However, the prevailing view was the obligation to notify should properly apply only to the party seeking enforcement of the interim measure in view of the fact that the decisions to enforce interim measures were often taken ex parte and that enforcement orders often carried with them sanctions such as penalties, fines or being found to be in contempt of court.
Prevaleció, no obstante, el parecer de que la obligación de dar aviso debía recaer únicamente sobre la parte que solicitara la ejecución de la medida cautelar, dado que era frecuente que la decisión de ejecutar una medida cautelar se adoptara sin escuchar a la parte afectada, y que era también frecuente que los mandatos de ejecución de una medida cautelar implicaran ciertas sanciones, como podría ser la de una multa o la de ser declarado culpable de desacato de un mandato judicial.