No criminal proceedings may be instituted against the Banking Commissioner or the Chief Inspector, or against their substitutes, without a prior finding by the Supreme Court of Justice that proceedings should take place.
No podrá iniciarse proceso penal en contra del Superintendente de Bancos y del Intendente de Verificación Especial, o de quienes los sustituyan en el ejercicio de sus cargos, sin que previamente la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar al mismo.