Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting the necessary legislative measures to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, un incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser razonablemente justificado por él.