The defence is conducted by an official guardian, who is required to be present throughout the administrative and judicial proceedings and to submit relevant evidence; to participate in conciliatory proceedings; to apply, where appropriate, for the suspension or modification of the sentences handed down; to file appeals on behalf of juvenile offenders; and to ensure that children's basic rights and guarantees are not violated or threatened during the proceedings or during enforcement of the sentences.
La defensa se ejerce a través de un defensor público el cual tiene la obligación de intervenir en todo el procedimiento administrativo y judicial, aportando las pruebas pertinentes; interviniendo en la conciliación; solicitando, en su caso, la cesación o modificación de las medidas decretadas; interponiendo los recursos pertinentes en favor de los menores infractores de la ley; y velando porque no se vulneren o amenacen los derechos y garantías fundamentales de los menores durante el procedimiento y al momento de ejecutarse las medidas.