TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: sin modificaciones La situación de la población civil víctima de la guerra y la obligación de protección  dispensada por los Estados que no participan en el conflicto arranca, en el derecho  internacional humanitario, de las Convenciones de Ginebra de 1949 y, especialmente, de  la IV convención. Sucesivas declaraciones regionales, como la de la Organización de la Unidad Africana,  de 10 de septiembre de 1969, o la de Cartagena de Indias, de 22 de noviembre de 1984, han  configurado en el derecho internacional el principio de no devolución al país de origen a la  población civil que huye de su país cuando éste está sumido en un conflicto armado. La proliferación de conflictos armados internos en la década de los años 90, en los que  sectores de población civil se convirtieron en uno de los principales objetivos militares, ha  colocado el problema de la protección de estas poblaciones amenazadas en un lugar  preferente en los debates de la Comunidad Internacional. Haciéndose eco de estas preocupaciones, el Tratado Constitutivo de la Comunidad  Europea en su artículo 63.2 establece que el Consejo de Ministros deberá adoptar unas  normas mínimas para conceder protección temporal a las personas desplazadas  procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen. En cumplimiento de este mandato, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó  la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas  para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas  desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros  para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. El ordenamiento jurídico español, sin embargo, no era ajeno a estas preocupaciones.
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