Under the current statutory provisions, the principle of mandatory prosecution established in section 152, subsection 2, of the Code of Criminal Procedure already obliges the public prosecutor to prosecute ex officio, and without exception, all criminal offences committed by police officers and prison employees; this applies, in addition, to punishment under disciplinary law.
En virtud de las disposiciones legales en vigor, el principio de procesamiento obligatorio establecido en el apartado 2 del artículo 152 del Código de Procedimiento Penal ya obliga al fiscal a iniciar de oficio y sin excepción proceso con respecto a todos los delitos penales cometidos por policías y funcionarios de prisiones; esto se aplica además a los castigos en virtud de la legislación disciplinaria.