The Special Rapporteur believes that the crime of genocide must be regarded as a threat to international peace and security, thereby placing greater responsibility on the international community to ensure that human rights violations of such scale are investigated and those responsible brought to justice, without exception.
La Relatora Especial estima que el delito de genocidio ha de considerarse una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, lo que aumenta la responsabilidad de la comunidad internacional a la hora de garantizar la investigación de violaciones de los derechos humanos de tal envergadura y de poner a disposición de la justicia, a todos los responsables, sin excepción.