Although a presidential commission and a special prosecutor's office were established in mid-2002 to investigate threats against human rights activists, neither has received any significant financial support or meaningful degree of collaboration from other institutions.
Si bien a mediados de 2002, se crearon una comisión presidencial y una fiscalía especial para investigar las amenazas contra activistas de derechos humanos, ni la comisión presidencial ni la fiscalía especial han recibido un apoyo financiero importante o un grado significativo de colaboración de otras instituciones.