The Conference stressed that safeguarding the right of Muslims in non-member states is fundamentally the responsibility of the governments of those states on the basis of their commitment to the principles of international law, human rights and the respect for national sovereignty and regional integrity.
La Conferencia insistió en que la salvaguarda de los derechos de los musulmanes en los Estados no miembros de la OCI era fundamentalmente responsabilidad de los Gobiernos de esos Estados a partir de su obligación de atenerse a los principios del derecho internacional, los derechos humanos y el respeto por la soberanía nacional y la integridad regional.