Josep Maria Bertran de Quintana
# Josep Maria Bertran de Quintana

Josep Maria Bertran de Quintana (San Gervasio de Cassolas, 2 de enero de 1884-México, 5 de febrero de 1960) fue un político y jurista español, con importancia durante la Segunda República, donde tuvo un papel relevante en la proclamación de la República Catalana y, posteriormente, como regidor en el Ayuntamiento de Barcelona. Presidente del Comitè Català contra la Guerra y prolífico autor en los años 30, su implicación en las investigaciones de la violencia en la retaguardia de la República con el sumario llamado de los cementerios clandestinos durante la Guerra Civil le comportó adquirir, además, un importante perfil como juez preocupado por la aplicación de la ley hasta que, en 1938, le cesaron del cargo. Su participación política en la República le supuso el exilio a México y ser objeto de represión por parte del régimen franquista.

## Biografía

### Los primeros años, juventud y asentamiento profesional

Josep Maria Bertran de Quintana nació en el municipio de San Gervasio de Cassolas, en el número 7 de la plaza Cardona, el 2 de enero de 1884 en el seno de una familia de tradición militar perteneciente a la alta burguesía de la sociedad catalana. Sus padres, Valentí Bertran i Feliu, teniente coronel de artillería del ejército, y Consol de Quintana i Sastre, tuvieron otros cuatro hijos: Anna, Miquel, Tomás y el propio Josep Maria. La muerte de su madre, acaecida el 16 de enero de 1887, cuando Josep María contaba tan solo con tres años, marcó su infancia. El que con los años se convertiría en juez y asumiría un papel relevante en el período de la Guerra Civil en Cataluña, estudió en el Colegio de Sant Agustí de Barcelona. El bachillerato lo cursó en Gerona hasta el año 1897, fecha en que iniciaría la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona. Obtuvo el grado de licenciado en Derecho y la suficiencia universitaria en 1903, a pesar de que no solicitó la obtención física del título hasta 1934, cuando finalmente le fue expedido por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Finalizados los estudios, se dedicó a los negocios y a diversas actividades a caballo entre Francia (Niza y París) y México, donde fue nombrado secretario general de la Cámara de Comercio Española. Algunos de sus viajes, los que realizó pasando por Estados Unidos, constan en los archivos de inmigración americanos, como los de vuelta a Barcelona en barco vía Nueva York. El 10 de mayo de 1923 contrajo matrimonio con Valentina España de Digoine du Palais, cuya familia disponía de un amplio patrimonio, del que Bertran de Quintana se hizo cargo a partir de la boda. Esta responsabilidad, junto con los beneficios de los negocios que había realizado en México, le proporcionaron suficiente dinero para dedicarse a su verdadera vocación: la política.

### Fundador de ERC y partícipe en la declaración de la República Catalana (1931)

A partir de 1931, coincidiendo con los últimos meses de dictadura, Josep Maria Bertran de Quintana decidió dedicarse a la política activa. De ideas republicanas, progresistas y catalanistas, se relacionó con el Centro de Esquerra Republicana, donde estableció primero contacto y más tarde amistad con Lluís Companys, del que más tarde será secretario. Fue miembro destacado en la fundación, en marzo de 1931, del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del que sería candidato por Barcelona en las elecciones municipales que se debían celebrar el 12 de abril de 1931, y que darían la mayoría absoluta a la joven formación republicana, lo que significó el final de la monarquía y el advenimiento de la II República. El éxito de la joven formación se apoyó en dos aspectos: en primer lugar, en poder contar con un líder carismático como era Francesc Macià; y en segundo lugar, el acierto de plantear las elecciones no en clave municipal sino como un plebiscito entre monarquía o república. La falta de candidatos y la proximidad de las elecciones llevaron a Bertran de Quintana a formar parte de la candidatura para el Ayuntamiento de Barcelona del distrito II en representación de ERC. En menos de un mes, el nuevo partido se daría a conocer disputando el liderazgo a Acció Catalana Republicana, que se presentaba a las elecciones como favorita a la victoria final. Bertran de Quintana hizo una muy buena campaña, logrando instalar la sede electoral del partido en un lugar estratégico de su barrio, como era el antiguo salón de billar del Café Condal en la calle Tapioles, esquina con la avenida del Paralelo. La victoria de ERC, en coalición con la Unió Socialista de Catalunya (USC), fue una sorpresa, obteniendo una clara mayoría en el consistorio al lograr 25 regidores. Las alianzas entre el Partido Radical, PSOE, UGT y Federales consiguieron ocho regidores; republicanos de otras formaciones, dos regidores, mientras que la Lliga Regionalista tan solo logró 12. La gran derrotada fue Acció Catalana, que no consiguió, a pesar de su prestigio, ningún regidor. La victoria de ERC en las elecciones municipales, sumada a la derrota del catalanismo conservador, sirvió para comenzar la hegemonía del joven partido republicano en toda Cataluña. En este contexto, hay que destacar los resultados de Bertran de Quintana en el distrito II de la ciudad de Barcelona, pues fue el candidato que consiguió atraer mayor número de votos (4.367). Confirmada la victoria de ERC y con la llegada de las noticias de los resultados del resto del país, empezaron los movimientos para derrocar la monarquía la noche del 13 al 14 de abril. En Barcelona, los principales líderes de las diferentes formaciones republicanas se reunieron de madrugada en el Hotel Colón, donde, aunque se optó por no llevar a cabo ningún tipo de plan concreto, sí se determinó no mantener el régimen monárquico responsable de la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, al día siguiente se precipitaron los acontecimientos que acabarían con la proclamación, primero de la República y, después, de la República catalana. Josep M. Bertran de Quintana fue testigo de excepción, ya que tuvo un papel destacado en todos los sucesos acaecidos. A primera hora de la mañana, se reunió con Lluís Companys, Nicolau Battestini y Amadeu Aragay, entre otros militantes, en la librería Ariel, cuyo propietario era Joan Casanelles, un destacado miembro del grupo del periódico de L’Opinió. En la reunión se decidió ir al Ayuntamiento de Barcelona para poner fin al régimen monárquico. Alrededor de la una de la tarde Bertran de Quintana, Aragay, Companys, Opisso y Battestini, llegaron a la casa consistorial. Desde su balcón, Lluís Companys proclamó la República española. Poco después, se presentó Francesc Macià para reunirse con los miembros del partido. Hacia las 14.15 horas, una vez finalizada la reunión, se dirigió al público que se había congregado en la plaza Sant Jaume, esta vez desde el balcón del palacio de la Diputación, y futura sede de la Generalidad de Cataluña, junto con Joan Casanovas. Pidió silencio a la masa de gente y proclamó la República Catalana dentro de una Federación de Repúblicas Ibéricas. Francesc Macià acababa de proclamar el estado catalán. La redacción del discurso de proclamación del Estat Català estuvo a cargo, aparte del mismo Macià, de Bertran de Quintana, Ventura Gassol y Jaume Aiguader. Finalmente, después de esta jornada y de varias negociaciones con representantes de la joven II República llegados desde Madrid el 17 de abril de 1931, Francesc Macià decidió renunciar a la República catalana a cambio de una autonomía que recuperaba el nombre original e histórico de Generalidad, confiando en la promesa hecha por los representantes del gobierno provisional de que las futuras Cortes Constituyentes aprobarían un estatuto de autonomía para Cataluña.

### Regidor del Ayuntamiento de Barcelona (1931-1934)

Tras los sucesos que comportaron el cambio de régimen, poco a poco la normalidad se fue imponiendo en la ciudad de Barcelona así como en el resto de Cataluña. Las nuevas autoridades, una vez consolidadas, empezaron a trabajar, y el 16 de abril se eligieron tanto al alcalde, Jaume Aiguader, como a los nuevos regidores del Ayuntamiento de Barcelona. Entre los regidores que prometieron el cargo destacaba Josep M. Bertran de Quintana como representante del distrito II por ERC. Ese mismo día ya se celebró la primera sesión del nuevo consistorio, en la que se expusieron las líneas de trabajo de la mayoría de ERC y de la minoría regionalista, así como la de la coalición Republicano-socialista. Por otro lado, se formaron las comisiones municipales y Josep M. Bertran de Quintana fue adscrito a las de Fomento, de Responsabilidades en la Casa Municipal de la Misericordia y en el Asil de Nenes Desemparades.

En esos momentos, la situación económica del Ayuntamiento de Barcelona era precaria debido a la corrupción, a los excesos realizados durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y a las deudas acumuladas por la Exposición Universal del año 1929, a lo que había que añadir la crisis económica mundial provocada por el crack bursátil de ese mismo año. Por otra parte, la Generalidad provisional de Cataluña no pudo disponer de recursos propios ni de competencias en los ámbitos de la política municipal para poder ayudar a los ayuntamientos catalanes hasta el 9 de septiembre de 1932, cuando las Cortes Españolas republicanas aprobaron el Estatut de Autonomía de Cataluña. De esta forma, la política municipal barcelonesa de los años 1931 a 1934 estuvo claramente marcada por la falta de recursos económicos, las huelgas sectoriales, los conflictos vecinales y los enfrentamientos que se produjeron dentro de ERC, muchos de los cuales se produjeron a causa de la falta de experiencia política de sus miembros. Estas disputas motivaron que la joven formación sufriera diversas crisis que acabarían provocaron su escisión en septiembre de 1933 con el nacimiento del Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra (PNRE). Fue, de hecho, el propio Bertran de Quintana uno de los responsables que provocaría una de las mayores crisis dentro del seno de ERC. Su falta de experiencia política le creó serios problemas, a pesar de que su trabajo en el Ayuntamiento en la etapa comprendida entre abril de 1931 y agosto de 1933 fue brillante. Además de mejorar los barrios de su distrito, como el denominado «Las Casas Baratas» o el de «El Pont de les Vaques», promovió la cultura y, como miembro de la Comisión de Responsabilidades llevó a cabo una investigación exhaustiva de las irregularidades económicas que se habían detectado en los ejercicios anteriores, entre las que se encontraban las sucedidas en las colonias para niños del año 1926.

En este período, Bertran de Quintana también participó activamente en mítines e impartió conferencias en diferentes centros republicanos del territorio catalán, extendiendo así el ideario de ERC. Por otro lado, escribió artículos para L’Opinió o El Diluvio, aunque los más importantes los publicaría en el periódico de ideario republicano y portavoz de su partido La Humanitat, con el que colaboró intensamente hasta el agosto de 1933, fecha en la que se inició su distanciamiento con ERC. En La Humanitat escribió artículos de elogio a las figuras de Lluís Companys y, especialmente, de Francesc Macià, los políticos más importantes de ERC, además de otros muchos defendiendo los ideales que conformaban su personalidad e ideario político, como eran la defensa de la República, la autonomía de Cataluña, los partidos de izquierdas y, sobre todo, su antibelicismo. Aunque fue su ostensible laicismo el que le puso en apuros en más de una ocasión, como el incidente ocurrido con un grupo de católicos hostiles a sus tesis después de una conferencia en Sant Vicenç dels Horts.

A partir del año 1932, además de dedicarse a la política y a escribir artículos, promovió intensamente el Comitè Català contra la Guerra, del cual sería presidente y cuya sede se encontraba en el Ateneu Enciclopèdic Popular en la calle del Carme, número 30 de Barcelona. Este comité fue la delegación catalana del Comité Mundial de Lucha contra la Guerra Imperialista, presidido por los escritores franceses Romain Rolland y Henri Barbusse. Durante este período, Bertran se volcó en explicar a través del comité los peligros de la guerra transmitiendo los valores y ventajas del pacifismo a los ciudadanos de Cataluña. Para poder transmitir su ideario, Bertran de Quintana contó con la colaboración de destacadas personalidades políticas como Andreu Nin, Ángel Pestaña, Jaume Miravitlles o Jordi Arquer, quienes aparte de conferencias en pro de la paz, también publicaron varios artículos en la revista ¡Guerra a la Guerra!.

Ese mismo año entró a formar parte de la logia masónica La Lealtad, una de las más antiguas y destacadas de Cataluña. Los masones eran grandes defensores de la paz, aunque los franceses y alemanes tuvieran como primordial objetivo la patria. Resulta difícil sopesar la influencia de la masonería en el pacifismo de Bertran, pero es destacable el hecho de que en marzo de 1932 la Gran Logia Española, en la que estaban auspiciadas muchas de las catalanas, se adhirió a la campaña impulsada por la Segunda Internacional contra la guerra animando a todas las logias a intensificar su lucha por la paz. Las muy diversas actividades de aquellos años y el prestigio político que fue adquiriendo Bertran de Quintana desde 1931 no dejaron indiferente a uno de los órganos satíricos del momento, el semanario barcelonés El Be Negre. Esta publicación se dedicaba a parodiar a escritores y personas vinculadas con el grupo L’Opinió, sin olvidar a clérigos, españolistas, miembros del Estat Català y de la FAI, a la que condenaban por su violencia. En concreto, a Bertran de Quintana El Be Negre le dedicó diversos artículos con críticas y comentarios sarcásticos desmedidos sobre su pobre conocimiento de la lengua catalana. Según el semanario, Bertran había empezado a hablar y a escribir en catalán a partir del 14 de abril de 1931 y por esta razón le llamaban «el regidor mexicano». Las constantes críticas que recibió provocaron más de un enfrentamiento entre su persona y la publicación, llegando incluso a los tribunales. Pero a pesar de los enfrentamientos, el semanario no dejó de publicar corrosivos artículos contra Bertran de Quintana, llegando a satirizar su lucha contra la guerra:

A partir del año 1933 la solidez de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona se desmoronó por culpa de las disputas internas. La escisión que se produjo en el partido, con el nacimiento del PNRE, la muerte de un regidor y la expulsión de varios regidores acusados de corrupción, dejaron a ERC en minoría dentro del consistorio, situación que acabaría provocando su parálisis. En este contexto fue donde Bertran de Quintana acabó alejándose de la formación. Primero, por la influencia que ejercía en el partido la organización separatista Estat Català y sus juventudes; segundo, porque la dirección del partido no lo tuvo en cuenta, como le habían prometido en un principio, como candidato en las elecciones al Congreso de los Diputados que se iban a celebrar en noviembre de 1933. La ruptura total se produjo cuando las juventudes del partido realizaron en el estadio de Montjuïc unos desfiles de estética militar con claros signos de admiración hacia los conceptos autoritarios de la disciplina, obediencia y veleidades de partido único. La asistencia a los desfiles del propio Macià, y otras personalidades de ERC, hicieron estallar una gran polémica en el Ayuntamiento de Barcelona en relación con el uso de infraestructuras municipales y la presencia de cargos electos en los actos. En los enfrentamientos, Bertran de Quintana se postuló en contra de su propio partido al declararse contrario a esas manifestaciones por parte de las Joventuts d’Esquerra i d’Estat Català. Ese fue el principio del fin de Bertran en ERC. En sus intervenciones en el pleno municipal declaró que ERC se encaminaba hacia el fascismo, afirmación que le supuso su inmediata expulsión del partido.

El concejal Casanovas, portavoz de ERC en el ayuntamiento, fue el encargado de dejar públicamente fuera del partido a Bertran de Quintana: «Aquí en el Consistorio sólo he hablado yo. Lamento haber de declarar que desde este momento, el señor Bertran de Quintana queda fuera de la minoría (de ERC) salvo si la dirección del Partido toma otras medidas». El hasta entonces regidor Bertran de Quintana mantuvo su opinión, a pesar de la contundencia del portavoz, e incluso declaró: «No me sorprende la expulsión de ERC y, además, ya la esperaba, pues con ella no se hacía más que aumentar una injusticia a las muchas que ya se habían hecho por parte de los dirigentes de ERC contra mi persona». Bertran prefería dejar el partido antes que traicionar sus ideales, demostrando así su fuerte personalidad, sus ideas pacifistas y democráticas, anteponiéndolas al partido. Él mismo presentó su baja en el partido, así como la del Centro d’ERC de la calle de la França Xica, en el barrio del Pueblo Seco de Barcelona, del que era presidente.

El caso de la disputa de Bertran de Quintana y su expulsión del partido se trasladó a los medios de comunicación y fue aprovechada por otras organizaciones políticas. El semanario El Be Negre volvió a fijarse de nuevo en su persona y en un artículo titulado «En Esquerra no quieren pacifistas» se burlaba de la situación. Así mismo, la Liga Catalana (antigua Liga Regionalista), también aprovechó la figura de Bertran para desacreditar a ERC, su máximo contrincante en las elecciones generales que tenían que celebrarse el 19 de noviembre de 1933. Por su parte, el diario La Segarra, de la Cuenca de Barberá y portavoz de la Lliga en la comarca, publicaba: «El Sr. Bertran de Quintana, regidor de l’Ajuntament de Barcelona i president del Comitè contra la guerra, s’ha separat d’Esquerra Republicana perquè segons diu, amb el feixisme dels escamots, són ells qui la preparen».

Aislado completamente de ERC en el Ayuntamiento, se dedicó a trabajar en total soledad en su distrito hasta las elecciones municipales del 14 de enero de 1934. A pesar de su aislamiento, Bertran de Quintana no dejó de participar y de hacer oposición en la vida municipal barcelonesa. En la sesión del 11 de noviembre de 1933, y ante la propuesta de levantar un monumento a los catalanes voluntarios caídos en la Gran Guerra, Bertran presentó una proposición defendiendo su ideario pacifista de no erigir ningún monumento. Tal como publicó La Humanitat, lo que había de ser un debate pacifista, acabó en una especie de torneo de oratoria. Finalmente, la propuesta de Bertran fue rechazada. Este suceso fue el último enfrentamiento entre ERC y Bertran de Quintana. A partir de ese momento, Josep M. Bertran dejó el ejercicio de la política y se dedicó a presentar por toda Cataluña el Comité Catalán contra la Guerra. Paradójicamente, y a pesar de su odio a la guerra, no sería hasta el inicio de la Guerra Civil que su persona volvería a ser noticia.

### La Guerra Civil: el juez de los cementerios clandestinos

Hasta el estallido de la Guerra Civil, Bertran estuvo vinculado al Partit Sindicalista de Ángel Pestaña. Empezó con diversas colaboraciones y consta su participación en un acto público realizado en septiembre de 1935. Lo que parece claro es que la relación entre Bertran y Pestaña nació de las relaciones establecidas alrededor del Comitè Català contra la Guerra. A partir de 1936, encontramos a Bertran participando activamente en mítines y conferencias del Partit Sindicalista, acentuadas con el estallido de la Guerra Civil y durante los primeros meses del conflicto.

La rebelión militar se gestó justo cuando se proclamó la victoria electoral del Front d’Esquerres en Catalunya y del Frente Popular en España en febrero de 1936. El Ejército español junto con carlistas, falangistas y grupos de extrema derecha prepararon el golpe militar para llevarlo a cabo entre los días 17 y 19 de julio. A nadie le extrañó el levantamiento, lo que no esperaba el Ejército era el fracaso en algo que debía ser inmediato: la caída de la República. El levantamiento fracasó y España quedó dividida entre los defensores de la legalidad y la República (entre ellos Cataluña) y las zonas territoriales donde triunfó el golpe militar. De esta forma lo que empezó como un golpe de Estado acabó en Guerra Civil. España quedó dividida en dos zonas diferenciadas, la una bajo control del ejército insurrecto y la otra bajo control de la legalidad republicana. En ambas retaguardias se practicó una fuerte represión hacia todas aquellas personas o grupos de personas a las que se les consideraba traidores a la causa. En la zona republicana la represión se ejerció sobre todo entre los clérigos o personas cercanas a la Iglesia, así como personas consideradas de derechas o conservadoras (especialmente propietarios industriales o agrícolas), los grupos políticos cercanos a estos o hacia la falange y carlistas. La represión la llevaron a cabo individuos relacionados con el movimiento obrero que, con la primera confusión del levantamiento aprovecharon para ocupar la calle. Fue una represión cruenta en diversas zonas de Cataluña y en ningún momento tuvo el apoyo de las autoridades republicanas; es más, a diferencia de la retaguardia donde había triunfado el golpe, las autoridades republicanas intentaron por todos los medios impedir este tipo de represión ilegal, cosa que en la zona rebelde no solo no se intentó parar sino que, además, se consintió y se fomentó. La Generalidad, intentó por todos los medios posibles, desde el mismo inicio de la guerra y la avalancha violenta, salvar vidas de personas en peligro de muerte, autoridades municipales y particulares de las diferentes poblaciones del país. El mismo Josep Maria Bertran salvó la vida de su sobrino, Carlos Trias Bertran, quien consiguió llegar a Marsella gracias a la actuación de su tío. Pero la Generalidad, a pesar de sus esfuerzos, no controló la situación de violencia desencadenada hasta mayo de 1937, cuando ya habían sido asesinadas un mínimo de 8360 personas, cifra en la que se contabilizan a todas las víctimas, desde las juzgadas por un Tribunal Popular y condenados a la pena máxima hasta aquellas que conducidas hasta un lugar solitario, alejado de cualquier núcleo urbano, asesinadas y abandonados sus cuerpos o enterrados de forma clandestina en un fosa común. Pero incluso antes de recuperar el control del orden público el gobierno catalán había decidido investigar y perseguir los asesinatos de su propia retaguardia. El 22 de abril de 1937, el presidente del Tribunal de Casación de Cataluña, Josep Andreu i Abelló, apoyado por el entonces consejero de Justicia, Joan Comorera (PSUC), creó por Orden un Juzgado Especial que debía investigar los excesos de los primeros meses de la guerra, y nombró para dirigirlo a tres magistrados: Josep Maria Bertran de Quintana, Josep Vidal Letcha y Antonio Fernández Ros. La Generalidad en aquella época tenía jurisdicción propia respecto a la Administración de Justicia, e inicialmente las investigaciones las ideó y lideró esta administración, pero a partir del mes de mayo de 1937 perdió competencias y el Gobierno republicano intentó controlar la administración catalana. En el nuevo contexto, el departamento de Justicia, ahora encabezado por Pere Bosch Gimpera, no solo mantuvo su autonomía respecto a la cuestión de las investigaciones alrededor de los asesinatos perpetrados en la retaguardia republicana, sino que también contó con el total apoyo del Gobierno central. El hecho era significativo: para la supervivencia de la República era importante demostrar su integridad de actuación durante los primeros meses del conflicto, cuando en diversas zonas que se habían mantenido leales se perpetraron numerosos asesinatos de personas religiosas, consideradas de derechas o públicamente fieles a los sublevados. El Gobierno republicano quería y debía mostrarse firme en la persecución de estos crímenes: era importante demostrar que la justicia era independiente de cualquier poder político y hacer ver a la comunidad internacional que la República no iba a permitir más muertes y persecuciones arbitrarias. De los tres magistrados, el que llevó a cabo la mayor parte del trabajo y le dedicó más tiempo fue Josep Maria Bertran de Quintana, que pronto obtuvo jurisdicción sobre todo el territorio catalán. Hasta ese momento Bertran, en septiembre de 1936, había sido designado letrado asesor de la oficina jurídica que la Generalidad abrió en Gerona, teniendo como misión principal revisar los procesos penales y de carácter social instruidos por los juzgados de la Audiencia de la ciudad, así como examinar las actividades contrarias a la República, la represión contra la usura y estafas cometidas, accidentes de trabajo, pago de salarios, etc. Resumiendo, se hizo cargo de sumarios relacionados con aspectos laborales y aspectos penales relacionados con la persecución de gente contraria a la República. Al cabo de tres meses, el 8 de diciembre de 1936, fue nombrado de forma interina, por orden del entonces conseller de Justicia Andreu Nin, juez del Tribunal Popular Local Número 15 de Barcelona, consolidándose en su carrera judicial iniciada de hecho hacía muy poco tiempo. Afianzamiento que sería definitivo cuando el 15 de junio de 1937 fue nombrado magistrado y presidente del Tribunal Industrial de Barcelona. Con este nombramiento se premiaba su labor, pero a la vez se pretendía aprovechar su experiencia en el mundo laboral como empresario y su etapa en Gerona como letrado asesor. El 22 de junio tomó posesión del nuevo cargo, después de realizar la oportuna promesa. Pero a pesar del nuevo cargo, Bertran de Quintana tardaría en desarrollar las labores propias de su nuevo nombramiento, puesto que a pesar de tomar posesión, se le requirió desde el Govern de la Generalidad para un nuevo encargo: investigar los cementerios clandestinos aparecidos desde el inicio de la Guerra Civil. Pronto empezó a indagar, siguiendo siempre una dinámica muy parecida de funcionamiento. Abordar el caso de los cementerios clandestinos era, inicialmente, sencillo: a partir de una denuncia o carta enviada al juez denunciando la desaparición de una persona, la perpetración de un asesinato o indicando la existencia de una fosa común, el juez iniciaba un sumario para dilucidar los hechos. Los denunciantes pretendían poder rescatar los restos de sus allegados y trasladarlos al cementerio. Las denuncias en forma de carta explicaban las circunstancias, aportaban el máximo de datos posible e incluso adjuntaban fotografías:

En otras ocasiones los denunciantes explicaban cómo se habían producido los hechos alrededor de la desaparición de sus familiares, relatos que, por otra, parte, son una buena fuente de información para conocer cómo actuaban las patrullas de control, principales protagonistas de los asesinatos:

En cada uno de los sumarios instruidos en las diferentes poblaciones se tomaban declaraciones, se personaban en la fosa común las autoridades locales y tanto los forenses como el juez estaban presentes en las exhumaciones. En Sitges, por ejemplo, se levantó acta de la exhumación en el cementerio:

A partir de todas las denuncias recibidas, alentando a las autoridades municipales a colaborar, se empezaron, en medio de la guerra, las investigaciones y las exhumaciones de cadáveres. Estas se realizaban con la presencia de forenses, que tomaban nota y certificaban todo lo que se debía resaltar para determinar la causa de la muerte y una posible identificación, para acto seguido proceder a ordenar la detención de los presuntos culpables. Eran interrogados por el juez, que incluso a veces realizaba un cara a cara con familiares de las víctimas y los presuntos culpables y un registro de sus casas para localizar pruebas, registros en los que el juez Bertran de Quintana siempre estuvo presente. Desde junio y hasta noviembre de 1937 se exhumaron 2.073 restos de fosas aparecidas en Molins de Llobregat (topónimo primitivo –t.p.- Molins de Rey); Roses de Llobregat (t.p. San Feliú de Llobregat); Moncada y Reixach; Les Corts; Prat de Llobregat; Sitges, Tarrasa, Villanueva y Geltrú, Barcelona, Olot, La Escala…. y hasta en catorce municipios más.

En las exhumaciones el forense realizaba una minuciosa descripción de cada uno de los cadáveres y se creaba una ficha donde se describían los objetos que se habían localizado junto a los restos. Además, en los casos en los que esto era posible, la ficha se complementaba con trozos de las telas de las ropas que aún se conservaban en los restos de la víctima. Así mismo, se permitía a las familias de las víctimas estar presentes en la apertura de la fosa. Uno de los cadáveres exhumados en la fosa común de Moncada y Reixach era descrito de la siguiente forma: «Cadáver señalado nº 1: cadáver de sexo masculino de 25 a 30 años de edad, talla 1.70 metros, hábito normal, casi calvo, dentadura completa, estado de conservación esquelética, vistiendo pantalón de golf grueso, jersey de lana color granate, corbata color verde cuadros blanco (...)». Y respecto a la causa de la muerte, en este caso se concluía: «Cadáver nº1: presenta estallamiento de la bóveda craneal, interesando occipital, parietal y temporal, con probable agujero de entrada en el frontal y en el occipital producida por arma de fuego, que le ocasionó la muerte por hemorragia interna datando la misma de 12 a 13 meses».

Desde la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de la República se realizó una excelente tarea para dilucidar los asesinatos que se habían cometido en su propia retaguardia en los primeros meses del conflicto. Pero esta voluntad y ánimo de demostrar la inocencia por parte de los poderes públicos respecto a la responsabilidad sobre estos crímenes quedó frenada por cuestiones políticas. Las investigaciones, mantenidas sobre todo por el juez Josep Maria Bertran de Quintana de los tres que inicialmente habían sido designados para el caso, provocaron un constante goteo de detenciones de personas vinculadas a partidos de izquierdas y sindicatos, dando lugar a un creciente malestar entre estos. La Generalidad, presionada por el PSUC y con el argumento de que las investigaciones estaban debilitando la causa republicana, tuvo que cerrar en diciembre de 1937 las indagaciones alrededor de los cementerios clandestinos. Un resumen del 18 de noviembre de 1937 especificaba que desde el mes de mayo habían sido procesadas 175 personas. De ellas, 32 estaban ausentes, 128 pasaron por prisión y 15 personas quedaron en libertad provisional después de ser detenidas.

La labor del juez Bertran de Quintana no pasó desapercibida ni durante ni después de la guerra civil, unas veces para ser utilizada como prueba de los desmanes en la retaguardia de la República y otras para elogiarla. En este sentido, Francisco Cambó, líder de la Liga Catalana afirmó:

Así mismo, el líder falangista catalán José María Fontana Tarrats también dedicó unas líneas de sus memorias a la tarea realizada por Bertran, destacando en este caso su valentía y los impedimentos que las autoridades republicanas le plantearon y que tuvo que afrontar:

### Represión y exilio

Interrumpido el sumario de los cementerios clandestinos, el juez Bertran de Quintana tomó posesión real del cargo que hasta el momento no había ocupado, el de presidente del Tribunal Industrial de Barcelona. Era una forma de desaparecer de la vida pública y también de luchar contra la decisión de finiquitar las investigaciones de los crímenes perpetrados en la propia retaguardia por las autoridades políticas. No pudo, a pesar de todo, cumplir plenamente con sus obligaciones, puesto que las tensiones y el estrés acumulado sufrido como juez especial del sumario de los cementerios clandestinos le pasaron factura. Su salud se resintió y tuvo que ausentarse de sus obligaciones para recuperarse. El médico que lo visitó confirmó que el juez sufría una astenia generalizada —resultado probablemente del estrés y la fatiga acumulados—, así como una bronquitis crónica. Una mala salud que ya no le abandonará y de la que se resentirá, sobre todo, en el exilio. El 24 de enero de 1939, cuando las tropas franquistas ya habían cruzado el río Llobregat y se disponían a entrar a Barcelona, Josep Maria Bertran de Quintana y su esposa, Valentina, se dirigieron a la frontera con Francia, conscientes de que las nuevas autoridades no iban a perdonarle su implicación en la política republicana y de que si optaban por permanecer en el país, su vida corría peligro. Cruzaron por El Pertús el 29 de enero, iniciando así un largo exilio que perduraría hasta su muerte en México DF el 5 de febrero de 1960. En Francia pasó por el pueblo de Saint-Sulpice (Midi-Pyrénées) y, posteriormente, se instaló unos días en Toulouse para tramitar con las autoridades del Consulado español un certificado de nacionalidad que debía ser firmado por el cónsul franquista. Ante esta exigencia, Bertran mostró su absoluto desacuerdo y expuso en una carta lo absurdo que resultaba la situación, con lo que demostraba una vez más su fuerte carácter y su compromiso con la República:

Ante la insistencia de Bertran, las autoridades francesas accedieron a concederle un permiso para poder transitar por el Estado francés. De vuelta en Saint Suplice, consiguió un trabajo como profesor que le permitió mantenerse en una situación estable hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando el matrimonio decidió que Valentina volviese a Barcelona, lo que se produjo el 30 de septiembre de 1940. Mientras tanto, Bertran de Quintana decidió permanecer en Francia, a pesar de la insistencia de su hermano, arquitecto afincado en México, para que se trasladase al país azteca. El 30 de junio de 1941 las autoridades francesas le detuvieron con el argumento de que debían concentrar a todos los extranjeros que por edad no podían integrar las Compañías de Trabajadores. Era tan solo un pretexto, ya que los verdaderos motivos de la detención eran políticos, tal y como las mismas autoridades reconocían en un documento fechado en febrero de 1942: «La Commission de Criblage l’avait retenu en raison du fait été le Secrétaire de M. Companys; President de la Généralité de Catalogne»64.

A continuación, fue trasladado al campo de prisioneros de Vernet d’Ariège (Tarn) donde, con una salud muy precaria, estuvo hasta el 5 de diciembre. Después fue trasladado al campo de Noé (Alto Garona) y de este, por complicaciones en su sistema respiratorio, al sanatorio de La Guiche, donde se internaba a los enfermos de tuberculosis detectados en los campos de refugiados del sur de Francia. Allí se quedó hasta el 9 de marzo de 1942, cuando con los permisos necesarios y auspiciado por la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos) pudo dirigirse a Marsella para embarcarse el 14 de abril en un barco francés que le llevó, primero a Casablanca y, posteriormente, en el Nyassa, a México, a donde llegó el 22 de mayo.

Josep Maria Bertran de Quintana se instaló en la capital, donde, delicado de salud y sin recursos económicos, fue apagándose. El 3 de junio de 1942 ingresó en el Sanatorio Español, en el que le detectaron una tuberculosis pulmonar y una ligera insuficiencia cardiaca y al salir, al cabo de unos meses, se instaló en casa de su hermano. Durante ese tiempo su máxima preocupación fue conseguir recursos económicos, dado que su deteriorado estado de salud le impedía encontrar trabajo. Solicitó ayuda a la JARE y también la tarjeta médico-farmacéutica en cinco ocasiones, hasta que a finales de 1942 recibió 695 pesos en diferentes subsidios. En los primeros meses de su permanencia en México la suerte no le acompañó. A pesar de que el 13 de febrero de 1943 recibía un nuevo subsidio de cien pesos, el día 23 fue atropellado, resultando gravemente herido y sufriendo una conmoción cerebral. Fue ingresado otra vez hasta el 2 de marzo y luego las secuelas le obligaron a mantenerse en cama durante una larga temporada. Finalmente su situación se estabilizó, con la obtención de un subsidio de 90 pesos mensuales a partir de mayo de 1943. Ya más recuperado, en 1948, tras conseguir la tarjeta de identificación que le permitía dedicarse a actividades remuneradas por parte de las autoridades mexicanas, pudo desplazarse a Francia para reencontrarse con su mujer, Valentina. Juntos se trasladaron a México, donde permanecieron, sin que destaque actuación profesional ni política alguna, hasta la muerte de Bertran de Quintana el 5 de febrero de 1960. Valentina regresó a Barcelona, ciudad en la que, a pesar del perfil antifranquista de su marido, celebró en 1961 una misa en su honor en la iglesia de Sant Ildefons.

El juez del sumario de los cementerios clandestinos había marchado a Francia, primero, y posteriormente a México, había sufrido por sobrevivir, había tenido problemas de salud y había muerto en el exilio, pero su derrota personal no fue impedimento para que las autoridades franquistas le persiguiesen e intentasen expoliarlo económicamente. La justicia del Régimen aplicó a Bertran de Quintana las dos leyes que, a pesar de encontrarse fuera del país y según la nueva autoridad, se le podían aplicar: la ley para la represión de la masonería y del comunismo y la Ley de Responsabilidades Políticas.

Bertran de Quintana había ingresado en la masonería el 5 de mayo de 1932 con el nombre simbólico de Agis en una logia histórica llamada Logia Lealtad. Fundada en 1869, era la única logia catalana activa que estaba bajo los auspicios del Gran Oriente Español de Cataluña, aunque había pasado por dificultades. Destacaba entre sus miembros Lluís Companys, que había entrado en 1922, y es posible que este fuera el motivo por el que Bertran la escogiera. Pertenecer a la masonería no era extraño entre los políticos catalanes; de hecho, en el primer Parlamento catalán de 1932 había hasta nueve diputados masones y destacados políticos de diversos partidos eran masones. El juez Bertran, sin embargo, permaneció poco tiempo en la organización, puesto que en enero de 1934 solicitó su salida, coincidiendo con su abandono del Ayuntamiento de Barcelona. Probablemente haya que buscar las causas en las tensiones de aquella época, ya que, aunque en principio las opiniones políticas o puntos de vista de los miembros no debían entorpecer el funcionamiento de las logias, a menudo era inevitable que se trasladaran a estas. Según la documentación recopilada por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el antiguo juez era «orador adjunto» y llegó hasta el segundo grado dentro de su logia; es decir, estaba en las reuniones al lado izquierdo del Maestro, sintetizaba las discusiones y debía pronunciar los discursos sin que destacase en otra actividad más allá de la asistencia a reuniones o formar parte de alguna comisión, como las de hacienda, beneficencia o justicia. Cuando se inició su persecución por masón, en noviembre de 1944, fue de rápida ejecución. En diciembre se solicitaban antecedentes y se iniciaba la «busca y captura de dicho encartado», y en enero de 1945 ya se le consideraba en rebelión. Seguidamente, fue decretaba la prisión provisional y penado a reclusión menor con sus accesorias correspondientes.

La otra ley represiva que le fue aplicada a Josep Maria Bertran de Quintana fue la de Responsabilidades Políticas. Su expediente se abrió el 27 de febrero de 1940 y no se cerró hasta el 22 de mayo de 1947, con el sobreseimiento del caso, tras aplicársele la absolución decretada el 27 de noviembre de 1945 para todos aquellos que no tuviesen bienes superiores a 25.000 pesetas. Sin embargo, la intención de penarle y expropiar su capital y propiedades queda bien patente en el expediente. Se observa cómo durante dos años se solicitaron datos económicos e informes varios a Falange, al cura de su parroquia, a los vecinos, creando de ese modo una fotografía muy completa del que había sido juez. Fue un trabajo concienzudo, dado que el perfil descrito por la Dirección General de Policía de Barcelona se ajusta del todo a la realidad, más allá de las valoraciones políticas que se formulan. De forma paralela, también se localizan todos los bienes de Bertran y los de su mujer:

En todas las informaciones recogidas sale a la luz que Bertran de Quintana había asumido la tarea de la persecución de los crímenes en la retaguardia de la República; sin embargo, esta circunstancia, en lugar de servirle como atenuante, actuó en el sentido contrario. Así, desde el Ayuntamiento de Barcelona se informa de lo siguiente:

En la sentencia final de Josep Maria Bertran de Quintana se destacaba que había sido el juez de los cementerios clandestinos, pero no recogía ninguna de las acusaciones condenatorias emitidas por diversos organismos o personas. El entonces presidente del Tribunal en Barcelona, Manuel de la Prada y Sedas, ordenó la incoación del expediente y declaró a Bertran culpable de delitos graves:

A pesar de que no fue una de las penas más duras impuestas por el citado Tribunal y de que la sanción económica puede considerarse incluso leve, el destierro a Soria tuvo que representar un castigo de peso. Al final de su vida, perseguido en España y exiliado en México, el juez Josep Maria Bertran de Quintana, de quien no consta que dejase escritos, fue apagándose y cayendo en el olvido.

