Based on this article the courts have jurisdiction to judge whether statutory provisions, including the provisions in National Ordinances, comply with the basic human rights provisions set out in chapter I of the Constitution.
Sobre la base de este artículo, los tribunales son competentes para juzgar si las disposiciones reglamentarias, en particular las disposiciones de las ordenanzas nacionales, son compatibles con las disposiciones relativas a los derechos humanos básicos consagrados en el capítulo I de la Constitución.