It was also noted that some of the grounds upon which enforcement could be refused might not be covered by a public policy ground, in particular subparagraph (iv) which referred to the situation where an interim measure had been terminated, suspended or amended by the arbitral tribunal.
Se ha observado además que algunos de los motivos por los que cabía denegar la ejecución no estarían tal vez englobados en la noción de orden público, particularmente el motivo enunciado en el inciso iv), en el que se hablaba del supuesto de que una medida cautelar hubiera sido revocada, suspendida o modificada por el tribunal arbitral.