Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Letter dated 10 June 2003 from the Permanent Representative of India to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee I forward herewith India's report called for under paragraph 6 of Security Council resolution 1455 (2003), on the steps taken to implement the Al Qaida/Taliban sanctions regime (see annex). I sincerely regret the fact that we were not able to send the report by the stipulated date. The report is set out in terms of the guidelines prepared by the Committee pursuant to paragraph 12 of Security Council resolution 1455 (2003). My Government stands ready to provide the Committee with any further information required regarding India's implementation of resolution 1455 (2003). (Signed) V. K. Nambiar Annex to the letter dated 10 June 2003 from the Permanent Representative of India to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Report by India on implementation of Security Council resolution 1455 ( )
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) Carta de fecha 10 de junio de 2003 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas Tengo el honor de adjuntar a la presente el informe de la India solicitado en el párrafo 6 de la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad, relativo a las medidas adoptadas para aplicar el régimen de sanciones a Al-Qaida y los talibanes (véase anexo). Lamento sinceramente que no se haya podido cumplir la fecha de presentación estipulada. El informe se ha preparado con arreglo a las directrices impartidas por el Comité en cumplimiento del párrafo 12 de la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad. El Gobierno de la India queda a disposición del Comité para suministrar toda nueva información que éste pueda requerir sobre la aplicación de la resolución 1455 (2003). (Firmado) V. K. Nambiar Anexo a la carta de fecha 10 de junio de 2003 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas Informe de la India sobre la aplicación de la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad En el presente informe se detallan las medidas adoptadas por el Gobierno de la India en cumplimiento de la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad, relativa a las sanciones contra Al-Qaida, los talibanes y las entidades asociadas. El informe se ha preparado siguiendo las directrices para su formato impartidas por el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). Introducción El terrorismo es una de las amenazas más serias, generalizadas y perniciosas para las sociedades civilizadas y para la paz y la seguridad internacionales. Cualquiera sea su motivación —política, ideológica, filosófica, racial, étnica, religiosa— los actos terroristas son injustificables. La India tiene la firme convicción de que el flagelo del terrorismo sólo puede eliminarse mediante la estrecha cooperación e interacción de todos los Estados. Durante los dos últimos decenios, la India ha sido víctima del terrorismo y ha sufrido numerosos ataques terroristas. Al-Qaida, los talibanes y las entidades asociadas han sido una grave amenaza para la India y sus países vecinos. Consecuente en sus esfuerzos por luchar contra la amenaza del terrorismo en todas sus manifestaciones, la India ha apoyado las medidas adoptadas por las Naciones Unidas, así como otras medidas encaminadas a erradicar esta amenaza, y ha prohibido las entidades mencionadas. Los servicios de inteligencia, la policía, la administración y otros organismos del país investigan en forma continua las posibles actividades de Al-Qaida, los talibanes y las entidades asociadas. En la actualidad, no puede transmitirse al Comité ninguna información concreta que indique la presencia en el país de Al-Qaida, los talibanes o entidades asociadas. Toda información que se obtenga al respecto se remitirá al Comité. Lista consolidada Todos los nombres que figuran en la lista de personas, entidades y organizaciones asociadas con los talibanes y Al-Qaida se han distribuido en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Finanzas y en las oficinas correspondientes de la policía, los servicios de inteligencia, inmigraciones y aduanas y en otros organismos pertinentes, tanto en los planos nacional como estatal. Los organismos interesados han confirmado que no tienen información concreta que indique la existencia de una base en el país de alguna de esas entidades. Si los servicios secretos u otra fuente obtuvieran información concreta sobre vínculos de esas entidades o personas con la India, los organismos competentes llevarían a cabo la debida investigación. Congelamiento de activos financieros y económicos Los organismos competentes del Gobierno han confirmado que no tienen información concreta sobre cuentas o activos financieros de esas organizaciones en la India. La División Bancaria del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la India ha pedido al Banco de Reserva que, si recibe información sobre esas cuentas o activos, tome medidas urgentes. La interceptación de las corrientes financieras ilegales, incluidas las corrientes financieras relacionadas con el terrorismo, y la adopción de las consiguientes medidas jurídicas se efectúan a través de varios organismos y mecanismos administrativos, entre ellos: la policía (tanto en el plano nacional como estatal), los servicios de inteligencia y las instituciones financieras. Los mecanismos no oficiales de corrientes financieras, como “Hawala”, a través de los cuales circulan fondos relacionados con el terrorismo, son ilegales, pues se requiere la autorización del Banco de Reserva de la India para efectuar la mayoría de las transacciones en divisas. Las transacciones Hawala están tipificadas como delito en la Ley reguladora de las operaciones en moneda extranjera, de 1973. La violación de las disposiciones de esa Ley es pasible de una pena pecuniaria de hasta cinco veces la cuantía de la contravención. El infractor también puede ser sentenciado a penas de encarcelamiento y multa. La Ley de administración de divisas, que ha reemplazado recientemente la Ley reguladora de las operaciones en moneda extranjera, confiere además a la autoridad competente la facultad de ordenar la confiscación de las monedas, los valores o todo dinero o bienes relacionados con la contravención. Varios organismos de la India, incluidos la Dirección de Medidas Coercitivas, la Policía, la Administración de Aduanas, la Dirección Fiscal, y las organizaciones de la policía estatal supervisan las actividades financieras, incluidas las transacciones Hawala. La Dirección de Medidas Coercitivas (encargada de las investigaciones fiscales), la Administración de Aduanas y la Policía tienen facultades suficientes para aplicar medidas contra toda persona que realice transacciones ilegales en divisas. Además, la Ley de conservación de divisas y prevención de las actividades de contrabando, de 1974, incorpora disposiciones estrictas para sancionar a los infractores que realicen actividades ilegales en divisas. La supervisión de la recaudación y utilización de los fondos y otros recursos financieros por las organizaciones sin fines de lucro y las medidas para evitar que éstos se utilicen para fines distintos de los estipulados, se rigen por la Ley de registro de sociedades. Varios Estados de la India también han promulgado, por consiguiente, su propia Ley de registro de sociedades, que contiene disposiciones detalladas sobre el registro, las cuentas bancarias, la recaudación y el uso de fondos y la verificación de cuentas. Esta ley impone algunas obligaciones a las organizaciones sin fines de lucro que, de no cumplirse, dan al Gobierno el derecho de disolver la entidad y de nombrar un interventor para administrarla. Con arreglo a la Ley de prevención del terrorismo, de 2002, se considera acto terrorista la recaudación de fondos por personas u organizaciones si esos fondos se utilizaran para fines terroristas. Todas esas actividades son punibles con arreglo a la Ley de prevención del terrorismo, de 2002. La Ley (de regulación) de contribuciones del exterior, de 1976, permite que las autoridades competentes, tanto nacionales como estatales, vigilen rigurosamente la recepción y utilización de recursos del exterior por organizaciones del país. Los gobiernos nacionales y estatales mantienen una interacción estrecha y continua a través de los organismos de inteligencia y la policía para detectar y vigilar toda desviación de fondos con fines terroristas. La Ley del impuesto sobre la renta también prohíbe que las organizaciones usen sus fondos para fines distintos de los mencionados en su estatuto constitutivo y estipula que esos fondos sólo pueden invertirse en bancos comerciales, depósitos públicos, bonos y valores del Gobierno. El Departamento del impuesto sobre la renta tiene una Dirección General que se ocupa de las organizaciones sin fines de lucro exentas de ese impuesto. Las organizaciones que no pagan el impuesto sobre la renta deben hacer declaraciones periódicamente ante las autoridades competentes y la Dirección General verifica sus cuentas. Existe, tanto en el plano nacional como en el estatal un marco legislativo adecuado, complementado por los debidos mecanismos de aplicación de la ley, para supervisar y vigilar la recaudación y utilización de fondos y otros recursos financieros por las organizaciones sin fines de lucro. El Código de Procedimiento Penal, de 1973, contiene las disposiciones generales relativas a la anexión o confiscación de los bienes que una persona ha derivado u obtenido, directa o indirectamente, mediante la perpetración de un delito. En cuanto a los actos terroristas, los bienes también pueden confiscarse, como se indica más arriba, en virtud de las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo, de 2002. Dado que esos organismos actúan en estrecha coordinación, toda la información relativa al uso de fondos con fines terroristas o a transacciones financieras ilícitas puede obtenerse y transmitirse a la policía y a las autoridades investigadoras para que registren los casos e inicien los procedimientos dentro del marco jurídico nacional. La inclusión de Al-Qaida en la lista de organizaciones prohibidas con arreglo a la Ley de prevención del terrorismo, de 2002, a pesar de que no hay pruebas de su presencia en la India, permite que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley tomen medidas contra Al-Qaida y los talibanes al primer indicio de que esas actividades existen. Prohibición de viajes Se ha transmitido a la Oficina de inmigración de la India la lista preparada por el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). En la India existe un sistema de control estricto de la inmigración que utiliza bases de datos actualizadas para identificar terroristas y delincuentes. Además, la Oficina de inmigración, la Administración de Aduanas y los servicios de inteligencia están plenamente equipados para garantizar que los individuos indeseables no entren en la India ni busquen amparo en el país. La India tiene un amplio sistema de control en sus fronteras terrestres y un organismo eficaz de guardacostas que patrulla el litoral. La Ley de extranjeros, de 1946, varios decretos sobre extranjeros emitidos ocasionalmente por el Ministerio del Interior y la Ley de pasaportes, de 1967 constituyen un marco jurídico adecuado para aplicar la prohibición de viajes. Además de las salvaguardias mencionadas, el Manual de visas del Gobierno de la India contiene disposiciones que impiden que las personas sospechosas de terrorismo obtengan visas para visitar el país. El Ministerio del Interior del Gobierno de la India incorpora en una lista negativa a las personas identificadas como terroristas o elementos antisociales, sobre la base de la información recibida de los servicios de inteligencia. El nombre de las personas y las organizaciones que figuran en la lista negativa se envía a todas las entidades que emiten visas, incluidas las embajadas, los altos comisionados, los consulados en países extranjeros y todos los puestos de control de inmigración de la India. Esta lista se actualiza periódicamente sobre la base de la información que envían los organismos competentes. Se ha informado a todas las oficinas de inmigración acerca de la lista confeccionada por el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999), con miras a la aplicación de la prohibición de viajes. Embargo de armas La India ejerce control sobre la exportación de bienes, material y tecnología que puedan servir directa o indirectamente para la fabricación de armas de destrucción en masa y sus vectores. A través de la aplicación de medidas jurídicas y administrativas adecuadas, la India ha establecido un sistema efectivo y amplio para reglamentar las exportaciones delicadas y de doble uso de la India a fin de que no caigan en manos de quienes no deben, ya sea actores estatales o no estatales. Los sistemas de control de las exportaciones de doble uso se examinaron por última vez en el 2000. Ese año, mediante notificaciones que se enviaron a partir del 1° de abril, el Gobierno de la India transmitió una lista de productos químicos especiales, organismos, equipo y tecnología que pueden servir o ser importantes para el desarrollo, la fabricación o el uso de armas de destrucción en masa, y la exportación de los cuales está prohibida o sólo se permite bajo licencia y en las condiciones estipuladas en la notificación. Varios organismos del Gobierno están facultados para aplicar las disposiciones de las leyes que constituyen la base jurídica y reglamentaria del sistema de control de exportaciones de la India. Las entidades que fabrican o venden todas las municiones en la India son propiedad del Gobierno o están administradas o contratadas por él. Existen medidas jurídicas y administrativas para la reglamentación de las exportaciones de almacenes militares, que se permiten sólo previa autorización por escrito de los organismos competentes del Gobierno, a menos indicación en contrario en la Política de Importaciones y Exportaciones del Gobierno. Esta autorización depende, entre otras cosas, del envío de certificados de uso final y usuario final de un gobierno a otro y se conforma a los objetivos de la política exterior del Gobierno de la India, que incluye la prohibición de exportaciones militares a entidades que estén bajo embargo de las Naciones Unidas. El sistema legislativo y administrativo de la India impone un embargo de armas a todos los actores no estatales. El embargo de armas requerido por la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad se está cumpliendo. Conclusión La India considera que el terrorismo debe combatirse en todas las esferas y derrotarse aplicando medidas internacionales colectivas y organizadas. Durante dos decenios, la India ha sido víctima del terrorismo y su enfoque basado en esfuerzos internacionales para luchar contra él es coherente con la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación entre las naciones. Además de las iniciativas de orden legislativo, los organismos interesados han tomado medidas administrativas, financieras, de seguridad y de otra índole, tanto en el plano nacional como estatal, para hacer frente a los problemas que plantea el terrorismo.