{"word_count": 847, "character_count": 5337}
Nous publions ici un texte liminaire de Manuel Gárate Chateau, professeur à l'Université Alberto Hurtado (Santiago), présentant son intervention du 22 novembre à l'Institut d'histoire du temps présent. Cette table ronde se déroulera de 14 h à 17 h en salle 159. Avec la participation d'Alfredo Riquelme, Institut d'histoire de l'Université catholique du Chili. Coordination : Frédérique Langue (IHTP) Desde 2007, cuando se realizó el anuncio de la construcción del Museo de la Memoria y Santiago de los Derechos Humanos, el debate político en torno a su creación no ha cesado de resurgir encada conmemoración del golpe de estado 1973. Las principales críticas de los opositores al proyecto se refieren en particular a cuatro puntos: (1) la pertinencia de la iniciativa (2) el contexto histórico (3) el período cubierto y (4) el estatus de "víctima". En general, se trata de un debate político y académico propio de las élites gobernantes, pero que ha tenido un impacto directo en la opinión pública respecto de la interpretación del pasado traumático del país.La idea de un lugar de memoria para las víctimas de la represión de la dictadura militar ya había sido mencionada en el informe Rettig de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del año 1991. Sin embargo, las características consensuales de la transición democrática chilena, marcada por bloqueo autoritario de la Constitución de 1980 y la presencia del ex dictador como comandante en jefe del ejército hasta 1998, impidió cualquier iniciativa revisión histórica.Esta memoria de los vencidos permaneció atrapada en el ámbito de la familia y de los militantes de izquierda. Las autoridades democráticas de la época recurrían regularmente a los argumentos de la "pacificación" y la razón de Estado para justificar que este silencio. La mayoría de los historiadores chilenos evitaban el tema bajo el pretexto de la falta de perspectiva respecto de los eventos traumáticos porque estaba bloqueando cualquier discusión académica, no apasionado.A partir del año 2000 y los acontecimientos del caso Pinochet (punto de inflexión de nuestra historia reciente), los Presidentes de la República, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet reconocieron la necesidad de realizar actos y políticas simbólicas de reparación respecto de las violencias del período 1973-1990. Si bien existían algunos lugares conmemorativos (reconocidos y no reconocidos oficialmente), especialmente en sitios donde se habían cometido los peores crímenes del régimen militar, no existía un espacio dedicado a la historia de las víctimas y también de los derrotados de la Unidad Popular. Este último punto ha sido el más controvertido en la polémica sobre el museo.Es en este contexto que la idea de un Museo de la Memoria de las Víctimas de la dictadura fue tomando forma durante la década pasada, y justo después de la muerte de Augusto Pinochet en diciembre de 2006. La controversia surgió rápidamente desde los primeros días del anuncio. Por un lado, los opositores del museo reclamaban el carácter no histórico de la iniciativa, ya que sólo mostraba una parte de la "verdad", aquella de los activistas de la izquierda y los partidarios de la Unidad Popular. Además consideraban que el período 1973/78 (es decir, hasta la promulgación del decreto-ley de amnistía) corresponde a una situación de guerra interna, por lo que no habría víctimas sino más bien bajas de guerra.Por otro lado, algunos intelectuales exigían la inclusión de un "contexto histórico", el cual estaría marcado por el deterioro del proceso democrático chileno, lo que explicaría la extrema represión tras el 11 de septiembre. En este caso no niegan las atrocidades de la dictadura y aún menos la necesidad de un lugar de memoria, pero igualan la retórica revolucionaria del gobierno de Allende con la violencia efectiva del golpe. En su lógica causalista, la respuesta represiva de la dictadura se explicaría por el miedo al "comunismo" y la amenaza de un proceso revolucionario a la imagen de la Cuba de Fidel Castro. Desarrollan un tipo de ecuación donde determinados efectos generan una inmediata reacción.Desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, también ha habido algunas críticas de la definición del estatus de víctima. Para algunas de ellas, quienes murieron o fueron torturados luchando contra la dictadura ( en organizaciones como el FPMR, MIR, y Lautaro) no puede ser confundidos con el resto de las víctimas. Los primeros condición merecerían un estatus y un lugar diferente en el museo en tanto combatientes y, por tanto, su historia debiera ser reescrita en un estilo más cercano al relato heroico. Sin embargo, su principal crítica se refiere a la inclusión en el museo de algunas de las víctimas del bando militar y las fuerzas de seguridad, quienes cayeron en enfrentamientos con grupos armados de la izquierda. Para las familias de las víctimas de la dictadura, los muertos vinculados al gobierno militar nunca podrán compartir el mismo espacio memorial que sus familiares. Tal situación es vista como un ultraje permanente, incluso si el espacio dedicado a las fuerzas armadas es mínimo. Una lucha memorial sigue presente entre quienes se disputan el estatus de víctima. Sin embargo, hoy en día la interpretación histórica favorece mayoritariamente a quienes sufrieron las atrocidades de la dictadura.