The Committee also notes the exchange of arguments between the complainant and the State party concerning the alleged risk to the complainant of being subjected to torture and considers that the complainant has not provided sufficient evidence to show that she runs a foreseeable, real and personal risk of being tortured in Venezuela.
Asimismo, el Comité toma nota de los argumentos esgrimidos por la autora de la queja y el Estado Parte sobre los riesgos de tortura que supuestamente correría la autora de la queja y estima que esta última no ha proporcionado elementos suficientes que demuestren que en Venezuela correría un riesgo previsible, real y personal de ser sometida a tortura.