The Court first ruled that the applicability of CISG had not been excluded by a choice-of-law clause in the plaintiff's invoice, which stipulated that all transactions were “subject to Swiss law”.
El Tribunal sostuvo, en primer lugar, que con la existencia de una cláusula de elección de ley aplicable en la factura del demandante, que estipulaba que todas las transacciones se regirían “por el derecho suizo”, no había quedado excluida la aplicación de la CIM.