A presidential commission and a special prosecutor's office established in mid-2002 to investigate threats against human rights activists did not receive the financial support or the necessary collaboration from other institutions to achieve results.
La comisión presidencial y la oficina del fiscal especial encargado de investigar las amenazas contra los activistas de derechos humanos, creadas a mediados de 2002, no recibieron ni el apoyo financiero ni la colaboración de otras instituciones que necesitaban para lograr resultados.