Rural underdevelopment, the absence of rule of law, limitations on financial resources for law enforcement and the lack of alternative livelihoods continue to limit the capacity of the Government to combat illegal narcotics.
El subdesarrollo rural, la inexistencia del Estado de derecho y la escasez de recursos financieros para hacer cumplir la ley y de medios de subsistencia alternativos siguen limitando la capacidad del Gobierno para luchar contra las drogas ilícitas.