Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta
# Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta

La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta o (CSFA) (en inglés Nitrates and Railway Company of Antofagasta) fue una empresa chilena, de capitales chilenos y británicos, que operaba negocios salitreros en la zona de Antofagasta, en el desierto de Atacama. Era una sociedad anónima cuyo domicilio societario estaba fijado en Valparaíso.

## Antecedentes

El 18 de septiembre de 1866, José Santos Ossa y Francisco Puelma lograron la adjudicación legal de la concesión de terrenos salitrales en las cercanías de la zona que sería conocida como La Chimba —posteriormente Antofagasta—, tras una solicitud enviada al gobierno boliviano.

El 19 de marzo de 1868 se constituyó la Compañía Melbourne Clark (Melbourne Clark y Cía), tras la integración de intereses chilenos e ingleses. Esta compañía fue formada por Francisco Puelma, José Santos Ossa, Jorge Smith, Melbourne Clark, Agustín Edwards Ossandón y Gibbs & Cia. Posteriormente esta empresa obtuvo el 5 de septiembre de 1868, una ampliación de la concesión otorgada por el gobierno boliviano, esta vez por 15 años.

En 1872 adquiere la concesión para construir un ferrocarril desde Antofagasta hasta Salinas, transformándose en la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, sucediendo en todos sus derechos a Melbourne Clark y Cía.

## La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta

La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta era una sociedad anónima, con domicilio societario en el puerto de Valparaíso. Sus accionistas fundadores eran la británica Gibbs & Cia y los chilenos Agustín Edwards Ossandón y Francisco Puelma. José Santos Ossa no participó en ella pues tenía otros planes de negocios mineros. Hacia 1878 su gerente era el británico George Hicks.

Tenía un capital nominal de $ 2 500 000, dividido en 2500 acciones de $ 1000 pesos. Su principal accionista era el chileno Agustín Edwards con el 42,16% del capital accionario (1054 acciones), mientras que la Casa Gibbs solo poseía el 29% de las acciones.

El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta firmó un contrato con el gobierno de Bolivia, que le autorizaba la explotación del mineral libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Este contrato no fue ratificado por el Congreso de Bolivia, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile—que darían por resultado el tratado de límites de 1874—.

En 1874 Chile y Bolivia suscribieron un tratado de límites , en reemplazo de uno anterior, de 1866. Dentro de sus puntos estaba la obligación de no imponer nuevos tributos a las personas, industrias y capitales chilenos durante 25 años. El artículo IV de ese tratado de límites explicitaba la siguiente condición: "Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales exportados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años".

Este tratado y todas sus partes y artículos fueron ratificados por la asamblea boliviana el primero de noviembre de 1874. Para el Gobierno de Hilarión Daza el contrato con la compañía, de 1873 aún no se encontraba vigente, porque de acuerdo a la constitución boliviana, los contratos debían aprobarse por el congreso:

En 1878 la Asamblea Nacional Constituyente boliviana se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el Gobierno en 1873. Decidió ratificar el contrato si se pagaba un impuesto de 10 centavos sobre quintal de salitre exportado de territorio boliviano. Esta decisión que afectaba los intereses de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, finalmente fue considerada por el Gobierno chileno como una violación al artículo IV del tratado de 1874. Al negarse la compañía a pagar ese impuesto el Gobierno boliviano decretó el embargo y remate de la salitrera, lo que es mencionado como el casus belli de la Guerra del Pacífico.

