The Attorney-General may, where necessary or in case of urgency, issue a provisional order barring an accused person or his spouse or minor children from disposing of or administering his assets, by submitting the case to the competent criminal court within a maximum of seven days from the date of its issuance.
Asimismo, en caso necesario o en situación de urgencia, el fiscal general puede prohibir, temporalmente, que la persona acusada, su cónyuge o hijos menores de edad dispongan de los fondos en cuestión o los administren, siempre que la orden se eleve al tribunal penal competente en el plazo máximo de siete días desde la fecha de su adopción.