Of those States which responded to both questionnaires, around 22 per cent had reviewed, amended, simplified and/or strengthened procedures in connection with the protection of judges and prosecutors and 22 per cent had done the same in connection with surveillance personnel and law enforcement officers.
De los Estados que respondieron a ambos cuestionarios, aproximadamente el 22% había revisado, enmendado, simplificado y/o fortalecido los procedimientos en relación con la protección de jueces y fiscales y otro 22% había hecho lo mismo en relación con el personal de vigilancia y los funcionarios de represión.