Escándalo de chuzadas en el gobierno de Gustavo Petro
# Escándalo de chuzadas en el gobierno de Gustavo Petro

El escándalo de chuzadas en el gobierno de Gustavo Petro es un escándalo político en curso en Colombia ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando la Fiscalía General de la Nación (también conocida como simplemente «la Fiscalía») publicó una investigación el 1 de junio de 2023 como resultado de una denuncia interpuesta por Marelbys Meza, exniñera de la entonces Jefa de Gabinete Laura Sarabia y el entonces embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, en la que se dijo haber descubierto que su teléfono celular había sido interceptado ilegalmente desde el 30 de enero del mismo año. La denuncia había sido interpuesta por Meza tras acusar a Sarabia de usar un polígrafo contra ella en la Casa de Nariño, después de que Meza hubiese presuntamente realizado un robo de dinero en la residencia de Sarabia.

Como resultado del escándalo, Petro pidió la renuncia de ambos Sarabia y Benedetti el 3 de junio, con el fin de, el declaró «para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación».

Días más tarde, la empleada de aseo de la casa de Sarabia aseguró también haber sido interceptada ilegalmente. Para el 24 de junio de 2023, cuatro personas habían dicho haber sido interceptadas ilegalmente, incluyendo la propia Meza, todos casos en los que Gustavo Petro ha dicho que ni él ni el gobierno nacional están involucrados.

El coronel Óscar Dávila, jefe de una oficina en el edificio de la DIAN parte del aparato de seguridad del Presidente de la República e involucrado en el caso, participó en una inspección de la Fiscalía a la oficina el 7 de junio de 2023. Dávila fue encontrado muerto dos días después, el 9 de junio, bajo cincunstancias extrañas. Su autopsia concluyó que Dávila murió por suicidio, aunque lo que lo haya motivado a quitarse la vida todavía es desconocido.

## Eventos

### Uso de polígrafo contra Marelbys Meza

El 30 de enero de 2023, Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia (entonces Jefa de Gabinete), fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño tras recibir acusaciones de haber robado una cantidad indeterminada de dinero, inicialmente dicha no haber superado $7 mil USD. La prueba era voluntaria y no tenía ningún valor probatorio en procesos legales, aunque Meza posteriormente dijo que fue presionada a firmar el documento de autorización de la prueba y que se «sintió secuestrada» durante su duración.

Meza hizo una denuncia contra Sarabia hecha pública el 27 de mayo de 2023. Ese día, una entrevista con Meza por la revista Semana fue publicada, en la que ella dijo sentirse angustiada y amenazada por Sarabia y el modo en que dijo que fue tratada por las autoridades, incluyendo el que un policía en el lugar había dicho que la cantidad robada era de $150 millones COP ($33 mil USD de la época).

### Reportaje de chuzadas

El 1 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación publicó una investigación realizada después de que Meza hubiese interpuesto la denuncia, en la que se dijo que Meza y otra señora de nombre Fabiola habían sido chuzadas (interceptadas telefónicamente) por la Dijín por al menos 10 días. La Dijín, para hacer esto, habría falsificado un informe de policía judicial, el cual habría hecho pasar las niñeras por miembros del Clan del Golfo, bajo los alias de La cocinera para Meza, y La madrina para Fabiola. Durante la presentación del informe, también se anunciaron imputaciones a miembros de la Dijín y se cito a interrogatorio tanto a Sarabia como al entonces embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.

Caracol Radio reportó que un analista judicial dijo que un fiscal luego habría recibido autorización para permitir las interceptaciones el 26 de enero de ese año, empezando la interceptación a ambos teléfonos el 30 del mismo mes, mismo día en que la prueba de polígrafo habría sido realizada. 72 horas después, este analista habría pedido que las interceptaciones fuesen detenidas, asegurando que la forma en la que estaban siendo utilizadas no correspondía a las motivaciones dadas para iniciarlas.

La revista Cambio reportó que un analista de inteligencia, diez días después del 26 de enero, se habría dado cuenta de que las interceptaciones a ambos números eran registros de actividades diarias correspondientes a una mujer viviendo en el sur de Bogotá que nada tenía que ver con el Clan del Golfo, la cual resultaría siendo Meza.

## Reacciones

### Denuncia de Meza

Tras conocer la denuncia por el uso del polígrafo, previo al lanzamiento al público de la investigación del caso por la Fiscalía, el gobierno nacional se pronunció con respecto a la misma, asegurando que se siguieron todos los procedimientos fijados por la ley, incluyendo la presentación de una denuncia contra Meza por Sarabia el día anterior al uso del polígrafo, y negando que se hubiese presentado algún abuso de poder. El presidente Gustavo Petro catalogó el hecho como una «mentira» en su cuenta de Twitter.

El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, al presentar los resultados de la investigación, comparó los hallazgos con el escándalo de las chuzadas del gobierno de Álvaro Uribe. Sus declaraciones fueron polémicas, ya que «comparaban un evento de escala menor con un evento de persecución política nacional», críticos dijeron.

Federico Gutiérrez, excandidato a las elecciones presidenciales de 2022, escribió en una columna en la revista Semana expresando preocupación por lo que describió como «una crisis de la institucionalidad colombiana», expresando temor por la posibilidad de que «Petro nos [la oposición] tenga chuzados».

La senadora Clara López se vio involucrada en una polémica tras un pronunciamiento sobre el escándalo, donde, tratando de mostrar por qué creía que el caso estaba exagerado, se refirió a Meza como una «sirvienta». López posteriormente se disculpó por la declaraciones.

Thierry Ways, columnista de El Tiempo, escribió un artículo de opinión en el que mostró preocupación por lo que implicaría este caso, argumentando que «¿si hasta una niñera particular, que no es una figura reconocida ni un sujeto de investigación, puede estar chuzada, quién está a salvo de estar chuzado en Colombia?», en respuesta a las declaraciones de López.

### Muerte de Óscar Dávila

Gustavo Petro se pronunció con respecto a la muerte de Óscar Dávila, asegurando que había cometido suicidio. Petro nuevamente se pronunció unos días después, esta vez respecto a la autopsia de Dávila por la Fiscalía concluyendo que sí murió por suicidio, asegurando que el reporte «desmintió las insinuaciones de que fue un asesinato», que «no se interceptaron comunicaciones, tampoco se produjo violación de derechos humanos y no hay nada qué esconder». añadiendo que él personalmente no está «implicado de ninguna manera en el hecho».

Miguel Ángel del Río, abogado de Dávila, se pronunció tras la publicación de la autopsia. Del Río aseguró que esto se trató de un caso de «suicidio de oportunidad», es decir, que, según Del Río, Dávila habría sido presionado por un agente externo a cometer suicidio, describiendo Del Río a ese «agente externo» como «un supuesto funcionario de la Fiscalía».

Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, dijo que «el problema de esto no es si fue un asesinato o un suicidio, el problema es que hubo un muerto», refiriéndose a que la muerte ocurrió después de que varios detalles del escándalo hubiesen visto la luz del público. María Fernanda Cabal, senadora del mismo partido, hizo declaraciones similares, adicionalmente vinculando el escándalo con una controversia durante las elecciones presidenciales de 2022, en la que dos personas asociadas al Pacto Histórico (la coalición de Petro) visitaron la cárcel La Picota.

### Acusaciones de motivación política

Se ha acusado al escándalo de ser una cortina de humo para quitarle atención a las acusaciones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra numerosas figuras políticas, militares y empresariales participando en el marco del conflicto armado colombiano, concretamente sus desarrollos en los años 90s y 2000s, e incluso se la acusado de tener el fin de «desestabilizar el gobierno de Petro».

Catalina Rojano del periódico El Heraldo, en una columna de opinión, criticó la cobertura masiva del escándalo en los medios colombianos en comparación con las declaraciones de Mancuso. Rojano dijo textualmente:

El mismo Gustavo Petro ha dicho que el escándalo es parte de un proceso orquestado que tiene como fin «realizar un golpe blando» contra su gobierno. Distintas figuras políticas de más de 20 países, tales como Rafael Correa, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Ada Colau, José Luis Rodríguez Zapatero o el expresidente colombiano Ernesto Samper, firmaron una carta en la que, si bien no se mencionó directamente el caso, se aseguró que «se está usando el poder de las agencias regulatorias y judiciales del país para detener las reformas [del gobierno Petro], intimidar a sus seguidores y difamarlo a nivel internacional», también mencionando al Fiscal General Francisco Barbosa, diciendo que él, junto a la Procuradora Margarita Cabello Blanco «están activamente a miembros del Pacto Histórico con investigaciones que podrían resultar en suspensión o despedida».

El Semanario Voz, periódico del Partido Comunista Colombiano, describió el escándalo como un «intento de desestabilización del gobierno de Petro», comparando la cobertura del escándalo con la forma en la que la propaganda nazi funcionaba, diciendo textualmente:

El 29 de mayo de 2023, Gustavo Petro declaró en su cuenta de Twitter: «Miren mi extrañeza porque no hubo un cubrimiento de los medios a fondo de lo que significaban las confesiones de mancuso. [sic]», en respuesta a un trino de Vicky Dávila (directora de la revista Semana) sobre cómo W Radio no había hecho cobertura del escándalo. Dávila respondió a las declaraciones de Petro, enfatizando en que las acusaciones de Mancuso había recibido cobertura en los medios colombianos y acusando a Petro de hipocresía sobre el escándalo.

