The managers of the Forensic Medicine Service in the Attorney-General's Office stated that no cases of bodily harm by the police had occurred during the year and that if physical abuse of detainees occurred at all it was more likely to occur in rural areas than the capital, where more monitoring systems existed.
Los responsables del servicio médico forense de la Procuraduría afirmaron no haber detectado ningún caso de lesiones por parte de la policía durante el año en curso y que, si había abusos contra los detenidos, era más probable que los mismos se produjeran en las zonas rurales que en la capital puesto que en ésta había más sistemas de control.