In the United States, civil society groups are attempting to use the Alien Tort Claims Act (ATCA), dating from 1789, to sue American-based transnational corporations for damages for alleged violations outside of the United States of international law, including international human rights and environmental law.
En los Estados Unidos, algunos grupos civiles están tratando de utilizar la Ley de demandas de extranjeros por delitos civiles, de 1789, para exigir daños a las empresas transnacionales con sede en ese país por presuntas violaciones del derecho internacional, inclusive las normas internacionales de derechos humanos y el derecho ambiental, cometidas en el extranjero.