The Committee's representatives dismissed that argument since the information from PRODH showed that almost all the cases had been the subject of complaints either to the National Human Rights Commission or to its counterparts in Federal States.
Los dos miembros consideraron que este argumento no era válido, puesto que la información de PRODH señalaba que casi todos los casos habían sido objeto de queja ante la Comisión Nacional o las comisiones estatales de derechos humanos.