In these circumstances public-sector staff, the vital personnel required to underpin the legislative, regulatory and law enforcement framework to combat money-laundering and the financing of tourism, are being lost to the private sector.
En esas circunstancias, se están perdiendo al sector privado funcionarios del sector público, que son vitales para sostener el marco legislativo, normativo y de cumplimiento de la ley necesario para luchar contra blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.