Néstor Humberto Martínez
# Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez Neira (Bogotá, Colombia; 8 de febrero de 1954) es un abogado y economista colombiano.

Fue Superintendente de Sociedades, Superintendente Bancario, Co-director del Banco de la República de Colombia, Embajador de Colombia en Francia entre 1996 y 1997, Ministro de Justicia en el gobierno de Ernesto Samper, Ministro del Interior en el gobierno de Andrés Pastrana, Ministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos y Fiscal General de la Nación entre 2016 y 2019.

## Biografía

Hijo del humorista Humberto Martínez Salcedo. Bachiller del Colegio Mayor de San Bartolomé (1972) y graduado como economista (1976) y abogado (1977) de la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial. Fue uno de los fundadores del Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá; funcionario de la Superintendencia de Sociedades, Superintendente delegado para las Instituciones Financieras y en 1990 fue nombrado Superintendente Bancario. En 1991 asumió como parte de la primera Junta Directiva del Banco de la República, que sucedió a la Junta Monetaria.

En 1994 fue nombrado Ministro de Justicia y Derecho en el gobierno de Ernesto Samper; ejerció durante poco más de un año el cargo, destacándose en medidas como la tipificación de delitos para perseguir el narcotráfico, la aprobación del Estatuto Anticorrupción y la Ley de Administración de Justicia. Fue nombrado Embajador en Francia (1996-1997), renunciando para postularse infructuosamente a la Alcaldía de Bogotá. En 1998, siendo elegido Presidente Andrés Pastrana, fue nombrado como Ministro del Interior (1998-2000); en 1999 ejerció interinamente como Ministro de Justicia nuevamente; durante este periodo se destacó como un controvertido interlocutor del gobierno en el Congreso, llegando a ser presionado a la dimisión ante la amenaza de una moción de censura.

Se dedicó al litigio a través de su propia oficina de abogados y a la docencia en diversas universidades. El 13 de agosto de 2014 el presidente Juan Manuel Santos creó el cargo de Ministro de la Presidencia y nombró a Néstor Humberto Martínez como su primer titular. El 11 de julio de 2016 fue elegido como Fiscal General de la Nación, por decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al obtener 17 votos de los 20 posibles.

## Renuncias

Durante el Gobierno de Ernesto Samper, renunció como Ministro de Justicia, desatando una polémica dado que al otro día de su renuncia se fuga de la cárcel la Picota uno de los principales miembros del cartel de cali Santacruz.

Durante el Gobierno de Andrés Pastrana renunció como Ministro del interior un día antes de que le fuera instaurada una moción de Censura y pasara a la historia como el primer ministro con dicho proceso.

Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos renunció al Ministerio de la Presidencia, dado que no pudo incorporar unos artículos a la Reforma de Equilibrio de Poderes por diferencias con otros Ministros de Gobierno.

Durante el Gobierno de Iván Duque el 15 de mayo de 2019 renunció a su cargo, luego de conocer una decisión de la JEP que según él iba en contravía de la justicia.

A raíz de la decisión que adoptó la Justicia Especial para la Paz, JEP, sobre la no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira presentó renuncia irrevocable a su cargo.

El fiscal Martínez Neira argumentó que la decisión de la JEP es un desafío al orden jurídico que no será refrendado por él. Martínez, durante una rueda de prensa en la Fiscalía General, exhortó a la ciudadanía colombiana a movilizarse “por el restablecimiento de la legalidad en Colombia”.

Para el jurista, la no extradición de ‘Santrich‘ “constituye una amenaza para nuestra democracia”.

Entre los argumentos usados por el fiscal Martínez está lo que citó como su conciencia y devoción por el Estado de derecho.

“En el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrán convivir con los privilegios de la justicia transicional”.

Sobre la investigación que la Fiscalía General llevó a cabo alrededor del presunto envío de 10 toneladas de cocaína al exterior con la participación de ‘Jesús Santrich’, en tiempos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el fiscal Martínez sostuvo que “las pruebas son concluyentes. Inequívocas”. Sin embargo, en noviembre de 2020 un reportaje del diario El Espectador, el cual terminó en un debate en el Congreso por parte del senador y principal opositor de gobierno, Gustavo Petro, menciona un presunto montaje judicial en el caso de Santrich por parte del entonces fiscal Martínez en presunta complicidad con la DEA estadounidense, con audios falsos que fueron presentados como prueba reina contra Santrich para acusarlo de narcotráfico.

El contexto en que Martínez Neira renunció a la fiscalía era uno de gran presión para su salida de la entidad, por los constantes escándalos que rodearon su gestión, como el del corrupto fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno que él había nombrado, involucrado en el Cartel de la toga y por no apartarse oportunamente de la investigación del caso Caso Odebrecht, a pesar de haber sido abogado privado de uno de los socios de la constructora brasileña, la situación en su contra había escalado al punto en que medios como The New York times publicaron columnas donde se pedía su renuncia.

## Controversias

### Caso Odebrecht

Martínez Neira era abogado del Grupo Aval en la época en que tal entidad se asoció con el grupo Odebrecht para llegar a cabo el proyecto Ruta del Sol II en Colombia, en 2018, siendo Néstor Humberto fiscal general de la nación, una vez había estallado el escándalo internacional por corrupción del grupo brasileño, el medio de comunicación Noticias Uno destapó unos audios que le había entregado Jorge Enrique Pizano, quien fuera auditor del proyecto en tales audios consta como, desde 2013, Pizano le había comunicado a Martínez Neira su preocupación por las irregularidades que había encontrado en la contratación del proyecto, en uno de los audios Néstor Humberto dice, entre risas, que uno de los contratos "es una coima" y en otros apartes textualmente señala que se podría tratar de pagos a Paramilitarismo en Colombia. Sobre esto, Martínez dijo que lo que hizo fue leerle a Pizano el concepto elaborado por un reconocido abogado penalista a partir de una consulta puntual que él le hizo. Adicionalmente, Martínez pidió que sean revelados todos los audios que hay sobre conversaciones suyas con el entonces auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, de tal manera que se pueda conocer el contexto en el cual se dieron.

Frente a los hechos denunciados, una vez asesinado el auditor Pizano, en extrañas circunstancias, Néstor Humberto se pronunció señalando que los audios se dieron en un contexto de conversación "entre amigos" y que no había denunciado los hechos por que no le constaba que fueran ciertos.

Para adelantar la investigación del caso Odebrech, la Corte Suprema de Justicia nombró un fiscal Ad-Hoc. Al respecto Néstor Humberto manifestó publicamente los siguiente: “Celebro, que como lo propuse hace dos años al Congreso de Colombia, pasara que en los casos de impedimentos se le de vía libre, y que como ente caso el impedimento de la vicefiscal se haya aceptado”.

Justo cuando la campaña presidencial de Gustavo Petro estaba en el ojo del huracán por el apoyo que habría recibido de un narcotraficante en Casanare y de cuenta del escándalo de su hijo Nicolás Petro, el mandatario salió a cuestionar el manejo del caso Odebrecht en Colombia. El presidente aseveró que “esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos”. Inmediatamente el ex fiscal Martinez le solicita al presidente recoger sus palabras sobre su actuación como fiscal general. El escrito, firmado por Martínez y dirigido al primer mandatario, le solicita rectificar unos trinos en los cuales menciona el papel que cumplió en ese cargo frente a la investigación de Odebrecht. Dice la carta:

“Mediante comunicación del pasado 13 de marzo, le solicité rectificar una seguidilla de trinos en los que aludía a mi nombre. Recibí respuesta en la que me precisó que usted hizo “mención a conductas desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación cuando usted era el fiscal general de la nación, pero en ningún momento se le menciona a usted como el autor de dichas conductas”, y precisó que “en ningún momento lo mencioné a usted como autor de alguna conducta delictiva”. Creía superado su proceder de acoso sistemático, pero no es así. En Suiza, usted promueve una relatoría por el “caso Santrich” y en Colombia, durante los últimos dos días, con ocasión de las actuaciones del Departamento de Justicia de USA, ha emitido compulsivamente cuatro mensajes desde su cuenta de Twitter, con el propósito de vincularme torcidamente al asunto, a sabiendas de que, claramente, allí no se me menciona, por lo cual se impone la rectificación de sus declaraciones públicas (art. 42-7 del Decreto 2591 de 1991). Veamos: (i) afirma que el suscrito fue abogado de la red de corrupción en la Ruta del Sol. Esta aseveración es falsa. Nunca fui abogado del consorcio ante el Estado, para el trámite y adjudicación de los dos contratos espurios de concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2, tarea que cumplió otra firma de abogados. Mucho menos pude asistir profesionalmente a una red corrupta. Es cierto, sí que fui el abogado que tramitó el Contrato de Estabilidad Jurídica, por encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta. Mi actuación profesional se hizo con apego a las leyes 963 de 2005 y 1607 de 2012. Fue en el 2017, durante mi época de fiscal general, que se descubrió la existencia de pagos ilícitos a servidores públicos, para impulsar este contrato. (ii) En el debate en el Senado de noviembre del 2018, y ahora, reitera que fue usted quien denunció la existencia de un cohecho para la obtención del Contrato de Estabilidad Jurídica de la Ruta del Sol. Esta afirmación es igualmente falsa. Fue la Fiscalía, durante mi administración, la que estableció este delito y de ello informó a la opinión pública, mucho antes del debate congresional del 2018, como consta en los comunicados de prensa del 4 de octubre de 2017 y del 15 de noviembre de 2017. (iii) Manifiesta que para obtener el susodicho Contrato de Estabilidad Jurídica se hizo un pago de USD $3.4 millones de dólares. Otra falsedad. Hace 6 años la Fiscalía probó que el pago ilícito que realizó Odebrecht por el Contrato de Estabilidad Jurídica fue por $ 4.000 millones de pesos. La misma Corte Suprema de Justicia así lo corroboró, mediante sentencia de su Sala de Instrucción de la Sala Penal, de fecha 15 de marzo de 2022. Valdría la pena conocer las razones por las cuales usted trata de desinformar a la opinión pública en relación con el monto de esta coima. iv) Dice que gracias a este contrato de estabilidad jurídica, se ‘redujo el pago del impuesto de renta del 35 % a un poco más de El (sic) 1%’. Una nueva falsedad. Como abogado en ejercicio solicité el Contrato de Estabilidad Jurídica con base en lo dispuesto en las leyes 963 de 2005 y 1607 de 2012. Tales normas no permitían reducir el impuesto de renta del 35 % al 1 %, como irresponsablemente lo afirma. Basta leer la cláusula cuarta del contrato referido, donde no se dispone semejante exabrupto.(v) Adicionalmente, manifiesta que hubo ‘encubrimiento’ en la investigación de Odebrecht y que en Colombia ‘se impidió un juicio transparente’. Se trata de una calumnia. La investigación de Odebrecht lleva 10 años en el mundo entero. En Colombia, durante los 3 años de mi administración, los fiscales de conocimiento identificaron las principales líneas de investigación, recaudaron la evidencia más importante, indagaron a más de 90 personas y, mientras la justicia internacional hablaba de USD 11,5 millones de dólares en sobornos, dentro de los primeros seis meses habían establecido que las coimas en nuestro país ascendían a $ 84.000 millones de pesos (alrededor de USD 36 millones de dólares de la época). Ahora bien, en el denominado caso Odebrecht no actué nunca como fiscal de conocimiento, de suerte que usted no puede imputarme conducta irregular alguna.Independientemente de la necesaria RECTIFICACIÓN, me anticipo a precisarle que seguiré contribuyendo al debate público desde mi columna de opinión, que tanto parece incomodarle."

### Cartel de la toga

Cuando Néstor fungía como fiscal general de la nación, se dio el escandalo conocido como el Cartel de la toga. Según la Fiscalía General de la Nación, el entonces fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como Yayo, y Leonardo Pinilla, también conocido como "El Porcino"– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.

### Denuncia de tráfico de influencias

En marzo de 2022 se destapó un escándalo por el traslado de una fiscal de la unidad de reacción tardía al Putumayo, supuestamente en retaliación por haber decidido citar a audiencia de imputación de cargos a una poderosa familia de Bogotá, la fiscal Monsalve denunció presiones de parte de Martínez Neira e incluso publicó audios donde el rector de la Universidad Sergio Arboleda le solicitaba recapacitar su decisión de imputar cargos, haciendo expresa referencia al interés de Néstor Humberto al respecto. Ante la evidencia aportada, Martínez Neira se defendió diciendo que no incurrió en tráfico de influencias sino que simplemente "facilitó una cita" y que no había incurrido el delito alguno.

### Caso Jesús Santrich

Un informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2022 demostró que las acusaciones contra Jesús Santrich y su detención fueron un complot de la DEA y del Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, para socavar el proceso de paz colombiano, incitar a las FARC a volver a las armas y enviar el mensaje a la opinión pública de que el acuerdo de paz había fracasado.

