The Special Rapporteur noted that his mandate is derived from the Commission's concern at the frequency of attacks on judges, lawyers and court officials and its realization of the link existing between the safeguards for the judiciary and lawyers and the gravity and frequency of human rights violations.
El Relator Especial observó que la Comisión había establecido este mandato como resultado de su preocupación por la frecuencia de las agresiones contra magistrados, abogados y auxiliares de justicia y tras haber comprobado la existencia de una relación entre el menoscabo de las garantías que deben ampararlos y la gravedad y frecuencia de las violaciones de derechos humanos.