{"word_count": 8292, "character_count": 53362}
Así lo dispuso la sala II de la Cám. Civ. y Com. Mar del Plata que condenó civilmente a los propietarios de un camión que, mientras circulaba a contramano, embistió a una persona, pues cuando la causa generadora del deber de reparar es única, se entiende que los dos codemandados han participado en su calidad de dueños en la producción del daño, siendo la obligación habitualmente solidaria como miembros de una sociedad de hecho, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1113 y 1109, segundo párrafo de ambos, del Código Civil, y en el art. 23 de la ley 19.550. Se mantiene lo decidido en cuanto la inimputabilidad del chofer declarada en sede penal, al encontrarse probado que no estaba en condiciones de dirigir sus acciones ni de comprender la criminalidad de sus actos.fuente:http://blog.erreius.com/2015/01/12/fallo-del-dia-en-materia-civil-la-responsabilidad-de-los-copropietarios-de-un-vehiculo-es-compartida/PARTE/S:Rossi, Ángela Ester y otros c/Felice, Jorge y otros s/daños y perjuicios y susacumulados "D. P. de A., E. G. y otra c/F., J.", "A., J. C. c/TransportesAlvarado e hijos", "G., D. c/F., J.", y "Á. J. c/F., J."TRIBUNAL: Cám. Civ. y Com. Mar del PlataSALA: IIFECHA: 27/11/2014JURISDICCIÓN: Buenos AiresTexto Completo:En la ciudad de Mar del Plata a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, reunida laExcelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos dedictar sentencia en los autos: “ROSSI, Angela Ester y otros c. FELICE, Jorge y otros s. Daños y perjuicios” ysus acumulados “Durán Peralta de Alderete, Emilia Graciela y Otra c. Felice, Jorge", “Arrúa, Juan Carlos c.Transportes Alvarado e hijos”, “Gómez, Daniel c. Felice, Jorge”, y “Avila Jorge c. Felice, Jorge” todos ellossobre daños y perjuicios, habiéndose remitido como agregado el expediente caratulado: “Molina, ElizabethBeatriz c. Felice, Jorge s. daños”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó delmismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Pedro D. Valle. ElTribunal resolvió plantear y votar las siguientes:CUESTIONES1) ¿Es justa la sentencia apelada?2) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:I: En la sentencia que obra a fs. 652/723, el Sr. Juez de primera instancia resolvió:a) Que el sobreseimiento de Juan Carlos Arrúa no obstaba la consideración de su responsabilidad en sedecivil, y que la absolución fundada en la inimputabilidad de Jorge Felice al momento del hecho, tampoco loimpedía en tanto solo limitaba su decisión en lo que hace a la existencia y autoría del hecho.b) Encuadrar jurídicamente la cuestión a decidir dentro de la 2da.parte, segundo párrafo del art.1113 delCódigo Civil, sin perjuicio de la aplicación del art.184 del Código de Comercio respecto al codemandado Arrúa.c) rechazar la demanda entablada por la Sra. Emilia Graciela Durán Peralta, con costas.Para decidir de tal modo, el Sr. Juez tuvo por demostrado que la accionante se encontraba separada deFortunato Humberto Alderete, desde - aproximadamente - 16 años antes de que se produjera el accidente enel que este último perdió la vida.Que Alderete había formado una nueva familia con Ángela Ester Rossi, con quien tuvo cuatro hijos, y conquien convivía desde hacía “varios años”.Que Ángela Rossi fue quien retiró su cadáver de la morgue para darle sepultura, y que en supuestos comoéste, no juega la presunción de daños que establecen los arts. 1084 y 1085 del Código Civil, ni se ha podidoprobar que Alderete le pasara alimentos pues como ella mismo reconoció al absolver posiciones, el pleito poralimentos que le entabló, tenía por fin obtener tal prestación para la hija que tuvieron en común.Luego de revisar las declaraciones de los testigos ofrecidos por la actora, concluyó que resultabainsuficiente para acreditar la invocada ayuda material perdida por el hecho dañoso, y en cuanto al daño moral,consideró que la prolongada separación no permite presumirlo, y que la pericia psiquiátrica de fs.206/208arriba a conclusiones basadas exclusivamente en el relato de la actora, que contiene inexactitudes evidentes.Se apartó del dictamen y rechazó también el rubro.d) Hacer lugar a la demanda entablada por Claudia Beatríz Alderete contra Jorge Alfredo Felice, Juan PabloAlvarado, Alcides Juan Alvarado, Juan Carlos Alvarado, y la citada en garantía LaFranco Argentina Cia. deSeguros en liquidación, por los daños derivados de la muerte del padre de la demandante, otorgándole la sumade pesos ... ($...) en concepto de daño moral, teniendo en cuenta que tenía 23 años al momento del hecho, yla estrecha y afectuosa relación que tenía con su padre.e) Hacer lugar a la demanda interpuesta por Juan Carlos Arrúa contra Alfredo Jorge Felice y TransportesAlvarado e hijos y condenar a estos últimos, conjuntamente con la citada en garantía - Cia. de Seguros LaFranco Argentina S.A. en liquidación - a pagar al demandante la suma de pesos ..., con costas a los vencidos.f) Hacer lugar a la demanda interpuesta por Daniel Gómez contra Jorge Alfredo Felice y TransportesAlvarado e hijos, y condenar a estos últimos a pagar al actor, conjuntamente con la citada en garantía Cia. deSeguros La Franco Argentina S.A. en liquidación, la suma de pesos ..., con más las costas del proceso.Rechazar la demanda promovida por Daniel Gómez contra Juan Carlos Arrúa y Elizabeth Molina, quedandoigualmente liberada la citada en garantía “Amparo Cia. Argentina de Seguros S.A.”, con costas al demandante.g) Rechazar la demanda impetrada por Beatriz Elizabeth Molina contra Jorge Alfredo Felice y TransportesAlvarado e hijos, quedando liberada de responder la citada en garantía Cia. de Seguros La Franco ArgentinaS.A. en liquidación, con costas a quien resultó perdidosa.Para así resolverlo, el Sr. Juez de primera instancia, estimó que la actora no probó en el proceso latitularidad del auto o de la licencia de taxi.h) Admitir la demanda dirigida por Jorge Arturo Avila contra Jorge Alfredo Felice, Juan Pablo Alvarado,Juan Carlos Alvarado, y Alcides Juan Alvarado, condenando a los accionados conjuntamente con la citada engarantía Cia. de Seguros La Franco Argentina S.A. en liquidación, a abonar al demandante la suma de pesos..., más costas.i) Estimar favorablemente la demanda entablada por Angela Ester Rossi, por si y en representación de sushijos menores C. I., I. L. , M. J. y A. H. A. condenando a Jorge Alfredo Felice y Transportes Alvarado,conjuntamente con la citada en garantía Cia. de Seguros La Franco Argentina S.A. en liquidación, a pagar a laprimera la suma de $ ..., al segundo la suma de $ ..., al tercero la de $ ..., al cuarto la suma de $ ..., y alquinto la suma de $ ....Rechazar la demanda de estos mismos actores contra Juan Carlos Arrúa y Elizabeth Molina, y diferir laregulación de honorarios para la oportunidad en que se apruebe la liquidación que incluirán los intereses a tasapasiva.II: Apelaron la Sra. Durán Peralta, la Srta. Claudia Alderete, el Dr. Alcides Juan Alvarado por si, y enrepresentación de Juan Carlos Alvarado y Jorge Alfredo Felice, el Sr. Daniel Gómez, la Sra. Angela Rossi por supropio derecho y en representación de los hijos de los cuales detenta la curatela.A fs. 921 del expediente 133.439 expresó agravios el Dr. Diego Sánchez Arean, nuevo apoderado de laSra. Durán Peralta de Alderete y de la Srta. Claudia Alderete.A fs. 925 del mismo expediente hizo lo propio el Dr. Alcides Juan Alvarado en relación a las sentenciasrecaídas en los expedientes 133.439,156.947, 156.946 y 156.945, y en relación a los expedientesnúmero156.950 expresó sus agravios a fs.944.A fs.747 del expediente número 156.950 expresó sus agravios la Dra. Sandra Dominguez, comoapoderada de A. H. , M. J. A. y Angela Rossi, esta última por si y en representación de sus hijos C. I. e I. L. A..Ninguno de los recursos fue respondido.III: Los agravios de los demandados pueden sintetizarse del siguiente modo:a) Critican el encuadre del caso dentro del art.1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil,pues a su entender, la cuestión debe resolverse en base a la disposición del art.1109 del mismo ordenamiento.Para fundar su queja recurre a la posición doctrinaria que fue conocida como “neutralización de riesgos” y citandoctrina y jurisprudencia que la sostuvo en su momento.b) También consideran que la responsabilidad del conductor del taxímetro embestido, Sr. Arrúa, consisteen velar por la seguridad de las personas que transporta, por lo que -sostienen- la culpa debe apreciarse conun criterio estricto atendiendo a lo dispuesto en el art.902.En una línea de pensamiento opuesta, explican a continuación que “...el choque entre dos vehículos enmovimiento pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por losdaños sufridos por el otro (art.1113, párr.2º, in fine) con fundamento objetivo en el riesgo; para eximirse cadauno de los responsables debe probar e invocar la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debaresponder o el caso fortuito ajeno a la cosa que fracture la relación causal”.Se preguntan cual es la cantidad de pasajeros que admite el taxi, para concluir que ha habido culpa porparte de Arrúa, por lo que le cabe la responsabilidad absoluta o al menos concurrente, y subsidiariamenterecurren a la interrupción de la cadena causal mediante el hecho de un tercero que quiso robar al Sr. Felice,cuya relevancia destacan a la luz del art.1113 del Código Civil o del art.184 del Código de Comercio.c) A continuación critican los daños admitidos en la demanda, analizando por separado los perjuiciosreconocidos a cada uno de los reclamantes.Respecto al daño material sufrido por Claudia Alderete, los apelantes estiman contradictoria la sentenciaen la medida en que afirma que su fallecido padre la ayudaba económicamente, y a la vez reconoce queAlderete estaba jubilado y tenía otra familia con varios hijos que sostener, por lo que poco o nada podíaaportar a una hija que a ese momento tenía 23 años, iba a la universidad y era evidente que tenía vida propia.Para fundar su aspiración de reducir el monto de la condena por daño moral, los recurrentes sostienen queel monto de $ ... es desproporcionado en relación al valor fijado para resarcir el daño material que denominan“valor vida”, y que los padecimientos morales de la hija por la muerte de su padre deben haber sido “mínimos”tomando en cuenta la separación de Alderete de la madre de Claudia, a la que consideran prueba suficiente deuna “larga ausencia” que - a su modo de ver - hizo que el vínculo afectivo se reduzca a la mínima expresión.Al referirse a los perjuicios de Juan Carlos Arrúa, conductor del taxi al momento en que se produjo elaccidente, la demandada en su recurso se ocupa de cuatro de ellos.Considera que la incapacidad reconocida no resulta consecuencia directa del accidente, que por ello fuerechazado el lucro cesante y que al día siguiente del hecho, Arrúa estaba prestando declaración en sedejudicial.Estima que los gastos médicos no han sido mencionados ni individualizados, y no surgen de pruebaalguna, para finalizar entendiendo que la fijación del monto destinado a reparar el daño moral en la suma de $..., es absolutamente discrecional en la medida en que remite a los fundamentos esgrimidos en “Alderete c.Felice”, pero a diferencia de ese último expediente, en el presente no hay informe pericial alguna que permita una avaluación sustentada en las aflicciones psíquicas, constituyendo esa indemnización, un enriquecimientosin causa.Respecto a los perjuicios sufridos por Jorge Avila, los recurrentes comienzan recordando que el Sr. Juezfijó la suma de $ ... para atender a la incapacidad derivada del hecho, y lo hizo tomando como propias lasconclusiones del Sr. Perito Médico, que - advierten - fueron objeto de impugnación por su determinacióngenéricaSeñalan que Avila estuvo internado en el Fiorito, y luego en el Italiano, y sus padecimientos se “limitaron”(sic) a un golpe en la cabeza (traumatismo de cráneo) el que le generó un pequeño coágulo que debió serdrenado con resultados felizmente positivos para el actor, quien además sufrió fracturas de diversa entidad, yque también es cierto que obtuvo su alta médica luego de un mes del accidente. Con tales fundamentosconsideran que la incapacidad, y consecuentemente la indemnización fijadas son excesivas, que no se jubiló yque continuó con sus tareas habituales.En cuanto daño moral reiteran que tampoco hay en este caso un informe pericial que sustente la condenaque juzgan discrecional, y que los gastos médicos no han sido individualizados ni probados.Cuando tratan los daños reconocidos en la sentencia apelada a favor de Daniel Gómez, abordan en primerlugar el daño emergente fijado en $ ..., sosteniendo que el sentenciador no ha tenido en cuenta las constanciasprobatorias de la causa penal, el desconocimiento y falta de cumplimiento de la prueba supletoria en torno alcertificado de atención del kinesiólogo, y que tampoco hay probanza alguna que relacione la ausencia altrabajo con el accidente de autos.Insisten en que los elementos obrantes en la causa penal dan cuenta de que Gómez fue dadoinmediatamente de alta, y conforme el parte médico precario se demuestra la existencia de heridas cortantesen la frente y rodilla derecha, lesiones superficiales estima, que no revistieron ninguna capacidad invalidante,por lo que tampoco ameritan ser indemnizadas.Un planteo similar al hecho en los casos anteriores, se reitera en cuanto al daño moral fue fijado en $ ...,con la particularidad de que en el caso, obra un informe de perito médico psiquiatra quien concluye que Gómezno presenta ninguna alteración psiquiátrica. Impugna, por razones similares a las apuntadas en los casosanteriores, los gastos por farmacia y médicos.Finalmente critican el plazo por el que corren los intereses. Señalan al respecto que el Juez ha fijadovalores a la fecha de la sentencia pese a lo cual hace correr los intereses desde el momento del hecho, por loque la tasa aplicable no puede contener un porcentaje destinado a compensar la desvalorización de la moneda.Piden que se modifique este aspecto de la sentencia.IV: Los agravios de los demandados para los autos “Rossi c. Felice” son los que siguen:a) En lo referido al encuadre jurídico de la responsabilidad civil en el caso, los apelantes repiten elesquema propuesto en su otro recurso - más arriba sintetizado - echando mano a la doctrina y a la posición dela minoría en un plenario de la Cámara Nacional Civil, que como se sabe no es doctrina legal obligatoria en elámbito provincial. Repiten que el caso debe ser tratado conforme lo dispuesto por el art.1109 del Código Civilaún vigente.b) Consideran inicialmente subjetivo el factor de atribución que permite endilgarle responsabilidad altaxista, remitiendo a la aplicación del art .902 del Código Civil, y sosteniendo que en base a esa norma debeapreciarse la culpa con un criterio estricto, para continuar en el párrafo siguiente aludiendo a la aplicación alcaso, del factor objetivo riesgo, y fundado en el art.1113 2do. párrafo, 2da. parte del Código Civil, y repetir laspreguntas relativas al número de ocupantes del vehículo, su maniobrabilidad, el peso excedido, etc.Juzgan responsable a Arrúa, manifestando con soltura que el taxi se interpuso en la línea de tránsito delcamión que ya había iniciado el cruce de la bocacalle, omitiendo razonar que el camión circulaba encontramano.c) Subsidiariamente, entienden que ha habido un caso fortuito que interrumpe la relación causal, para acontinuación atribuir la responsabilidad al hecho de un tercero que intentó robar el camión, transcribiendojurisprudencia relativa a los daños sufridos por pasajeros en el contrato de transportes.Sostienen que el robo debe ser considerado fuerza mayor solo cuando haya sido hecho a mano armada ocon una fuerza irresistible, transcribiendo a continuación algunos fallos que refieren a tal delito, para luegoremitirse a los antecedentes obrantes en la causa penal en la cual consta que Jorge Felice fue víctima de un“intento de robo”, lo que ocasionó su desesperada fuga, huida, corrida con el camión hasta el momento en quechocó al taxi, lo que su modo de ver constituye un “casus”.d) Al ingresar en la crítica a los daños receptados en la sentencia, se agravian del daño material que por $... se ordenó reparar a favor de Angela Ester Rossi.Su primer argumento es que la relación de concubinato no tiene las notas de permanencia, ni puede serasimilado al matrimonio, juzgando que la concubina no es una damnificada de iure sino de facto, y que lamuerte de su compañero no lesiona derecho subjetivo alguno, pues - en su opinión- el concubinato no produceefectos jurídicos.Critican la indemnización de $ ... por daño psicológico y de $ ... en concepto de gastos de tratamientopsiquiátrico, que considera incongruentes con el deslinde inicial entre daño moral y material realizado en lasentencia.e) Juzgan elevados los montos fijados para reparar los daños sufridos por los hijos de la pareja RossiAlderete,pues al sumar los intereses, considera que exceden largamente lo que el propio padre hubiera podidoaportar en su vida laboral activa.A este argumento genérico, el apelante suma - en particular - el dies a quo de los intereses fijado al díadel hecho, cuando, por las mismas razones apuntadas en su otro recurso, entiende que las sumas establecidasen “parámetros actuales a la fecha la sentencia” impiden que la tasa contenga un componente destinado acontemplar la depreciación de la moneda.V: A fs. 921 del expediente nro.133.439, el Dr. Diego Sánchez Arean expresó agravios en representaciónde Graciela Emilia Durán de Alderete y Claudia Beatríz Alderete.En relación a la primera de sus representadas, se quejó del rechazo del daño moral que juzga probadomediante la pericia psicológica rendida.Relata que la Sra. Durán de Alderete es la cónyuge de quien falleció en el accidente, de acuerdo al acta dematrimonio que se acompañó. Que tal estado civil continuaba vigente al momento de la muerte de FortunatoHumberto Alderete, y que como viuda goza de la presunción de que tal fallecimiento la ha dañado.Sostiene que los cónyuges Durán-Alderete “...mantenían una relación matrimonial de idas y vueltas, acausa de que el Sr. Alderete mantenía una relación paralela con otra mujer (Rossi) con la cual tuvo otros hijosextramatrimoniales”. Tal “circunstancia” continúa diciendo el letrado, “fue motivo de varias peleas ydiscusiones entre los cónyuges, lo que muchas veces motivaba separaciones de varios días o meses”Considera desacertada la conclusión del Sr. Juez respecto a que los cónyuges se encontraran separados dehecho desde hacía muchos años, reitera su calificativo de “relación matrimonial de idas y vueltas” , pone deresalto que nunca solicitaron el divorcio y señala que la negativa a reconocer el daño moral sufrido por sumandante, para otorgárselo a la concubina Sra. Angela Rossi, “conlleva desconocer el daño moral sufrido por lainfidelidad del Sr. Alderete”, y darle a una relación extramatrimonial el carácter de causa legal para desestimarel legítimo reclamo de la cónyuge.Critica la sentencia en cuanto allí, el Sr. Juez se aparta de las conclusiones del perito médico psiquiatra,las que relata con pormenores, para terminar señalando que la sana crítica aconseja seguir el dictamenpericial, y que no se oponen a ello argumentos jurídicos bien fundados.Critica el monto otorgado a Claudia Alderete, hija del fallecido Fortunato Humberto, señalando que a losotros hijos les concedió $ ... más, con lo cual su mandante está siendo “discriminada injustificadamente”.Entiende que todos los hijos del difunto deben percibir igual suma y pide que se eleve.Finalmente, considera errado que se haya excluido de la condena a la cónyuge supérstite de Juan PabloAlvarado, Sra. Margarita Carmen Carassou. Indica que Transportes Alvarado era una sociedad de hecho queintegraba el fallecido y que -por lo tanto - sus herederos deben responder solidariamente.VI: A fs.939 expresó agravios la Dra. Sandra Dominguez en representación de Daniel Gómez, pasajero deltaxi siniestrado.a) Juzga insuficiente el monto otorgado por la “incapacidad física” y el daño moral.Describe la incapacidad resultante del accidente con remisión a la pericia médica de fs.220/22 delrespectivo expediente en la que se establecía que alcanzaba el 25% del total, y que si se aplicara la fórmulaprevista por la ley de riesgos del trabajo, el monto de la reparación ascendería a $ ..., por lo que le resultainadmisible que el Sr. Juez, sin recurrir a fórmula alguna, la avalúe en un 20% del monto que le hubieracorrespondido de aplicar la LRT.Para pedir la elevación del monto establecido a fin de sufragar el daño moral, la apelante destaca lacicatriz en el rostro que le ha quedado de por vida.b) Al igual que el anterior apelante, considera errado que se haya excluido de la condena a la cónyugesupérstite de Juan Pablo Alvarado, Sra. Margarita Carmen Carassou. Indica que Transportes Alvarado era unasociedad de hecho que integraba el fallecido y que -por lo tanto - sus herederos deben respondersolidariamente.VII: A fs. 747 del expediente 156.950, la misma letrada expresa los agravios que la sentencia le causa a laSra. Ángela Ester Rossi, quien actúa por sí y en representación de sus hijos incapaces C. I. e I. L. Alderete, y alos dos hijos hoy mayores M. J. y A. H. Alderete.Juzga insuficiente la suma de $ ... fijada para responder a la indemnización por fallecimiento. Recuerdaque el fallecido Alderete percibía una jubilación por la Gendarmería Nacional y un sueldo como proveedor deseguridad de la empresa Aurora, y que el monto establecido apenas cubre tres meses y medio de los ingresosque tenía, correspondiendo un mínimo anual de $ ....Se agravia del monto del daño psicológico, sin distinguir si se trata de daño material o moral derivado deesa lesión que juzga acreditada. Considera que la incapacidad determinada en el 35% la hace acreedora deuna suma no menor a $ ....Respecto al mismo rubro se agravió en relación a los cuatro hijos de la Sra. Rossi y el Sr. Alderete, reiterasu impugnación a la pericia que no encontró alteraciones psicológicas, y pide que se admita el rubro y secuantifique.Finalmente, y al igual que los otros apelantes considera errado que se haya excluido de la condena a lacónyuge supérstite de Juan Pablo Alvarado, Sra. Margarita Carmen Carassou. Indica que Transportes Alvarado era una sociedad de hecho que integraba el fallecido y que -por lo tanto - sus herederos deben respondersolidariamente, y que en la condena se ha omitido la sociedad.VIII: Comenzaré por tratar la parte de los recursos de los demandados en la que se pretende la rupturadel nexo adecuado de causalidad, y el consecuente desvío de la autoría y responsabilidad del hecho dañoso.VIII.1: La llamada teoría de la “neutralización de riesgos” constituyó una posición dentro de la doctrina delderecho de daños que predicaba que en caso de que el daño hubiera derivado de la colisión de dos vehículos -dos cosas riesgosas - debían dejarse de lado las presunciones de causalidad que contiene el art.1113, y elfactor objetivo de atribución, para juzgar el supuesto bajo el prisma de la culpa.Esa opinión sustentada en otras legislaciones (Alterini, Atilio A “Presunciones concurrentes de causalidaden la colisión múltiple de automotores, en LL 1988-D,296) fue superada en la Argentina, primero por la SCBAen la causa “Sacaba de Larosa c. Vilchez, Eduardo (Ac.33.155 del 8.04.1986) y poco después por la CSJN en elprecedente “Entel c. Provincia de Bs.As. y Gustavo Rossi” del 22 de Diciembre de 1987 que se transcribeíntegramente en el trabajo de doctrina citado, partiendo de la premisa que importaba una construccióndogmática que solamente podía tener andamiento si una presumiera la existencia de un hecho del que la otrapresumiera su inexistencia.Pero como ello no es así, las presunciones se mantienen y cada dueño o guardián deberá probar laseximentes. En los fallos mencionados, ampliados y ratificados por la evolución posterior de la doctrina y lajurisprudencia, se adoptó la tesis conforme la cual quienes reclamen deben probar los presupuestos exigidospor la norma aplicable, el contacto material con la cosa riesgosa que haga presumir la responsabilidad de sudueño o guardián, su legitimación para reclamar, y el daño que invoca (salvo los supuestos en lo que la leytiene por ciertos (arts.508,622,656,1202) o presume daños (art.1084), y los demandados deberán acreditar lacausa ajena.De modo que el planteo que al respecto trae el apelante, ya no se sostiene jurídicamente, resulta contrarioa la doctrina legal de la SCBA, y no puede ser admitido.VIII.2: Ya instalados en el ámbito de la responsabilidad objetiva, los apelantes pretenden - en primer lugar- que la causa ajena se encuentra en la culpa “estrictamente apreciada”, conforme el art. 902 del Código Civildel taxista, a quien consideran incurso en una conducta causal suficiente al atribuirle la responsabilidad entanto “el taxi se interpuso en la línea de tránsito del camión que ya había iniciado el cruce de la bocacalle”.La causa ajena que sirva para eximir de responsabilidad, exige su demostración inequívoca, ”suapreciación debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputaa dicho sujeto” (Zavala de González, Matilde “El proceso de daños” editorial Hammurabi tº3. Página 213 d).No se ha producido prueba alguna que pudiera inducirnos a pensar en el sentido propuesto por losapelantes, y además, la insistencia en atribuir la causación del hecho al chofer del taxi, choca con lasconstancias objetivas de la causa, y con la sentencia penal previa que sindicó a Felice “como autor de losdelitos antes transcriptos”, aunque luego resultara absuelto por su estado de inimputabilidad.En la sentencia apelada (fs. 672) se menciona expresamente tal fundamento y se agrega que pese a laabsolución, “...quedó acreditado el hecho, el nexo causal con los daños producidos y su autoría, todo lo cualconstituye el hecho principal, entendido como aquellas circunstancias que el sentenciante penal consideróesenciales para resolver y de las cuales el magistrado civil no puede apartarse, sea en el caso de condena o deabsolución (v.arts. 1102 y 1103 su doct. y jurisp)”.De manera que la sentencia penal impide volver sobre la autoría que se pretende desvíar, sin tener encuenta la presentencialidad habida , y que entre sus fundamentos incluye un informe preliminar (fs.465 de lacausa penal agregada al expediente nº 108.925) conforme al cual, el camión de los demandados circulaba en“contramano”, por lo que luce francamente desajustada la pretensión de que el camión hubiera empezado acruzar la bocacalle, como si pudiera omitirse que de haber sido así lo estaba haciendo en contramano.Ello resulta suficiente para rechazar la tentativa de atribuir la autoría al taxista, sea como hecho de untercero o de la propia víctima.VIII.3: Subsidiariamente los accionados recurren al caso fortuito o a la fuerza mayor, e identifican talestado con la tentativa de robo de la que da cuenta la sentencia penal.Este argumento no fue planteado al responder la demanda a fs. 64 del expediente nº 133.439, en el quepor el contrario, se dijo que el camionero disminuyó su marcha al llegar a la intersección, y solo la reanudó aladvertir que no venía vehículo alguno por la citada avenida. A fs.82 vta. del expediente nº 156.950, a fs.35vta. del expediente Nº 156.946 , a fs.24 vta. del expediente nº 156.945, y a fs.22 del expediente nº 156.947,la versión de los hechos es idéntica.Oportunamente, se opuso entonces una defensa que es diametralmente diferente a la que se trae a estainstancia - el hecho o la culpa del taxista - y en modo alguno se planteó como eximente la tentativa de robo,sea para considerarla caso fortuito, o hecho de un tercero ajeno, ni tampoco se dijo algo acerca del estado deinimputabilidad del camionero establecido en la sentencia penal, que le quita el carácter de voluntario al acto, ycuya previa determinación, resulta necesaria si el factor de atribución utilizado es subjetivo, pero que pudiendotratarse de responsabilidad fundada en un factor objetivo de atribución, ha sido materia de opinionesencontradas (v.Alterini “Derecho de Daños” edit. La ley Bs.As. 1992; pag.196 punto g; Cifuentes,Santos.”Elementos de derecho civil” edit.Astrea, Bs.As. 1992, p.256 “Palmero, Juan Carlos “El dañoinvoluntario”, Astrea, Bs.As.1958 p.53; Santos Briz, Jaime “ La responsabilidad civil. Derecho sustantivo yprocesal” , Montecorvo, Madrid 1993, p.26 y siguientes; Brebbia, Roberto H. “Problemática jurídica de losautomotores” Astrea, 1982, 1, pag.271 nº14)Sin embargo, y sobre este último, pese a que no fue invocado oportunamente, dos razones me llevan aanalizarlo: i. constituye un hecho modificatorio que ha sido tenido por probado en la sentencia penal durante lasustanciación del juicio civil, aunque no fue invocado como hecho nuevo ( art.163 in.6 2da.parte del CPC) y ii.el art. 1103 del Cód.Civil es una norma de orden público que no puede ser omitida.Esta última afirmación requiere algunas aclaraciones:a) La sentencia recaída en sede penal -cuyas copias obran a fs.756/768 del expediente nº 133.439 - hacecosa juzgada sobre la inimputabilidad del codemandado Felice, la que en virtud de una norma de orden públicocomo lo es el art.1103 del Código Civil (Kemelmajer de Carlucci, Aída en Código Civil comentado -BelluscioZannoni,Astrea, Bs.As.1984, tº 5 p.319) no puede ser ignorada por el Juez Civil, pues en el caso, le quita elcarácter de voluntario al hecho dañoso protagonizado por un dependiente.b) Prescindir de la absolución fundada en que -al momento del hecho - Felice no se encontraba encondiciones de gobernar sus actos ni dirigir sus acciones, importa tanto como desechar el previo análisis de lavoluntariedad del acto ilícito.Dos son las razones entonces para su tratamiento: que la absolución se dictó en una sentencia penalfirme, pasada en autoridad de cosa juzgada, cuya consideración impone una norma de orden público, y que enla sentencia civil se le ha atribuido responsabilidad en base a un factor subjetivo que hace exigible lavoluntariedad del acto.VIII.4: La discusión respecto al tratamiento de eximentes no invocadas sigue pendiente de definición.Una opinión, sostenida por importante doctrina, entiende que las “eximentes” más que eximir “aposteriori”, impiden “a priori” la configuración de la responsabilidad y por lo tanto no pueden ser ignorados porel Juez, quien debe examinarlos (Ramón Daniel Pizarro “Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa”edit. La Ley tºI página 256 y Matilde Zavala de González “Resarcimiento de daños: El proceso de daños” vol.3edit.Hammurabi p.285, Trigo Represas-López Mesa “Tratado de la responsabilidad civil” edit.La Ley tº II,p.741,Bs.As.2011).Para Matilde Zavala de González, si se ha probado en el proceso - aún cuando no haya sido invocado comodefensa - cualquier elemento excluyente o limitativo de la responsabilidad, el Juez debe considerarlo en susentencia. Se trataría de otra manifestación del principio “iura novit curia” que impediría el progreso de unaacción total o parcialmente infundada en la medida en que concurre un factor obstativo para que nazca laobligación de reparar del demandado.Con palabras contundentes dice la autora que “sería inconcebible que el magistrado dictase unpronunciamiento de condena, al que le faltaría el esencial presupuesto de un deber del sujeto pasivo”,pudiendo arribarse a soluciones inicuas, agravadas cuando el daño es atribuible total o parcialmente a la culpade la víctima (art. 1111 Código Civil) “pues aquí se condenaría no solo “sin” razón, sino “en contra” de la razónexistente para que el damnificado asuma la incidencia de su perjuicio”.En cambio la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha tomado posiciones diferentes en fecha 18de Noviembre de 2003, en la causa L.79.234 “Moreira, Victor Hugo c. Adabord S.A. s. Accidente de trabajo”,en la que parece propiciarse que es el actor quien - en su demanda - debe invocar, (luego probar) que se hanconfigurado todos los presupuestos de su pretensión, y entre ellos que no ha existido una interrupción total oparcial del nexo adecuado de causalidad entre la conducta del demandado y el daño, mientras que en lasentencia del 10 de Septiembre de 2008 (C 99072) se dijo que “...las eximentes de responsabilidad contenidasen la última parte del segundo párrafo del art.1113 del Código Civil constituyen verdaderas normas jurídicascuya aplicación al caso concreto ha de entenderse supeditada a la efectiva invocación,”.Ante esta última doctrina legal advierto que:a) al momento de responder la demanda la tentativa de asalto ya había sucedido, y no fue opuesta comoeximente en la instancia de origen, lo que dificultaría o directamente impediría su consideración a tenor de lodispuesto por el art.272 del CPC.b) En la misma oportunidad, los demandados alegaron la causa ajena, pero la describieron y denominaroncomo la culpa del taxista, sin hacer alusión a la tentativa de robo.c) El acto involuntario es diferente del caso fortuito.La imputabilidad es presupuesto natural de la culpabilidad ( Palmero, Juan Carlos “El daño involuntario”ob.cit. .p. 63 y siguientes), mientras que el caso fortuito opera en el ámbito de la relación causal excluyendototal o parcialmente la autoría.d) El supuesto caso fortuito no surge en forma manifiesta como hecho interruptivo del nexo adecuado decausalidad, para que la sentencia pudiera - por tal motivo - considerarse inicua.La tentativa de asalto a un camión en el Gran Buenos Aires, en horas de la noche, no constituyó en 1990,un hecho imprevisible, ni - tomando las adecuadas previsiones - resultaba inevitable, salvo que se demuestrehaber cumplido el deber de prevención (Barocelli, Sebastian “Piratas del asfalto y prevención de daños” DDCyE2011 (diciembre),180 comentario a fallo de la CNCom Sala D), en tanto el hecho integra el riesgo propio delgiro comercial, lo que frustraría la configuración de la eximente por ausencia de sus requisitos esenciales,respecto de los cuales la apreciación ha de ser estricta.Por ello considero que debe desecharse el planteo del caso fortuito presentado en esta instancia, y entraren la consideración de los efectos de la involuntariedad del acto establecida en la sentencia penal firme.VIII.5: La condena fundada en culpa contra Jorge Felice - dependiente que conducía el camión - a repararlos daños causados por un acto que ha sido juzgado involuntario en sede penal, no se sostiene.En la sentencia apelada, a fs.675 se fijó el encuadre normativo general del caso en el art.1113 2da.parte,2do.apartado, aunque sin atribuirle a Felice ser dueño o guardián de la cosa riesgosa, y no se mencionó que suactividad (conducir un camión) fuera riesgosa o quedara incluida de ese, o de algún otro modo, en laresponsabilidad objetiva que la norma establece ( ver en tal sentido las opiiniones de Brebbia, VázquezFerreya, Bueres citados por Pirota, Diego Martín “La dependencia en materia de accidentes de tránsito.Problemática” Revista de derecho de daños, Rubinzal Culzoni, 2007-3 p.248 nota 72, quien comparte elcriterio; Jorge Galdós “El riesgo creado y el conductor del automovil” en JA del 26.10.96; Ramón Daniel Pizarro“Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa”, edit.La Ley. Bs.As.2006 tºII, p.227 nº2,; inclusión dela actividad riesgosa como factor de atribución objetivo en el Código Civil y Comercial, sancionado por ley26.994 que comenzará a regir el 1.1.16, art. 1757).Sabemos que Felice no era dueño o condómino del camión, y no se lo puede considerar guardián de lacosa riesgosa en tanto no se sirve de ella, en la medida en que la tiene o emplea en interés exclusivo de otroquien le da instrucciones u órdenes (Kemelmajer de Carlucci, Aída y Parellada, Carlos “La responsabilidad porempleo de cosas” cap.XVI de la obra colectiva “Responsabilidad Civil” dirigida por Jorge Mosett Iturraspe,edit.Hammurabi, Bs.As.1992 pags.393/4; Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad por el riesgo o vicio de lacosa” edit.Universidad, Bs.Asa.1983, p.382; Brebbia, Roberto H “Problemática Jurídica de losautomotores”,Astrea, Bs.As.1982, p.89 con cita de Mazeaud-Tunc).Por el contrario, al tratar la influencia de la absolución de Felice en sede penal, el Sr. Juez dijo claramenteque : “Le queda a este magistrado estimar si en el siniestro medió culpa concurrente, quedando limitada sulibertad en este campo a todo lo que no constituye la existencia del hecho constitutivo del delito y la culpa desu autor, sobre lo que la sentencia penal hace cosa juzgada”(fs.672 vta.), para luego señalar que el camiónconducido por Felice revestía el carácter de embistente, que circulaba a contramano, a una velocidad excesiva,todas estas infracciones de los deberes o reglamentos a su cargo que -como tales- evidencian una de lasformas en que se manifiesta la culpa.Si el factor de atribución del dependiente fijado en la sentencia es subjetivo, como lo ha expresado el Sr.Juez sin que alguien se agravie de ello, no cabe duda que el acto tiene que ser voluntario, esto es ejecutadocon discernimiento, intención y libertad, para hacerlo responsable.Habiéndose determinado en la sentencia penal que Felice no estaba en condiciones de dirigir sus accionesni comprender la criminalidad de sus actos (fs.760 y siguientes del expediente 133.439), tal estado obsta aldiscernimiento (art.921 Cód.Civil; Alterini, Atilio A. “Responsabilidad civil”, Abeledo-Perrot, Bs.As. 1979, p.84,Palmero, Juan Carlos “El daño involuntario”, Astrea, Bs.As. 1978, p-53) y no es posible condenarlo por “culpa opor “culpa concurrente” (art.1103 Cód.Civil).Solo cabe la indemnización de equidad del art.907 del Código Civil (Bueres, Alberto J. “El fundamento de laresponsabilidad del principal por el hecho del dependiente” en Revista de derecho de daños, Rubinzal -Culzoni,Santa Fe, nº 2003-1 p.23/24; Pizarro -Vallespinos “Obligaciones” Hammurabi, V.p.891, Bs.As.2012), cuyascondiciones de aplicación deben ser acreditadas por aquel que solicita la reparación -la importancia delpatrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima - lo que en autos no ha sucedido, pese aque la sentencia penal que determina la inimputabilidad data de 1994.Por ello es que propongo al acuerdo que semodifique la sentencia, y se rechace la demanda contra JorgeFelice.IX: En segundo lugar, entiendo que corresponde tratar la legitimación activa y pasiva, no solo en cuantoha sido impugnada, sino que constituyendo ella un requisito de la acción permite abordarla oficiosamente(SCBA Ac.104.214 del 21.4.2010; 85.798 del 10.08.2005).IX.1: El recurso ensayado respecto a la legitimación de la Sra. Durán Peralta de Alderete se limita a ponerde resalto su carácter de cónyuge y la prueba pericial que considera suficiente en orden a acreditar el dañomoral sufrido.a) Como advierte Pizarro (Daño Moral, Hamurabbi, Bs.As. 1996, p.241) “conviene no confundirlegitimación activa por daño moral con la existencia del daño moral por la muerte del cónyuge separado dehecho”.El perjuicio moral es presumido a partir de la existencia del vínculo jurídico invocado. Cuando ese vínculodesaparece por divorcio vincular, el cónyuge carece de vocación sucesoria y pierde la legitimación activa, aligual que cuando los cónyuges se encuentran separados de hecho por un término mayor de dos años sinvoluntad de unirse (art.204 del Código Civil) pierden la vocación sucesoria (art.3574) salvo que uno de ellosdemuestre no haber dado causa a la separación (Pizarro “Daño Moral”, ob.cit.p.241, CCyC San Nicolas 8890RSD-128-8 S 21/08/2008 Juba B855641 ).No hay prueba respecto de esto último, pese a que al demandar la actora reconoció que se encontrabaseparada del Sr. Alderete (fs. 21 vta. del expediente 133.439) con quien tenía “un trato frecuente y cordial”(fs.31 vta.), y el fundamento del reclamo de la Sra. Durán de Alderete fue el de que el daño moral “...es por supropia naturaleza algo inherente a la persona misma del titular...”.La prueba de que la separación data de cerca de 14 años ha sido detalladamente referida por el Sr. Juezen su sentencia, y solo mereció un desacuerdo con su apreciación por parte del apelante, quien ha insistido enque la ausencia de divorcio mantiene el vínculo y en que la permanencia formal de la unión - por si solalegitimaa la Sra.Durán de Alderete para considerarla víctima de un daño moral que debe ser reparado.Ante la falta de crítica concreta y fundada de la prueba de la separación de hecho, y lo dispuesto por losarts. 204, 3574 y 1078 del Código civil, entiendo que debe confirmarse que la Sra. Durán de Alderete, carece de legitimación para reclamar daño moral, iure propio, como damnificada indirecta, al resultar excluida deinvestir -potencialmente - el carácter de heredero forzoso.b) Si bien lo anterior sería suficiente para confirmar el rechazo de la acción, o de la reparación por dañomoral que es la única pretensión mantenida en el recurso, y ante la eventualidad de que pudiera considerarsea la Sra. Durán como legitimaria, puede resultar útil agotar el tratamiento de los argumentos del apelante alrespecto.Cabe recordar entonces que la presunción de daño moral derivada de esa hipotética legitimación delcónyuge, admite prueba en contrario.Para ello deben computarse las circunstancias que demuestren una separación de hecho más o menosprolongada entre los cónyuges (Pizarro ob.cit.p.242), que es lo que ha hecho el Sr. Juez a fs.685 vta. a 689.,con lo cual tales pruebas juegan el doble rol de decidir la legitimación, y la mengua o desaparición del dañopresumido.Sin perjuicio de que ya advertimos que los agravios desatienden la separación de más de 14 años, laversión que se trae a esta instancia - tenían un matrimonio “de idas y vueltas” - no es la que sostuvo a fs. 21vta. del expediente 133.439, más arriba trascripta y en la que se reconoció - reitero - que la Sra. Durán seencontraba separada del Sr. Alderete, con quien tenía “un trato frecuente y cordial” (fs.31 vta.), pese a lo cual,el fundamento del reclamo fue el de que el daño moral “...es por su propia naturaleza algo inherente a lapersona misma del titular...”.Ante la prueba en contrario del estado de hecho en el que el detrimento espiritual pudiera considerarseinherente al titular, ante el detalle consumado de las probanzas de una prolongada separación de hecho yconstitución de una nueva familia entre Alderete y la Sra. Rossi con quien convivía y tuvo cuatro hijos, laapelante viene a esta instancia sosteniendo que la relación que el esposo tenía con la Sra.Rossi era motivo defrecuentes peleas que motivaban separaciones de días o meses, y que negarle a la cónyuge la indemnizaciónpor daño moral derivada de la muerte de su marido “...conlleva a desconocerle perjuicio moral sufrido...acausa de la infidelidad del Sr. Alderete.”.En mi opinión se trata de dos cuestiones - mejor acciones - distintas. Si la Sra. Durán de Alderete seconsideraba con derecho a obtener una reparación como damnificada directa por las infidelidades de quien envida fuera su esposo, debió accionar por separado, pues aquí tal reparación no ha sido reclamada, ni puedeconsiderarse que sea un argumento útil para sostener la prueba del daño moral reclamado esta demanda. Laúnica indemnización que insiste en reclamar en esta instancia, es la que invoca sufrir como damnificadaindirecta por la muerte de su esposo, de quien - conforme la prueba no cuestionada - se encontraba separadadesde hace más de catorce años.Lo que se decide en este apartado de la sentencia, no es ya la calidad de heredero en concreto de laaccionante que en el punto anterior consideré perdida, sino la eventual existencia de un interés espiritualderivado de un vínculo afectivo que, en la mayoría de los casos, ha desaparecido (Pizarro, ob.cit.p.242).Para insistir en la prueba del daño moral, el apelante se funda en la pericia del médico psiquiatra que serealizó pese a manifestar en la demanda que el daño era “inherente a la persona misma del titular”.El recurrente transcribe el relato de la entrevista de la Sra.Durán de Alderete con el Sr.Perito médicopsiquiatra, algunas conclusiones de este último, y argumenta que el Sr. Juez se apartó de la pericia sinfundamentos.Sin embargo, el Sr. Juez ha dicho en la sentencia que el Sr. Perito dictaminó solo en base a dosentrevistas prescindiendo de exámenes complementarios “dada la claridad del cuadro” (fs.687), y que la Sra.Durán no ha sido sincera en su relato, destacando que en ninguna parte del informe del idóneo se menciona laexistencia de la convivencia de Alderete con la Sra.Rossi y los cuatro hijos que ambos tuvieron, así comotambién el Perito ha tenido en cuenta datos proporcionados por la entrevistada que son contradictorios conotras pruebas obtenidas en el proceso.En las entrevistas que inician la pericia, el marco de referencia lo debe poner el entrevistador (TalaricoPinto, Irene “Pericia Psicológica” La Rocca, Bs.As.2003, p.75) que debe preguntar para obtener los datosvitales. En el informe no aparece ni siquiera mencionado que el perito haya preguntado si el “engaño” (porinfidelidad) que menciona Duran Peralta a fs.206 vta, se refería a una relación con cierto grado depermanencia (14 años y 4 hijos) como la que Alderete mantenía con Ángela Rossi.Por otra parte las pruebas o test psicológicos son las herramientas para realizar los diagnósticos quepermitan hacer un peritaje certero, habiéndose recomendado establecer una batería de tests base que por sufiabilidad y reconocimiento, y por la amplitud de los rasgos que detectan (Talarico Pinto ob.cit. p.85), sonnecesarios para poder concluir fundadamente sobre los puntos periciales que se solicitan.Pues bien, el Sr. Perito “dada la claridad del cuadro” fundado en el relato parcialmente falso de la propiaactora, decidió prescindir de los exámenes complementarios, entre los que se cuentan tales tests.Si bien es cierto que las apreciaciones del perito pueden tenerse por sustentadas en el conocimiento queemana de su especialidad, ello debe ser necesariamente apuntalado por la descripción técnica de las diligenciasrealizadas, y que de ellas se derive un comprensible y razonable diagnóstico, para no convertirse en un meroargumento de autoridad.Aquí, en este expediente, no solo faltan las razones, sino que están presentes las falsedades y lasomisiones, en clara incompatibilidad con las demás pruebas rendidas.Con ello, entiendo que el Sr. Juez ha fundado suficientemente su decisión de apartarse de una periciaconstruida en base a un relato unilateral que a la vez es incompleto.Por ello es que propongo rechazar el agravio y confirmar la sentencia que rechaza íntegramente el reclamode la Sra.Durán Peralta de Alderete.IX.2: En cuanto a la legitimación activa de la Sra. Angela Rossi que viene cuestionada por losdemandados, también considero que debe confirmarse esta parte de la sentencia.Corresponde dejar constancia inicial de que la Sra. Rossi solo ha reclamado daño material, y no hademandado la reparación del daño moral.Durante mucho tiempo se debatió arduamente acerca de la legitimación activa de la “concubina” parareclamar daños materiales con diversos argumentos, habiéndosele negado derechamente en materia de dañomoral, ante la contundencia de la limitación establecida en el art.1078 (Zavala de González “Daños a laspersonas: pérdida de la vida humana” Hammurabi, Bs.As. 1990 p. 389 y siguientes).Desde una posición que propiciaba la modificación de esa limitación, se razonaba que “...ninguna razón depolítica jurídica debiera impedir la compensación de un daño real e injustamente padecido” que puede afectar ala persona que convivió y tuvo hijos con el fallecido, sea porque se pruebe la existencia del daño moral (pruebaque surge en la mayoría de los casos de la entidad de la relación existente), o porque el hecho acarrea laprivación de la asistencia material que el muerto brindaba - ya no en los términos del art.1084 - sino como unarazonable chance de seguir recibiéndola, puesto que las prestaciones alimentarias compartidas no sonilegítimas por más que el concubinato puede juzgarse adulterino en razón de la permanencia formal de unvínculo matrimonial anterior (Zannoni, Eduardo A. “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, Bs. As.2005, pág. 65/66 nota 42)Los argumentos, de peso, que brindaron los autores citados y otros tantos durante años, encontraronfinalmente adecuada estimación en varios pronunciamientos judiciales vinculantes.En especial, el Acuerdo nro. 54.867, "Butalla" (sent. del 15-XII-1998) de la SCBA que hace doctrina legalaplicable al caso, y que ha sido reiterado en la causa C.100.285 del 14.9.2011, en la cual se concluyó que noresultaba razonable la exclusión del daño de la concubina o del concubino, en atención a los derechosconvencional y constitucionalmente garantizados (arts.19 de la CN y 8 y 25 de la Convención Americana sobrederechos humanos) a la reparación integral, implicando una restricción arbitraria por contener una solucióndiversa de la que prevé el art.1079 del Código Civil para los damnificados indirectos.El voto inicial del Dr. De Lazzari es útil para tratar el argumento exhibido por los apelantes respecto a lafalta de la nota de permanencia que -en su opinión- caracteriza al concubinato y lo diferencia del matrimonio.Allí se dice claramente que “En el derecho de daños, casos como el de autos no se circunscriben a una certezaabsoluta sino a una relativa (del mismo modo, un matrimonio podría divorciarse y la mentada ayudaeconómica también podría cesar). Por otra parte, un razonamiento de este tipo conllevaría a desconocer laprotección de la familia (arts. 14 bis, 16 y 19, Const. nac.). Sobre este último aspecto, cabe señalar que lainterpretación dinámica del art. 14 bis de la Constitución nacional permite incorporar otras formas familiarescomo objeto de protección constitucional, aunque no respondan al modelo tradicional de familia basado en elmatrimonio. Aún más, este concepto abierto de familia se ve redimensionado a raíz de la reformaconstitucional, tras la incorporación de las declaraciones, tratados y convenciones con jerarquía constitucional(art. 75 inc. 22; conf. Domínguez, Andrés - Fama, María Victoria - Herrera, Marisa; "Derecho constitucional dela familia", T. I, p. 69, Ediar, 2006)”.En torno a que el daño material sufrido por la concubina no es indemnizable en cuanto no sería “dañojurídico”, sino “de facto” y que no protege un derecho subjetivo, requisito este que - con cita de Orgáz - seconsidera suficiente para el supuesto quede excluido del art.1079, el argumento, si bien fue antiguamentesostenido con fundamento en las “afecciones legítimas” que mencionaba el art.1078 según redacción que dejóde regir cuarenta y seis años atrás, hoy puede considerarse superado y carece de actualidad.En primer lugar no se trata de afecciones ilegítimas o disvaliosas, como explica Zavala de González(ob.cit.p.395), pues las afecciones naturales o de hecho no dejan de ser legítimas. De allí que aquel requisitodel daño que se enunciaba años atrás exigiendo que afecte un derecho subjetivo (un interés jurídicamenteprotegido) haya derivado en que es resarcible el daño que afecte un interés no reprobado por el ordenamientojurídico (concepto de la doctrina y jurisprudencia actual que recoge art.1737, del Código Civil y Comercialsancionado por ley 26.994).“Las “uniones de hecho” - dijo el Dr. Hitters en otro voto (Causa C.100.285)- forman parte de lasalternativas que pueden escoger las personas en uso de la autonomía de la voluntad familiar, al momento dediseñar su proyecto de vida, dado que esa opción no se encuentra prohibida. La misma está amparada por losderechos a la intimidad, a la igualdad y a la no discriminación consagrados por la Constitución Nacional. Asícomo existe un derecho de raigambre constitucional a contraer matrimonio existe también un derechoconstitucional a vivir en una forma familiar diversa (arts. 14 bis y 19 de la Constitución Nacional; 17.1, 17.2.de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”.La víctima se encontraba unida de hecho con el Sr. Alderete desde hacía catorce años al momento delhecho y formaba una pareja de aparente matrimonio en forma estable, con cuatro hijos.En tal hipótesis, desconocer legitimación a la pareja de la víctima para reclamar una reparación por sufallecimiento en un hecho ilícito, resultaría una discriminación inaceptable (arts. 16 de la Constitución Nacional;11 de la Constitución Provincial; 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 26 delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; CAPel. Mercedes RCyS 2014-X , 134 ) en tanto importa unaalteración indebida del derecho a obtener la reparación plena en razón de decisiones tomadas en uso deprerrogativas legítimamente ejercidas en el campo de autonomía individual (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución Provincial; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; delcitado voto del Dr. Hitters en la causa C.100.285).IX.3: En torno a la legitimación pasiva, son vari