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El periodo borbónico, aunque planteó cambios y reformas a la monarquía, heredó de los Austrias el orden jurídico-político e institucional con el cual gobernaba el orbe hispánico. Lo que se observa durante el siglo XVIII es un interés por limitar cada vez más las decisiones de clemencia al mero arbitrio del monarca y con ello restringir la facultad de perdonar delegada en diversos agentes de la monarquía, en especial los jueces y los alcaldes del crimen o de casa y corte[1]. Para los propósitos de nuestra investigación es fundamental comprender este proyecto por concentrar la facultad graciosa en la figura del Soberano, limitando progresivamente el ejercicio delegado de la clemencia como se había acostumbrado durante el tiempo de los Habsburgo.La innovación doctrinal será escaza en cuanto a la clemencia se refiere. Como se mencionó en la introducción, durante este periodo no se publicó ningún tratado específico sobre el perdón y el indulto, pero hubo algunos “discursos” que pretendieron tratar esta cuestión. Uno de ellos fue el conocido Benito Feijoo, quien en su Teatro dedicó una paradoja a “la que se llama clemencia de Principes y Magistrados, perniciosa a los pueblos”, la cual, en resumen, pretendía sustentar que los perdones desde la perspectiva del vulgo no eran una virtud sino un vicio pues, al estar motivados por la “flaqueza de ánimo” movida por los ruegos, lágrimas, clamores y blandura de temperamento; traerían como consecuencia el aumento de los crímenes. Hasta este punto no hay novedad ya que Feijoo coincide con la doctrina de la clemencia regia separada de la mansedumbre de la persona, en quien al contrario era virtud pues contribuía a aplacar su tendencia a la crueldad[2].La novedad en Feijoo es la aclaración de que la clemencia no dependía de la voluntad absoluta del príncipe, es decir, se niega que la clemencia sea un acto arbitrario del rey, lo cual de plano borra el sentido de la concesión y gracia del indulto, un atributo en apariencia ilimitado[3]:El uso de la clemencia nunca es arbitrario, como comúnmente se juzga. Quiero decir, nunca pende de la voluntad mera del Principe, ú del Magistrado, minorar la pena, que prescribe la ley, al reo. O debe, pesadas todas las circunstancias, minorarla, ó debe no minorarla. No hay medio. La clemencia es una virtud moderativa del nimio zelo, que vicioso: luego solo há lugar su exercicio en aquellos casos, en que aplicar la pena, que prescribe la ley comun, sería excesso, sería rigor, sería crueldad. Bien veo, que esto es dár á la clemencia unos limites mucho mas estrechos, que los que le concede la aprehensión comun. ¿Pero qué importa? Esta es la doctrina sana, y verdadera.Según Feijoo los motivos para minorar la pena podrían ser los méritos del reo, es decir por merced, la ignorancia o inadvertencia del imputado, asociada con su rusticidad, minoridad y miseria; y recalca que el perdón debiese motivarse por sus efectos útiles para la república, pueblo o estado. La oposición del benedictino estaría centrada en los perdones concedidos por la compasión, poniendo como ejemplo hipotético a un juez a punto de condenar un salteador de caminos quien movido por la debilidad y blandura se compadecía de la esposa, hijos y fama del reo, además de sentirse afligido y culpable ante la decisión de enviarlo al cadalso. En contraposición Feijoo dibujaba la imagen de las víctimas y sus muertes violentas por este salteador, deteniéndose en una mujer violada y asesinada para luego preguntarle al hipotético juez “No hicieras pedazos, si pudieras, á tan bruto, tan desaforado malhechor?”. La retórica del ilustrado presenta un cuadro patético en el cual el perdón de los magistrados conllevaría la perdición de la república, aumentaría el daño en las víctimas y el consecuente aumento del vicio. Al final le deja al supuesto juez la sentencia: “advierte, que aquellos mismos inocentes afligidos están pidiendo justicia al Cielo contra él; y si le dexas indemne, se la pedirán contra ti, porque le perdonas”[4].La paradoja está enmarcada en que la bondad con el delincuente implica la crueldad con las víctimas, la cual no es otra cosa que la extensión de la idea del príncipe-juez que con el uso de su arbitrio podía actuar en derecho pero no por ello escaparía de la justicia divina que reclamaría en él la vindicta pública. La petición de Feijoo, como religioso, parece contradecir la tradición del ius canonici, que aunque no se oponía a la rigurosidad favorecía la benignidad, la relajación y la dispensa[5]. Sin embargo, se deduce de esta “paradoja” que Feijoo no proponía una mayor rigurosidad de la ley, tampoco negaba la epiqueya puesto que al cumplir las leyes se debía seguir “la mente del legislador” antes que la letra de la ley, por esta razón no era necesaria la clemencia más que en casos donde esta interpretación conllevara un rigor innecesario[6].Tal percepción de que un exceso de benignidad podía conllevar al mal del reino de ningún modo era exclusiva de Feijoo. De hecho el mismo Carlos III ordenó consultar a la Real Sala de Alcaldes de Casa y Corte si los delincuentes que “infestaban” las provincias habían sido de aquellos indultados por los perdones generales que se habían promulgado desde su coronación. El cuestionamiento del rey estaba dirigido a los posibles abusos que se habrían cometido en las provincias al libertar reos de delitos graves “con el pretexto de no estar bien probados estos delitos, ó por puro impulso de la piedad connatural á los ánimos españoles”[7]. Melchor Gaspar de Jovellanos, quien fue el encargado de contestar la consulta llevada a la sala por vía reservada, consideró en primer lugar que, obviamente, la decisión de poner límites a su potestad misericordiosa era una decisión “de su soberana y bien acreditada justificación”, pero consideraba que el monarca no había usado de su clemencia más que sus predecesores (aunque como comparación se remite a los siglos XIV y XV) y además que en ningún otro momento los perdones habían excluido tantos delitos como entonces. Por ende, la Sala consideraba que no era “conveniente destruir la generalidad de los indultos, ni limitar su efecto en un número determinado de personas”, y que antes de representar esto un beneficio al reino implicaría la reducción del “principal atributo de la soberanía, y el ejercicio de la Real clemencia”[8].Las propuestas de Jovellanos para contrarrestar los posibles efectos nocivos de los indultos generales se resumían en excluir del perdón todos los delitos cometidos en Madrid, de tal modo que los delincuentes de las demás provincias no vinieran a refugiarse en esta y además se mostrara a la Corte como el espacio ejemplar de la justicia donde delinquir conllevaría una mayor gravedad[9]. También proponía eliminar la posibilidad de que un reo que hubiese gozado del indulto pudiera volverlo a hacer por un delito diferente, bajo la lógica de que quien delinquía dos veces era un reincidente sin importar el crimen y por otra parte se daba por supuesto que fue perdonado haciéndole falta castigo para su enmienda. Consideraba además que debería excluirse el homicidio en todas sus formas, aunque dejaba abierta la opción para que se conmutasen las penas en las situaciones menos perniciosas, lo cual podría extenderse a todos los delitos graves[10].Para Jovellanos la verdadera raíz del problema se encontraba en mezclar a los delincuentes menores con aquellos condenados por delitos graves en los presidios, ya que en lugar de regresar corregidos volvían contagiados por la malignidad que pululaba en dichos lugares. La respuesta a tal problema sería, en primer lugar, desterrar de Madrid a los inculpados por delitos graves y en segundo lugar evitar condenar a presidio a los delincuentes menores, enviándolos en cambio al servicio de las armas esperando que la disciplina militar los corrigiera. Además, proponía que este mismo destino les fuese dado a aquellos culpables de delitos de alguna gravedad que alcanzaran el indulto, en caso de que este los eximiera de la pena ordinaria de su exceso. Concluía en este tenor Jovellanos: “Entonces el homicida sin cualidad, el contrabandista, el amancebado, el jugador, y otros de esta  clase, sentirían los efectos de la Real clemencia, sin que el público los viese enteramente libres, y sin que el Gobierno temiese que la absoluta impunidad los hiciese peores ó incorregibles”[11].Tanto Feijoo como Jovellanos plantearon una moderada transformación de la clemencia regia, buscando limitar su ejercicio por los magistrados de la monarquía e intentando que se tuviese más precaución con la concesión de libertad a los presos por delitos graves. La propuesta más innovadora en el contexto hispano la expuso Manuel de Lardizábal y Uribe, formado en jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso de México, cuando era Alcalde del Crimen del Consejo de Castilla[12]. En ese momento Carlos III se encontraba en plena búsqueda de una reforma legislativa en materia penal que moderara las penas y a la vez mejorara la aplicación de la ley[13]. En este contexto, Lardizábal plantea un Discurso sobre las penas contrahido a las leyes de España para facilitar su reforma, que consistía básicamente en un ensayo sobre los principios de Montesquieu en De l’esprit des lois, de Beccaria en Dei delitti e delle penne, además de algunos principios provenientes de Jean Bodin, Puffendorf, Rousseau, Hobbes, entre otros tratadistas, sobre todo franceses.Una de los primeros planteamientos de Lardizábal provenía directamente de Montesquieu, en el cual decía: “La clemencia, esta virtud, que es la más bella prerrogativa del trono, exercitada con prudencia y sabiduría, puede producir admirables efectos. Quando tiene peligro es tan visible, que no se puede ocultar, y es también muy fácil saberla distinguir de la debilidad y de la impotencia”[14], pero no debería por esto extenderse a los jueces, “porque la clemencia para perdonar, es virtud del legislador; pero no de los depositarios y executores de las leyes”[15]. En este sentido, de lo que trata Lardizábal es del principio según el cual la ley debía ser irremisible, que aquel que cometía un delito debería ser castigado, pero para ello la legislación debía sufrir una transformación radical garantizando la proporcionalidad de los delitos y las penas porque, citando a Montesquieu, “si se exâmina la causa de todas las relaxaciones se verá que proviene de la impunidad de los delitos, y no de la moderación de las penas”[16].Además de esto, Lardizábal incluye la estrategia propuesta por Beccaria en la que se propone que la oferta de indulto a los delatores en casos graves de difícil averiguación se plasmara en una ley general en lugar de otorgarse en forma de perdón particular[17]. La ventaja, según planteaba Lardizábal, consistiría en evitar el fomento del vicio de traición en aquellos que buscaran el perdón como premio en tanto la ley prevendría la reunión para delinquir de los delincuentes, toda vez que los cómplices sospecharían de antemano ante una posible delación mutua asegurada legalmente. De este modo, el indulto no fungiría como una excepción para la utilidad pública, ya que como ley obstaculizaría el que se cometieran nuevos delitos. Advertía finalmente que la impunidad ofrecida por la ley debía cumplirse religiosamente, de tal manera que cumpliera con el efecto deseado, ya que en el caso de que se disimulara o falseara la fe y confianza pública se verían afectadas[18]. Aunque hay que apuntar que no era novedosa la idea de que el perdón debería cumplirse siempre que se ofreciese[19], la innovación de la propuesta de Lardizábal surgía del plasmar al perdón como ley, no como gracia, es decir, no como una actuación arbitraria del monarca o sus ministros que optaría por usar o no de la misericordia con los delatores, sino como una determinación que ya estaría asegurando de antemano el indulto para estos, independientemente de la voluntad regia.Feijoo, Jovellanos y Lardizábal compartieron espacios de socialización y empresas culturales, por lo tanto, es de deducir que por lo menos discutían algunas de las ideas aquí planteadas con respecto a una renovación de las leyes, las penas y la clemencia. Como se sabe, el proyecto para construir un código de leyes penales impulsado por Carlos III desde 1770 culmina en 1787 con una propuesta fuertemente influenciada por la Ciencia de la legislación de Filangieri, la cual no pasa de ser un proyecto.ReferenciasCasabo Rúiz, José R. “Los orígenes de la codificación penal en España: el plan de Código criminal de 1787”. Anuario de derecho penal y ciencias penales 22, núm. 2 (1969): 313–42.Duñaiturria Laguarda, Alicia. “Quitar la vida en el Madrid del siglo XVIII: entre el rigor y la clemencia”. En El arbitrio judicial en el antiguo régimen: España e Indias, siglos XVI - XVIII), editado por José Sánchez-Arcilla Bernal, 403–33. Madrid: Dykinson, 2013.Feijóo, Benito Jerónimo. Ensayos escogidos. Madrid: M. Aguilar, 1944.Jovellanos, Gaspar Melchor de. “Informe de la Real Sala de Alcaldes al Consejo de Castilla, sobre indultos generales [1779]”. En Obras del excelentisimo señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, VII:20–28. Barcelona: Imprenta de Francisco Oliva, 1840.Orella Unzué, José Luis. “Juristas ilustrados vascos: Manuel de Lardizábal y Uribe”. Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, núm. 9 (1998): 105–22.Otaduy, Javier. “‘Dulcor misericordiae’. Justicia y misericordia en el ejercicio de la autoridad canónica. I. Historia”. Ius Canonicum 56, núm. 112 (el 24 de noviembre de 2016): 585–619. https://doi.org/10.15581/016.112.585-619.Rodríguez Flores, María Inmaculada. El perdón real en Castilla (siglos XIII-XVIII). Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971.Notas[1] Rodríguez Flores, 168, 173–74.[2] Feijoo, Theatro critico, Tomo VI, I, "Paradoxas politicas y morales", paradoxa tercera, n. 22-23. "que en los hombres communes regularmente excede su crueldad á la impiedad de las fieras, pues estas perdonan á sus semejantes" López de Cuéllar, Tratado iuridico-politico, n. 29. La mansedumbre, siguiendo la ética aristotélica, se consideraba como una virtud moral que se contraponía a la pasión de la ira. El rey usaría la mansedumbre para reprimir su deseo de castigar con mayor rigor del necesario, pero no para perdonar lo que era justo en derecho. Summa Theologiae, Iª-IIae q. 60, IIª-IIae, q. 157 a. 1. Andrés Mendo, por su parte, aconsejaba al rey que aplacara su enojo pues debería “exceder á los demas en la serenidad y mansedumbre” y añadía que en una persona común la ira era reprimible, pero en el que gobernaba con suprema potestad era más perniciosa. Además, debía usar de la mansedumbre para controlar la ira pues en al Príncipe se le juzgaría por su crueldad y soberbia: “No es muestra de poder el enojarse, antes es señal de falta del; pues quien tiene potestad en otros, no la tiene en si mismo para refrenar su animo”. Principe perfecto, Doc. V, “Temple los ardores de la ira, porque no salgan al rostro afectos indecentes”.[3] Rodríguez Flores, El perdón real, 89.[4] Feijoo, Theatro critico, Tomo VI, I, "Paradoxas politicas y morales", paradoxa tercera, n.32-34.[5] Javier Otaduy, “‘Dulcor misericordiae’. Justicia y misericordia en el ejercicio de la autoridad canónica. I. Historia”, Ius Canonicum 56, núm. 112 (el 24 de noviembre de 2016): 587–92, https://doi.org/10.15581/016.112.585-619.[6] Benito Jerónimo Feijóo, Ensayos escogidos (Madrid: M. Aguilar, 1944), 261.[7] Gaspar Melchor de Jovellanos, “Informe de la Real Sala de Alcaldes al Consejo de Castilla, sobre indultos generales [1779]”, en Obras del excelentisimo señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, vol. VII (Barcelona: Imprenta de Francisco Oliva, 1840), 20.[8] Jovellanos, 21–22.[9] Valga la pena indicar que por lo general el delito cometido en la Corte o sus alrededores (Rastro) conllevaba una pena más rigurosa. Por ejemplo: Alicia Duñaiturria Laguarda, “Quitar la vida en el Madrid del siglo XVIII: entre el rigor y la clemencia”, en El arbitrio judicial en el antiguo régimen: España e Indias, siglos XVI - XVIII), ed. José Sánchez-Arcilla Bernal (Madrid: Dykinson, 2013), 406.[10] Jovellanos, “Informe de la Real Sala de Alcaldes al Consejo de Castilla, sobre indultos generales [1779]”, 22–24.[11] Jovellanos, 28. También sugería que según su gravedad fueran enviados a los arsenales los delincuentes más peligrosos o a obras públicas los menos.[12] José Luis Orella Unzué, “Juristas ilustrados vascos: Manuel de Lardizábal y Uribe”, Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, núm. 9 (1998): 105–22.[13] José R. Casabo Rúiz, “Los orígenes de la codificación penal en España: el plan de Código criminal de 1787”, Anuario de derecho penal y ciencias penales 22, núm. 2 (1969): 313–42.[14] Lardizábal, Discurso sobre las penas, Cap. II, n. 26. Esta idea está construida con los siguientes extractos: “Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d'admirables effets.”, y “Quand la clémence a des dangers, ces dangers sont très visibles. On la distingue aisément de cette faiblesse qui mène le prince au mépris et à l'impuissance même de punir.” Montesquieu, De l’Esprit des lois, ed. Robert Derathé, vol. I, II vols. (Paris: Garnier, 1973), Liv. V, chap. XVI y Liv. VI, chap. XXI.[15] Lardizábal, Cap. II, n. 26.[16] Ladizábal, Cap. II, n. 29. Montesquieu, De l’Esprit des lois, Liv. VI, chap. XII. Valga recordar que en el régimen de justicia del Antiguo Régimen, la pena debía ser proporcional a la culpa pero no era un aspecto establecido en la ley sino dependía de la “benigna interpretación” del juez. La legislación era esencialmente rigurosa y por ello se aconsejaba que el juez en el momento de sentenciar se inclinase al lado de la clemencia y no del rigor. Andrés Mendo, Principe perfecto, Doc. XXXI.[17] “Sembrerebbemi, che una Legge generale, che promettesse l’impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciales dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore, che ciascun complice avrebbe di non espor che  se medesimo, il Tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono un un caso particolare chiesto il loro socorso”. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 6a edición (Harlem: 1766), cap. XXXVII. Ladizábal, Cap. IV, §2, n. 35.[18] Lardizábal, Cap. IV, §2, n. 39.[19] Saavedra Fajardo en su idea de un príncipe político christiano ya había dejado claro que “concedido un perdón general debe el Principe mantenelle, no dándose después por entendido de las ofensas recibidas, porque obligaría á mayores conjuras […] Si bien después, quando incurrieren en algún delito, se puede usar con ellos todo el rigor de la lei para tenellos enfrentados, i que no abusen de la benignidad recibida” Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político christiano representada en cien empresas (Mónaco: 1640) lema “compressa quiescunt”.[cite]