A fair and public trial is guaranteed by the rule of two-stage court proceedings (art. 176) and by the right to lodge constitutional complaints with the Constitutional Tribunal concerning conformity with the Constitution of laws and other normative acts that have served a court or other organ in passing final judgement on the civil liberties or duties of citizens.
La norma de los procedimientos judiciales de dos etapas (art. 176) y el derecho a formular denuncias constitucionales ante el Tribunal Constitucional sobre la conformidad con la Constitución y las leyes de otros instrumentos normativos en que se ha basado un tribunal u otro órgano para emitir un dictamen definitivo sobre las libertades civiles o las obligaciones de los ciudadanos, también son garantía de un juicio equitativo y público.