• Investigators, public prosecutors or judges have the authority to order banks or financial service providers to freeze the assets of any person believed or with reason to believe to be the proceeds from acts of terrorism and/or crimes related to terrorism, irrespective of the amount or value.
• Los investigadores, los fiscales y los jueces estarán autorizados para disponer que los bancos o los proveedores de servicios financieros embarguen los haberes de una persona que se crea o haya motivos para creer son el producto de actos de terrorismo o de delitos relacionados con el terrorismo, cualquiera sea su monto o valor.