To the extent that consumer-protection or similar public policy considerations are not interfered with, party autonomy may be established as a cardinal principle governing the relationship of the parties to the security agreement prior to default.
Con la salvedad del respeto debido a la legislación de protección del consumidor o a consideraciones similares de orden público, el principio de la autonomía contractual debe regir la relación entre las partes en todo acuerdo constitutivo de una garantía real, previo al incumplimiento de la operación garantizada.