It therefore adopted the National Ordinance on the Implementation of the Convention against Torture (AB 1999 No. 8), defining the criminal offence of torture - including a precise definition of the offence itself - as perpetrated by public officials.
Por consiguiente, aprobó la Ordenanza nacional sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura (AB 1999 Nº 8), en la que se tipifica el delito de tortura cometido por funcionarios públicos y se incluye una definición precisa del delito propiamente dicho.