Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Note verbale dated 17 April 2003 from the Permanent Mission of New Zealand to the United Nations addressed to the Committee The Permanent Mission of New Zealand to the United Nations presents its compliments to the United Nations Security Council 1267 Committee and has the honour to present the report of New Zealand as required under United Nations Security Council resolution 1455 (2003) (see annex). Annex to the note verbale dated 17 April 2003 from the Permanent Mission of New Zealand addressed to the Committee Response of New Zealand to the Security Council Committee under Security Council resolution 1455 (2003) Introduction Consolidated list Financial and economic asset freeze Travel ban Arms embargo
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) Nota verbal de fecha 17 de abril de 2003 dirigida al Comité por la Misión Permanente de Nueva Zelandia ante las Naciones Unidas La Misión Permanente de Nueva Zelandia ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene el honor de presentar el informe de Nueva Zelandia en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (véase el anexo). Anexo a la nota verbal de fecha 17 de abril de 2003 dirigida al Comité por la Misión Permanente de Nueva Zelandia Respuesta de Nueva Zelandia al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad Nueva Zelandia está plenamente comprometida a luchar contra el terrorismo internacional en todas sus formas y a cooperar con las Naciones Unidas y sus Estados Miembros con ese fin. Nueva Zelandia es plenamente consciente de que el régimen de sanciones contra los talibanes y Al-Qaida, administrado por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) (“el Comité 1267”) es un instrumento crucial en la lucha contra el terrorismo y que la cooperación entre los Estados Miembros, el Comité 1267 y el Grupo de Vigilancia es fundamental para mejorar la aplicación de las sanciones. Nueva Zelandia presenta este informe en respuesta a lo establecido en el párrafo 6 de la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, concretamente, en respuesta a las preguntas formuladas en el documento conexo “Directrices para los informes”. Introducción Hasta la fecha no se ha detectado en Nueva Zelandia ningún tipo de actividad de Osama bin Laden, Al-Qaida o los talibanes y sus asociados. Al respecto, no se ha detectado ninguna amenaza ni tendencia concreta. Lista consolidada En Nueva Zelandia se han establecido dos regímenes para aplicar las distintas obligaciones estipuladas en las resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) y 1390 (2002) del Consejo de Seguridad. Ambos regímenes se aplican a las personas y a los grupos u organismos que figuran en las listas preparadas por el Comité 1267. El primer régimen comprende los reglamentos promulgados en virtud de la Ley de las Naciones Unidas, de 1946, que es el medio usual por el cual en Nueva Zelandia se da vigor a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Cuando se aprobó la resolución 1267 (1999), Nueva Zelandia puso en práctica las obligaciones que le incumben en virtud de dicha resolución mediante la promulgación del reglamento de sanciones de las Naciones Unidas (Afganistán) de 1999. Ese reglamento fue posteriormente derogado y reemplazado con el reglamento de sanciones de las Naciones Unidas (Afganistán) de 2001, a fin de dar vigor a las obligaciones establecidas en las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000). A su vez, ese reglamento fue enmendado en 2002 a fin de reflejar las exigencias establecidas en la resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El reglamento, en su forma enmendada, sigue aplicando ciertas sanciones a lo que se denomina “entidades especificadas”, a saber, los talibanes, Osama bin Laden y Al-Qaida, junto con las personas y los grupos asociados designados por el Comité 1267. El segundo régimen es de naturaleza más general y tiene por objetivo esencial poner en práctica las obligaciones establecidas en la resolución 1373 (2001), con particular atención en las obligaciones relacionadas con la financiación del terrorismo. En la medida en que las obligaciones relacionadas con la financiación que figuran en las resoluciones relativas al Afganistán se superponen con las de la resolución 1373 (2001), se las ha fusionado dentro de ese régimen más amplio. Inicialmente, Nueva Zelandia dio vigor a la resolución 1373 (2001) mediante un reglamento provisional, promulgado también en virtud de la Ley de las Naciones Unidas (reglamento de sanciones de las Naciones Unidas de 2001 (represión del terrorismo y medidas relativas al Afganistán)). Ese reglamento fue reemplazado en octubre 2002 por la Ley de represión del terrorismo, de 2002, en que se establece un régimen más amplio dirigido, en particular, a la lucha contra la financiación del terrorismo. En virtud de la Ley de represión del terrorismo, el Primer Ministro, en consulta con determinados ministros, puede designar como “entidades terroristas” a personas, grupos u órganos si se cumplen ciertos criterios establecidos en la ley. Para ello esencialmente se requiere algún tipo de prueba de que existe un vínculo con un “acto terrorista” (según se lo define). Una disposición permite efectuar en primera instancia una designación “provisional”, que se puede realizar rápidamente, pero que vence a los 30 días, a menos que se haga una designación definitiva. Para la designación definitiva es necesario satisfacer un nivel de prueba más riguroso (por ejemplo, “sospecha fundada para considerar” que la entidad ha tenido un tipo particular de participación en uno o más actos terroristas). Si una entidad figura en una lista de entidades terroristas emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se considera que ello es prueba “suficiente” de participación. (La Ley establece claramente que se prevé que dicha disposición se aplica a la lista establecida por el Comité 1267. En virtud de las disposiciones de transición incluidas en la Ley, las personas y los grupos a los que se aplicaba el reglamento relativo al Afganistán a la fecha en que la Ley entró en vigor se tratan como si en relación con cada uno de ellos se hubiera hecho una designación definitiva. En consecuencia, se incluyen todas las personas y los grupos cuyos nombres figuraban en la lista del Comité 1267 al 18 de octubre 2002. A partir de entonces ha sido necesario efectuar una designación separada en relación con cada persona o grupo añadido a la lista del Comité 1267. Ello se realiza de acuerdo con las necesidades. Cuando se hace una designación, se notifica a los bancos y a otras instituciones financieras para velar por que éstos controlen inmediatamente sus registros. También se efectúa una notificación pública. La designación no es permanente. La designación definitiva tiene vigor por tres años, pero se la puede revocar antes del vencimiento de ese plazo. Al finalizar los tres años, la designación se puede prorrogar por otros tres. Para ello es necesario que el Procurador General presente una solicitud a la Corte Suprema que, tras valorar las probabilidades, debe estar satisfecha de que se cumplen los criterios establecidos en la Ley. No debería ser difícil satisfacer esos criterios si una entidad en particular está incluida en una lista de las Naciones Unidas y ha seguido participando en actividades terroristas. Se pueden establecer nuevas prórrogas de tres años si se siguen satisfaciendo los criterios necesarios. La designación tiene varias consecuencias para la entidad. En particular, todos los activos descubiertos y congelados pueden ser oportunamente incautados. Ese tema se examina en más detalle infra. No se han identificado problemas. No se han identificado personas o entidades designadas. Nueva Zelandia nada tiene que informar al respecto. No se aplica. No se aplica. El reglamento de sanciones de las Naciones Unidas relativo al Afganistán, de 2001, incluye varias disposiciones encaminadas a impedir que Al-Qaida reciba distintos tipos de apoyo. Además, como parte de las medidas establecidas para aplicar la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Ley de represión del terrorismo tipifica tres nuevos delitos que son pertinentes en ese contexto, porque Al-Qaida es una entidad designada en virtud de lo dispuesto en la Ley: • Constituye delito reclutar personas para que se hagan miembros de grupos terroristas, a sabiendas de que el grupo u organización es una entidad designada o una entidad que participa en la comisión de actos terroristas. • Constituye delito participar en un grupo terrorista, a sabiendas de que el grupo o la organización es una entidad designada o una entidad que participa en la comisión de actos terroristas y cuando el propósito de la participación es aumentar la capacidad de la entidad de cometer actos terroristas. • Constituye delito proporcionar o recaudar fondos, con la intención de que se utilicen para financiar actos terroristas o sabiendo que se habrán de utilizar con ese fin (este es el delito que debe tipificarse en virtud del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo). Esos delitos se aplican no sólo a conductas cometidas en Nueva Zelandia, sino también fuera del país en determinadas circunstancias, por ejemplo, si el presunto autor es nacional de Nueva Zelandia. Todos esos delitos se reprimen con un máximo de 14 años de prisión. El proyecto de ley de lucha contra el terrorismo, que actualmente está siendo examinado por el Parlamento, incluye varias medidas adicionales encaminadas a reforzar la capacidad de Nueva Zelandia de luchar contra el terrorismo en general. Se tipifican varios nuevos delitos, entre ellos el delito de albergar u ocultar terroristas. Esas normas también podrán utilizarse en relación con las personas incluidas en la lista del Comité 1267. Congelación de activos financieros y económicos En primer lugar, el fundamento jurídico interno para poner en práctica el congelamiento de activos exigido en las resoluciones 1267 (1999) y 1290 (2000) está contemplado en importantes cambios que Nueva Zelandia introdujo en sus leyes internas en relación con el congelamiento de fondos y otros activos financieros o recursos económicos de personas o grupos que presuntamente participan en actividades terroristas. En octubre de 2002 el Parlamento de Nueva Zelandia aprobó la Ley de represión del terrorismo. Según se señaló en la respuesta a la pregunta 2, en la Ley no sólo se ponen en práctica las medidas establecidas en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que también se incorporan los aspectos financieros de las tres resoluciones relativas al Afganistán. La Ley reemplaza el régimen provisional establecido en el reglamento de sanciones de las Naciones Unidas (represión del terrorismo y medidas relativas al Afganistán) de 2001. Ese reglamento (y sus antecesores) habían incluido disposiciones estándar relativas al congelamiento de activos de “entidades especificadas” (es decir, las incluidas en la lista emitida por el Comité 1267). Sin embargo, un examen de las obligaciones impuestas en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas sugirió que era necesario establecer un régimen más amplio. Las características principales del nuevo régimen son las siguientes: • El régimen de congelamiento e incautación establecido en la Ley se fundamenta en que en primer lugar una persona o un grupo debe ser designado de conformidad con el procedimiento descrito en la respuesta a la pregunta 2 (la entidad que se habrá de designar puede estar incluida en una lista de las Naciones Unidas, pero no se trata de una condición necesaria). • La institución financiera u otra persona que sospeche con fundamentos razonables que los bienes que tiene en su poder son o podrían ser de propiedad o estar bajo el control, directo o indirecto, de una entidad designada, o derivan de dichos bienes o han sido generados por ellos, debe informar de la sospecha a la Policía no bien sea viable. Constituye delito la omisión de actuar de ese modo. • El efecto de la designación es que se congelan los activos de la entidad, porque constituye delito negociar a sabiendas con bienes de propiedad o bajo el control de entidades designadas o poner a disposición de ese tipo de entidades bienes o servicios financieros o conexos. Esos delitos se reprimen con una pena máxima de siete años de prisión. • El régimen no se aplica a ciertas negociaciones, por ejemplo, para dar vigor a las excepciones en razón de gastos humanitarios o extraordinarios contemplados en la resolución 1452 (2003). • Si se congelan bienes, el Primer Ministro puede ordenar que se los transfiera a un Síndico Oficial, que se encargará de su administración hasta que se ordene el decomiso definitivo (ese funcionario desempeña una función similar cuando se congela el presunto producto de un delito en virtud de la Ley del producto del delito, de 1991). • Se han establecido salvaguardias para proteger los intereses de terceros de buena fe. • Los bienes congelados pueden ser oportunamente incautados, pero para ello es necesario en primer lugar un mandamiento de la Corte Suprema. En el derecho interno de Nueva Zelandia no se han encontrado impedimentos en ese contexto, ya que todavía no se han identificado activos financieros, fondos o recursos económicos de personas o grupos que presuntamente participen en actividades terroristas. La Policía de Nueva Zelandia es el organismo rector del Gobierno encargado de la lucha contra el terrorismo en el país. Dentro de la Policía de Nueva Zelandia se han establecido estructuras que desempeñan funciones de inteligencia e investigación relativas al terrorismo. Se las complementa con una respuesta intersectorial más amplia a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el terrorismo. Se exige a las instituciones financieras de Nueva Zelandia que se adhieran a los principios de “conocer al cliente”, de conformidad con las disposiciones de la Ley de presentación de informes sobre transacciones financieras, de 1996. En consecuencia, cuando una asociación mantiene cuentas bancarias o de otro tipo, las corrientes de fondos desde y hacia esas cuentas están sujetas a un constante escrutinio de diligencia debida a cargo de la institución pertinente de Nueva Zelandia. Además, es probable que el escrutinio de ese tipo de cuentas sea relativamente estricto en razón de la naturaleza de la asociación y de los riesgos bancarios ordinarios que plantean. Esos riesgos se producen porque las cuentas funcionan con varios signatarios, que actúan en nombre de una organización que normalmente no cuenta con activos de importancia y la institución financiera debe recibir garantías sobre la legitimidad de quienes emiten instrucciones de pago en la cuenta. En consecuencia, es probable que se considere que los pagos hechos en las cuentas que no están relacionados con las actividades usuales de una asociación de ese tipo (por ejemplo, transferencias al exterior o retiros de grandes sumas de efectivo) escapan a lo ordinario y, en consecuencia, son potencialmente sospechosos. Actualmente, en virtud del reglamento relativo a la sanciones de las Naciones Unidas (represión del terrorismo y medidas relativas al Afganistán) de 2001, las instituciones financieras están obligadas a informar a la Policía de Nueva Zelandia de cualquier persona de que sospechen que tenga en su poder fondos vinculados a los terroristas designados. Con carácter más general, en virtud de la Ley de presentación de informes sobre transacciones financieras, las instituciones financieras están obligadas a informar a la Policía de Nueva Zelandia de toda transacción que sospechen esté vinculada al blanqueo de dinero. En consecuencia, el sistema financiero de Nueva Zelandia aplica los principios de “conocer al cliente” para supervisar la actividad de las cuentas y velar por que los fondos en dichas cuentas no se desvíen hacia actividades terroristas. Las organizaciones de beneficencia que desvíen fondos hacia actividades terroristas serían detectadas por los regímenes establecidos en los reglamentos en vigor y en la Ley de represión del terrorismo. Hasta el momento no se han congelado activos. No se aplica, ya que no se han congelado activos. Sírvase remitirse a la respuesta formulada a la pregunta 2 supra para los fundamentos jurídicos internos en vigor para el control de la circulación de fondos o activos hacia personas o entidades designadas. En cuanto a la metodología aplicada para informar a los bancos, cuando se agrega una entidad a la lista del Comité 1267, la Policía de Nueva Zelandia envía una notificación por escrito a todos los bancos registrados, en que se les informa de los nombres de las entidades incluidas en la lista. La Policía de Nueva Zelandia también emite comunicados de prensa y publica notificaciones oficiales en los boletines gubernamentales públicos. La Ley de represión del terrorismo establece que la obligación de presentar informes se aplica a todas las instituciones financieras y las instituciones financieras tienen la obligación general de informar de las transacciones financieras sospechosas en virtud de lo establecido en la Ley de presentación de informes sobre transacciones financieras. En dicha ley se define a las “instituciones financieras” de manera tal que también se incluyen las instituciones financieras no bancarias. Las restricciones a la circulación de bienes como oro, diamantes y otros artículos conexos están incluidas en la Ley de represión del terrorismo, porque éstos están comprendidos en la definición de “fondos” y “bienes”. En la actualidad, las prácticas alternativas de remisión de fondos, como la hawala y otras similares, se rigen por la Ley de presentación de informes sobre transacciones financieras, ya que están comprendidas en la definición de institución financiera. Sin embargo, en la actualidad Nueva Zelandia no requiere para dichas empresas ni autorización para funcionar ni que estén registradas. Prohibición de viajes La prohibición de ingreso al territorio de los Estados Miembros de las Naciones Unidas o el tránsito por ellos tiene vigor en Nueva Zelandia por conducto del Reglamento de sanciones de las Naciones Unidas (Afganistán), de 2001, en la versión enmendada en 2002. El artículo 12A de ese reglamento prohíbe el ingreso a Nueva Zelandia, o el tránsito por su territorio, de las personas designadas por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con excepción de lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 de la resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas. Como salvaguardia, se establece que no se puede expedir un permiso ni un visado para permitir el ingreso a menos que el Secretario de Relaciones Exteriores y Comercio establezca que su expedición se adecua a las obligaciones impuestas a Nueva Zelandia en virtud de la resolución. El artículo 12A tiene vigor en adición a lo establecido en la Ley de inmigración de 1987 y en cualquier otra medida que pueda adoptarse de conformidad con dicha ley a fin de restringir el ingreso a Nueva Zelandia. Se activan alertas fronterizas en los casos en que la Policía de Nueva Zelandia cuenta con detalles suficientes para poner en marcha ese proceso. Las alertas fronterizas se administran por conducto de la Oficina de la Interpol, cada vez que se introduce un cambio en la designación de entidades terroristas. No. En el sistema informático (AMS) utilizado por el Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia se ha incluido una “alerta de nacionalidad”, que informa al funcionario encargado cuando nacionales de Angola, Sierra Leona, Liberia y el Afganistán presentan una solicitud, y esas solicitudes se remiten al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, a fin de que allí se pueda verificar si el nombre está incluido en la lista publicada. Sólo se puede aprobar el ingreso a Nueva Zelandia o el tránsito por el país de nacionales de esos países después de escuchar la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Se han establecido procedimientos adecuados para facilitar esa decisión. A fin de que en el sistema AMS se pueda colocar a una persona en “alerta” es necesario contar con su nombre, fecha de nacimiento, sexo, país de nacimiento y nacionalidad. El Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia acogería complacido recibir del Comité 1267 información adicional que permita identificar a las personas incluidas en la lista a fin de mejorar la aplicación de las disposiciones relativas a las sanciones. El Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia no tiene conocimiento de que hasta la fecha se haya presentado solicitud de visado alguna de personas cuyo nombre esté incluido en la lista. Embargo de armas Nueva Zelandia es miembro de los cuatro principales regímenes internacionales de control de las exportaciones: el Arreglo de Wasenaar (artículos militares y de doble uso), el Grupo Australia (productos químicos y biológicos), el Grupo de Suministradores Nucleares y el Régimen de Control de Tecnología de Misiles. Los artículos sujetos a control en virtud de esos regímenes se incluyen en la lista de artículos estratégicos de Nueva Zelandia (NZSGL). Ese control se pone en práctica por conducto del decreto aduanero de prohibición de exportaciones de 2002, promulgado en virtud de la Ley de aduanas e impuestos indirectos de 1996. La lista se actualiza anualmente a fin de incluir los cambios convenidos en los regímenes de control. Se prohíbe la exportación de los artículos incluidos en la lista, a menos que se cuente con el consentimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Comercio. Para otorgar consentimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio se remite a una serie de criterios preestablecidos. Uno esos criterios es la posibilidad de que el artículo se utilice en actividades terroristas. El reglamento de sanciones de las Naciones Unidas (Afganistán) de 2001, en su versión enmendada en 2002, contiene varias disposiciones relativas al embargo de armas: • El artículo 4 prohíbe la exportación directa o indirecta de armas y material conexo desde Nueva Zelandia a una “entidad especificada” (es decir, una entidad designada por el Comité 1267). Esa disposición se suma al procedimiento en vigor en virtud del decreto aduanero de prohibición de exportaciones, que restringe ciertas exportaciones. Los artículos 5, 6 y 8 otorgan ciertas facultades en relación con las exportaciones prohibidas en virtud del artículo 4 (“exportaciones prohibidas”). Por ejemplo, un funcionario aduanero puede detener todo artículo del que sospeche razonablemente que se trata de una exportación prohibida. • El artículo 7 prohíbe cargar en buques o aeronaves artículos cuya exportación esté prohibida. La obligación de impedir esa carga corresponde al capitán del buque o al comandante de la aeronave. • El artículo 9 establece la prohibición general de que las personas que se encuentran en Nueva Zelandia o los nacionales de Nueva Zelandia en cualquier otra parte realicen transacciones con armas cuando sepan que se prevé que éstas habrán de ser importadas por una entidad especificada o se habrán de suministrar o entregar a una entidad especificada o a orden de ésta. • El artículo 10 prohíbe que en buques o aeronaves de Nueva Zelandia o en los fletados por nacionales de Nueva Zelandia o una entidad constituida en Nueva Zelandia se transporten armas a entidades especificadas. • El artículo 12 contiene una prohibición general de prestar asistencia técnica o capacitación a una entidad especificada, o a solicitud de ésta, relacionada con el suministro, la fabricación, el mantenimiento o el uso de armas o material conexo. La persona que infringe cualquiera de esos artículos comete un delito penal, con la correspondiente responsabilidad. En caso de que se utilice un buque o una aeronave en infracción al artículo 10, es posible que, según las circunstancias, se pueda enjuiciar a distintas personas, en particular al propietario, fletador, capitán de la nave o comandante de la aeronave. También es posible que una infracción determinada del embargo de armas constituya un delito en virtud de otra ley, por ejemplo, alguno de los delitos de carácter general tipificados en la Ley de armas de 1982 o en la Ley de delitos de 1961. Nueva Zelandia cuenta con un amplio régimen de licencias para armas. Sólo las personas autorizadas pueden adquirir un arma de fuego. Antes de conceder una licencia para armas se realiza un estricto proceso de investigación. Sírvase remitirse a la respuesta a la pregunta 20 supra. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio también tiene discreción para solicitar al exportador el certificado de usuario final, a fin de velar por que no se desvíen los artículos del caso. Asistencia y conclusión Actualmente Nueva Zelandia está trabajando (junto con otros donantes) para prestar asistencia a fin de que, como fundamento para la tipificación de las actividades terroristas, los países insulares del Pacífico promulguen legislación eficaz sobre cumplimiento de la ley y control fronterizo. Nueva Zelandia y Australia ayudaron recientemente a financiar a un grupo de trabajo de expertos (que se reunió en Suva en febrero de 2003) encargado de preparar legislación modelo de lucha contra el terrorismo para la región del Pacífico. No se ha identificado esfera alguna. La aprobación en octubre de 2002 de la Ley de represión del terrorismo no sólo permitió a Nueva Zelandia poner en práctica los principales aspectos de la resolución 1373 (2001) del Consejo Seguridad de las Naciones Unidas y, según se señaló precedentemente, de las resoluciones relativas al Afganistán, sino que también incluyó las medidas necesarias para dar vigor al Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999). Nueva Zelandia pasó a ser parte de ambos convenios en noviembre de 2002 y es ahora parte de 10 de los 12 instrumentos internacionales relativos al terrorismo. Según se señaló precedentemente, el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo incluye una serie de medidas adicionales de lucha contra el terrorismo. En el proyecto de ley, que se prevé habrá de ser aprobado durante el presente año, se incluyen las disposiciones necesarias para poner en práctica los dos convenios restantes relativos al terrorismo: la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (1979) y el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (1991). También se puede considerar que el terrorismo es una forma de delincuencia transnacional, que constituye un problema cada vez mayor para todos los países. En reconocimiento de que es necesario establecer iniciativas internacionales, pero que éstas sólo pueden ser eficaces si gozan de apoyo amplio, en 2002 Nueva Zelandia también promulgó legislación a fin de dar vigor a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y dos de sus protocolos, los relativos a la trata de personas y el contrabando de migrantes. Nueva Zelandia ya cumplía las obligaciones establecidas en la Convención en relación con el blanqueo de dinero y la presentación de informes sobre transacciones financieras sospechosas, pero necesitaba realizar un pequeño número de enmiendas de otro tipo. Entre ellas se incluyó la tipificación del delito de contrabando de personas y la participación en un grupo dedicado a la delincuencia organizada. También se efectuaron varios cambios en la legislación a fin de hacer más eficaces las leyes relativas a los documentos de viaje, en particular agravando las penas correspondientes al uso de documentos fraudulentos o falsificados.