The proposed non-surrender agreements would undermine not only the integrity of the Court but also the very principle of territorial jurisdiction of States, of which the International Criminal Court was an extension, and also the jurisdiction of States over their own nationals, a fundamental principle which should not be undermined by any agreement concluded with States parties.
Los acuerdos propuestos para evitar la entrega de nacionales socavarían no sólo la integridad de la Corte, sino el principio mismo de la jurisdicción territorial de los Estados, de la que la Corte Penal Internacional representa una ampliación, así como el de la jurisdicción de los Estados sobre sus propios nacionales, principio fundamental que no debe menoscabar ningún acuerdo concertado entre los Estados Partes.