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Siguiendo la tradición del ius commune, la generaliabolitione construía una situación jurídica particular en la cual a loscriminales cobijados por la gracia no se les extinguía el delito, sino quedabasuspensa la acusación por el tiempo de celebración (tradicionalmente 30 díaspara los indultados en la cárcel de la Corte), lapso durante el cual elacusador podía entablar nuevamente la causa. Después de dicho término, aquellosque habían sido liberados lo serían para siempre pues quedaba vetada laposibilidad de formular nuevamente la acusación.[1]Esta interpretación estaba inspirada en el códex justinianeo, específicamenteen el punto que dice: “Cuando al tiempo en que nuestra indulgencia extinguiólas acusaciones criminales no se hubiere entablado por ti la acusación, deja dehaber la excepción de la abolición pública”.[2]En el caso del indulto general, el rey fungía como parte ofendida y retenía ensí la causa,[3]motivo por el cual, a menos que durante el plazo establecido acusara nuevamenteal indultado éste garantizaba su libertad.Aunque esta suspensión de la pena inherente a la abolitio pueda parecer una “ficciónjurídica” tenía efectos prácticos, tal vez el más evidente era la posibilidadque un inculpado por un delito grave pudiese suspender la causa al impetrar elindulto, buscar el perdón de parte que lo remitiera de la condena, o por lomenos apostar por la conmutación de la pena ordinaria. Asimismo, en algunosindultos se extendía la gracia a los pobres presos por deudas por el término detreinta días usando la “fianza de la haz”,[4]obligación jurídica en la que el rey cumplía el rol de fiador del miserablepara que éste pudiera acordar con sus acreedores una manera de saldar su deudaen el plazo mencionado. Si pasado el plazo no se había liquidado la deuda o laparte no desistía de la imputación, el fiado tendría que regresar a la cárcel;en caso de no hacerlo, el rey se obligaba a pagar la deuda que dejaba el pobre.[5]Las cédulas contemplaban asimismo que se ayudaría a pagar sus deudas “con algúnsocorro” que por una única vez sería contribuido desde el ramo de penas decámara. El gran inconveniente de tratar el indulto general como abolitio consistía en que no había conello restitución de la fama, es decir, se borraba la acusación pero no eldelito, por lo cual el indultado quedaba libre pero con la infame nota dedelincuente.[6]Como se ha dicho anteriormente, la restitución al estado original erafundamental para aquellos que requerían recuperar su oficio, negocios, o lahonorabilidad de sus hijos manchada por el delito paterno; pero a menos que lacédula indicara de manera explícita que el rey incluía con el indulto larestitución de los bienes y fama, o se decía que con el perdón resultaba laplena libertad, el indultado solamente tenía garantizada su libertad.[7]En este sentido habría que profundizar en algunos aspectos. La primera cuestiónes que el acusado, en particular aquel que no estaba siendo procesado pordelitos graves, no había ganado infamiaiuris; sin embargo, el hecho de acogerse al perdón general era equiparablea la confesión del delito, por ende, el indulto irrogaba la infamia del reo.[8]Otra cuestión es que el juez ordinario no contaba con la potestad pararestituir bienes ni fama, por lo cual, aquel que había sido tachado de infamiatendría que recurrir directamente al rey o al virrey para que usando de susfacultades les perdonaran de manera particular.[9]Por otra parte, los jueces encargados de determinar la sentencia de indultotenían a su favor la regla de la interpretación; al no estar determinada poruna cláusula específica la restitución de bienes, pero tampoco el embargo delos mismos, el tribunal podía decidir de manera favorable al indultadosiguiendo su arbitrio, e incluso apoyarse en una de las tantas opiniones queconsideraban el perdón general desde su perspectiva más indulgente.[10]Similar a la abolitio,la dilatio se relacionabadirectamente con el plazo del juicio. El plazo, en sentido estricto, comprendíael espacio de tiempo acordado legalmente, por el juez, o por convenio de laspartes, para responder a la demanda que se le hacía al acusado.[11]La práctica legislativa castellana había definido unos términos relativamenteprecisos para resolver cada instancia judicial que solían asimilarse en losprocesos civiles y criminales, destacándose la dilación citatoria de tres días,la probatoria de nueve días mínimo y máximo ochenta, y la ejecutoria, que era“arbitraria á la prudencia del Juez, dilatándola mas ó menos segun lascircunstancias”.[12]En relación con el perdón general, la dilatiocomprendía el término establecido para acogerse a la gracia, el cual prorrogabalos plazos judiciales dependiendo de la situación procesal de la causa. Eltiempo para acogerse a la gracia y ejecutar los procedimientos necesarios paraobtenerla estaba determinada por cada cédula de indulto, por lo general de tresa seis meses para los reos que estuvieran dentro de España y un año para losque estuvieran ausentes del reino, plazo que empezaba a correr desde el momentoen que fuese publicado el edicto de perdón. No todas las cédulas de perdóngeneral comprendían un plazo establecido, aquellas que se limitaban a la cárcelde Corte establecían un procedimiento por el cual dos ministros de Cámarahacían traer las causas de aquellos que tuvieran la posibilidad de recibir elbeneficio de indulto y determinaban quienes podían ser dejados en libertad; eneste caso, no había otro plazo más que el ordinario de una visita de cárcel.[13]Garsia Mastrillo hacía la distinción entre plazo y dilatio, el primero correspondía altiempo estipulado en la cédula, del cual hacía algunos comentarios. En primerlugar, que era válido que durante el plazo se consiguiera un acuerdo económicoentre la parte ofendida y el condenado, quedando al arbitrio del juez sivalidaba la conmutación o remisión de la pena. Por otra parte, Mastrilloindicaba que el tiempo del plazo correspondía efectivamente al de la abolitio, por lo cual si durante esetérmino el acusador no ratificaba su denuncia el perdón se considerabalegítimo. En tercer lugar, señalaba que el tiempo indicado para que elsindicado se presentase no se sumaba desde el día que impetraba el indulto sinodesde la publicación de la cédula, de tal modo que un reo que suplicara elindulto faltando unos pocos días para finalizar el plazo tendría que contar conese plazo para conseguir la gracia. Mastrillo indicaba que era necesario quetodos los procedimientos para obtener el indulto (la presentación, la vistafiscal y la decisión), incluido el perdón o satisfacción de parte, se hicieranen el término demarcado. Si el perdón se otorgaba posteriormente se podíaconsiderar denegado. Inclusive el “papel de indulto”, la nota en el expediente,o cualquier escritura resultante de la libertad del preso, debería estar dentrodel plazo señalado por la cédula.[14]La dilatio, segúnMastrillo, abarcaba los juicios civiles, específicamente los relativos adeudas. La diferencia estaba en que mientras el plazo permitía que el reo sepresentara (en caso de los rebeldes o ausentes este plazo era fundamental) y eltribunal tuviera el tiempo para determinar la resolución, o pedir se corrigieranprocedimientos elaborados de manera incorrecta por un juez anterior o juzgadoinferior; la dilatio permitía que eldeudor extendiera el tiempo requerido o acordado para satisfacer la deuda, opor lo menos para llegar a un acuerdo con su acreedor. El tiempo por el cual elrey decretaba la extensión del plazo para subsanar la deuda difería del plazoestablecido para los delitos del ámbito criminal, el cual era indicadoexpresamente en el edicto de indulto.[15]Como se puede observar, la dilación y la abolitioeran bastante similares, sin embargo, en sentido estricto, la primera serelacionaba con el tiempo para cumplir un procedimiento en tanto la segunda sedefinía como la suspensión de la sentencia. Escoger acogerse a una prórroga delplazo podía depender no sólo de una cédula de indulto, también eran relevanteslos acuerdos entre partes, el arbitrio del juez, y la garantía que un acuerdoque liberara al sindicado de sentencia no fuera en detrimento del acreedor. Laventaja de la abolitio consistía enque permitía que en caso de un acuerdo, el denunciante pudiera volver sobre laacusación original y reiniciar el proceso para la satisfacción de sus deudas.ReferenciasAlonso Romero, María Paz. Elproceso penal en Castilla (Siglos XIII al XVIII). Salamanca: Universidad deSalamanca, 1982.Diego-FernándezSotelo, Rafael, y Marina Mantilla Trolle, eds. La Nueva Galicia en el ocasodel Imperio Español: los papeles de derecho de la audiencia de la nueva Galiciadel licenciado Juan José Ruiz Moscoso, su agente fiscal y regidor delAyuntamiento de Guadalajara, 1780-1810. Vol. II. IV vols. ColecciónFuentes. Zamora, Michoacán : Guadalajara, Jalisco: Colegio de Michoacán ;Universidad de Guadalajara, 2003.RodríguezFlores, María Inmaculada. El perdón real en Castilla (siglos XIII-XVIII).Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971.Notas[1] Mastrillo, Adindultum generale, cap. V, núm. 3. Gregorio López, glosa “granalegría” a Partidas, P. VII, tít.XXXII, ley 1. RodríguezFlores, El perdón real, 209.[2] “Quum eo tempore, quoindulgentia nostra crimina exstinxit, accusatio a te instituta non fuerit,publicae abolitionis praescriptio cessat”. Código, lib. IX, tít. XLIII, “degenerali abolitione”, núm. 2.[3] López de Cuéllar, Tratado iuridico-politico, núm. 48.[4] “Al virrey y Audiencia deLima, que los presos que estuvieren por deudas civiles les hagan soltar por 30dias para que se conpongan con sus acreedores a honor del nacimiento delPrincipe nuestro señor”, Madrid, 30 de enero de 1630, AGI, Indiferente general,429, leg. 37, ff. 201v-202r. RafaelDiego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle, eds., La Nueva Galicia enel ocaso del Imperio Español: los papeles de derecho de la audiencia de lanueva Galicia del licenciado Juan José Ruiz Moscoso, su agente fiscal y regidordel Ayuntamiento de Guadalajara, 1780-1810, vol. II, Colección Fuentes(Zamora, Michoacán : Guadalajara, Jalisco: Colegio de Michoacán ; Universidadde Guadalajara, 2003), 373. “Real Cédula sobre indultogeneral concedido con motivo del matrimonio del Príncipe (1803)”, AGNC, SecciónArchivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, tomo 35.[5] Joseph Juan y Colom, Instrucción de escribanos en orden a lojudicial [1736], décima impresión (Madrid: imprenta de Antonio Fernández,1787), lib. III, ff. 218-219. AlonsoRomero, El proceso penal, 203.[6] López de Cuéllar, Tratado iuridico-politico, núm. 116.[7] González de Salcedo,&#160;Tratadoiuridico-politico del contrabando, cap. 31, núm. 32, f. 179v.[8] López de Cuéllar, Tratado iuridico-político, núm. 49.[9] RodríguezFlores, El perdón real, 204. Algunos ejemplos de este tiposerán explicados más adelante.[10] RodríguezFlores, 210–11.[11] Gregorio López, glosas a Partidas, P. III, tít. 15, ley I y II.Álvarez Posadilla, Práctica criminal,tomo II, diálogo XXXI, 270. [12] Álvarez Posadilla, Práctica criminal, tomo II, diálogoXXXI, 271. Un listado extensivo de los tipos de dilaciones se encuentra en la Summa de Hostiensis, lib. II, “Dedilationibus”, núm. 1.[13] RodríguezFlores, El perdón real, 271.[14] Mastrillo, Ad indultum generale, cap. XXIV, núms. 85-91.[15] Mastrillo, Adindultum generale, cap. LXVI, núms. 22-24.[cite]