The Committee understands that the right of persons illegally in Belgium to an effective remedy is threatened by the fact that police officers and assistants to the public prosecutor have the obligation to inform the prosecution and the Aliens Office of the complainant's presence in Belgian territory, which could lead in most cases to the expulsion of the person concerned.
El Comité tiene entendido que el derecho a un recurso efectivo de las personas en situación ilegal en Bélgica se ve amenazado por la obligación impuesta a los funcionarios de policía y a los auxiliares del Fiscal General de informar a las autoridades judiciales y a la Oficina de Extranjería de la presencia en el territorio del querellante, lo que en la mayoría de los casos podría dar lugar a su expulsión.