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IntroducciónEste trabajo1 se propone analizar las relaciones entre prisión y exilio político en la Argentina dictatorial, atendiendo a dos campos de estudio que, hasta el momento y salvo excepciones, vienen transitando por cauces paralelos, y donde – excluyendo las investigaciones ligadas a los “opcionados” y algunas producciones testimoniales que en los últimos años avanzan en la reposición de una mirada más comprehensiva – no abundan las propuestas que repongan el par cárcel-destierro como fases de un mismo dispositivo represivo, ni exploren las articulaciones específicas y situadas tejidas por presos y exiliados en orden a la producción de conocimiento acerca de la naturaleza del régimen instaurado tras el golpe de Estado de marzo de 1976 o de cara a la denuncia internacional de las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) en la contemporaneidad dictatorial.Este artículo trata de pensar formas de abordaje de las relaciones entre cárcel y exilio haciendo foco en escenarios, luchas y actores concretos del pasado reciente, a partir del análisis de materiales producidos por los desterrados en su accionar antidictatorial, en diálogo con otros emanados del propio sistema penitenciario o con las memorias de los protagonistas. En tal sentido, pretendemos situarnos en las fronteras de los estudios del exilio y la cárcel, con el propósito de avanzar desde una somera aproximación a trayectorias individuales y colectivas y desde la interrogación de ciertos escenarios de lucha antidictatorial, hacia la escritura de una Historia que supere tanto la compartimentación represiva y la segmentación de subjetividades militantes, como la fractura entre una Argentina “de adentro” y una Argentina “de afuera” en términos de historiales de violencia estatal, resistencia y oposición.   El trabajo se divide en tres partes. La primera revisa las principales líneas de trabajo de las agendas de las historiografías del exilio y la cárcel durante la última dictadura, tratando de visualizar potencialidades y áreas de vacancia en términos de la articulación del par encierro-destierro. La segunda centra su interés en una organización de exiliados, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), de cara a pensar desde las trayectorias de sus referentes, en la dinámica institucional y en algunas acciones concretas de denuncia a lo largo del “Proceso de Reorganización Nacional”, cómo los desterrados construyeron sentidos en torno al lugar de la cárcel en el entramado represivo. Se trata de reponer desde una exploración no sistemática de “materiales del exilio” algunas relaciones significativas que habilitan analizar a presos y exiliados como parte de un común universo punitivo y de luchas. Por último, la tercera parte dedicada a reconstruir la trayectoria vital de Walter Calamita –bahiense, detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), beneficiado por la “opción y exiliado en Italia– pretende interrogar los cruces entre encierro y destierro, atendiendo especialmente al análisis de las huellas del exilio en los registros penitenciarios. La elección de Calamita guarda relación no sólo con la riqueza de su biografía personal en términos de nuestro objeto de interés, sino en la posibilidad de analizar diacrónicamente su experiencia de cárcel y exilio. La cárcel y el exilio en la agenda de la Historia RecienteLa identificación de cárcel y exilio como objetos con carta de ciudadanía propia tiene, salvo escasas excepciones, apenas algo más de una década en la agenda de los estudios sobre el pasado reciente en Argentina. De hecho, como señalan en sus respectivas investigaciones Guglielmucci2, Garaño3, D´Antonio4, Yankelevich y Jensen5, cárcel y exilio no sólo parecen haber tenido escasa visibilidad en las luchas públicas por las memorias de la represión, la militancia y la denuncia antidictatorial, sino que su tratamiento en sede académica también ha acusado cierto retraso o cierta subrepresentación6 en relación con la pregnancia de las investigaciones sobre la desaparición forzada de personas y los centros clandestinos de represión, dimensiones que según Gabriela Águila7, sintetizan y definen “la naturaleza del régimen militar” argentino.  En la historiografía8 sobre el exilio9, la recuperación de las claves que habilitan su lectura política y colectiva no ha sido una tarea sencilla. Si bien en los últimos años, las conexiones entre exilio y dictadura o exilio y Estado de excepción se multiplican en las investigaciones académicas – rompiendo con visiones que desde el rescate de trayectorias biográficas individuales o de recorridos intelectuales y artísticos o desde la historia social migratoria no siempre revelaban la politicidad del movimiento –, no pocas investigaciones continúan obliterando la triple dimensión política del último destierro argentino, a saber: el exilio como modalidad represiva, esto es, el desterrado en su situación de perseguido político; el exilio en tanto consecuencia de una militancia política o político-militar previa y a veces de una presencia o visibilidad público-política, más allá de su encuadramiento personal en partido u organización sindical o revolucionaria alguna; y los huidos en tanto opositores antidictatoriales, luchadores humanitarios o militantes partidarios de nuevo cuño en los países de residencia o en redes humanitarias transnacionales.   En este contexto pueden señalarse etapas que marcan énfasis diferenciales en la producción historiográfica sobre el último exilio argentino. Las primeras investigaciones preocupadas por reconstruir capítulos nacionales del último destierro10 centraron su atención en las disputas y fracturas político-ideológicas11 y en la identificación de escenarios o “momentos de tensión”12 y conflicto antidictatorial (especialmente Mundial de Fútbol 1978 y guerra de Malvinas). Si bien todos estos trabajos ponían el acento en las estrategias de denuncia de la dictadura y, en mayor o menor medida, avanzaban en la elucidación de las acciones que los exiliados emprendieron en pos de calificar y conceptualizar el régimen inaugurado en marzo del ´76; el lugar de las cárceles legales en el entramado punitivo y la situación de los presos políticos no constituyeron una problemática central. La preocupación por los comportamientos opositores de los exiliados en términos esclarecimiento de la naturaleza punitiva del régimen y el interés por las interacciones entre los huidos e interlocutores locales (en los países de residencia), dificultaron la atención pormenorizada a las acciones desplegadas por los desterrados en relación con los diferentes colectivos de afectados por la represión estatal. En este sentido, la primera historiografía del exilio contribuyó a presentar lecturas sintéticas de los esfuerzos denuncialistas realizados para desentrañar la naturaleza de la represión ejercida por las Fuerzas Armadas (FFAA), enfatizando –quizás, sin proponérselo– la situación de los “desaparecidos” por sobre la de asilados, presos políticos, familiares de represaliados, etc. De este modo, queda pendiente una exploración pormenorizada de las estrategias ensayadas por los desterrados –en sus diferentes asociaciones humanitarias, político-partidarias, etc., y en las variadas geografías de la diáspora – para situar/ dimensionar y lograr reconocimiento en la esfera internacional de la situación de estos presos políticos argentinos, situación que no fue ajena al dispositivo represivo “desaparecedor”.   Sin desconocer que las dimensiones represivas o la militancia exiliada estaban presentes en los trabajos pioneros del subcampo de los destierros, en el último quinquenio se han ido fortaleciendo nuevas líneas de pesquisa. Entre ellas, las que reconstruyen trayectorias individuales y grupales de militancia y en las que el exilio aparece sea como posibilidad para recrear y resignificar la acción política en condiciones de terrorismo de Estado, sea como escenario estéril para la acción política, sea como una última opción dilemática, jamás reivindicada y sólo asumida como mecanismo de sobrevivencia. En tal sentido, resultan muy productivos los trabajos centrados en el análisis del lugar asignado al exilio por la Nueva Izquierdas; sobre la acción política exterior de la izquierda tradicional (por caso Partido Comunista Argentino (PCA) que no fue una fuerza antidictatorial13); y también aquellos que hacen foco en la salida del país como el camino más propicio para desplegar estrategias internacionalistas (Partido Socialista de los Trabajadores -PST14). Si bien es posible pensar que las historias de las militancias exiliadas pueden abrir la puerta a la interrogación sobre las articulaciones entre los dispositivos represivos de la cárcel y el destierro y sobre las experiencias de encierro y de fuga al exterior en términos de instancias de politización y repolitización, esto es todavía una asignatura pendiente.  En paralelo y nutridas por la apertura de archivos estatales (de servicios de inteligencia, policías políticas de países vecinos, de los servicios penitenciarios, de agencias consulares y ministerios de Interior o Exterior), comienzan a articularse pesquisas que ya no asumen como supuesto la relación entre represión y exilio, sino que logran poner en evidencia, desde la reconstrucción pormenorizada y a ras de suelo, que el exilio fue un dispositivo utilizado por los terrorismos de Estado del Cono Sur – y también por la dictadura argentina – para neutralizar toda forma de oposición, resistencia y disenso, incluida aquella que desplegaban los refugiados de países vecinos residentes en el país15. En tal sentido, el exilio se dibuja como una práctica represiva compleja, que no sólo incluyó formas violentas de salida, legales o clandestinas (expulsiones de extranjeros residentes, “opciones” para nacionales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional) y controles fronterizos para evitar las huidas y para limitar los reingresos de militantes bajo la forma de contraofensivas; sino también prácticas de vigilancia, espionaje, infiltración, secuestro, repatriación forzada al interior de las comunidades exiliares instaladas en terceros países, tanto dentro de la región, como en Latinoamérica y Europa16. Esta línea de abordaje es, quizás, la que está alumbrando de manera más decidida la articulación entre cárcel y exilio, en tanto pone de relieve en qué medida el egreso del país de cientos de militantes políticos argentinos y en forma particular de los que estaban a disposición del PEN y salieron haciendo uso de la “opción”17, fue el colofón de instancias represivas previas que incluyeron intimidación, secuestro, desaparición, tortura, reaparición, blanqueo y traslados por diferentes cárceles “legales” del sistema penitenciario, sobre todo las que formaban parte del circuito de “máxima seguridad”.18 Por su parte, la historiografía sobre las instituciones punitivas y los presos políticos también ha venido consolidando un espacio considerable en la Argentina en la última década. En el conjunto de esta sugerente producción académica, las líneas de indagación han sido variadas. Desde los trabajos pioneros de Judit Filc19sobre la construcción de un tipo peculiar de lazos (cuasi de sangre o familiares) entre los prisioneros políticos; Ana Guglielmucci20 sobre las vivencias de encierro de un grupo de militantes revolucionarias en la cárcel de Villa Devoto; Silvina Merenson21 sobre la compleja identidad de “sobreviviente” de las ex presas políticas; a los más cercanos de Santiago Garaño y Werner Pertot22 sobre la experiencia del universo carcelario desde la masacre de Trelew al “Proceso de Reorganización Nacional”; Débora D´Antonio23 sobre las dimensiones de género de la prisión política y a otros de Santiago Garaño24 sobre los “pabellones de la muerte” de la Unidad Penitenciaria (UP) 9 de La Plata; el subcampo de la prisión política bajo el Estado de excepción se va no sólo ampliando sino complejizando. Sin embargo no parecen haber sido temas fundamentales para los especialistas de la cárcel, las alternativas vitales tras la salida del penal, ni la exploración de las formas en que los detenidos políticos lograban sacar información precisa para denunciar las condiciones de vida en prisión o alertar sobre la situación de peligro inminente en que vivían los llamados “irrecuperables” (ley de fugas, “suicidios”, etc.) o sobre los modos en que esta información circulaba y llegaba al exilio, gracias a la acción de familiares, abogados, sacerdotes, representantes diplomáticos de terceros países y mediante la activación de redes transnacionales humanitarias. Esta vacancia tiene su correlato en el escaso interés que los investigadores de los exilios han mostrado por el estudio de cómo fue posible articular campañas de denuncia por personas concretas detenidas en las cárceles del terrorismo de Estado – campañas para conseguir la libertad, para salvaguardar su integridad física – o por el análisis de cómo se fue construyendo un conocimiento público en la esfera internacional sobre el alcance represivo del “Proceso de Reorganización Nacional”, no sólo ni especialmente en relación al delito de la desaparición forzada de personas, sino también respecto a las modificaciones de las condiciones de detención en vísperas del golpe y sobre la siniestra circulación de detenidos entre los centros clandestinos y las cárceles “legales” y viceversa.Si como afirma Santiago Garaño25, la cárcel fue para los detenidos por razones políticas una “escuela de militancia” que fijó a sus cuadros las formas de mantener el funcionamiento político de la organización puertas adentro de la prisión en base a “disciplina, lucha reivindicativa y delegatura”; no es menos cierto que aún con las enormes limitaciones que impuso la centralización de presos “peligrosos” y el endurecimiento de las condiciones de detención a mediados de 1975, en consonancia con la transformación más estructural de la estrategia represiva26; los presos pensaron e intentaron que el extramuros carcelario y el exilio funcionaran como cajas de resonancia y como articuladores de acciones de resistencia que pudieran contribuir a su liberación o al reaseguro de los derechos fundamentales de cualquier detenido. La rapidez con la que tomaron forma en el exterior las denuncias sobre la dureza de las condiciones de encierro en las diferentes cárceles de “máxima seguridad” y las noticias que la prensa extranjera publicaba casi en tiempo real sobre falsos intentos de fuga o sobre demandas ante terceros gobiernos, partidos políticos o asociaciones humanitarias de países de residencia de exiliados, permiten poner entre paréntesis la completa fractura entre un interior y un exterior carcelarios, o al menos ayudan a matizar/ complejizar e historizar27 las articulaciones entre encierro y destierro.En este contexto, consideramos que mientras la historiografía sobre la prisión política ha avanzado de forma sostenida en mostrar el continuun entre cárceles y centros clandestinos de detención durante la última dictadura28, su agenda aún tiene abierta la posibilidad de interrogarse sobre las articulaciones entre espacios de detención (legales y clandestinos) y diferentes formas de exilio, a saber, la situación de aquellos que habían vivido como refugiados o asilados en el país desde 1973 (chilenos29, uruguayos, paraguayos, bolivianos y brasileños), los extranjeros e incluso argentinos naturalizados que fueron expulsados tras ser detenidos y acusados en los términos de la Ley de Seguridad (20.840)30, y los que salieron del país bajo el derecho de “opción”31, que como afirmaban Raimundo Ongaro e Hipólito Solari Yrigoyen, convertía al que se iba en una especie de “deportado” o “desterrado”.32 Y esto apelando tanto a la recuperación de memorias personales o a la consulta de testimonios en primera persona de la etapa dictatorial, como a su entrecruzamiento con registros de la burocracia penitenciaria, normas del Estado nacional (en particular ley 20.840/74, Acta para el Proceso de Reorganización Nacional, ley 21.259/7633, etc.), disposiciones de la Dirección General de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y decretos presidenciales de expulsión y “opción”.La CADHU y la solidaridad multilateral con los presos políticos. Aproximación a las articulaciones entre cárcel y exilio desde fuentes del destierro  Una vía para ingresar a las complejas articulaciones entre cárcel y exilio durante la última dictadura la proporciona la trayectoria de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU).   Autodefinida como una “organización civil y no partidaria” y conformada “por personalidades políticas, científicas, culturales, religiosas y hombres de derecho”; desde sus orígenes, la Comisión se fijó un objetivo fundamental: coordinar la “denuncia y solidaridad” no a escala territorial, sino transnacional34, apelando al respeto del Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Nacional.35  A poco de su fundación en Argentina en abril de 197636 tras la persecución, asesinato y desaparición de sus principales referentes, quedó reducida a su “Delegación Internacional”, en sus sedes formales de Madrid, París y Washington, y con presencia no orgánica en México, Holanda, Bélgica, Suiza y Suecia37. Si bien por la CADHU pasaron numerosas personalidades – sobre todo abogados penalistas y laboralistas38, intelectuales, periodistas y artistas39, en su mayoría claramente filiadas con las organizaciones revolucionarias (Montoneros sobre todo, pero también militantes de la izquierda marxista y trotskista)40 –; hacia 1978 esa “Delegación Internacional” contaba con el trabajo cotidiano y continuado de Gustavo Roca41, Eduardo Duhalde42 (Madrid), Lidia Massaffero43 (Roma, Madrid y otras ciudades europeas), Rodolfo Mattarollo44 (París), Manuel Gaggero45(Madrid, Nicaragua) y Carlos González Gartland46 (México).47   A continuación y a partir de una serie de ejemplos48 queremos mostrar cómo las campañas de denuncia que protagonizó la CADHU en el exterior y su propia dinámica institucional49, permiten transitar los puentes que conectan cárcel y exilio, mostrando las potencialidades de un nicho historiográfico en la frontera de dos subcampos que hasta el presente vienen marchando por carriles paralelos.   A dos años del golpe de Estado, Eduardo Duhalde exponía en la revista española Triunfo las “cifras” de la represión: “8.000 personas directamente asesinadas, otras 20.000 secuestradas por las fuerzas de seguridad –la mayor parte muerta en los campos de concentración tras inenarrables torturas– y 10.000 presos políticos en las cárceles “oficiales”…”. En la revista madrileña, el titular de la CADHU reclamaba reforzar el cerco internacional, sin paralizarse ante el horror de las “cifras”. A su juicio, quedarse en la enumeración de las víctimas podía obturar la explicación de “las causas de este terrorismo de Estado”, o la elucidación de las razones profundas del comportamiento de los militares, que lejos estaban de ser “irracionales o arbitrarios en su crueldad, al modo de esos tiranuelos de republiquetas”. Para Duhalde, la situación de los detenidos50 y de los secuestrados era una consecuencia querida de “la aplicación fría y planificada del proyecto de exterminio de la militancia política y de los sectores más activos y de vanguardia de la clase obrera, tendiente al dominio y sometimiento del conjunto de los trabajadores”.51   ¿Cuál fue el trabajo de la CADHU en relación con la prisión política? ¿En qué medida lo que ocurría en las cárceles “oficiales” de la dictadura fue para esta organización del exilio parte constitutiva de ese proyecto represivo ejecutado “por el conjunto de las FFAA”, con el “apoyo” del “Pentágono” y el “respaldo” de las “multinacionales” (“ITT, ESSO, Siemens, Banca Morgan”) para la “superexplotación obrera y la concentración de la actividad económica?”.52   En primer lugar, la CADHU mostró muy tempranamente que existían presos políticos antes del 24 de marzo, cuyas condiciones de detención comenzaron a endurecerse desde mediados de 1975. Sin embargo, al menos hasta el golpe fue posible “individualizarlos”, porque en una vasta proporción estaban sometidos a procesos judiciales o arrestados a disposición del PEN. Mientras parlamentos, tribunales, partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones de solidaridad funcionaban en el país, fue posible obtener un “mínimo de información” de fuentes oficiales. Tras la toma del poder por las FFAA, el silencio y el secreto se impusieron. La Junta operó en relación con los presos políticos siguiendo la misma lógica que respecto a los secuestrados (“desaparecidos”): ocultando su número exacto “para cuidar su ya deteriorada imagen internacional y para intentar diferenciarse de las dictaduras militares chilena y uruguaya, ya definitivamente condenadas por los actos de verdadero genocidio cometidos contra sus pueblos”.53  En segundo lugar, la CADHU denunció la aplicación sistemática de la tortura en las cárceles legales, práctica antigua en la Argentina, pero que en sus actuales formas empezó a institucionalizarse durante los gobiernos de la “Revolución Argentina”, para asumir después del golpe una modalidad sólo equiparable a la de la Alemania nazi, el Vietnam ocupado por los yankis o la Argelia bajo dominio francés.54   En tercer lugar, la CADHU señaló que el sistema carcelario durante el “Proceso de Reorganización Nacional” era “cruel e inhumano”. Videla “legalizó” mediante resoluciones y decretos condiciones cada vez más “restrictivas y rigurosas para los ciudadanos encarcelados”. Pero si “las cárceles se ha[bían] transformado de hecho en feroces campos de concentración y en recintos donde la inhumanidad y la bestialidad impera[ba]n impunemente”; desde su perspectiva, la impunidad total sólo fue posible en los “establecimientos no oficializados”, donde no existía la mínima posibilidad de control y “se proseg[uían] las torturas y se aplica[ba]n sistemáticamente el suplicio del agua, la extracción o quema de uñas, los simulacros de fusilamientos, la exigencias de marchas y ejercicios agotadores”.55   En cuarto lugar y en la línea de explicar la compleja trama represiva, la CADHU alertaba que “el asesinato de prisioneros se ha[bía] transformado en norma y en sistema”. Si en las “cárceles ilegales o no reconocidas”, los detenidos eran “lisa y llanamente asesinados y sus cadáveres arrojados, en las “cárceles legales” se aplicaba la “ley de fugas”. 56  En quinto lugar, la CADHU denunciaba que abogados y familiares de presos políticos fueron blancos preponderantes del Estado terrorista. Con respecto a los primeros, explicaba que la razón última de estas acciones fue dejar “en absoluta indefensión técnica y jurídica a los miles de prisioneros políticos argentinos, tanto los encarcelados durante el gobierno anterior, como los detenidos masivamente con posterioridad al golpe militar”. Según la Comisión, se contaban por decenas los “abogados asesinados, secuestrados y presos” desde 1974, cifras a las que había que sumar “otros igualmente perseguidos que lograron eludir la muerte o la cárcel y que debieron abandonar el país y exiliarse”57. A su criterio, la persecución de los familiares apuntaba no sólo a sembrar el terror, sino a dejar a los detenidos sin vías de conexión con el exterior. La CADHU señalaba que si tras el golpe, las cárceles fueron incomunicadas, suprimiéndose visitas, entregas de medicamentos, ropa, libros, diarios, revistas y correspondencia; los familiares que se atrevieron a protestar o denunciar fueron sistemáticamente represaliados. Los casos de la Comisión de Familiares de Presos Políticos de Córdoba58 – encarcelados en grupo y más tarde intimidados mediante cartas supuestamente escritas por sus seres queridos, en las que les advertían sobre lo “inoportuno de sus visitas” –, de la madre de Dante Gullo59 – dirigente de la Juventud Peronista (JP) y preso en Sierra Chica –, o de la esposa del militante del PRT-ERP Eduardo Anguita60 eran apenas emergentes de una política sistemática tendiente a silenciar la situación de los detenidos políticos y a bloquear la denuncia en el exterior. Pero además Duhalde indicaba que la persecución a abogados y familiares debía entenderse en el marco de un dispositivo represivo que lejos estuvo de ser indiscriminado. A su juicio, la selectividad represiva tuvo que ver tanto con el potencial “subversivo” de las víctimas, como con “el poder simbólico que el crimen adquí[ría]”. En tal sentido, la persecución, detención, asesinato o desaparición de familiares y abogados defensores pretendía instalar una identificación entre “militante político” y “peligro de vida”. La acción punitiva buscaba que el familiar los repudiara, aislara y no reclamara; y que el defensor, depusiera su responsabilidad profesional, negándose a defender “subversivos”.61  Este cuadro temprano de la magnitud del problema de los presos políticos, de las relaciones entre las condiciones de las cárceles “legales” con la de otros espacios (semilegales y clandestinos) del circuito represivo y de los intentos castrenses por bloquear la información y la denuncia de las condiciones carcelarias, permitió a la CADHU avanzar en la explicación de la “racionalidad del terror”. Para la Comisión, los penales fueron un engranaje fundamental de la “operación de cirugía” puesta en marcha por los militares para “asegurar la estabilidad del sistema capitalista”62. Pero, al mismo tiempo, su situación remitía a la vulneración de un conjunto de derechos individuales contemplados por la Constitución Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NNUU), a saber: “derecho de libertad y seguridad individual”, “arbitrariedad de las detenciones, prisiones y destierros”63, “respeto a la integridad física” y contra el “sometimiento a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes” y “violación del derecho de asilo”64. En este mismo contexto debe comprenderse la constante preocupación de la CADHU por la situación de asilados65 y refugiados conosureños66, extranjeros residentes en la Argentina (especialmente europeos) 67 y por los argentinos huidos en tránsito por los países de la región.   Más allá de “las acciones urgentes” por detenidos concretos, de las campañas de información y denuncia en foros nacionales e internacionales68, la CADHU trabajó intensamente por sistematizar la información provista por compañeros liberados que ayudaban a explicar la cotidianeidad del tratamiento carcelario en diferentes unidades, en particular Devoto, Coronda69, Sierra Chica, Rawson y UP 9 de La Plata70. Como explicaba Rodolfo Matarrollo en su carta de renuncia al Comité Exterior (París, 7/7/1979), ese trabajo “condujo a la confección de una lista y varios informes que trata[ron] de analizar los métodos que la dictadura v[enía] aplicando en las prisiones con finalidades de aniquilamiento físico y moral”. Por último señalar, que la CADHU también movilizó junto a la COSOFAM, la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS), el COSPA, los Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE) y otras agrupaciones del exilio mexicano, la publicación en 1981 de un pequeño libro de poemas, relatos y dibujos titulado Desde la cárcel. El libro fue presentado en la “Semana del preso político argentino” celebrada en México DF, evento que contó con la presencia del escritor Humberto Constantini, también integrante de la CADHU.71Walter Calamita, de la UP 4 a la “opción” italiana. Aproximación a las articulaciones entre cárcel y exilio desde la documentación de la burocracia penitenciariaLa historia de Walter Calamita72 se encuentra inscripta dentro de los múltiples cruces que dan forma al entramado prisión política/exilio. En su historia no sólo se hacen borrosos los límites entre un “adentro” y un “afuera” (de la cárcel, del país, del propio sujeto), sino que también se entrelazan y, en algún punto se confunden, lo íntimo con lo público, lo colectivo con lo individual, lo personal y lo familiar. El punto inicial de esa trayectoria puede rastrearse en un pasado familiar ligado al Partido Comunista Italiano. Antes de migrar, el padre de Walter se había desempeñado como Secretario de la Federación Juvenil Comunista en Masa Fermata, un pequeño pueblo de la región de Le Marche73. Una vez en Argentina, Primo Calamita se casó y constituyó una familia en la que la discusión política permeó la vida cotidiana de todos sus miembros.74 Al llegar a la juventud, sus dos hijos comenzaron a militar en Bahía Blanca: Higinio (el mayor) ingresó a la Universidad Nacional del Sur y se involucró en la estructura del Partido Revolucionario de los Trabajadores, al tiempo que Walter tuvo un activismo estudiantil en el Colegio Nacional de Bahía Blanca.75 En la madrugada del 8 de noviembre de 1974, ambos fueron detenidos en un operativo llevado adelante por grupos parapoliciales y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se trató de un procedimiento que comenzó en una casa operativa del PRT que había sido alquilada tiempo antes con la garantía de Primo Calamita a pedido de su hijo mayor. La patota que ingresó al lugar secuestró y torturó a Gerardo Saad; luego se dirigió a la casa de la familia Calamita, y en el marco de un operativo que implicó corte de calles e incluyó una cantidad significativa de personas que ingresaron por distintos sectores de la vivienda, fueron detenidos Walter, Higinio y su esposa. La labor del grupo de tareas concluyó en el peladero de pollos Calamita, donde la misma patota detonó bombas que dañaron las instalaciones76. Todos los detenidos fueron llevados a la Comisaría 2° y allí permanecieron alrededor de una semana hasta que fueron trasladados a la cárcel de Villa Floresta (UP 4).77 A partir de ese momento, Higinio y Walter pasaron a formar parte de un universo carcelario que inmediatamente comenzó a recoger/producir información sobre ellos y su círculo de relaciones. En las hojas de sus legajos se acumulan tanto los minuciosos registros que ponen al descubierto ciertos aspectos del día a día intramuros (sanciones disciplinarias, informes médicos, etc.), como las idas y vueltas de expedientes judiciales, las reiteradas solicitudes de salidas del país, los decretos denegatorios o habilitantes del Poder Ejecutivo, las notificaciones a la Dirección de Migraciones, los tráficos de radio, entre otros.Si los “papeles” de la burocracia carcelaria permiten hacer una aproximación a fragmentos de la experiencia vital de Higinio y Walter en las unidades78 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), no es menos cierto que esos mismos registros nos dan la posibilidad de seguir sus trayectorias y sus vínculos más allá de las fronteras del penal. Al trascender sus muros, en primer plano aparecen sus padres, que movilizaron los trámites judiciales seguidos por el abogado defensor de los dos jóvenes en el marco de la causa que tramitó primero el juez subrogante Marcelo Aníbal Betnaza, y luego el magistrado bahiense Guillermo Federico Madueño79. En el expediente80 estaban imputados además la esposa de Higinio, Gerardo Saad y Daniel Abot, por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y a la ley 20.840 (art. 2° incisos a y c y artículo 3° inciso c).81 Cuando los múltiples intentos por obtener la libertad resultaron infructuosos82, el único “afuera” de la cárcel era un “afuera” del país y ese fue el destino final de todos los miembros de la familia Calamita detenidos y no detenidos. Pero los viajes se sucedieron en el tiempo y en los legajos penitenciarios puede leerse esta historia familiar de encierros/destierros desacompasados. Las gestiones llevadas adelante por los abogados defensores entre 1974 y 1975 dieron por resultado el sobreseimiento definitivo de Walter y su salida del país mediante el “derecho de opción” que le fuera concedido por Resolución Ministerial N° 2875. El 22 de diciembre de 1975 fue notificado de la inexistencia de impedimentos legales para abandonar Argentina y el 12 de enero del año siguiente fue trasladado a Coordinación Federal por la Policía de Azul, donde permaneció durante 10 días hasta que logró emprender el viaje a Italia83. En esa última etapa de encierro en Coordinación Federal, Walter sintió con claridad que no sólo su vida e integridad física estaban en manos de las fuerzas de seguridad, sino que su libertad efectiva no dependía estrictamente de la acción de un juez, del decreto del Poder Ejecutivo o de la intervención del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Migraciones. Los testimonios de Calamita y los registros penitenciarios muestran que aún antes del golpe de Estado, los presos políticos “legales” carecían de cualquier derecho, incluso el de salir de territorio argentino con documentación personal. De hecho, Walter subió al avión esposado y sin ningún papel que acreditara su identidad. Sus documentos le fueron devueltos por el comandante de la aeronave tras sus ruidosas protestas cuando aterrizó en Europa. Esta práctica habitual para los “opcionados” servía a dos propósitos: el primero, reforzar la parálisis por el terror; el segundo, asegurarse que el “deportado” no cambiara su destino, convirtiéndose en una amenaza desde el exterior. Mientras Walter lograba traspasar los muros del penal atravesando fronteras, Higinio quedaba encerrado en los pliegues de expedientes judiciales, de solicitudes de salida del país denegadas y decretos del Poder Ejecutivo en el mismo sentido. Aunque fue absuelto en la causa seguida por el Juez Madueño en febrero de 1977 y se ordenó su libertad, una vez que el fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca; sólo pudo salir del penal en régimen de “libertad vigilada”84 tras un largo periplo por diferentes unidades en julio de 1981. Durante todos esos años, solicitó salir del país en varias oportunidades pero siempre obtuvo una respuesta negativa (18/4/1977, 3/4/1978) o el trámite se dilató sin resolución (26/9/1979, 23/6/1980).85 El exilio de Walter y la cárcel de Higinio están anclados en una materialidad que resiste el paso del tiempo. Pero los “papeles” producidos por el sistema penitenciario no son los únicos que emergen a la superficie. De la mano de los recuerdos de los protagonistas brotan dibujos, objetos construidos durante el encierro, cartas, cuentos86; pero también tabiques y distancias. Esto registros dispares nos permiten entender que Walter se sitúa en un territorio de múltiples herencias, el compromiso político de su progenitor, la militancia de su hermano, las angustias de unos padres que tuvieron que edificar, una vez más, sus vidas en su país de nacimiento porque el que habían elegido para “hacerse la América” se convirtió en un sitio hostil e inhabitable87. Con esos legados en su valija, Walter llegó a Italia y comenzó una vida lejos pero nunca tan cerca del encierro. Su exilio europeo y sus complejos recorridos militantes en Italia estuvieron marcados por la prisión de Higinio. Walter siempre tuvo presente que su actuación en el exilio podía incidir (positiva o negativamente) en la suerte de su hermano y por esos sus resoluciones militantes (su participación en el CAFRA, su involucramiento en las escuelas políticas del PRT-ERP88 y hasta abortar el proyecto de sumarse al “retorno organizado”89 a la Argentina90) no pueden comprenderse sino en la articulación entre cárcel y exilio.A manera de cierre  Este trabajo se propuso revisar las agendas de dos subcampos de la Historia Reciente de notable crecimiento en los últimos años, invitando a descubrir la potencialidad de un territorio fronterizo entre destierros y encierros dictatoriales, desde la formulación de nuevas preguntas a fuentes “clásicas” de las respectivas historiografías, o desde la exploración sistemática de nuevas huellas que iluminan de manera evidente las articulaciones entre estas dos modalidades represivas y militantes.  Si bien las historiografías de otros regímenes represivos del siglo XX –contemporáneos al “Proceso de Reorganización Nacional” o de la Europa de entreguerras, por caso la España franquista – cuentan con campos de estudio delimitados en el mismo sentido, no es menos cierto que tanto en la identificación de los sujetos de la Historia y en la utilización de conceptos problematizadores, como en las formas de periodización y en las transformaciones de los cuestionarios, la Historia Reciente en la Argentina ha mostrado un notable acompasamiento con los ritmos, énfasis y formas de las luchas sociales por la memoria. En este contexto, consideramos que la escritura del pasado de presos políticos y exiliados ha asumido – no siempre de manera crítica – modos de clasificación propios del trabajo humanitario o de la Justicia Transicional (un universo de las “víctimas” integrado por muertos, “desaparecidos”, torturados, presos, exiliados), y ha sido atravesada por formas de nominación/evaluación de trayectorias personales o colectivas propias del campo político.  Constatar con de Certeau91 que la Historia en general es una “operación”, esto es que se define en la combinación de prácticas científicas, lugar social y escritura; y asumir con Hartog92 que el “régimen de historiografía” del pasado reciente no puede divorciarse del régimen de historicidad de la sociedad “presentista”, no impide a los investigadores interrogarnos sobre las potencialidades y límites de nuestros cuestionarios; o sobre si nuestras herramientas conceptuales operan verdaderamente como instrumentos analíticos o duplican miradas nativas no dejando reponer los contextos múltiples de sentido que explican procesos y acontecimientos, impidiendo descubrir otros objetos u obturando una lectura auténticamente histórica, contingente y situada.   Creemos que estamos en un momento óptimo de acumulación como para ensayar desde la reconstrucción sistemática de las articulaciones entre cárcel y exilio durante la vigencia del Estado de excepción, otros caminos para pensar la historia de la represión, sus dispositivos, su temporalidad, sus marcas locales; y también para revisar la historia de la militancia, en sus estrategias, continuidades, rupturas y resignificaciones pre y post golpe, sin jerarquías (víctimas mayores y menores, muertos-desaparecidos y sobrevivientes), sin miradas normativas (un “adentro” y un “afuera”) y en un diálogo de escalas (nacional, internacional, regional, local). 