The order requires all heads of correctional labour colonies, inter alia, to take steps to prevent the use of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and reaffirms that torture constitutes a criminal offence.
Se dispone en la orden que todos los jefes de las colonias penitenciarias de trabajo adoptarán, entre otras, medidas destinadas a prevenir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y se reafirma que la tortura constituye un delito.