However, a subsequent written communication from the Public Ministry's Prosecutor's Office for Criminal Justice indicated that a survey of public prosecutors and law enforcement officers had been conducted to identify any public criminal actions or police investigations concerning cases of racism in the State's administrative regions.
Sin embargo, posteriormente se recibió una comunicación por escrito de la Oficina de Justicia Penal de la Fiscalía del Ministerio Público en la que indicaba que se había realizado una encuesta entre los fiscales generales y los agentes encargados de hacer cumplir la ley para determinar cualquier acción penal pública o investigación policial sobre casos de racismo que se hubiera llevado a cabo en las regiones administrativas del Estado.