On this basis, the State had a duty to warn shipping vessels of the minefield, and its failure to do so constituted an omission for which it was internationally responsible.
En consecuencia, el Estado tenía el deber de avisar a los buques que navegaban por el Canal de la existencia del campo de minas, por lo que, al no hacerlo, incurrió en un delito de omisión del que era responsable internacionalmente.