Luxembourg noted that, in its law, the public right of action arising from a serious offence was limited to 10 years from the day the offence was committed and to three years in the case of a serious offence.
Luxemburgo observó que, de acuerdo a su legislación, el derecho público a iniciar una acción a raíz de un delito grave se limitaba a 10 años desde el día en que se cometía el delito y a tres años en el caso de los delitos graves.