Once informed of the situation of ill-treatment, the juvenile judge, or, in urgent cases, an administrative official, will take the necessary action and is obliged to prevent the recurrence of such offences by ensuring that family rehabilitation and therapy are provided by the competent bodies.
El juez de niñez y adolescencia o un funcionario administrativo en casos de urgencia, informado de la situación de maltrato, tomará las medidas convenientes y está obligado a prevenir la repetición de los hechos para lo cual se debe ofrecer, a través de los organismos competentes, terapia y rehabilitación de la familia.