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En los últimos meses, un sector importante de la corporación de prensa de la Argentina ha llevado adelante una agresiva campaña contra las comunidades y pueblos indígenas que viven en las distintas regiones del país. Esto no sorprende en un contexto regional signado por un recrudecimiento de la presión neocolonial de aparatos estatales y grupos económicos privados sobre pueblos indígenas, que se evidencia en distintos paises latinoamericanos, aunque es llamativo el nivel de virulencia y los argumentos en que se apoyan los pronunciamientos difundidos por los medios de comunicación.En las dos últimas décadas, la Argentina, un país considerado « blanco y europeo », experimentó un crecimiento sin precedentes de la movilización indígena, que incluyó desde la creación de instituciones y organizaciones indígenas hasta reformas legales y constitucionales, así como el resurgimiento de pueblos supuestamente extinguidos, como el huarpe, selknam o pampa. Si bien los ataques a la población indígena nunca cesaron, en el presente se asiste a una marcada presión sobre sus territorios por parte de los sectores de la economía actualmente más dinámicos y poderosos: los responsables de la producción de soja transgénica – que pasó de 37 000 de has en 1971 a 19 000 000 de has en 2009 –, la minería aurífera a cielo abierto, la explotación petrolera y las « inversiones » nacionales y extranjeras en el creciente mercado de tierras.No es casual que el embate más sostenido se produzca sobre las comunidades mapuches de la Patagonia. Por un lado, constituye uno de los pueblos con mayor presencia demográfica y territorial (113 680 personas, en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Buenos Aires y la ciudad capital, ECPI 2004-2005) 1, y es tal vez el más organizado políticamente. Por el otro, los mapuches han sido el eje de los discursos que, por oposición, constituyeron el imaginario de la « identidad nacional » argentina y legitimaron la ocupación por parte del Estado de los vastos territorios pampeano-patagónicos hacia fines del siglo xix. El genocidio material y simbólico que acompañó este proceso excluyó al « indio » de la comunidad nacional al mismo tiempo que dibujaba el sonrosado rostro de la civilización argentina. Para ello, apeló a la noción de extranjeridad de los mapuches (considerados como invasores « chilenos »), construyendo un consenso intelectual que sería replicado, lamentablemente, en el genocidio, la expropiación y la explotación de otros grupos indígenas hasta la actualidad.Estas mismas imágenes son reflotadas hoy por cronistas con llegada a un público masivo que argumentan la « cientificidad » de sus dudosas y ampliamente refutadas interpretaciones a fin de esgrimir un discurso que impugna todas las demandas indígenas, sus derechos a la tierra, su existencia como pueblos y su propia existencia como « verdaderos » indígenas. Un artículo publicado en el diario más tradicional de la Argentina, titulado « La solución mapuche » 2 (sugestivamente, invirtiendo el lema hitleriano de la « solución final », aplicable también al Estado Argentino moderno en sus campañas contra los indígenas entre 1876 y 1917), denunciaba en clave humorística un supuesto plan para apoderarse de la Argentina por parte de los mapuches: « nunca totalizaron más de 100 000 individuos. Mal podían ocupar, entonces, toda la Patagonia y la Pampa ». ¿Pero por qué sería legítimo entonces que la ocuparan terratenientes con propiedades de más de 300 000 ha? ¿Cuántos individuos españoles la poblaban entre los siglos xvi y xviii, período al cual el Estado Argentino remontó sus argumentos territoriales? Importa mostrar que, pese a su provocadora banalidad éste y otros artículos no constituyen en la actualidad un discurso sin sujeto. Son impúdicas « bombas de opinión » que intentan legitimar las acciones ilegales contra las tierras indígenas – y campesinas en general – por parte de los terratenientes sojeros y los inversores de tierras, e incluyen de un modo central a los dos grandes monopolios de prensa de la Argentina y a los gobiernos provinciales, al presentar como ilegal e irracional la ocupación de la tierra por parte de los sectores subalternos. De hecho, en los últimos meses se produjeron amenazas e intentos de desalojos en varias comunidades mapuches de la Patagonia (Currumil-Quillén, uno de los casos más paradigmáticos) e intentos similares en otras regiones, que incluyó el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar. Estas acciones violan la constitución nacional y la legislación vigente, la cual, entre otras cosas, prohíbe expresamente cualquier medida tendiente al desalojo de las comunidades indígenas y pobladores rurales hasta tanto el Estado lleve adelante, en acuerdo con éstas, un estudio pormenorizado de sus territorios 3. También constituyen andanadas indirectas contra una controversial ley de medios que el gobierno nacional impulsó con el objetivo declarado de limitar el omnímodo poder de dichos monopolios, para lo cual argumentó entre otras cosas la necesidad de otorgar cupos de difusión mediática para los diversos pueblos originarios y organizaciones sociales del país.Finalmente, estos artículos constituyen la evidente puesta en espejo de acusaciones mucho más peligrosas, como las efectuadas por el hermano del gobernador de la provincia de Neuquén, que atribuyó a los mapuches diagramar un foco guerrillero en la Patagonia con el apoyo de las FARC y la ETA, con armas provenientes de Chile y en acuerdo con los mapuches del vecino país 4. No por obvio es menos importante destacar que, en el contexto latinoamericano, este tipo de acusación evoca indefectiblemente la doctrina de seguridad nacional, que en la década de 1970 permitió considerar como enemigo interno del Estado y consiguientemente aniquilar a partidarios políticos por su vínculo con ideologías comunistas « extranjeras ». La ley de defensa, promulgada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín en plena primavera democrática, desechó taxativamente la doctrina de seguridad nacional, prohibiendo el espionaje de las fuerzas de seguridad del Estado sobre ciudadanos argentinos. En términos pragmáticos, y por más carentes de fundamentos que sean, las viejas y nuevas acusaciones de extranjería (o de apoyo sedicioso extranjero) a los mapuches permiten salvar esta brecha legal habilitando a las fuerzas de seguridad a hacer inteligencia interna sobre las organizaciones y comunidades mapuches, cosa que ya ha comenzado a ocurrir abiertamente 5. Así, la campaña mediática actual contra los mapuches y pueblos indígenas en general es una reactualización del huevo de la serpiente que la Argentina ha insistido en empollar desde su genocidio fundacional como Estado nación.