This may cause developing country stakeholders to question the legitimacy and accountability of international governance processes and outcomes related to ICT and impede both developed and developing countries in achieving their national and international ICT initiatives.
Esto puede hacer que los interesados de los países en desarrollo pongan en duda la legitimidad y la rendición de cuentas de los procesos y resultados de la gestión internacional relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, y puede impedir que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo apliquen sus iniciativas nacionales e internacionales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.