In December 1999, the Constitutional Court of 9 judges made unanimously ruled that the provisions in question are in violation of equal rights and the right to work in public posts, and therefore unconstitutional.
En diciembre de 1999, el Tribunal Constitucional, integrado por 9 jueces, falló por unanimidad que las disposiciones de que se trataba constituían una violación de la igualdad de derechos y el derecho a ocupar puestos públicos y eran, por tanto, inconstitucionales.