By removing him within hours after the Superior Court of Québec's decision (handed down late evening), it is argued that the State party ensured that the civil rights issues raised by the author could not benefit from any appellate review.
Al haberlo expulsado a las pocas horas de que el Tribunal Superior del Canadá adoptara su decisión (que le fue comunicada al final de la tarde), el Estado Parte se aseguró de que las cuestiones de derechos civiles planteadas por el autor no pudieran ser objeto de ningún recurso de apelación.