A maximum possible criminalization of acts of corruption based on the appropriate obligatory provisions of the convention would significantly strengthen the potential to apply so-called “security measures” in criminal cases of this category (seizure of property, freezing of assets etc.) and, furthermore, would greatly expand the list of persons who are to be protected by Governments (witnesses, persons who cooperate actively with law enforcement bodies etc.).
La penalización más amplia posible de actos de corrupción con arreglo a las disposiciones vinculantes pertinentes de la convención reforzaría significativamente las posibilidades de aplicar las denominadas “medidas de seguridad” en caso de delitos pertenecientes a esta categoría (incautación de bienes, embargo preventivo de activos, etc.) y ampliaría además considerablemente la lista de personas a quienes los gobiernos deben otorgar protección (testigos y personas que cooperan activamente con los órganos encargados de hacer cumplir la ley, entre otros).