Since May 2000, the Government has instructed that although children soliciting for prostitution are criminally liable, in practice they are to be treated as victims of exploitation and abuse.
Desde mayo de 2000, el Gobierno ha dado instrucciones de tratar a los niños en la práctica como víctimas de la explotación y el maltrato, a pesar de que por ejercer la prostitución callejera sean penalmente responsables.