This principle is underlined by the safeguards provided for judges in the Organization of the Judiciary Act, which stipulates that the honour of the judiciary and the integrity and impartiality of judges form the basis of Government and constitute a guarantee of rights and freedoms.
Ese principio se ve realzado por las salvaguardias previstas para los jueces en la Ley sobre la Organización de la Judicatura, que estipula que el honor de la judicatura y la integridad y la imparcialidad de los jueces forman la base del gobierno y constituyen una garantía de los derechos y las libertades.