The Inter-American Commission on Human Rights therefore called on the United States Government to abide by the law and to adopt within 30 days the necessary measures to protect the fundamental rights of the detainees awaiting deportation and of those who had agreed to leave American territory.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigió un llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos para que respetase la legalidad y adoptase en un plazo de 30 días las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los detenidos en proceso de expulsión o que estuvieran dispuestos a salir del territorio estadounidense.