The Government's decision to pay these groups prompted sharp criticism, in the light of their involvement in past human rights violations and the absence at that time of a reparations programme for victims of abuses committed during the conflict.
La decisión del Gobierno de efectuar un pago a esos grupos suscitó fuertes críticas, debido a que los patrulleros habían participado en violaciones de los derechos humanos y a que a la sazón no se contaba con un programa de resarcimiento para las víctimas de los abusos cometidos durante el conflicto.