He said that inspectors from the State Human Rights Commission regularly visited police cells and that supervision by the Public Prosecutor's Office and internal checks by the police force itself prevented any use of torture.
Afirmó que los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos visitaban regularmente los locales policiales y que el control ejercido por el ministerio público así como los controles internos de la propia policía impedían el recurso a la tortura.