Quite apart from the questionable legitimacy of such courts and proceedings, the list of the accused did not include any of the well-known high-ranking military officers that eye-witnesses and human rights groups had identified as having directed or led the massacres.
Además del aspecto de la legitimidad de esos tribunales y esos juicios, en la lista de acusados no figuraba ninguno de los oficiales militares de alto rango que habían sido identificados por los testigos por los grupos de derechos humanos como participantes o conductores de las masacres.