Withdrawing the authority of the Public Prosecutor's Office to order detention in cases of flagrante delicto and pressing cases would require a constitutional amendment, which is not within the Federal judiciary's power.
La supresión de las facultades del ministerio público para ordenar la detención del inculpado tratándose de casos de delito flagrante y de urgencia tendrían que darse mediante una reforma constitucional, la cual no corresponde realizar al poder judicial de la federación.