The Commission's decision to undertake work in the area of secured credit law was taken in response to the need for an efficient legal regime that would remove legal obstacles to secured credit and could thus have a beneficial impact on the availability and the cost of credit.
La decisión de la Comisión de que se empezara a estudiar el tema del régimen legal aplicable al crédito financiero garantizado se adoptó en respuesta a la necesidad de un régimen legal eficiente que eliminara todo obstáculo jurídico a la negociación de créditos garantizados y que pudiera, por ello, repercutir favorablemente en la oferta de crédito a menor costo.