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El monopolio de la fuerza física y el aumento de la seguridad son sin duda dos variables que se han tenido en cuenta por las ciencias sociales y humanas para evaluar el proceso de construcción del estado nacional. La definición clásica dada por Weber para definir el Estado como “aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado –esto, el ‘territorio’ es la clave– ha logrado (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física”[1], ha sido fundamental para entender la entidad nacional; sólo hasta finales del siglo pasado se aceptó por la comunidad científica integrar al paradigma el monopolio fiscal propuesto por el sociólogo alemán Norbert Elias.[2] Autores como Anthony Giddens han cuestionado el protagonismo del control de la violencia en la formación del Estado Nación, para este autor el monopolio de la fuerza física es un resultado de la construcción estatal pero no necesariamente una característica fundamental de la estatalidad. En su concepción, Giddens define al estado en términos de su capacidad de movilizar los medios de violencia e imponer sus reglas por un territorio determinado.[3]El proceso de formación estatal en Europa está relativamente bien estudiado para el centro del continente, según la visión sintética de Charles Tilly el continente europeo habría experimentado la construcción de monarquías centralizadas que gradualmente disminuyeron e incluso eliminaron el poder local y regional durante los siglos XV al XVIII. El siglo XIX presenció la consolidación del proceso, específicamente la burocratización del poder político y el control interno, el desarme de la población civil y el vuelco hacia la conquista exterior.[4] Esto ha llevado a autores a considerar que el incremento de la violencia en América es el resultado de un proceso de democratización muy rápido y radical, tal como lo planteó el historiador holandés Pieter Spierenburg al referirse a Estados Unidos: “el continente norteamericano se movió hacia el mundo moderno casi de la noche a la mañana, sin atravesar por el extenso desarrollo que caracterizó a las sociedades europeas.”[5]Trabajos recientes desde una perspectiva comparada reducen el peso dado al poder político en la construcción del Estado latinoamericano, en cambio se brinda mayor importancia a las instituciones, tal es el caso de Marcus J. Kurtz, quien se pregunta cuál es la capacidad de las instituciones públicas para imponer sus políticas (impuestos, redistribución de ingresos, proveer bienes públicos, imponer estrategias de mercado o desarrollo, entre otras), en especial en sociedades cuyos actores tienen un interés particular y se resisten a dichas imposiciones ejerciendo ellos mismo un poder político o económico.[6] La consolidación del poder político y fiscal es factor de análisis importante desde esta perspectiva, pero ya no se encuentra limitado al “monopolio de la violencia” sino al “control del territorio” (aspecto muchas veces obviado en la definición weberiana), que no es resultado de un proceso unívoco sino fruto de una tradición histórica que construye el estado a partir de lo posible, lo deseable y lo realizable, y  por ende involucra la acción del estado no sólo a nivel de legitimidad sino además de acciones económicas, de extensión de su dominio, de la capacidad de imposición de políticas y finalmente del ejercicio del poder simbólico.[7]Frank Safford señala que ha persistido el prejuicio que considera que las naciones latinoamericanas no han sido capaces de ejercer la autoridad y el poder requeridos para construir estados nacionales, sin embargo, los análisis a partir de perspectivas comparadas con fundamentos teóricos más amplios que los weberianos (o los estructuralistas marxistas, dependentistas o de otro tipo unicausal) muestran que, a pesar de la variabilidad de experiencias de formación estatal, los estados americanos decimonónicos en general funcionaban de manera poco menos que óptima, de hecho afirma que no encuentra “un solo factor que permita o inhiba el desarrollo de los estados decimonónicos latinoamericanos, sino en todo caso un conjunto de factores, no todos ellos de la misma importancia o que operen de la misma manera.”[8]Teniendo en cuenta esta perspectiva que complejiza la construcción del Estado Nación el ejercicio de la guerra también adquiere una nueva dimensión, no porque sea una condición necesaria para la formación estatal, sino porque se complejiza su papel que “acompaña” los proyectos de las élites en la construcción de la nación posible. Si bien los conflictos internos fueron una constante en la mayoría de naciones durante el siglo XIX, la construcción del estado nacional fue en buena medida el resultado no planeado de la construcción institucional que se vio enfrentada casi de manera permanente con desafíos no sólo de las élites sino, además, de los grupos insurgentes y las regiones rebeldes,[9] por lo cual no se reduce a la dualidad “ejército-fiscalidad”. En ese mismo sentido, las guerras civiles no pueden entenderse limitadas como desafíos al monopolio de la fuerza ya que éste fue resultado de la formación del estado y no precedente a la construcción del mismo.Las guerras civiles son expresión del proceso de construcción del estado y la nación mas no evidencia de la incapacidad o negligencia del estado para consolidar el proyecto nacional,[10] de hecho, como señaló el sociólogo alemán Wolfgang Knöbl los estados americanos del siglo XIX no deben ser considerados como casos “atípicos” ya que “incluso en los más exitosos caso de Europa la construcción de la nación y el estado fue un proceso lento y desigual.”[11] Las naciones decimonónicas europeas también enfrentaron una herencia de desigualdad, de poderes locales que enfrentaron la institucionalidad cuyas elites promovieron el liberalismo desde arriba, incluso, a pesar de tener los ejércitos más poderosos de la época, los estados europeos también contaron con serias dificultades para consolidar un ejército nacional. Así mismo “el hecho que los estados europeos se volvieran enormemente poderosos en el siglo XX no es evidencia que en esa parte del mundo haya existido siempre un claro desarrollo lógico que las guiara hacia la construcción de entidades políticas fuertes.”[12]Con este marco de referencia comprender las guerras civiles decimonónicas en las naciones de América Latina en relación con la construcción de los estados nacionales brinda una perspectiva mucho más amplia de un proceso que en cierta medida se observa como prefigurado en las mentes de los “constructores de la nación”. Lo que pretendo en este trabajo es enunciar las guerras civiles que se presentaron en cinco países latinoamericanos (Chile, Colombia, México, Argentina y Perú) en relación con la característica particular que, según la historiografía actual, explica la consolidación del proyecto estatal en cada caso. Lo que se pretende es poner en cuestión la idea de una debilidad del estado como prerrequisito para la irrupción de guerras civiles y por otro lado entender las particularidades que, a pesar de los conflictos armados, llevaron a la consolidación institucional de las entidades estatales.&#160;Guerras civiles y debilidad del estadoEn primer lugar hay que comprender que el concepto de guerra civil es en mismo histórico aunque, según la propuesta de István Kende, responde a por lo menos cuatro características principales: en primer lugar que correspondan a conflictos de masas, esto es que haya un equilibrio entre las fuerzas de tal manera que los genocidios y masacres no entran en esta categoría; además deben enfrentar a dos fuerzas de las cuales una por lo menos debe ser un ejército regular al servicio del gobierno, es decir, excluye el mero bandidismo o los golpes de estado; en tercer lugar ambos bandos deben tener una mínima organización centralizada, y finalmente sus acciones se llevan a cabo de manera planificada respondiendo a una estrategia global.[13] En este sentido las guerras civiles decimonónicas, tanto europeas como latinoamericanas, se ajustan perfectamente a este modelo.Peter Waldmann, un tanto en la misma línea que Pieter Spierenburg y Norbert Elias, considera que el proceso de construcción de estados y naciones en Europa difiere sustancialmente de las demás regiones del orbe en tanto las guerras entre los príncipes y reyes sirvió como palanca para consolidar los estados, a diferencia de las naciones latinoamericanas en las que después de la independencia la reorganización al interior de las fronteras fue un proceso violento que enfrentó a las diferentes clientelas políticas.[14] En este sentido se asume que las guerras civiles fueron el resultado de un estado débil, incapaz de mantener el control sobre su territorio por medios institucionales, con lo cual el caudillismo resultó de la debilidad del estado, el regionalismo y el desorden comercial.[15]Habría que preguntarse entonces ¿si el estado hubiese sido fuerte no habrían ocurrido guerras civiles? La dificultad radica en definir qué sustenta la fortaleza del Estado, por ejemplo, para el caso mexicano la pax porfiriana fue posible gracias al control férreo de la oposición política, pero en Colombia el periodo de paz posterior a la Guerra de los Mil Días fue producto del poder compartido entre conservadores y liberales.[16] Sin embargo ambos proyectos resultaron en un nuevo conflicto, el porfiriato fue derrocado por la Revolución mexicana en tanto el régimen abierto colombiano fue puesto en jaque por la acción violenta de guerrillas conservadoras y liberales sólo controladas con la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1953. La fortaleza estatal entonces no radica sólo en lo militar, puede basarse en efectivamente en un ejecutivo fuerte, pero también en acuerdos para equilibrar el reparto de poder o de la burocracia, e incluso de amalgamiento social ante el temor por el desorden o la destrucción de la nación misma.El análisis tampoco puede reducirse a la consideración según la cual las guerras civiles fueron producto sólo de un estado excluyente enfrentado a las clientelas regionales. Como muestra Posada Carbó, la participación en las guerras civiles no fue un simple ejercicio oligárquico o clientelista, muchas tropas iniciaron con unas cuantas decenas de milicianos mal armados y terminaron en ejércitos de número lo suficientemente significativos como para enfrentar al gobierno. Muchos de los participantes en las confrontaciones, de origen humilde, vieron la posibilidad de ascenso social en las milicias y con ello la recompensa por sus sacrificios, en tanto en la caída de la tropa podía derrumbar también a los caudillos, como en 1859 en Chile cuando Abdón  Garlín perdió la lealtad de sus seguidores y tuvo que huir de su ajusticiamiento.[17]Las guerras civiles entonces no dependen tanto de la debilidad del estado, de su incapacidad o negligencia para monopolizar la fuerza, sino de la capacidad de los rebeldes para movilizar, atraer y sostener las tropas, así como de las oportunidades que para los combatientes representa la victoria sobre el gobierno, ya sea en reparto burocrático y fiscal a nivel nacional o regional, como en ascenso social para aquellos combatientes de extracción más humilde. Hay que tener en cuenta que los ejércitos decimonónicos tuvieron problemas de conscripción, sostenimiento, actualización tecnológica y disciplina, pero el enemigo también tenía esos problemas y aún en mayor medida, por lo tanto, si bien el estado era débil también lo era su contrincante.&#160;Relación de las guerras civiles en la construcción de los estados nacionalesA pesar de que las guerras civiles no son producto de la debilidad estatal sí acompañan el proceso de consolidación del estado y de creación de la nación. Los conflictos armados en sus diferentes dimensiones enfrentan al gobierno pero no necesariamente transforman las instituciones estatales, antes bien fortalecen a un grupo en el gobierno o reemplazan los cuerpos burocráticos con nuevos grupos. La relación de estos caudillismos con los sectores populares es diversa, como ya se dijo anteriormente los adeptos se consiguen más por la promesa de obtener beneficios que por una verdadera fundamentación ideológica; por otra parte los campesinos e indígenas que protagonizarán revueltas por lo general tratarán de mantener su autonomía regional antes que intentar transformar el sistema institucional.Chile a nivel latinoamericano es un caso excepcional ya que logró una pronta centralización después de la independencia tras la derrota de los federalistas en 1830 y la posterior constitución de 1833 que determinó un gobierno centralizado con un ejecutivo fuerte. A pesar de las confrontaciones internas (aunque menores que en los demás casos latinoamericanos) fue el único país que logró sostener su constitución, a pesar de las consecutivas modificaciones, hasta su reemplazo en 1925. La fortaleza militar no fue óbice para dos levantamientos entre 1837 y 1851, ni para el reemplazo del gobierno conservador por uno liberal en 1876 que no fue hecho por la fuerza sino por un acuerdo para reducir las facultades extraordinarias del ejecutivo. De esta manera, como lo interpretó Safford, Chile evitó las tensiones y rupturas que ocurrieron en México entre 1830 y 1850, de cierto modo acortó el camino que llevó hacia un ejecutivo fuerte que de manera gradual debilita su poder en pos del equilibrio con el legislativo y el judicial.[18]La Guerra de los Mil Días en Colombia, si bien logra desafiar al gobierno tras la exclusión del partido liberal de la participación política y la pérdida de independencia del poder legislativo y el judicial, no consigue derrocar el gobierno, ni destruye la institucionalidad, de hecho deja intacta la constitución conservadora de 1886 que se mantendrá vigente hasta la nueva carta de 1991. El sistema de exclusión se verá pronto debilitado por los acuerdos bipartidistas que permitieron la reforma electoral y con ello el reemplazo de los frentes armados por las coaliciones electorales, muchas de ellas basadas en las relaciones interpartidistas.[19] Sin embargo esto no fue el resultado de una acción exclusiva del gobierno, también fueron significativos otros factores como la pérdida de confianza en el conservadurismo después de la separación de Panamá en 1903 y el derrocamiento del general Rafael Reyes en 1909 después de una serie de protestas populares en marzo de dicho año, así mismo el reemplazo generacional de las élites partidistas de raigambre militar por líderes políticos de tradición civilista cumplió un papel fundamental en la nueva política electoral, más incluso que los mismos efectos de la Guerra Civil de 1889 a 1902.Con respecto a México la constitución resultado de la Revolución de Ayutla y la consolidación de ésta después de la Guerra de Reforma son sin duda un hito en la construcción del estado nacional, pero están enmarcadas en dos eventos fundamentales: la invasión estadounidense de 1846 a 1848 y la invasión francesa seguido del imperio de Maximiliano. En este plano la Guerra de Reforma juega un papel indiscutible en la construcción del proyecto nacional, pero lo fue tanto como los desafíos que tuvo que enfrentar una nación que se vio enfrentada en sí misma a la destrucción por los imperios extranjeros y que por ende tuvo que fortalecer su control central aunque sosteniendo una federalización en términos formales, proceso que llegará a su culmen con la larga presidencia de Porfirio Díaz y que incluso tuvo efectos significativos en la Revolución Mexicana (basta recordar la fuerza del partido constitucionalista). Como ha señalado Safford, la diferencia entre México y Colombia es que a pesar de que ambas naciones presenciaron una serie de confrontaciones entre federalistas y centralistas después de 1830, México resolvió ese problema después de la Guerra de Reforma, en tanto Colombia tuvo que esperar hasta las primeras décadas del siglo XX.[20]Argentina por su parte tuvo una convulsa historia de enfrentamientos que se engloban en la llamada “Guerra Grande” en la que, por poco más de una década, se entremezclaron conflictos armados entre facciones provinciales e internacionales de Uruguay, Brasil, Francia e Inglaterra. El resultado final fue la elaboración de la constitución de 1853 que dividió el país en dos: la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, la cual sobrevivió la posterior unificación del país en la década de 1870. En 1870 y 1876 algunos grupos armados se levantaron en la provincia de Buenos Aires para rechazar la constitución, sin embargo sus reivindicaciones cayeron sobre terreno estéril, la burocratización civil y militar había logrado consolidar un aparato institucional sólido que le permitió a ese país enfocarse en la producción de bienes de exportación.[21] David Rock señala que para la mayoría de los pobladores de Argentina la guerra civil desatada en 1880 carecía de sentido, tanto así que el embajador francés de la época consideró que más que una guerra civil lo que había era una lucha de unos cuantos caballeros deseosos de ocupar unos cuantos cargos públicos.[22]El caso más particular sería el de Perú cuya definición nacional estará fuertemente influenciada por la guerra contra Bolivia y la guerra del Pacífico que implicó la aplastante victoria del poder militar chileno sobre el peruano. Después de la resolución del conflicto con Chile el estado del Perú fue de una debilidad manifiesta, como lo ha señalado Brooke Larson, se desató una nueva fase de guerra ahora entre facciones nacionales entre 1883 y 1884, por una parte llevada a cabo por el conflicto entre los caudillos militares Miguel Iglesias y Andrés A. Cáceres, además de las “montoneras” que invadían haciendas y villas aprovechando el clima de desorganización gubernamental. Sería hasta la década de 1880 cuando las élites peruanas entrarían en diálogo para enfrentar las guerrillas de campesinos indígenas.[23] La reconstrucción nacional que inició con Cáceres será reemplazada en la década de 1890 por la República Aristocrática de Nicolás de Piérola, proyecto que consolidó el orden nacional bajo la premisa de la exclusión de los indígenas campesinos, que como el régimen argentino y el mexicano ganó legitimidad entre los círculos de poder gracias al crecimiento económico.[24] HipótesisTal como lo planteó Marc Bloch, tal vez una de las mayores ventajas de la historia comparada sea el servir de instrumento para plantear y probar hipótesis,[25] por ello más que conclusiones, inalcanzables en un trabajo de tan corto aliento como este, quisiera finalizar este texto con una serie de hipótesis que se construyeron a lo largo de la elaboración del manuscrito. Desde la última década del siglo XIX las naciones latinoamericanas presenciaron la pérdida gradual de legitimidad de las guerras civiles como formas de hacer políticas, las tropas irregulares cada vez fueron más difíciles de incorporar y mantener en tanto los ejércitos se fueron modernizando y fortaleciendo. En Colombia, por ejemplo, el cambio de mentalidad de los líderes políticos, cada vez más cercanos al ideal civilizatorio que al espíritu guerrero, tuvo incluso más importancia para las posteriores negociaciones interpartidistas que el fortalecimiento del ejército nacional.  Las guerras civiles no fueron resultado de la debilidad del estado ni de su negligencia por mantener el orden, responden ante todo de las limitaciones políticas, la fuerte centralización, el peso mayor del ejecutivo sobre los demás poderes, los intereses por acaparar u obtener puestos burocráticos, todo esto acompañado por un contexto de lenta interconexión económica, fuertes poderes locales sustentados por redes clientelares, así como liderazgos político-militares de los caudillos políticos.Las guerras civiles no comprendieron los únicos enfrentamientos sociales decimonónicos, las revueltas campesinas tuvieron diferente nivel de impacto, a veces alcanzando repercusiones nacionales. En ocasiones una revuelta campesina se entremezclaba con las guerras civiles, pero en general lograron que las élites que obtenían el control del gobierno negociaran con los poderes locales para obtener ciertos beneficios, como por ejemplo el repartimiento de tierras en México después de la Guerra de Reforma o la eliminación del tributo personal en las comunidades indígenas peruanas después del establecimiento del pierolismo.[26]Las guerras civiles al igual que las internacionales sirvieron a las élites gubernamentales para legitimar la paz y el orden, los recuerdos del desorden y barbarismo de los enfrentamientos pasados funcionaron como justificantes de un férreo y excluyente ejecutivo en tanto se conducía a los estados al concierto de las naciones civilizadas. La paz porfiriana fue el fundamento del orden y el progreso, la regeneración colombiana se basaba en la paz social y eficiencia administrativa, el pierolismo peruano excluyó a los campesinos en pro del crecimiento económico, al igual que lo hizo Argentina que sacrificó su poder regional para centrarse en Buenos Aires que funcionó como eje articulador de la nación.Sin embargo lo más evidente es que tal vez lo único común entre los diferentes casos haya sido la irrupción de guerras civiles durante la construcción del estado nacional, pero, lo más relevante, es que en cada caso los grupos políticos optaron por diversas estrategias para consolidar el orden estatal, que tal vez sólo en Chile haya estado asociado a un ejército fuerte. En Colombia fue necesaria la negociación interpartidista, en México la unión ante la amenaza extranjera, en Argentina la burocratización hizo su parte y en Perú la exclusión de los indígenas y la organización aristocrática garantizó la institucionalidad. En todo caso lo que se demuestra es que no puede considerarse el proceso de construcción estatal y nacional como una fórmula que siguen o no los países de acuerdo con un guion preestablecido por sus próceres, gobernantes o “agentes del imperio”, al contrario, la evolución de los estados latinoamericanos se llevó a cabo muy a pesar de los intereses originales de aquellos personajes que asumieron las riendas de un proyecto que muchas veces no iba más allá de sus intereses particulares.Bibliografía Bonaudo, Marta, y Élida Sonzogni. “Los grupos dominantes entre la legitimidad y el control”. En Nueva Historia Argentina. Liberalismo, Estado y orden burgués (1852 - 1880), editado por Marta Bonaudo y Juan Suriano, IV:27–96. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1999.Canal i Morell, Jordi. “Guerras civiles en Europa en el siglo XIX o guerra civil europea”. En Guerras civiles: una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX, editado por Jordi Canal i Morell y Eduardo González Calleja, 25–38. 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Kurtz, Latin American State Building in Comparative Perspective: Social Foundations of Institutional Order (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 54.[7] Un ejemplo de esta perspectiva está presente en la obra colectiva de Miguel Angel Centeno y Agustín Ferraro, eds., State and nation making in Latin America and Spain: republics of the possible (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).[8] Frank Safford, “The Construction of National States in Latin America, 1820-1890”, en State and nation making in Latin America and Spain: republics of the possible, ed. Miguel Angel Centeno y Agustín Ferraro (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 25.[9] Véase Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds., Societies of fear: the legacy of civil war, violence and terror in Latin America (London ; New York: Zed Books, 1999), 5.[10] Al respecto dice Jordi Canal: “La guerra civil se encuentra en la base de la génesis o formación de buen número de estados y naciones contemporáneos, tanto en Europa como en otros continentes. Lo que no significa, evidentemente, que cumpla en este sentido funciones históricas, ni necesarias, ni modélicas.” Jordi Canal i Morell, “Guerras civiles en Europa en el siglo XIX o guerra civil europea”, en Guerras civiles: una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX, ed. Jordi Canal i Morell y Eduardo González Calleja, Collection de la Casa de Velázquez, v. 130 (Madrid: Casa de Velázquez, 2012), 25.[11] Wolfgang Knöbl, “State Building in Western Europe and the Americas in the Long Nineteenth Century. 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