Bank Indonesia is not vested with regulatory power to impose penal sanctions to banks because such penal sanctions (in the form of payment of a sum of money to the State Budget and/or in the form of physical punishment) shall derive from the existing laws and shall be decided by the judge in accordance with due process of law.
Este último no tiene facultades reglamentarias para imponer sanciones penales a los bancos, porque esas sanciones penales (ya sea en forma de pago de una suma de dinero al presupuesto estatal, o en forma del castigo físico) deben basarse en las leyes en vigor y la decisión debe ser adoptada por el juez de conformidad con las garantías procesales prescritas.