Of equal concern is that relevant government departments have yet to demonstrate a capacity to implement the law, to ensure that the concessionaires respect the terms of the contracts, and to terminate contracts where there are serious breaches of contracts or of the Land Law.
Igualmente es motivo de preocupación que los departamentos competentes del Gobierno aún no hayan demostrado su capacidad de aplicar la ley, de velar por que los concesionarios respeten las condiciones de los contratos y de rescindir los contratos en caso de incumplimiento grave de sus cláusulas o de violación de la Ley del suelo.