Following these recommendations, the government announced that if the Attorney General, the Trial Judge and the Minister of Justice were in conformity on the execution of the death sentence, then it would be implemented in instances where individuals have been found guilty of committing the aforementioned heinous crimes.
En cumplimiento de estas recomendaciones, el Gobierno anunció que si el Fiscal General, el juez competente y el Ministro de Justicia estaban conformes sobre la ejecución de la pena de muerte, ésta se llevaría a cabo en los casos en que los condenados hubieran sido declarados culpables de cometer los crímenes abominables antes mencionados.