The Committee pointed out that, although social organizations had a role to play in providing decentralized services in areas involving basic rights, the State had the fundamental role in respect of funding either partially or in full these activities.
El Comité señaló que, aunque las organizaciones sociales tenían una función que desempeñar en la prestación de servicios descentralizados en aspectos que afectaban a los derechos básicos, correspondía al Estado el deber fundamental de financiar en parte o en su totalidad esas actividades.