Among the legal advisory and policy functions in question are the need to provide independent specialist legal advice and legal drafting, in particular on questions pertaining to admissibility and jurisdiction (especially subject-matter jurisdiction), general international law, comparative law, state cooperation and enforcement of sentences; to manage all legal training of members of the Office of the Prosecutor, general temporary assistance staff and gratis personnel, including liaising with outside experts or institutions; to coordinate the work on the Regulations of the Office of the Prosecutor; to coordinate the legal drafting work in the Office of the Prosecutor under articles 9 (2) (c) and 51 (2) (c), as well as the consultations under article 52, and rules 8 and 14, and to represent the Office in the Court's committee for legal texts; to develop, maintain and make available to members of the Office of the Prosecutor comprehensive and effective legal research tools; to coordinate all legal matters relevant to victims' participation in proceedings and reparations, in cooperation with the Unit for Victims and the Registry, as well as providing policy advice to the Prosecutor on questions relevant to victims; and, to represent the Office of the Prosecutor in Court-wide cooperation on library resources, research tools and the publication of Court documents.
Entre las funciones de asesoramiento jurídico y normativo pueden citarse la necesidad de ofrecer apoyo en materia de redacción y asesoramiento jurídico especializado, en particular en cuestiones relativas a la admisibilidad y la jurisdicción (especialmente la jurisdicción sobre la cuestión básica), derecho internacional general, derecho comparado, cooperación entre los Estados y ejecución de las sentencias; para gestionar toda la capacitación jurídica de los miembros de la Fiscalía, personal temporero general y personal cedido de forma gratuita, incluido el enlace con instituciones y expertos externos; coordinar el trabajo sobre el reglamento de la Fiscalía; coordinar el trabajo de redacción jurídica en la Fiscalía según lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 2 del artículo 9 y en el inciso c) del párrafo 2 del artículo 51, así como las consultas que se contemplan en el artículo 52 y con las reglas 8 y 14, y representar a la Fiscalía en el comité de textos jurídicos de la Corte; elaborar, mantener y poner a disposición de los miembros de la Fiscalía instrumentos de investigación jurídica completos y eficaces; coordinar todos los asuntos jurídicos relativos a la participación de las víctimas en los procedimientos y en las reparaciones, en cooperación con la Dependencia para las Víctimas y con la Secretaría de la Corte, así como ofrecer asesoramiento normativo al Fiscal en cuestiones relativas a las víctimas; y representar a la Fiscalía en la cooperación a nivel de toda la Corte acerca de los recursos de biblioteca, los instrumentos de investigación y la publicación de los documentos de la Corte.