In that same year, the President of the United States signed an executive order to freeze all Libyan assets and property in the United States, including the assets of official organizations and institutions and assets held or managed by Americans or in American offshore banks.
En el mismo año, el Presidente de los Estados Unidos firmó un decreto ley por el que congelaba todos los activos y los bienes libios en los Estados Unidos, incluidos los bienes de las organizaciones e instituciones oficiales y los bienes que estuvieran en posesión de estadounidenses o que fueran administrados por éstos o que se encontraran en bancos extraterritoriales estadounidenses.