National ombudsmen, human rights commissions, trade unions, industrial disputes boards and civil-society or similar institutions should be involved in combating violations of the right to work.
La lucha contra las violaciones del derecho al trabajo compete a las autoridades nacionales y a las comisiones de derechos humanos, los sindicatos, las comisiones sobre conflictos laborales, las instituciones de la sociedad civil o instancias análogas.