In the State party's view, political lobbying does not enable the State to examine individual complaints in the way a legal action does. It cannot lead to any legal determination that an individual's rights have been violated.
En opinión del Estado Parte, el cabildeo político no permite al Estado examinar las denuncias presentadas por particulares de la manera en que lo hacen las acciones judiciales, pues no puede llegar a determinar jurídicamente si se han violado los derechos de una persona.