Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense
# Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense

La Ley de protección del Personal de Servicio Estadounidense (en inglés, American Service-Members' Protection Act o ASPA, Título 2 de la Ley 107-206, H.R.4775, 116 Stat. 820) es una ley que tiene como objetivo "proteger al personal militar de los Estados Unidos y otros funcionarios elegidos y nombrados del gobierno contra enjuiciamientos por la Corte Penal Internacional de la que Estados Unidos no es parte".

La ley, presentada por el senador Jesse Helms y el representante Tom DeLay (ambos del Partido Republicano), fue una enmienda a la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2002 orientada a compensaciones por ataques terroristas en los Estados Unidos o en respuesta a ellos (HR 4775). El proyecto de ley fue promulgado por el presidente George W. Bush el 2 de agosto de 2002.

## Efectos

La ASPA autoriza al presidente de los Estados Unidos para usar "todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier estadounidense o personal aliado que esté detenido o encarcelado por, en nombre de, o a solicitud de la Corte Penal Internacional". Esta autorización ha llevado a que la ley sea apodada "Ley de Invasión de La Haya", porque la liberación por la fuerza de las personas consideradas por la ley sería posible solo a través de una invasión de la ciudad de La Haya, sede de varios tribunales penales internacionales y del gobierno de los Países Bajos.

La ley prohíbe a los gobiernos y agencias federales, estatales y locales (incluidos los tribunales y las agencias de aplicación de la ley) ayudar al tribunal. Por ejemplo, prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte; prohíbe la transferencia de información de seguridad nacional clasificada e información de aplicación de la ley al tribunal, y prohíbe a los agentes del tribunal realizar investigaciones dentro de los EE. UU.

La ley también prohíbe la ayuda militar de Estados Unidos a aquellos países que hayan ratificado el Estatuto de Roma y, por ende, sean parte de la corte. Algunas excepciones se permiten a aquellos países que formen parte de la OTAN, sean aliados militares de la OTAN y Taiwán, aun cuando oficialmente Estados Unidos no reconoce a ese territorio como independiente. La normativa también puede excluir también a países que firmen acuerdos con los Estados Unidos, bajo el artículo 98 del Estatuto de Roma, que acuerden no entregar ciudadanos estadounidenses a la Corte Penal Internacional.

El presidente de los Estados Unidos puede suspender la aplicación de esta prohibición si determina que hacerlo es "importante para el interés nacional de los EE.UU.".

