The Court did not impair the rights of States not parties to it, and, when it tried the perpetrator of a crime committed in the territory of a State party, regardless of his nationality, it would not assume extraterritorial powers, but would exercise regular, traditional territorial jurisdiction, as recognized by all modern penal codes.
La Corte no menoscaba los derechos de los Estados que no son partes en ella, y, cuando juzgue al autor de un delito cometido en el territorio de un Estado Parte, sea cual fuere su nacionalidad, no asumirá facultades extraterritoriales sino que ejercerá una competencia territorial ordinaria, clásica y reconocida por todos los códigos penales contemporáneos.