The United States of America, which, while not alone, is the State that has the greatest recourse to this type of measure, has ignored international demands and has continued its policy of imposing sanctions and embargoes: in mid-1996, its Senate adopted the D'Amato-Kennedy Act, which penalizes foreign companies and individuals that invest in the Libyan oil sector.
Los Estados Unidos de América que, pese a no estar solos, son el Estado que más recurre a este tipo de medida, ha desoído las exigencias internacionales y ha persistido en su política de imposición de sanciones y embargos; a mediados de 1996, su Senado aprobó la ley D'Amato-Kennedy, que castiga a las empresas y las personas extranjeras que inviertan en el sector petrolero libio.