The tight fiscal constraints have resulted in significant arrears in payment of salaries (reported as eight months in December 2002) for most of the 57,000 government employees, who constitute 46 per cent of formal sector employees, and serious reductions in basic social services.
Las rigurosas limitaciones fiscales se han traducido en unos atrasos considerables en el pago de los sueldos (de ocho meses, según informaciones de diciembre de 2002) de la mayor parte de los 57.000 funcionarios gubernamentales, que representan el 46% de los trabajadores del sector estructurado, y en graves restricciones a la prestación de servicios sociales básicos.