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Por Antoine Faure (Escuela de Periodismo – USACH) y Argelia Villegas Silva (Université Clermont-Auvergne)[1]En octubre de 2019, gran parte de Chile se levantaba en contra delsistema neoliberal, la precariedad y las desigualdades que este genera. Seismeses después, en plena crisis pandémica, las protestas se multiplican en losbarrios los más pobres y denuncian el “hambre del pueblo”. Las medidas frenteal contagio de COVID-19 han priorizado la economía estructural y agudizado lasmismas desigualdades. Como si lo ocurrido en octubre no hubiese existido. Esta constatación pone luz sobre el cómo se está usando, en Chile,un momento de crisis social y sanitaria para aplacar demandas de justiciasocial y cambios políticos profundos y, a la vez, implementar un control muchomás drástico –y autoritario– sobre los sujetos ya no políticos, sinoconsiderados como esencialmente económicos.Cuarentena rotativaLas primeras decisiones gubernamentales muestran un sesgoimplícito entre la población privilegiada y la parte más vulnerable de lasociedad, más aún conociendo las diferencias del acceso al agua y en lascondiciones laborales, y la brecha entre los sistemas de salud, privado ypúblico, que existen en Chile. Consistieron en inmunizar, es decir dejar que secontamine la población, siguiendo en esto la decisión del Reino Unido al iniciode la pandemia, antes de adoptar el aislamiento preventivo.Una vez que se perdió la trazabilidad de la cepa COVID-19, lagestión de la crisis entró en una segunda fase con un confinamiento episódico,focalizado y rotativo. Estas medidas selectivas marcaban una diferencia entresectores privilegiados (esta vez en cuarentena) y sectores vulnerablespresionados para seguir trabajando presencialmente, y producir.Tras una polémica sobre la manipulación de las cifras decontaminados y muertos, 12 comunas adicionales de la Región Metropolitana deSantiago de Chile entraron en cuarentena el 8 de mayo, en respuesta al disparode la curva de los/as contagiados/as (2.500 nuevos/as contaminados/as diarios).Con cifras que llegaron a cerca de 4.000 nuevos contagiados por día, sedecretó, el 15 de mayo a las 22:00hrs, cuarentena total para toda la RegiónMetropolitana (6,7 millones de personas sobre un total de 7,7 millones depersonas confinadas en el país).Sin sorpresa, una gestión neoliberalLa principal preocupación detrás de la gestión de la crisis sanitaria ha sido claramente económica, y específicamente en clave de austeridad y ortodoxia. ¿El objetivo? Impedir, a toda costa, el aumento del gasto y de la deuda pública, aun cuando Chile tiene un nivel bajo de endeudamiento (27% del PIB) e importantes fondos de reserva (4%)[2]. Esta política se expresó con claridad en las palabras de José Manuel Silva, director de inversión del fondo de pensión LarrainVial, al declarar públicamente que la prioridad es la economía “y eso significa que va a morir gente”[3].Esta lógica se refleja por un lado en un dictamen de la Direccióndel trabajo que data del 26 de marzo y que aconsejaba no pagar los salarios alos/as trabajadores sin capacidad de trabajar de manera presencial o digital. Yse promulgó una ley de protección del empleo que permite suspender loscontratos durante el tiempo de la crisis para restablecerlos cuando estatermine. Otras maneras de condenarlo/as a una miseria que el gobierno intentacompensar con un bono de 50.000 pesos por familia (entre 50 y 70 euros,dependiendo de la tasa de cambio). El 16 de mayo, 11.4% de la población activase encontraba cesante o con contratos suspendidos, en un país donde el segurode cesantía está sujeto a numerosas condiciones y limitaciones relacionadas ala naturaleza del empleo[4]. Por otro lado, las ISAPRES, mutuales privadas de cobertura médica,no encontraron mejor momento para aumentar sus cotizaciones[5] (lo que el gobierno “logró” postergar por 30días) y, al mismo tiempo, han rechazado el 31% de las licencias médicas[6] relacionadas al COVID-19. En paralelo, lasdeclaraciones repetidas sobre los éxitos de un sistema de salud que funciona apartir de profundos clivajes (público vs privado; capital vs regiones), apuntana reforzar el discurso sobre los logros de una lógica mercantil que media todotipo de servicios en Chile.El ejecutivo sigue la misma partitura de siempre: tímidas ayudassociales, red de apoyo psicológico y soluciones económicas a través delendeudamiento. Se incentiva a la población a usar sus ahorros, se ha facilitadoel acceso al crédito por la mediación del sistema bancario privado. Variossectores están afectados directamente por recortes presupuestarios: cultura, educación e investigación científica, entre muchosotros. La pandemia, oportunidad para agudizar el conflicto estratégicoEl gobierno y las élites conservadoras chilenas han aprovechado elcontexto para lanzar una contra-ofensiva y enfrentar las demandas sociales deoctubre de 2019. En un país con profundas continuidades institucionales y económicasheredadas de la dictadura cívico-militar, la crisis pandémica resulta unaventana de oportunidad para asumir derivas hacia una democracia iliberal[7] (por ejemplo, restricciones al derecho dereunión, incremento de la represión y un fuerte patriotismo). El 16 de marzo, se decretó el Estado de catástrofe y el toque dequeda, desplegando las Fuerzas Militares en las calles, incluso las “boinasnegras” (un cuerpo de élite). La represión se ha intensificado, ampliándose avarias comunas (La Florida, Lo Hermida, Villa Francia, Villa Portales,Araucanía, Antofagasta) y hacia varios sectores (Brigadas de Salud,periodistas, secundarios). En este contexto de criminalización y claro descuidode los DD. HH., el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos hadeclarado que “no hay derechos sin deberes”, lo que creó una ola de rechazo[8]. Las protestas del hambre están fuertementereprimidas con el pretexto del respeto de la cuarentena. Frente a los múltiples intentos para dar continuidad a las movilizacionesde octubre 2019, los profesionales de la política son unánimes en denunciar sucarácter “contraproducente”, desde la derecha más conservadora hasta laoposición de centro-izquierda y la Democracia cristiana. Y el gobierno llama demanera reiterada y clásica a la unión nacional para dejar la política de ladodurante la crisis.Mientras tanto, las provocaciones de los conservadores semultiplican. Dos actos muy simbólicos ocurrieron apenas iniciado elconfinamiento. Se blanquearon las paredes intervenidas de maneraartístico-política durante el octubre chileno, lo que hizo recordar losprimeros días después del golpe de Estado de 1973, en los que muchos muralesfueron cubiertos por su carácter político. El 3 de abril, en plena cuarentenade la comuna donde se encuentra la Plaza de la Dignidad, en el punto neurálgicode las movilizaciones ahora vacío, el presidente Piñera se hizo fotografiarcomo para mostrar su dominación.Sin embargo, las movilizaciones no han cesado, al contrario, sehan transformado y ajustado a la situación, lo que muestra su profundo arraigo.Se ven iniciativas digitales (consultas ciudadanas, paros o cabildos en línea),manifestaciones callejeras y hasta performances (como los activistas que van a “sanar” los barrios sin cuarentena,cuya acción articula problema sanitario y denuncia social). Colectivos como elMovimiento Agua y Tierra, proponen escuelas de autoformación para hacer composto limitar la producción de basura, cooperativas de abastecimiento o proyectosde autosuficiencia y soberanía alimenticia territorial. Todos estos movimientostambién han desarrollado acciones de solidaridad y entreayuda, con los másvulnerables, las personas aisladas, los enfermos o los adultos mayores.En Chile, la crisis sanitaria está prolongando la crisis social.Es un agente multiplicador y que hace visibles las desigualdades producidas porel neoliberalismo. A la vez, ha sido una oportunidad para reforzar elneoliberalismo y derivar hacia prácticas iliberales. Se trata de frenar elproceso constituyente, para postergar el Plebiscito sobre la reformaconstitucional y la formación de una convención constituyente. Está claro queel sector derechista, que ocupa los cargos ejecutivos, no quiere firmar unanueva constitución y busca cómo profundizar el modelo que le es funcional enuna “nueva normalidad” neoliberal enfocada en el control autoritario de lapoblación.[1] Se terminó este textoel 25 de mayo de 2020, por lo que existe un desfase entre las últimasdecisiones y lo que se aborda aquí.[2] CEPAL (2019): BalancePreliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, (LC/PUB.2019/25-P),Santiago, Chile.[3] https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/jose-manuel-silva-de-larrainvial-la-historia-de-la-industria-de-las-aerolineas-es-bastante-compleja-y-en-tiempos-normales-las-dejan-quebrar/GMRXI4IDANGP3HZ3ABXFH5AOE4/.[4] http://www.fundacionsol.cl/2020/03/por-que-el-plan-economico-ante-el-covid-19-es-insuficiente-y-lo-agrava-el-dictamen-que-permite-no-pagar-remuneraciones/. [5] https://www.latercera.com/pulso/noticia/isapres-informan-un-alza-promedio-de-45-en-los-planes-de-salud-desde-julio/EJ33YCDUOFA7FJ6KQXEWZR7KX4/. [6] https://www.latercera.com/politica/noticia/isapres-30-de-licencias-medicas-relacionadas-a-coronavirus-han-sido-rechazadas-o-reducidas/3E5RWMWP7ZAZXI6BLYZ6KFMWEA/. [7] Zakaria, Fareed, “Therise of illiberal democracy”, Foreign Affairs, 76(6), Nov/Dec 1997[8] https://www.cnnchile.com/pais/derechos-humanos-funcionarios-indh-rechazan-dichos-de-sergio-micco_20200502/ 