These are: lack of training of the public security forces, especially those under the authority of the State Attorney-General's Office; heavy workloads and lack of technology; poor staff selection; low wages, inadequate benefits and corruption; high-ranking officers' lack of interest in combating torture; and the belief that treating offenders more harshly will reduce crime.
Estos factores son la deficiente capacitación de los cuerpos de seguridad pública, en especial los que dependen de la PGJE; la sobrecarga de trabajo y la falta de tecnología; la inadecuada selección de personal; los bajos salarios, deficientes prestaciones y corrupción; la falta de interés en los mandos por actuar contra la tortura y la creencia de que la aplicación de una mayor dureza contra el delincuente permite bajar los índices delictivos.