Article 20, section IX, of the Constitution says that the accused in any criminal proceedings “shall be entitled from the start of proceedings to appropriate defence, by himself, by counsel or by a trusted individual”.
El artículo 20 constitucional, allí citado, en su fracción IX establece que el inculpado en todo proceso de orden penal "desde el inicio de su proceso tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza".