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En la década de 1960, Pietro Costa defendía su tesis doctoral, la cual versaba sobre el concepto de iurisdictio y cómo este expresaba el poder político en el orden jurídico medieval.1 La hipótesis de Costa es fundamental para la historia crítica del derecho en tanto entiende que el orden jurídico medieval europeo se comprende a través de estos términos "intraducibles" al lenguaje contemporáneo, no tanto porque no exista una palabra equivalente sino por no existir un término hoy equiparable al significado de su época. El concepto de "jurisdicción" no equivale semánticamente a irusdictio en tanto nuestra experiencia dista significativamente de la de aquellos que la enunciaban en la Edad Media europea. Obviamente realizo aquí una síntesis demasiado escueta y burda del interesante trabajo de Costa, pero es interesante comprender como, por una vía similar a Koselleck (es decir, siguiendo a Kant), el jurista italiano se acercó a lo que puede entenderse ahora como la "Begriffsgeschichte" la cual comprende que el lenguaje es un modo propio de organizar la experiencia, por lo cual, acercarse lingüísticamente 2 a iurisdictio fue la manera más pertinente de comprender la semántica del poder político de la época a estudiar.A pesar de la tentación que conlleva trasladar una idea tan florida al ámbito del siglo XVIII tal trasposición debería realizarse con sumo cuidado. La polisemia de los términos jurídicos continúa siendo una constante en el orden normativo en vísperas del Leviatán, pero el avance la propuesta borbónica de organización de la monarquía hispánica conllevó un incremento de la castellanización de la norma, incluyendo en este proceso el decaimiento del latín como lingua franca de los juristas europeos. En este proceso de decaimiento la polisemia se depurará lentamente en pro de la racional taxonomía jurídica que caracterizará el derecho decimonónico.Ahora bien, dentro de mi humilde ejercicio de recolección de fuentes relativas al perdón realicé un pequeño ejercicio con el fin de entrever una red semántica del perdón real entre 1749 y 1820, excluyendo de este a la doctrina jurídica castellana y española de la edad moderna. Para este ejercicio realicé un gráfico que ilustra la red semántica del perdón sustentado en el volumen actual de texto recolectado en mi pesquisa documental que comprende concesiones y peticiones de perdón general y particular en el término del virreinato del Nuevo Reino de Granada desde 1739 hasta 1821, así como informes, consultas y comunicaciones al consejo de Indias y por la vía reservada3. Es evidente que la centralidad de toda la red se encuentra en la majestad y soberanía del rey quien concede el indulto y perdón general, que puede estar acompañado por el olvido eterno, absoluto y perpetuo, movido por su real gracia, paternal clemencia, benignidad y dulzura; o por innata y católica piedad. El virrey, en nuestro caso, tendría las mismas motivaciones del príncipe para otorgar el perdón pero mediado por hacerlo “a nombre del” monarca. Esta red adquiere sentido en el uso particular del perdón, durante la resolución de rebeliones, insurrecciones, infidencias o en la concesión o rechazo a la impetración particular, con lo cual sería posible realizar una lectura más ajustada a la lógica de significados de las peticiones y ofertas de indulto en cada evento determinado.[caption id="attachment_252" align="aligncenter" width="500"] Representación gráfica de la red semántica del perdón real[/caption]Para el proyecto constitucional existe un interés legislativo para evitar esta “confusión” y dar a entender por indulto sólo lo que por ley está definido como tal. La cuestión fundamental es que, al ser hipónimo de clemencia, el perdón no puede entenderse por fuera de la red semántica que le otorga sentido. Para decirlo de una manera más concreta, el significado de los conceptos jurídicos se da por su uso e intención mas no por su significado intrínseco y una lectura de la tratadística de los siglos XVI y XVII muestra esta particularidad cuando antes que buscar definiciones se quiere mostrar cuándo se usa de tal o cual facultad, potestad o gracia; por quiénes se ha usado y qué enseña la historia acerca de los usos adecuados e impropios, no del término, sino de las acciones que estos términos expresan.Sintéticamente, si la hipótesis planteada en este proyecto es válida, la mutación de la clemencia real en indulto constitucional desligó el concepto “perdón” de la sinonimia que éste tenía con términos que se enmarcarán dentro del fuero moral, eclesiástico, histórico y literario, de esta manera, el indulto se reposiciona como un concepto meramente jurídico-político que no depende de la voluntad del soberano. De un modo más general, planteo que con el análisis de la mutación de la clemencia real en indulto constitucional es posible entrever un fenómeno más complejo de “transición” entre la justicia castellana y el derecho nacional contemporáneo que va más allá de la permanencia o transformación de la ley, es decir, que cada “manifestación” jurídica se trastornó gradualmente y de diferente manera pero con una línea evolutiva clara: la construcción de una taxonomía única, universal, positiva e infalible de los conceptos jurídicos representados en modo de ley y expresados en términos de su infalibilidad. Las constituciones no requirieron la construcción inmediata de los códigos pero sí determinaron un modelo a seguir al pretender la separación de los poderes y someter el ejercicio de la justicia al seguimiento de las leyes; como dirían los constituyentes de Antioquia en 1812, “para que manden la leyes, y no los hombres”4.Jurisdicción y perdón en el ámbito del virreyComo el proyecto para el cual realicé esta red está enfocado en el ámbito del virrey remite por ende a su jurisdicción. Cuando se trata de la jurisdicción del virrey es posible entenderlo de una manera sintética siguiendo a Solórzano Pereira. En sus términos, consistía en las “cosas” que los virreyes pueden hacer conforme a los títulos, poderes e instrucciones que le son dadas para esos cargos5. Esta jurisdicción estaba estrechamente relacionada con la autoridad de este ministro, es decir, remite a la posición jerárquica de su cargo en el entramado de gobiernos de la monarquía y hace referencia al alcance del poder de su empleo6. Se tiende a relacionar la jurisdicción con la iurisdictio, esto es, la potestad de decir derecho en un proceso de establecimiento de normas y administración de justicia. De una manera más precisa, Pietro Costa lo tradujo para el ámbito del pensamiento jurídico medieval como el proceso de poder, desde la perspectiva del estructuralismo lingüístico de Saussure, es decir, una relación asimétrica entre el dominante y el dominado en el cual se ejerce la autoridad y esta misma se legitima en esta relación. La complejidad de la iurisdictio radica en que es un término polisémico, como la mayoría de los heredados del orden jurídico medieval, que puede ser representado por otras palabras pero que de una manera sintética (y como tal imprecisa) precisa la idea de la justicia como conservadora del orden natural (ordo) en el que la estratificación de la misma comprende el sentido original e inamovible del mundo definido desde su creación7.No pretendo en este trabajo discutir el concepto de iurisdictio8, pero sí comprender que existe una relación entre la facultad de perdonar y el orden jurisdiccional ya que tal potestad está atada al ejercicio mismo del poder y representa una expresión simbólica de la soberanía. Este aspecto es importante para comprender la cultura política en la cual el soberano ejerce su poder “declarando” derecho para mantener un orden jerárquico natural que en su mutación hacia la “modernidad” se desprende del principio histórico de un orden dado y se proyecta hacia un orden ideal progresivo de hombres iguales en derecho. No es por tanto extraño que el proyecto de “legalización” del ejercicio del perdón se encuentre vinculado con la secularización de la política y el derecho contemporáneo, aunque debe matizarse que eso no implica que el estado-nación simplemente elimine el fuero eclesiástico, sino que lo recoloca y define dentro de otra órbita de la soberanía estatal9.Ahora bien, siguiendo con la lógica del orden jurisdiccional, la facultad de perdonar del virrey es una concesión soberana del príncipe10. En principio, el virrey puede perdonar de acuerdo con su autoridad y posición dentro de la jerarquía de la oficialidad monárquica y aplicar el perdón de acuerdo con la posición, en el orden natural, de los sujetos abrigados por la clemencia del monarca. Solórzano llamó la atención respecto al poder casi absoluto con el que cuentan los virreyes en sus provincias, figura que sería comparable a la de los prefectos pretorianos de los romanos siguiendo lo dictado por el Digesto, pero en las provincias que se les encargaban “tienen i exercen el mesmo poder, mano, i jurisdicion que el Rey, que los nombra”, aunque aclara que esta jurisdicción no era delegada sino ordinaria, por lo tanto no era posible, en ningún caso, que los virreyes indianos contaran con “suprema jurisdicion" ya que esta es incomunicable y es atribución natural y única del príncipe11. Simbólicamente, el virrey refleja al príncipe (hace presente con su persona la imagen del monarca) y se hace más necesario en tanto esté más alejado del rey, pero la dignidad de su oficio está vinculada necesariamente con la correspondencia de sus acciones con lo que se espera de aquel que le ordena12. Por ello las instrucciones no son letra muerta en ningún sentido, hacen parte fundamental de lo que se espera que el virrey, como persona meritoria, pueda cumplir en sus provincias. Así, si bien autoritariamente está situado en la cabeza del gobierno provincial13 no por ello cuenta con completo arbitrio ni mucho menos soberanía para ejercer su oficio14. Tanto más que la jurisdicción, en tanto progresa la tratadística del siglo XVIII se considerará más cercana a hacer lo prescrito por el derecho, entendido como ley, alejado del principio del arbitrio basado en la sabiduría del juez-gobernador, idea que se debatirá con cierta intensidad durante la experimentación constitucional temprana15.Notas Pietro Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433) (Milano: Giuffrè Editore, 1969).↩ Costa aplica con rigurosidad la metología lingüística de Ferdinand Saussure.↩ Para este ejercicio me valí de la herramienta de visualización textual Wordtree fundamentado en el trabajo de Martin Wattenberg y Fernanda B. Viégas, “The Word Tree, an Interactive Visual Concordance”, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 14, núm. 6 (2008): 1221–28, doi:10.1109/TVCG.2008.172. El aplicativo fue programado por Jason Davies y se encuentra disponible en https://www.jasondavies.com/wordtree/↩ Título I, sección segunda, artículo 30, sobre la separación de poderes. Constitución del Estado de Antioquia (Santa Fe de Bogotá: imprenta de Bruno Espinosa por Nicomedes Lora, 1812).↩ Solórzano, Política indiana, Lib. V, Cap. XIII.↩ Ibid., Lib. V, Cap. XII.↩ Carlos Garriga Acosta, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, Istor. Revista de historia internacional IV, núm. 16 (2004): 11–12. Para un ejemplo puntual la cita de Cicerón del De Legibus traducida por Bobadilla como “El Magistrado es ley que habla, y la ley es Magistrado mudo”. Castillo de Bobadilla, Política para corregidores, Lib. II, Cap. III:2. La cita original (Cicero, Leg. 3.2) ampliada es “Vt enim magistratibus leges, sic populo praesunt magistratus uereque dici potest, magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum.” En la cual se expresa además de lo traducido por Bobadilla la lógica del magistrado como legislador (magistratibus leges) quien dicta autoridad o poder (dici potest) como una expresión de su presidencia sobre el pueblo (populo praesunt), haciendo más explícito aún el hecho de que legislar es sinónimo de gobernar. El holandés Arnold Vinnen a comienzos del siglo XVI diría en su Tractatus de jurisdictione et imperio (publicado cerca de 1644 y reimpreso muchas veces hasta por lo menos bien entrado el siglo XVIII): “Jurisdictio est potestad juris dicundi in causa civili publice data aut permissa.” Que podría traducirse como “La jurisdicción es el poder de decir derecho en causa pública civil, dada o permitida. Arnold Vinnen, Tractatus quatuor de pactis, jurisdictione, collationibus, et transactionibus. (Amsterdam: expensis Stephani Abbatis, 1717), http://archive.org/details/bub_gb_r7EG4k7HfI4C. Cap. V, núm. 5.↩ Para ello, además de Pietro Costa, se encuentran los trabajos de Jesús Vallejo, Ruda equidad, ley consumada: concepción de la potestad normativa, 1250-1350, Historia de la sociedad política (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992); Nicola Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Dialettica, diritto e processo 3 (Milano: Giuffrè, 2007).↩ Pietro Costa, “La soberanía en la cultura político-jurídica medieval: imágenes y teorías”, Res Publica 17, núm. 0 (2007): 39 y 42, http://revistas.um.es/respublica/article/view/60591.↩ El rey, según Garriga, es el único distribuidor de jurisdicción al interior del espacio político. Carlos Garriga Acosta, “Continuidad y cambio del orden jurídico”, en Historia y constitución: trayectos del constitucionalismo hispano, ed. Carlos Garriga Acosta (México: CIDE, Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, ELD, HICOES, El Colegio de México, 2010), 65.↩ Solórzano Pereyra, Política indiana, Lib. V, Cap. XIII.↩ Ibid., Lib. V, Cap. XII.↩ Al punto que el obedecimiento de los vasallos del rey debería ser absoluto aunque se equivocase “pues después serán castigados”, pero no por ello se podía incumplir el deber de obediencia al representante del monarca en cada provincia ya que “lo que hazen, lo debemos juzgar como hecho por el Rey”. Ibid., Lib. V, Cap. XIII.↩ Esto fue expresado claramente por Solórzano: “Pero aunque sea, i deba ser tal i tan grande como he dicho la autoridad i potestad de los Virreyes, i por respecto della se les concedan, i cometan las muchas cosas que se han referido, todavia deben siempre reconocer, que es sobre la suya la del Rey que los embió, i á quien representan, i que entonces la harán mayor, quando mas sugetos se mostraren á sus ordenes, i mandatos, i mas se ajustares al cumplimiento de sus leyes. Sabiendo, i reconociendo que por ningun modo estan libres, i sueltos dellas, i que en nada pueden, ni deben proceder de potestad absoluta, como algunos con imprudencia se lo presuade, sino con la regulada al derecho, i a los poderes generales, i ordenes, i instrucciones particulares, ó secretas, que se les huvieren dado.” Ibid.↩ Se puede visualizar esta idea significativamente en tratados como el Código y práctica criminal de Vicente Vizcaíno en el que dice “Solo pueden los Jueces lo que las Leyes mandan; y no pueden extender su autoridad y jurisdiccion á mas que lo que estas les prescriben, segun la regla de nuestro Derecho Español de las Partidas, que dice, solo podemos lo que con derecho podemos.”, sustentado en el hecho de que “las leyes se hicieron y hacen para que gobiernen, no para que sean gobernadas por los Magistrados á su arbitrio”. Vicente Vizcaíno Pérez, Código y Práctica criminal: arreglado a las leyes de España, vol. I (Madrid: en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1797), 14 y 16.↩[cite]