitir conceptos que escapen a las materias que normativamente les fueron asignadas. En su artículo 2o este decreto claramente regula las funciones de carácter político, administrativo y técnico, referidas a la formulación, diseño, ejecución y seguimiento de la política pública de vivienda en Colombia, lo cual tampoco guarda relación con la facultad de dictar doctrina en la medida que esta última se enmarca bajo una noción académica que en términos propositivo puede ser planteada más para una entidad
Esperanza Andrade Serrano
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