The substantive issues most commonly raised included issues relating to the obligation to criminalize participation in an organized criminal group, the obligation to extradite or prosecute offenders, the liability of legal persons, jurisdictional issues and the Protocol obligation to criminalize trafficking in persons.
Las cuestiones de fondo que se abordaron con más frecuencia fueron las obligaciones de penalizar la participación en un grupo delictivo organizado y de extraditar o enjuiciar a delincuentes, la responsabilidad de las personas jurídicas, cuestiones de jurisdicción y la obligación prevista en uno de los protocolos de tipificar como delito la trata de personas.