The case has divided the leading Partido Liberal Constitucionalista and has affected governance: the large majority of party lawmakers who sided with Mr. Alemán boycotted the work of the Assembly in the months leading up to the December decision and decided to join the opposition in the spring of 2003.
El caso ha dividido al Partido Liberal Constitucionalista, actualmente en el gobierno, y ha afectado a la gestión de los asuntos públicos: la gran mayoría de los parlamentarios del partido que se habían puesto del lado del Sr. Alemán boicotearon la labor de la Asamblea durante los meses previos a la decisión de diciembre y se pasaron a la oposición en la primavera de 2003.