The Guerrero State Commission for the Defence of Human Rights had issued a recommendation concluding that torture had occurred and recommending that the State Attorney-General should launch administrative disciplinary proceedings.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero emitió una recomendación en la que concluyó que había existido tortura y recomendaba al Procurador General de Justicia del Estado el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.