Another question that has confronted the Supreme Courts is whether, acts of public institutions such as corporations and government owned business undertakings fall within the definition of “administrative and executive action” as stated in Article 126 of the Constitution.
Otra cuestión que tuvo que afrontar la Corte Suprema es si los actos de las instituciones públicas, las corporaciones y las empresas comerciales de propiedad estatal entran en la definición de "acto de la administración y el ejecutivo", expuesta en el artículo 126 de la Constitución.