Juvenile custody, as a rule, cannot exceed 5 years, in exceptional cases 10 years for crimes for which an adult person would receive a long-term prison sentence.
La privación de libertad de menores no puede exceder por lo general de 5 años, o, en casos excepcionales, de 10 años, por la comisión de delitos por los que un adulto sería sentenciado a una larga pena de prisión.