This "dispensation" for States parties should not be construed as a justification for the deprivation of the life of individuals, albeit lawfully sentenced to death, and does not make the execution of a death sentence strictly speaking legal.
Esta "dispensa" otorgada a los Estados Partes no puede interpretarse como una justificación de la privación de la vida de las personas, aunque éstas hayan sido condenadas legalmente a muerte, ni hace que la ejecución de una sentencia de muerte sea estrictamente legal.