An exception to this positive trend in the international arena was the continued inaction in Congress on the Rome Statute of the International Criminal Court, even though the treaty had the support of the presidency and human rights organizations, and was the subject of a favourable ruling by the Constitutional Court.
Una excepción a esta tendencia positiva en la esfera internacional fue el hecho de que el Congreso no tomó medidas respecto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a pesar de que el tratado contaba con el apoyo de la presidencia y de las organizaciones de derechos humanos y de que había sido objeto de una opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad.