The increasing levels of social benefits to be paid out in this context and the difficult economic situation have restricted the financial scope available at the various levels of State authority, which again tends to have negative consequences for families and children.
El monto creciente de las prestaciones sociales que hay que pagar en tales circunstancias y la difícil situación económica existente han limitado los recursos financieros a que tienen acceso los distintos niveles de autoridad del Estado, lo que también repercute desfavorablemente en las familias y los niños.