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Es evidente la metamorfosis semántica de los indultos constitucionales neogranadinos en relación con los promulgados por la gracia regia. El contraste es innegable incluso entre la contemporánea monarquía española y la república de Nueva Granada, como queda en evidencia por el encabezado de dos indultos generales, uno promulgado por la Madre Regente de Isabel II, María Cristina de Borbón, en 1837 con motivo de la promulgación de la nueva constitución de la monarquía; y el segundo decretado por el Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada en 1838 dirigido a traidores, conspiradores y desertores condenados desde la formación de la república neogranadina. El real decreto estaba encabezado con el siguiente texto:Deseando perpetuar la memoria de la promulgación de la nueva Constitución de la monarquía, y señalar el plausible día en que libre y espontáneamente la he aceptado y jurado en el Congreso nacional a nombre de mi excelsa Hija Doña Isabel II, con un acto de clemencia correspondiente á tan importante suceso, he venido como Reina Gobernadora en conceder un indulto general tan amplio como lo permiten las leyes y situación del Reino[1].&#160;En tanto el indulto a traidores de la Nueva Granada iniciaba con la siguiente consideración:1°. Que por la atribución 16ª, artículo 74 de la Constitución, tiene el Congreso la facultad de conceder indultos generales, concurriendo grave motivo de conveniencia pública; y2°. Que es altamente conveniente para la paz de las familias, y la completa reconciliación de los ciudadanos, un acto de esta naturaleza respecto de los delitos de conspiración, sedición o traición y deserción[2].&#160;En el decreto neogranadino la gracia y la clemencia desaparecen o se camuflan como un “acto de esta naturaleza”, la misericordia da paso a la conveniencia pública, la paz de las familias y la reconciliación de los ciudadanos. La separación entre el discurso monárquico, aún en un periodo de avance del liberalismo, y el republicano es evidente.De la misma manera, el motivo de “conveniencia pública” no es una fórmula del indulto sino una condición para el mismo estipulada en la constitución, signado en la atribución indicada para el Congreso: “Conceder indultos jenerales cuando lo exija algún grave motivo de conveniencia pública”. Bajo esta misma razón el presidente podía conmutar, aunque no por su propia voluntad, las penas de muerte tal como lo indicaba el artículo 18 del artículo 106 de la constitución respecto a las atribuciones del poder ejecutivo: “Conmutar, con prévio consentimiento del consejo de Estado, la pena capital en otra grave, siempre que así lo exija alguna razon especial de conveniencia pública, i á propuesta de los tribunales que decreten las penas”[3].La liberalidad del monarca fue entonces sustituida por la conveniencia pública y es claro en la actualidad para los juristas colombianos, tal como expresó en 1981 la Corte Suprema de Justicia:se le ha borrado a la amnistía el sentido de liberalidad del monarca, para sustituirlo por el de conveniencia pública y social en razón de determinadas circunstancias políticas que la aconsejen con el fin superior de restablecer el orden institucional perturbado y devolver la convivencia y la paz a los asociados. Se trata también de un acto que se realiza por medio de leyes, motivado no por impulsos generosos sino esencialmente por razones de conveniencia pública. De ahí el requisito de generalidad que se exige a la amnistía en casi todas las legislaciones. De ahí también su indispensable objetividad[4].Las legislaciones contemporáneas remiten a la separación entre amnistía e indulto para indicar dos formas de perdón específico, la primera forma anula la represión del Estado al borrar de los hechos su índole delictual, se fundamenta por tanto en un principio de legalidad, generalidad y objetividad; en tanto el indulto se considera como beneficio otorgado de manera subjetiva a un destinatario. “De donde se insiste en que la amnistía se produce in rem, y el indulto se realiza in personam”[5]. Para la década de 1830 tal distinción no estaba aún definida con claridad por lo que al tratar de indultos bien podía remitirse a aquellos generales o personales y en consecuencia a una no tan evidente diferenciación ente la gracia y la legalidad.Así mismo, la conmutación de la pena de muerte se sustentaba en la conveniencia pública toda vez que “la sociedad se interesa en que no se prive de la vida á uno de sus individuos, cuando de ello no resulta provecho alguno”[6]. Las similitudes entre la conveniencia pública y la clemencia son evidentes en tanto apelar a este concepto era la justificación para la conmutación de la pena o el indulto por los obstáculos o silencio de las leyes vigentes, por lo cual era necesario el arbitrio, si ya no del príncipe por lo menos del congreso, para lograr la el equilibrio social[7].En la conveniencia pública se resguardan los sentimientos del orden social que permiten ejercer la benevolencia y sobrepasar el imperio de la ley positiva. En este sentido es ejemplar la solicitud de amnistía que realiza Josefa Antonia Lizarralde de Arjona para con su hijo, Alejo Arjona, quien en una de las varias impetraciones que realizó al poder ejecutivo dijo: “La virtud mas preciosa i recomendable del hombre en sociedad es la beneficencia para con sus semejantes, vosotros la poseis, i en vuestras manos, sí, en vuestras manos, ha depositado el libro santo de las instituciones del estado el remedio para tantos males: aplicadlo á estos desafortunados granadinos: un indulto tantas veces suspirado pondrá término á semejantes calamidades, i el artículo 74 atribucion 16ª de aquel libro os dá la facultad ¿os negareis á proteger al desgraciado? no ciertamente”[8].La apelación a la benevolencia y la beneficencia, la asimilación del texto constitucional al sagrado libro que seguramente remitiría a los lectores a la biblia, el señalamiento de la facultad de perdonar dependiente únicamente de la voluntad del magistrado, todos ellos son elementos que remiten a la conveniencia pública de perdonar antes que castigar a la cual se remite expresamente doña Josefina:Un acto tan grandioso acabará de reconciliar á los ciudadanos, los reunirá á todos entorno del gobierno, bajo la benefica sombra de la Constitucion, los acercará unos á otros, aniquilará los restos de las discordias pasadas, i con la union de todos los miembros de la familia granadina, producirá bienes positivos al país á los favorecidos i sus familias, i dando mayor fuerza i robustes al gobierno pondrá el ultimo sello a la consolidacion de la República. He aquí Señores ¿que motivo mas grave de conveniencia pública puede nunca presentarse en apoyo del fin deseado?[9]&#160;Con el indulto la conveniencia pública se remitiría a la reconciliación de los ciudadanos, sinónimo de la paz y consolidación de la república. Mas el sentido colectivo de la reconciliación negaba la posibilidad del privilegio, por lo tanto el perdón no podía ser particular, únicamente en el caso de la conmutación el efecto podía significar salvar la vida del reo, sin importar el “sentimiento” del Ejecutivo debía ser dominante el imperio de la ley, por lo menos así se puede deducir de lo determinado por el despacho del interior ante una nueva petición de doña Josefina para solicitar ya ni siquiera la libertad sino el traslado de su hijo de Chagres a Cartagena: “Por grande que sea como lo es el deseo del Presidente de la República de aliviar los padecimientos representados de Alejo Arjona, i de cualquiera otro reo que se halle en circunstancias iguales á las suyas, tanto por la compasión que ellas escitan, como porque tales padecimientos agravan la pena impuesta por ministerio de la lei, se encuentra en incapacidad de obras para ello conforme á los impulsos de la naturaleza, i tiene que subordinar el sentimiento á la voz del deber legal”[10].La jurisprudencia de la época también deja claro que la conveniencia pública no puede ser una percepción o nacer de la compasión del juez: “La constitución en el lugar ya citado [art. 106, 18], exjije una razón especial de conveniencia pública para que tenga lugar la conmutacion de la pena de muerte en otra grave. De aqui nace que los jueces, cualesquiera que sean por otra parte sus deseos, no pueden proponer la conmutación, si no encuentran un motivo especial”[11]. La conveniencia pública funciona entonces tanto para justificar el perdón como para evitar su uso, de tal manera que lo único que podía suspender el uso de la ley en todo su rigor era el convencimiento de una reconciliación ciudadana, que tenía que justificar el por qué no aplicar el castigo a aquellos que se levantaron contra las instituciones, y la institución encargada de ello sería la misma que hacía las leyes: el poder legislativo: “Si la pena de muerte no es buena para aplicarse al culpado, tampoco era buena para prescribirse en la lei; es un mal mas horrible que esa pena, la arbitrariedad de los jueces […] Los jueces destinados á castigar las violaciones de las leyes, no pueden ser los manifiestos infractores de la que acaba de promulgarse; ellos no pueden sobreponer su razon, á la razon de los lejisladores”[12].Cabe preguntarse de dónde proviene tal mutación de la gracia regia a la conveniencia pública, que sin ser este último un concepto ajeno a la sociedad del antiguo régimen[13] adquirió su carácter de condicionante del perdón sólo en el constitucionalismo republicano. Incluso la práctica criminal de España de José Marcos Gutiérrez, publicada en 1804, no incluye la conveniencia pública dentro de los condicionantes del perdón, tampoco lo hace así Cesare Beccaria, ni otros teóricos de la época como Filangieri. La primera mención al perdón asociado a la conveniencia pública fue realizada en la constitución de Cúcuta en la cual se plasmó explícitamente que una de las funciones del Congreso de la república era “Conceder indultos generales cuando lo exija algún grande motivo de conveniencia pública”[14]. ¿Es coincidencia que al año siguiente en las Cortes extraordinarias de España se discutiese el atar la gracia de indulto a la conveniencia pública?[15] Posiblemente sea un desarrollo paralelo derivado de una raíz jurídica común toda vez que durante todo el siglo XIX e incluso el XX, tanto en España como en Colombia, la posibilidad de la amnistía estuvo condicionada al principio político de la conveniencia pública definida por los legisladores.ReferenciasHespanha, António Manuel. Cultura jurídica europea: síntesis de un milenio. Traducido por Isabel Soler y Concepción Valera. Madrid: Tecnos, 2002.Medellín Becerra, Carlos. “La amnistía, institución iuspolítica”. Derecho Penal y Criminología 11, núm. 37 (1989): 259–64.Notas[1] Publicado en la Gaceta de Madrid del 19 de junio de 1837 [pdf - Boletín Oficial del Estado ES].[2] “Decreto del 26 de abril de 1838”, Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, 45.[3] Constitución del Estado de la Nueva Granada, dada por la Convención constituyente en el año de 1832. [Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango][4] Medellín Becerra, “La amnistía, institución iuspolítica”, 260.[5] Ibid.[6] “Decreto del Poder Ejecutivo de 28 de mayo de 1838”, Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, 10 de junio de 1838.[7] “Diario de los trabajos que ha tenido esta suprema corte desde el 1° de junio hasta el 21 del mismo del presente año”, Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, 18 de noviembre de 1838.[8] Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Pineda, vol. 466, pieza 113.[9] Ibid.[10] “Resolución. Despacho del Interior y Relaciones Esteriores, agosto 29 de 1837”, Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, 10 de septiembre de 1837.[11] Última vista fiscal, sentencia, y otros documentos importantes relativos á la causa seguida á los principales cómplices en la conspiracion descubierta en esta capital en la noche del 23 de julio de 1833.Bogotá: Imprenta de Nicomedes Lora, 1833, 47. [Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango][12] Ibid., 50.[13] Hespanha, Cultura jurídica europea, 99.[14] Artículo 55, numeral 20, Constitución de la República de Colombia sancionada el año de 1821. [Consultar] Véase también el acta 150 de las Actas del Congreso de Cúcuta 1821. [html][15] Sesión del día 3 de diciembre de 1822, Diario de las actas y discusiones de las Córtes estraordinarias del año de 1822, Tomo IV, Madrid: Imprenta de Don Tomás Albán y Compañía, 1822. [Google Books][cite]