In the transition periods that follow a domestic armed conflict or the collapse of a dictatorial, authoritarian or particularly corrupt regime, it is logical that judges involved in human rights violations and corruption who wish to retain their posts should be held to account.
En los períodos de transición que siguen a los conflictos armados o al derrumbamiento de un régimen dictatorial, autoritario o especialmente corrupto, es lógico que se pida cuentas a los jueces implicados en violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción que pretendan mantenerse en el cargo.