Finally, in response to the buyer's argument that its complaint did not establish that the case arose under federal law, the court held that the CISG, as a treaty to which the United States was a party, preempted state law by virtue of the Supremacy Clause of the federal constitution and that the facts pleaded in the complaint showed that the CISG governed.
Por último, frente a los argumentos esgrimidos por el comprador en el sentido de que la demanda no establecía que esa causa se rigiera por la legislación federal, el tribunal sostuvo que, al ser la CIM un tratado en el que los Estados Unidos eran parte, prevalecía sobre el derecho estatal en virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal, y que los hechos alegados en la demanda demostraban que este caso se regía por la CIM.