He stressed the position of his Government that the existence of the sovereignty dispute ruled out the applicability of the right to self-determination, since it would be unacceptable for British citizens residing in the Territory to decide over a dispute to which their country is a party.
Hizo hincapié en la posición de su Gobierno de que la existencia de la controversia sobre la soberanía hacía que fuera inaplicable el principio del derecho a la libre determinación, pues sería inaceptable que nacionales británicos residentes en el Territorio decidieran sobre una controversia en que su país era parte.