To protect the interests of KEK, OLAF retained a private law firm in Gibraltar, which sought and obtained a court order freezing the Gibraltar accounts in early May 2002.
Para proteger los intereses de la KEK, la OLAF contrató a una compañía de abogados privada de Gibraltar, que solicitó y obtuvo una orden judicial que congeló las cuentas de Gibraltar a principios de mayo de 2002.