An alarming tendency to treat protest and social dissent as a crime has been observed in the conflicts, to which should be added considerable impunity and corruption in the agrarian, criminal and civil justice system, all of which gives the impression that, despite official rhetoric to the contrary, for the majority of Mexican society the indigenous peoples are expendable.
Se ha advertido una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social en el marco de los conflictos señalados, a lo cual debe añadirse un elevado grado de impunidad y corrupción en el sistema de justicia agraria, penal y civil, todo lo cual conduce a la impresión que los pueblos indígenas, pese a la retórica oficial en sentido contrario, son prescindibles para la sociedad mexicana mayoritaria.