As the Minister of Justice has no such power under the deportation process, the State party was able to exclude the author from the protections afforded by the extradition treaty and no review of the appropriateness of requesting assurances was ever carried out.
Como el Ministro de Justicia carece de esas facultades en el proceso de deportación, el Estado Parte pudo privar al autor de los mecanismos de protección previstos en el Tratado de Extradición y jamás se reexaminó la oportunidad de exigir garantías.