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En noviembre de 1794 el alcalde ordinario de Santa Marta, Ramón José de Zúñiga, recibió la noticia de un grupo de mulatos y negros que se encontraban recreándose con juegos prohibidos en la casa de una mujer llamada Simona Noriega; entre ellos un esclavo de doña María Luisa Guerra de nombre Pedro, un miliciano del regimiento de dicha ciudad llamado Toribio Pereira, y el mulato Juan José Martínez, apodado “Macuto”, natural del pueblo homónimo en la jurisdicción de La Guaira. Lo que llamó la atención de los presentes fue que “Macuto” tuviese en su poder monedas de oro y plata fuerte “que no parecía averlas de tener al parecer de miserable”.[1] Por esta razón, el alcalde ordinario ordenó interrogar a Simona Noriega y dar con el paradero de los involucrados en los juegos ilícitos. A los pocos días fue capturado Juan Víctor López, vecino de Coro de aproximadamente 25 años, quien testificó que había estado pasando de puerto en puerto entre Haití, Cuba y Jamaica, hasta que en esta isla fue recogido por una balandra propiedad del francés “Monsieur Loré”, la cual contaba con una tripulación compuesta por un blanco natural de Maracaibo y vecino de Valledupar de nombre Martín Cortés, el esclavo bozal del amo del buque llamado “Cofí”, y el mulato “Macuto”. López dijo que fue hecho contramaestre de la embarcación y que fondearon en los Cayos de San Luis, en la colonia francesa de Santo Domingo, cuando un “alboroto con los mulatos” hizo que convenciera a la tripulación de cortar las amarras, abandonar al capitán francés, y huir del lugar en búsqueda de costa firme. De allí lograron arribar a las costas de Bocas de Ceniza y vararon cerca al puerto de Caimán, en las playas del pueblo de Tubará, donde inspeccionaron los baúles del barco y procedieron a repartirse los valores que encontraron en ellos. [2]Las pesquisas con los testigos dieron a entender que la declaración de López intentaba ocultar hechos más graves. Uno de los jugadores dio cuenta de que Martín Cortés había sacado un puñal en medio de una pelea y dijo: “¡Ah puñal! cuidado cómo te doblas, que en ciertas partes del mundo has sido bueno”; asimismo, otro testigo diría que en una conversación con “Cofí”, cuando le preguntó si Cortés era su amo, éste había dicho que no lo era y que le había quitado la vida al suyo; por lo que dedujeron que era posible que poco tiempo antes hubiese cometido un homicidio.[3] El 26 de noviembre se llevó a cabo el interrogatorio de “Macuto”, quien había sido capturado hacía poco, donde confirmó que durante el viaje desde Jamaica hasta un puerto del Santo Domingo francés[4] el capitán Loré insultaba a la tripulación española y blasfemaba contra la religión católica, por lo cual el contramaestre López y el blanco Cortés aprovecharon que Loré se encontraba dormido para asesinarlo y tomar el barco. Después de esto, otros dos tripulantes franceses que no había mencionado López, un mulato libre y un negro esclavo, trataron de hacerle frente a los españoles; “Macuto” tiró por la borda al primero de ellos en tanto Cortés terminó con la vida del segundo con un golpe de hacha. “Cofí” se salvó porque notaron en él “bastante inclinación a los españoles”, y supusieron que sentía animadversión por el capitán de quien recibía continuos maltratos.[5] De hecho, según la confesión del bozal, lo obligaron a tirar al mar el cuerpo del capitán amenazándolo con matarlo si se rehusaba.[6] Finalmente, la confesión de Martín Cortés de Rivera, quien se había entregado voluntariamente a las autoridades de Maracaibo por un delito menor y trasladado luego en prisiones a Santa Marta, corroboró el testimonio de “Macuto”, y selló así las evidencias de que habían cometido un triple asesinato en el piélago.[7]Ante una condena inminente, los defensores de cada uno de los reos recurrieron a los mejores argumentos para tratar de demostrar que las acciones de sus protegidos no fueron premeditadas ni alevosas; pero tal vez el argumento más radical, y a la vez el que más se utilizó en la defensa, fue que la acción de la tripulación no fue motivada por la malicia, o el deseo de hurtar los bienes del capitán de la balandra, sino que fue una reacción airada de unos vasallos leales al rey de España, que simplemente no pudieron soportar las continuas blasfemias y palabras injuriosas contra el monarca, por lo cual fraguaron un plan para detener la avanzada de un representante de la asamblea francesa, con quien no hacía mucho se había declarado la guerra. En este sentido, decía el procurador autor de este argumento, el abogado Juan José Martínez: “mi defendido ejecutó este hecho sin otra refleccion, que la de revatir a un Erege contra Dios, enemigo de nuestro católico Rey, que lo llevaba al Cayo (de Santo Domingo) a seguir su asamblea maldita”.[8] El defensor de Martín Cortés utilizó el mismo argumento, al cual añadió que la expedición a los Cayos tenía como propósito recibir a un corsario con el cual ejercer la piratería en las costas españolas del Caribe. No sólo eso, aconsejaba que se calificara estos homicidios como de menor gravedad al haber sido cometidos contra tres franceses, “nuestros enemigos contra quienes tiene SM declarada la guerra”.[9]Poco se avanzó en los alegatos en defensa de los reos a través de las diferentes etapas procesales, incluso el abogado José Camilo de Torres y Tenorio (quien años después formaría parte de los próceres independentistas), ya en la etapa de súplica, defendía el argumento según el cual estos hombres habrían evitado un ataque contra los dominios del rey español. Incluso podría tomarse este acto como la manera en que la providencia quiso actuar a favor del rey católico en venganza por los abusos del ejército francés:No dudo que el Tribunal, trayendo brevemente á la memoria las tristes y dolorosas escenas, que ha visto la Nacion Española en sus fronteras, cometidas por el barbaro furór de los individuos del exercito francés en los pacificos é innocentes labradores, vuelva una mirada pasiva sobre estos reos, reconociendo en ellos tal vez, unos instrumentos de los altos designios de la Providencia, que castiga de los modos y en tiempos que menos se esperaba los delitos de los hombres que han violado los derechos de la justicia y de la humanidad.[10]Contrasta la importante cantidad de doctrina utilizada por los defensores para sustentar sus alegatos con la escueta asesoría fiscal del abogado de la Real Audiencia, don Manuel Campuzano. Sin duda se le presentaba un caso más fácil, por lo que desde el principio de su asesoría definió el acto como homicidio proditorio, por haber sido cometido en alta mar, donde era imposible para las víctimas el obtener auxilio; además de haber sufrido el capitán un ataque por sorpresa mientras dormía. Los hechos simplemente no favorecían a los reos, con la excepción del esclavo “Cofí”: las confesiones indicaban que cada uno había cometido un acto homicida, incluso “Macuto”, que se consideraba menos culpado, había arrojado a un hombre al mar, lo cual se consideraba un acto de completa alevosía. A esto se le sumaba la destrucción de las cartas y papeles del barco, por lo que no podían probar la intención del capitán de dirigirse a Los Cayos para tratar con los corsarios, ni mucho menos el plan de atacar las embarcaciones españolas en el Caribe. Tampoco jugaba a su favor el no haber declarado por buena presa los efectos sacados del barco, y en cambio haber desfondado la balandra para que se hundiera junto con los demás efectos que no pudieron cargar. De tal manera que el único rudimento legal al que apeló el asesor fueron aquellas que determinaban que por ser homicidios “proditorios y alevosos” debían sufrir la pena de horca en la forma tradicional.[11] La asesoría del letrado fue aceptada completamente por el gobernador de la provincia de Santa Marta, don Antonio de Samper, quien sentenció el 5 de septiembre de 1795 a los tres reos principales a la pena de último suplicio y absolvió al esclavo “Cofí”, determinando que debía ser puesto en subasta pública junto a los demás efectos que se decomisaron a los condenados.El 27 de agosto de 1796 se realizó la publicación por bando del indulto concedido por Carlos IV, promulgado hacía solamente dos meses en celebración del matrimonio de las infantas María Amalia y María Luisa, y de la paz con los franceses. Después de una doble ratificación de la sentencia por el gobernador de Santa Marta y la aprobación del dictamen por la Audiencia de Santa Fe, el abogado Francisco Antonio Linero, quien había defendido a Martín Cortés y ahora lo hacía también con “Macuto”, decidió aprovechar esta gracia como una última carta que podría detener la ejecución de sus partes y presentar una impetración para el indulto de sus defendidos que fue recibida el 24 de octubre de ese año. Según el abogado, los homicidios no deberían ser calificados como alevosos pues sus defendidos no actuaron en la muerte del capitán Loré y, por otra parte, la muerte de los dos franceses que confesaron fueron con el propósito de defender la vida. Aunque ya no apeló al argumento de la defensa de la monarquía, dejó sentado en su impetración que el haber pertenecido a naciones enemigas implicaba un inminente riesgo para la tripulación española. Decía en ese tenor: “la razón habla en este caso, que seguido el primer hecho [el asesinato del capitán] la commocion que habría entre la tripulacion francesa, ellos eran tres contando con el negro Cofí, y tres los españoles, y siendo igual el partido; que confiansa podrían tener de aquellos que reputaban por enemigos? Que seguridad se podrían prometer? luego, no justificandose que haya intervenido la qualidad de alevoso, debe compreenderle el yndulto que solicitan”.[12] Por otra parte, alegaba que si bien se podía negar el indulto porque también se les condenaba por hurto, este acto debía considerarse como coaccionado por Víctor López, quien de otra manera habría actuado contra ellos. Al respecto decía el abogado: “el caso es apurado, pero debiendose jusgar por lo mas piadoso conforme a la regla general de derecho que permite en los dudosos perdonar al delinqüente por no condenar al inocente; espero de la justificada piedad de VS. que pues mis partes no son ladrones de oficio con los que debe entenderse el Real Yndulto, y no con los que lo han sido involuntarios, se sirva declararlos compreendidos en la gracia del Real Yndulto”.[13]El fiscal nombrado para la causa, Ramón Zúñiga, rechazó la impetración del abogado Linero al considerar que no era necesario hacer una revisión de un caso juzgado y que había sido ratificado por la Audiencia de Santa Fe. Incluso dejó consignado que si ninguno de los abogados defensores en Santa Fe había impetrado el indulto, con su “conocimiento fino, y cuidado con el que allí se examinan las causas”, se debía a que la causa ya había sido juzgada por ese tribunal, y no podría considerarse lo contrario en uno de menor jurisdicción. El gobernador Campuzano estuvo de acuerdo con el fiscal, pero consideró que debía enviar la súplica a la Audiencia porque "para quitar la vida al hombre, ningun detenimiento hay largo". Finalmente, el Real Acuerdo de justicia rechazó la solicitud del indulto en enero de 1797, finalizando con ello cualquier posibilidad jurídica para evitar el último suplicio de los condenados.[14]Este caso, aunque excepcional, permite entrever parte de la dinámica interimperial que se vivía en el Caribe a finales del siglo XVIII. Entre contrabandistas, piratas y rebeldes, bien se podían entrelazar la política y el delito común. El crimen que aquí se presentó fue singular, pues no se juzgó el asesinato de un vasallo del rey de España sino un "extranjero"; quien era de hecho, como bien lo indicaron los procuradores de los condenados, un posible contrabandista que seguramente comerciaba ilícitamente en las costas de Tierra Firme. También es digno de atención el hecho de haber utilizado la coyuntura de las revoluciones francesa y haitiana (en pleno desarrollo) para apelar a la lógica de la lealtad (a dios y al rey) y el temor (a la herejía y la revolución). No existen explicaciones simples o unívocas en relación con las complejas dinámicas que se vivían en el "gran Caribe" dieciochesco y decimonónico; eso es algo que los historiadores han venido discutiendo desde hace varias décadas. Este post es un vistazo minúsculo a esta intrincada red de relaciones que se vivió en la época y de las lógicas institucionales particulares de ese entonces.Notas[1] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 153v.[2] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 156v-159r.[3] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 208r-v.[4] En los testimonios se dice que el nombre de dicho puerto era “Sabricó”, posiblemente confusión con el topónimo del poblado de Les Abricots.[5] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 220r-221v.[6] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 243r.[7] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 246r-252v.[8] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 348r.[9] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 369r.[10] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 397r.[11] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 371v-375v. Las leyes citadas fueron de la Nueva Recopilación, lib. VIII, tít. 23, ley 10, y tít. 26, ley 10.[12] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 411r.[13] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 411r.[14] AGNC, sección colonia, negros y esclavos, Magdalena, tomo 2, f. 411v-417r.[cite]