Corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori
# Corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori

Tras los casi diez años de gobierno de Alberto Fujimori, de 1990 a 2000, fue revelada una corrupción generalizada y sistemática que incluía malversación de fondos públicos y abuso de poder. Según la Iniciativa Nacional Anticorrupción, esta corrupción no tenía precedentes en gobiernos anteriores. Operaba en tres ámbitos: empresarial, político y militar, e implicaba a unas 1600 personas, entre políticos, personal de los medios de comunicación, empresarios y miembros del poder judicial.

La red de tráfico de influencias se fortaleció con el sistema de cooptación utilizado para nombrar a los mandos de las Fuerzas Armadas, lo que aseguraba el control sobre la oposición. En el centro de esta red se encontraba Vladimiro Montesinos, asesor presidencial de Fujimori, quien posteriormente asumió el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Montesinos ejerció una influencia aún mayor después de que Fujimori diera un autogolpe, cambiando el país hacia un modelo económico neoliberal, altamente propenso a riesgos financieros. A lo largo de este periodo, se emplearon numerosas prácticas dudosas, como la privatización de empresas, la publicidad oficial de contenidos, el desvío de fondos dentro del despacho presidencial y la compra secreta de armas mediante decretos indocumentados.

Las actividades delictivas florecieron durante la presidencia de Fujimori debido a la ausencia de auditorías exhaustivas, la derogación de las normas contra el blanqueo de dinero y la incompetencia de las autoridades judiciales afiliadas que se encontraban implicadas en la red corrupta. Además, la red se esforzó por impedir la enjuiciación del gobierno por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentando retirar al país el reconocimiento de la jurisdicción del tribunal en 1999, a pesar de que Perú no había ratificado su retirada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En consecuencia, se desató una crisis política en 1999, cuando la oposición denunció públicamente la corrupción, lo que provocó la dimisión de cinco ministros, entre ellos el de Trabajo, Jorge Mufarech. El escándalo de corrupción se hizo notorio en 2000, tras la dimisión de Fujimori, con la difusión de vídeos comprometedores y testimonios de otros ministros vinculados a él. Al final de su mandato, se iniciaron dos investigaciones paralelas. La primera, conocida como el caso Fujimori-Montesinos, se centró en el ámbito político y fue dirigida por el fiscal José Ugaz entre los años 2000 y 2002, seguidamente por Luis Vargas Valdivia hasta el año 2004. La segunda investigación se centró en el ámbito económico, específicamente en irregularidades en la privatización y financiación de empresas. Fue dirigida por la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, presidida por Javier Diez Canseco entre los años 2001 y 2002, y continuada por Ernesto Herrera al año siguiente.

Los analistas, entre ellos Alfonso W. Quiroz, consideran la corrupción de Fujimori como uno de los momentos más graves de la historia de la república peruana. La magnitud del problema de la corrupción queda patente en su alcance, que involucró múltiples ámbitos de poder y la perversión de las instituciones públicas durante la presidencia de Fujimori. En consecuencia, figuras políticas más recientes como Dina Boluarte han calificado el decenio de Fujimori como una década corrupta. Mientras que periodistas como César Hildebrandt han señalado a Fujimori como el responsable de crear un sistema que corrompió al país.

## Implicación de la corrupción en el gobierno

El gobierno de Alberto Fujimori, que ocupó el poder en Perú de 1990 a 2000, estuvo marcado por una compleja y controvertida relación con la corrupción. Fujimori ascendió al poder con una plataforma conservadora, prometiendo limpiar el gobierno de la corrupción que había prevalecido desde la década de 1960. Su lema de campaña, «Honradez, tecnología y trabajo», caló en el electorado, y propuso la creación de un Alto Comisionado contra la Corrupción inspirada en Hong Kong. Sin embargo, esta comisión nunca se llevó a cabo.

A pesar de la postura inicial anticorrupción de Fujimori, su gobierno se enfrentó a acusaciones de evasión fiscal por parte del partido rival Fredemo. Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se convirtió en una figura central de estas acusaciones. Montesinos habría establecido una red de corrupción poco antes de convertirse en asesor presidencial. Su poder creció a medida que se relacionaba con los organismos de lucha contra el narcotráfico, y las Fuerzas Armadas se involucraron en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas durante el mandato de Fujimori.

En mayo de 1996, el descubrimiento de un avión militar de carga que transportaba drogas, cuyos responsables fueron detenidos y posteriormente liberados cuando Fujimori clamó por su inocencia, llevó al Comando de la Fuerza Aérea del Perú a calificar el incidente como una demostración del poder corruptor del narcotráfico a pesar de que se había desmantelado en 1995. Este suceso coincidía con la predicción del Departamento de Estado de EE. UU. en 1993 de que la corrupción era endémica en casi todas las instituciones del gobierno peruano. Montesinos, junto con su aliado Nicolás Hermoza, habría establecido una red criminal sistemática dentro de los círculos influyentes del país. Ambos fueron nombrados mediante un sistema de cooptación legalizado en noviembre de 1991, que eludía de hecho a la oposición.

La administración de Fujimori realizó cambios significativos en la Policía, jubilando a 135 oficiales de alto rango y sustituyéndolos por partidarios del gobierno. A pesar de la aparente imagen de honestidad y aprobación gubernamental, esta medida fue crucial para contrarrestar posibles golpes militares, como el ocurrido en 1992.

El planteamiento estratégico del gobierno de Fujimori estuvo influido por el Plan Verde, redactado entre 1988 y 1989, tras las reformas económicas del Plan Inca de los años sesenta y setenta. La personalidad de Fujimori, calificada de «nisei acriollado» por quienes lo conocieron durante su cátedra universitaria, se caracterizaba por un comportamiento antisistema. El antropólogo Carlos Iván Degregori sugirió que el régimen buscaba despolitizar al electorado, estrategia que aseguró la permanencia del gobierno de Fujimori en el poder durante dos elecciones generales. Esta estrategia consistió en promover la imagen positiva del gobierno, denostar a los opositores y crear narrativas mediáticas de distracción, conocidas como «cortinas de humo». Así, la relación del gobierno de Fujimori con la corrupción fue multifacética, implicando tanto promesas iniciales de reforma como acusaciones posteriores de corrupción sistémica y que continuó meses después de las elecciones presidenciales del 2000; cuya campaña recurrió el dinero del Estado, según confirmó los observadores de la Organización de los Estados Americanos.

### Preferencia del oficialismo en toma de decisiones

Se involucraron en la red a autoridades políticas─además de los congresistas oficialistas, así como los tránsfugas de movimientos independientes─ y electorales para conseguir la impunidad del gobierno. También recibieron el apoyo del sector judicial, luego de una inversión de 284 millones de soles en reformas sin sustento, que llegó en su estado de incompetencia para sentenciar a organizaciones delincuenciales; que incluyen a la Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano y cincuenta jueces de cortes superiores. Aquello comprometió a los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Transitorio del Poder Judicial (CTPJ) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El favorecimiento llegó a altas instancias cuando en 1997 el Parlamentó logró retirar a miembros del Tribunal Constitucional en contra de la reelección del mandatario, hecho que fue revertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. El abogado Francisco Eguiguren Praeli denunció el mecanismo de la red que recurrió a la extorsión para vender o cobrar por decisiones judiciales, incluso si careció de fundamento jurídico.

### Negociaciones con empresas privadas

Por otro lado, debido a la privatización y la llegada del capital extranjero ─luego de las reformas posteriores al Fujishock─, se permitió que el empresariado cercano con el Ministerio de Economía usen libremente dinero obtenido de las contrataciones del Estado a modo de «puertas revolventes», en donde participan asesores legales y economistas que a su vez trabajaban para empresas y organismos privados. Según el especialista Humberto Campodónico Sánchez, «la Constitución de 1993 virtualmente prohibió la existencia de empresas públicas» y que «el sentido común de la gente (hasta inicios de los años 1990) identifique a las empresas públicas como ineficientes y burocráticas y que solo la empresa privada (mejor si es extranjera) puede realizar actividades empresariales».

Se estima de que los 100 dólares obtenidos por la privatización, se recauda 2.5 al Estado, debido a que gran parte del proceso sirvió para pagar la deuda y financiar armas. Las operaciones estuvieron lideradas por el entonces ministro Jorge Camet, bajo la modalidad de «mafia blanca». Destacan entre los beneficiados a AeroPerú, JJC Contratistas Generales ─de la familia Camet Dickmann, incluido al propio Jorge─ y el Banco de Crédito. Más allá del surgimiento empresarial, el narcisismo de Montesinos (con la modalidad de la «mafia amarilla») jugó al Poder Judicial para beneficiar a la empresa aliada estadounidense Newmont-Buenaventura en el liticio judicial de la mina de Yanacocha frente a su rival francesa BRGM-Normandy.

Por otro lado, se realizaron negociaciones con Ilan Weil Levy y socios para proveer clandestinamente armas al gobierno. Además de beneficiar a la fabricadora W-21 Intertechnique, responsable en parte del monopolio armamentista, supuestamente operado por Moshe Rothschild Chassin. Las adquisiciones con proveedores sin origen lícito continuaron hasta el final del régimen de Fujimori. Uno de los cercanos es el empresario libanés, Sarkis Soghanalian Kupelian, quien colaboró con el fiscal anticorrupción para facilitar los contactos empresariales en el tráfico de armas; sus declaraciones sobre una posible mafia fueron compartidas por congresistas de la oposición al régimen.

### Relaciones públicas con los medios y manipulación ideológica

Además de lo anterior, la red alcanzó un acuerdo con los medios de comunicación masivos, escritos y televisivos, para reducir la presencia de la oposición y ocultar las verdaderas demandas de la población. La prensa tuvo un trato destacado hacia Fujimori, tal como lo indica Degregori, al «[reprodujera del gobernador], su carisma y supervivencia política». Esta estrategia se disimuló mediante coberturas televisivas de periodistas, denominados «geishas», que seguían las actividades oficiales del Palacio de Gobierno. Este acercamiento de relaciones públicas a la comunicación audiovisual creó dos arquetipos en la población: el independiente, representado por Fujimori, visto como «pragmático, enemigo del terrorismo comunista y honesto»; y el político tradicional como «corrupto-comunista». Fujimori fue elegido como uno de los diez principales enemigos de la prensa según el CPJ entre 1999 y 2000.

Aparte de los anuncios oficialistas rutinarios, Degregori también señaló que «no había programas políticos; las noticias policiales encabezaban los noticieros, seguidas de "temas humanos"; ni siquiera se permitía la propaganda electoral pagada al contado». Para mantener la audiencia entretenida, parte de la programación televisiva se basó en «programas asínicos llenos de chistes sexuales», según Bowen y Holligan (2003), a fin de evitar cualquier sátira política. Esta situación explica la ausencia de un sistema de clasificación por edades para la televisión hasta principios de la década del 2000, dando lugar al amplio cuestionamiento de su contenido por parte de sus detractores. Además, el posterior ministro de Educación, Nicolás Lynch, negoció el retiro de la licencia de los canales de mayor sintonía (América y Panamericana) para «terminar con la influencia de la mafia», que no se concretó cuando se puso en marcha la Ley de Radio y Televisión.

Como consecuencia de la estrategia comunicativa, que generaron ingresos económicos por campañas de publicidad para compensar las deudas tributarias de los canales, surgió una crisis administrativa del entonces canal Panamericana, uno de las más populares en ese entonces, en que varios periodistas renunciaron. El canal fue el primero en recibir el respaldo hacia el oficialismo instantes después del autogolpe junto a Radio Programas del Perú.

Una de las fuentes que fue permaneció en revelar información sobre Montesinos fue Sin censura, que fue neutralizada. Este medio presentado por Cecilia Valenzuela en 1999, informó la aparente compra del 78.77 % del banco de Comercio y la Financiera Regional del Sur por la Caja de Pensiones Militar Policial. La revelaciones no permanecieron por mucho tiempo, luego del despedido de Valenzuela por el canal ATV. Según la fiscal anticorrupción Ana Cecilia Magallanes, conocida como principal mujer en investigar a la red y la recuperación de dinero, la Caja de Pensiones entregó dinero a la producción periodística para silenciar sus destapes.

Varios periodistas destacados que permanecieron en la televisión, incluidos Álamo Pérez-Luna, Pilar Higashi y Abraham Levy, negaron tener vínculos con el asesor Vladimiro Montesinos y afirmaron no estar al tanto de los detalles específicos relacionados con las negociaciones llevadas a cabo por la editorial. Por otra parte, debido a las acusaciones que ponen en tela de juicio la independencia informativa de estos medios, varias figuras destacadas, como César Hildebrandt, Nicolás Lúcar, Eduardo Guzmán y Jaime de Althaus, renunciaron a sus cargos aduciendo una supuesta falta de integridad editorial. El resultado de esto ha sido una disminución de la confianza en los históricos medios audiovisuales, que a su vez condujo a veredictos condenatorios en contra de sus propietarios.

**Debilitamiento al periodismo opositor**

Aunque parte de los medios llevaron la postura oficialista, cercanos a Montesinos, apoyados del corrompido sistema judicial, recurreron a denuncias de difamación y calumnia a quienes se negaron venderse a la red. Las identidades de los opositores fueron publicadas en un portal web irónicamente denominado Asociación Pro Defensa de la Verdad. Entre las víctimas fueron periódicos que permanecieron en sus reportajes revelaciones de malversaciones y otros delitos, como son La República, Ojo, Clarín, entre otros. Esto dificultó el avance de la prensa, al no existir garantías para protegerse de actos vandálicos, en que las empresas periodísticas alejadas de Lima estuvieron en situación vulnerable; además de impedir los beneficios de la publicidad estatal según confirmó el publicista del Fujimorato, Daniel Borobio.

Uno de ellos, Pedro Yauri, fue encontrado sin vida en 1992 cuya autoría se atribuye al Grupo Colina. En 1992, el gobierno confiscó información militar en manos de Gustavo Gorriti, como supuesta medida para prevenir atentados terroristas, mientras se clausuraban a varios medios de comunicación. En octubre de 1996 se reportó un ataque a las instalaciones del canal 13 de Puno, en que tres efectivos del Ejército detenidos. Aunque en un principio la Corte Superior de Puno se negó a tomar medidas, Fabio Urquizo Ayma fue detenido en 2001 tras acusaciones de complicidad en ese suceso.

En 1998 Angel Páez, investigador del diario La República (que ya estaba en la mira de otros periodistas) y corresponsal del diario Clarín fue objeto de desinformación por la prensa chicha de una supuesta relación con el espionaje ecuatoriano; cuando en realidad Páez descubrió turbias compras de intermediarios del gobierno con aviones de combate procedentes de Bielorrusia. También en 1998 Isabel Chumpitaz Panta y su esposo, del programa La voz del pueblo de radio Satélite, fueron atacados en su vivienda luego de reportar actos cuestionables con la empresa agraria Emoycsa; esto solo fue motivo de fortalecer el servicio de inteligencia oficialista. El 24 de mayo del 2000 el periodista Fabián Salazar Olivares, quien estuvo a punto de difundir pruebas contra Montesinos para Frecuencia Latina, fue torturado. Según el testigo presencial de ese último, existió un aparente encargo monetario de la red.

### Denuncias al final de su gobierno

En 1996 gremios profesionales, trabajadores y la Iglesia realizaron la primera comisión independiente Manos limpias, luego de presenciar la indiferencia del congreso en investigar los entonces ministros Alberto Pandolfi, Tomás Castillo y Juan Briones. Contó con el respaldo de los congresistas Alfonso Baella Tuesta y Anel Townsend.

Antes de la renuncia de Fujimori, en mayo de 1997, parlamentarios denunciaron a Vladimiro Montesinos por enriquecimiento ilícito ante el fiscal Miguel Aljovín Swayne, que no prosperó. Previamente, el dominical Contrapunto denunció irregularidades en la tributación por la SUNAT, entre otros reportajes, antes de su canal Frecuencia Latina fuese confiscado.

En 1999, el entonces ministro de trabajo Jorge Mufarech renunció a su cargo. Fue conocido por realizar investigaciones a la Superintendenta de Aduana. Posteriormente intentó postular a la presidencia en 2000 pero fue rechazado, el hecho fue investigado por asociación ilícita contra el expresidente pero archivado por falta de documentación. Sin embargo, Mufarech fue involucrado en una investigación de la jueza Antonia Saquicuray sobre la participación con el empresario José Enrique Crousillat.

Posteriormente surgieron declaraciones de Alberto Bustamante y Federico Salas, que admitieron la entrada de bienes ilícitos. En 2001, luego de la renuncia de Fujimori por fax, se anunció la formalización de la acusación constitucional contra su gobierno por corrupción. Para ese entonces, existió el riesgo de la manipulación de pruebas y la salida a la clandestinidad de los posibles implicados de la red, debido a las dificultades en su sistema judicial.

## Desvíos y pérdidas económicas

Según la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA) en 2001, correspondieron al 30-35 % del gasto presupuestal promedio en cada año, y un 4 % del PBI promedio anual durante el mismo período. Si esta pérdida multimillonaria pudo evitarse, ayudaría a salir de la condición de pobreza a más de 155 mil personas. Como referencia, en el año del autogolpe (1992), se batieron récords de concentración de recursos: cinco mil millones de dólares en gastos públicos en el presupuesto general más otros cinco mil millones en empresas estatales.

La cifra exacta de dinero ilícito no está definida y varió con el tiempo: Desde la denuncia preliminar de Mufarech, en que se retiraron algunos ministros, se estimó pérdidas de 10 000 millones de dólares. En 2002 se recalculó la sustración entre 800 y 1 000 millones de dólares; en 2004 el consorcio Justicia Viva de IDL aproximó a 1 500 millones de dólares; en 2005, el autor Sergio Fernández estimó entre 250 a 768 millones de dólares y en 2016 Avelino Guillén señaló que fueron 6000 millones de dólares. En 2018, el estudio de la editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega estimó el costo económico entre 14 000 y 20 000 millones de dólares.

### Estrategias de obtención y gestión de dinero

Instantes después del autogolpe se realizaron estrategias del despacho presidencial, como la reactivación el Ministerio de la Presidencia para su posible administración de recursos; cuando se completó la década de poder, logró ejecutar un tercio del gasto presupuestal. En 1996 el ministerio estuvo al cargo de Jaime Yoshiyama, considerado como «primer ministro en la sombra» por tener contactos muy cercanos con el entonces mandatario. En 1997, durante el cargo de Jorge Baca Campodónico como jefe de la SUNAT, se recurrió al mecanismo de RUC sensible para que las empresas evadan a la fiscalizadora y pasen desapercibido en la transferencia económica dentro de la red. La estrategia consiguió incrementar ingresos económicos, que destaca el aumento de patrimonio de 25 mil soles anuales a 200 mil del operador de la red Mauricio Muñóz-Nájar. Además, para evitar sospechas, desaparecieron cerca de 20 mil expedientes tributarios.

Campodónico también fue posteriormente responsable de la estrategia de «salvataje bancario» realizado al entonces Banco Latino, una estrategia financiera para recuperar el ente financiero en que el Estado invirtió entre 170 y 400 millones de dólares. Según la directiva de mencionado banco para La República, Montesinos poseía 18 millones de dólares para realizar transferencia junto a su esposa María Becerra Ramírez para transferir hacia altos mandos militares.

De la misma manera se desfalcó el dinero a partir de la Caja de Pensiones Policial-Militar para los préstamos hacia empresarios, entre los señalados como beneficiados está Gessa Ingenieros. Acorde a las investigaciones del congresista David Waisman, se estimó un desvío de 300 millones de dólares.

También se recurrió de las donaciones extranjeras desde que Fujimori llegó al poder, administradas por su hermana mayor Rosa y otros integrantes. La organización no gubernamental Apenkai (Asociación Perú No Shien No Kai) fue una de las más importantes cuando recibió contribuciones de la prefectura de Kumamoto, el Club de Leones de Shibuya, la Fundación Sasakawa (que según Ernesto Herrera, sería el mayor aportante a través de la Fundación Nippon), la Fundación Matsushita y Ajinomoto, entre otros; cuya hipótesis fue alimentada de un colaborador en 2003. A lado de su satélite Ake, al mando del empresario Augusto Miyagusuku, operaron donaciones por alrededor de 100 millones de dólares, en que solo el 10% tuvieron el propósito real de ayuda social. Una de las 71 instituciones educativas planificadas por Apenkai correspondió de una donación para la construcción de esta en Villa María del Triunfo, que se inauguró de forma incompleta. Según Alfonso W. Quiroz, el esposo de Rosa Fujimori y embajador de Perú en Japón entre 1991 y 2000, Víctor Aritomi Shinto, aprovechó la nacionalidad nipona para otorgar protección e impunidad y así operar los ingresos de dudoso origen al país oriental. El diario La República incorporó en 2001 al entonces general militar Carlos Bergamino Cruz como colaborador de Aritomi en el supuesto proceso de gestión de dinero en maletas.

### Gastos del dinero desviado

Parte de los fondos fueron desviados a instituciones políticas y militares para financiar la red de corrupción así como encubrirla. El historiador Antonio Zapata estima que fueron 1885 millones de dólares ganados para compras de armamento militar para sustentar el cobro de sobornos a gran escala. Uno de los bancos con mayor importante fue el Banco Wiese, entidad financiera que estuvo administrada por Eugenio Bertini, persona absuelta en 2005, y que fue vendida posteriormente tras la reestructuración del Grupo Wiese, cuyo informe de 700 páginas fue obtenida por David Waisman.

Un análisis empírico de la corrupción de Montesinos realizado por John McMillan y Pablo Zoido en 2004 describió que Montesinos recurrió al más del 75% del presupuesto no supervisado del SIN para sobornar a más de 1600 personas. McMillan y Zoido estiman que, en el punto álgido del escándalo, se pagaban más de 3.5 millones de dólares mensuales a varios congresistas, jueces y ejecutivos de medios, 200 mil dólares destinados a políticos para silenciar denuncias. Los sobornos más comunes se pagaron a propietarios de canales de televisión, lo que permitió fácilmente que el gobierno de Fujimori influir políticamente en los peruanos a su favor.

Más allá de los gastos, existen referencias por aclararse sobre el uso de parte del dinero obtenido de la corrupción para los familiares de Fujimori, como la investigación del origen de los gastos universitarios de sus hijos. En 2000 la unidad de investigación de La República sugirió una negociación de una venta inmobiliaria por una empresa que no figuraba en los registros públicos. En 2001 un exasesor de Fujimori señaló en un expediente que el entonces mandatario ordenó al legislador Ernesto Gamarra Olivares a no difundir el informe sobre la entrega de dinero hacia sus hijos por el programa Sin censura. La Fiscalía citó a Keiko, la hija de Alberto, para conocer la sustentación de sus estudios. Posteriormente tomó la investigación en el delito de enriquecimiento ilícito en abril del 2003.

En 2004, La República identificó a Moisés Sudit Golergant, un individuo relacionado con la venta de armas al Estado, como un potencial donante de gastos universitarios. En ese año, la Contraloría General de la República reportó en su informe que se habrían gastado dos millones de dólares para la educación de sus hijos, una cifra mayor a lo que podría ganar el mandatario en el años. Los detalles sobre el origen del dinero permanecieron inéditos hasta la publicación completa por Hildebrant en sus Trece en 2011. No obstante, la ex primera dama, Keiko Fujimori, negó las acusaciones de que los fondos habían sido provenientes del Estado, pese a existir discrepancias con las importantes inversiones declaradas por la Fiscalía.

## Impacto posterior al escándalo de corrupción

Debido a la difusión de los vladivideos como evidencia de la red de corrupción instalada en su gobierno, el 16 de septiembre de 2000, Fujimori convocó finalmente nuevas elecciones libres. Los días posteriores, muchos políticos, incluyendo a Montesinos, fueron del país y renunciaron a sus cargos. Además, el 13 de noviembre del 2000 Fujimori viaja a Brunéi para asistir a la APEC que se desarrollaba en dicho país. Luego de ello, el 17 del mismo mes viaja a Japón y fue desde allí donde envió un fax con su renuncia a la presidencia del país un 20 de noviembre del 2000.

Montesinos fugó a Panamá en 2000, el canciller panameño José Miguel Alemán justificó esa medida para «evitar un [nuevo] golpe de Estado con baño de sangre del pueblo peruano». Aunque la Corte Suprema de Justicia autorizó en 2004 la investigación de sus cuentas bancarias, aquel país siguió acumulando centenas de millones de dólares según la Unidad Financiera de la Procuraduría Anticorrupción; inclusive algunos de los integrantes de la desmantelada red, como el asignado reo contumaz Enrique Benavides, siguió operando una corporación vinculada a testaferros del exasesor presidencial.

Los restos de la red de corrupción en el Perú prevalecieron hasta la llegada de Alejandro Toledo, en que subestimaron las consecuencias de la debilidad institucional después de terminar el mandato de Toledo. En 2004 se presentaron 116 denuncias contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos ante fiscales.

Fujimori fue mencionado el informe de la subcomisión de Derechos Humanos de la ONU como uno de los personajes más involucrados en la corrupción. En la Reunión Andina sobre Lucha contra la Corrupción, el secretario de la OEA, César Gaviria, señaló que con el liderazgo de Vladimiro Montesinos en el gobierno «ha sido uno de los casos de corrupción más patéticos y dañinos que nos ha tocado vivir en la etapa democrática de nuestras naciones». Además, según Transparencia Internacional en 2004, Fujimori fue listado como el séptimo exlíder más corrupto de la historia, lista que fue compartida por Forbes. La ONG Trasnparencia posteriormente pasó a implementar su capítulo local, el Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) para asuntos relacionados con las buenas costumbres políticas.

Aunque la década de 1990 trajo un cambio de gobierno neoliberal, que se mantuvo vigente en tres décadas y con un potencial económico mayor, Hernando de Soto, uno de los promotores del neoliberalismo en la nueva constitución, calificó a Montesinos de «gánster», y que debido a los indicios de corrupción, renunció a su posición. Además, Lourdes Flores Nano, política conservadora y excongresista constituyente, quien fue citada por el Poder Judicial para manifestar en acusaciones de corrupción, acusó a Fujimori de «engendrar a la criatura de la corrupción que fue Vladimiro Montesinos».

La tendencia de conductas antiética de algunos magistrados estuvo en la mira del Colegio de Abogados de Lima. En 2001, 80 personas estuvieron en situación judicial, algunos de ellos fueron detenidos en cárceles de alta seguridad. Para septiembre de 2003, 117 procesados por corrupción fueron prófugos de la justicia, instante que la cifra de involucrados alcanzó los 1383. Mientras tanto, en 2006 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició el juicio hacia los 17 congresistas acusados de recibir sobornos.

Uno de los socios íntimamente ligados a la red Fujimori-Montesinos, el general retirado Óscar Juan Villanueva Vidal, puso fin a su vida en el año 2002. Villanueva estaba al frente de la administración de compras del Ministerio del Interior en los últimos momentos de la administración gubernamental, y se le atribuye la entrega de joyas a Laura Bozzo, quien posteriormente cumplió su condena bajo arresto domiciliario. Dicho personaje adquirió posteriormente relevancia al realizar tratos con César Almeyda, asesor en aquel entonces de Alejandro Toledo, según un audio que fue filtrado por la prensa.

Luego de una fallida investigación por el Ministerio Público en 2001, que fue archivada, en 2010 la Quinta Sala Anticorrupción pidió doce años de prisión a Vladimiro Montesinos, el ex coronel PNP Manuel Ayvar Marca y cuatro policías por las torturas inferidas al periodista Fabián Salazar Olivares. En 2009, a diferencia del juicio de violación a los derechos humanos y con una actitud negacionista a las acusaciones por la comisión de Townsend, fue condenado a seis años de prisión por entregar 15 millones de dólares de origen cuestionable para el Plan Soberanía, estrategia basada en el Decreto de Urgencia 081-2000, en que amordazó a Montesinos en la contribución con la justicia. El delito de peculado doloso, además de falsedad ideológica, fue ratificado en 2011.

Además, a 2011, más de setenta personas cercanas fueron sentenciadas de suspensión de la libertad o condicional; entre ellos ministros, voceros, generales y seguridad de Montesinos. No obstante, el Ministerio Público archivó en 2019 a las hermanas de Alberto Fujimori, Juana y Rosa vinculadas a la corrupción por organizaciones de donativos.

### Procesos de investigación a involucrados de la red

Al asumir Valentín Paniagua como presidente interino, la encuesta de Apoyo de 2000 señaló que la corrupción fue el segundo tema a combatir durante su transición a la democracia. Una de las tareas realizadas fue el retiro y revelo de altos cargos de las Fuerzas Armadas, frente a la imposición conservadora de mantener a los anteriores durante la crisis política. También se estableció en la Procuraduría el concepto reo ausente a aquellos que participaron en asuntos económicos de origen ilícito. Diego García-Sayán y José Ugaz fueron los propulsores de medidas para fiscalización en el gobierno anterior.

Otra de las medidas de García-Sayán y Ugaz correspondieron a los incentivos a colaboradores eficaces, que puede un cómplice ofrecer información mientras continua la investigación; previo a los incentivos, apenas una docena de la red de Montesinos fueron procesados. Cuando Ugaz fue el primer encargado de la Producaduría Anticorrupción en 2000, realizó la investigación del posteriormente denominado caso Fujimori-Montesinos, en que los beneficiados por la colaboración eficaz fueron el abogado Javier Corrochano y la empresaria Matilde Pinchi Pinchi. Ugaz también mostró apoyo a investigar a los dueños de los medios televisivos y procesarlos penalmente sin que interfiera con la libertad de expresión, caso que el ministro de Transportes y Comunicaciones negó quitar las licencias a los cuestionados medios.

En este periodo, se formó la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros precedido por el entonces congresista Javier Diez Canseco. Dicha comisión investigó varios delitos tras la privatización de 2000 empresas, que permitió incrementar en 6000 millones de dólares a las arcas del Estado, y cómo se utilizaron; destacaron los actos de peculado, fraude, negociación incompatible, etcétera. Adicionalmente, el congresista David Waisman formó una nueva comisión para investigar a Montesinos, a pesar de que fue presionado por el propio Congreso; el más mediático fue la hipótesis de que el gobierno apoderó mil millones de dólares por medio de lingotes de oro del Banco Central de Reserva, luego obtener declaraciones de un colaborador eficaz a la Procuraduría. Este contaría con seis jueces anticorrupción, reunidos en una sala penal.

Sin embargo, la investigación sufrió de interferencias. En 2002 estuvo suspendida por acuerdo interno para supuestamente no investigar al involucrado de la red Agustín Mantilla. En 2003 Jorge Mufarech denunció al exprocurador Ugaz por acusaciones de Fausto Alvarado de retirarse en la investigación a Fujimori-Montesinos, en que se ordenó el embargo de bienes al año siguiente por avalar el allanamiento ilegal del domicilio de Vladimiro Montesinos. En 2005, el procurador anticorrupción Antonio Maldonado reveló la falta de fondos suficientes para continuar la investigación, luego de perder el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

### Recuperación de activos

En 2000, el encargado de cancillería Fernando de Trazegnies comunicó por primera vez al entonces ministro de justicia Alberto Bustamante que la embajada de Suiza en Perú localizó cuatro cuentas valorizadas en más de 40 millones de dólares, lo que se reportó al ya asumido procurador Ugaz.

Al concretarse las evidencias de la red criminal, algunas de las más importantes reportadas en la comisión liderada por David Waisman, se realizaron intentos de recuperar activos de Montesinos de cuentas extranjeras con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, en que fue denunciado por «enriquecimiento ilícito en agravio del Estado Peruano». En las Islas Caimán se repatriaron 18 millones de dólares procedentes del embargo a Banco Wiese Sudameris en 2001. En el caso de Suiza, la transferencia se apoyó de la asistencia mutua internacional en 1997; empero, en 2004, la fiscal del cuarto distrito judicial de Zúrich, Cornelia Cova no descartó que el dinero fuese mudado a países aledaños o al Japón. Por otro lado, en Estados Unidos se suscribió un acuerdo entre ese país y Perú para transferir 20 millones de dólares de las cuentas procedentes a cercanos de Montesinos, además que se decomisaron las de Víctor Venero, testaferro de Montesinos en 2004.

Sin embargo, se propuso investigar depósitos de dinero en Asia, pero no se concretó a causa de las dificultades en la colaboración con las autoridades. Además, las investigaciones de la empresa contrastista Kroll sugirió que se habían realizado el «sistema de la hormiga» para transferir dinero en cuentas de Indonesia, Malasia y Brunei.

En octubre de 2001 se estrenó el Fondo Especial de Administración de Justicia del Dinero Obtenido Ilícitamente (FEDADOI). Esta recaudación ayudó a financiar la Procuraduría Anticorrupción, mejorar el Poder Judicial y la construcción del penal de Piedras Gordas. En 2002 se reportó que 228 millones fueron localizados para el fondo estatal según el reportaje A las 11 con Hildebrandt. En 2010 se recuperaron apenas 184 millones por embargo. Para 2012 se contabilizaron 105 casos de corrupción, en que la deuda se oficializó a mil millones de soles, de las cuales solo se pagó el 0.77 %.

### Caja de pensiones

La caja estuvo operada por testaferros de Montesinos en un posible desfalco, en que uno de los mayores exponentes fue Juan Valencia, detenido en 2001. Desde entonces, varias personas fueron detenidas. la Sala Penal Liquidador sentenció en 2014 a Danfer Suárez, quien fue responsable de desviar dinero mediante comisiones cuando formó parte del directorio. En 2015 fue detenido el exgerente Javier Revilla en Brasil, otra persona acusada de desviar los fondos.

En 2006 el fiscal anticorrupción Marco Ruggiero denunció ante el Poder Judicial a Fujimori por el uso indebido de la caja de pensiones militar-policial. Sin embargo, Montesinos fue absuelto por la Sala Penal Liquidador en 2012.

## Sondeos de opinión

En una encuesta de 1999, realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, mencionó que un 87 % de los limeños consideró la existencia de la corrupción en el gobierno.

En 2001 el 80 % de los 500 participantes limeños de la encuestadora Apoyo aseguraron que Fujimori cometió delitos de corrupción, frente a un 10 % que tildaron de inocente.

La población mostró una valoración negativa al sistema judicial: en una encuesta de Apoyo de 2003, 7 de 10 personas desaprobaron a la institución, mientras que la empresa Analistas & Consultores señaló en ese año que 74.8 por ciento de las personas percibien «la mano de la mafia fujimontesinista» en este poder del Estado.

El capítulo peruano de Transparencia Internacional, Proética, encuestó entre 8 y 20 de diciembre de 2003 para señalar si Fujimori fue «el más corrupto en los últimos 23 años», el cual recibió un 49 %.

Para un sondeo de la Pontificia Universidad Católica del Perú para La República en 2009, señaló que la percepción de corrupción creció del 30 % cuando terminó el primer gobierno de Alan García al 53 % al concluir el mandato de Fujimori.

