Those measures included: the holding of expert workshops to identify factors conducive to recourse to torture; the establishment of human rights commissions in every Mexican State; the entry into force of the Federal law on torture and of corresponding laws in virtually all the States; the establishment of human rights departments in attorney-generals' offices; and the conduct by the human rights commissions and the Office of the Attorney-General of the Republic of a campaign encouraging the population to report any human rights abuses.
Estas medidas incluían: la organización de seminarios de expertos con la finalidad de identificar los elementos que favorecían el recurso a la tortura; el establecimiento de comisiones estatales de derechos humanos en cada uno de los Estados del país; la entrada en vigor de la Ley federal sobre la tortura y de las leyes sobre tortura en casi todos los Estados; el establecimiento de áreas de derechos humanos en las procuradurías de justicia; y el desarrollo de una campaña, tanto por parte de las comisiones de derechos humanos como de la Procuraduría General de la República, encaminada a animar a la población para que denuncie los abusos de que puedan ser objeto.