As in the case of the Public Service Commission and the Elections Commission, the decisions of this Commission are subject to review via the Supreme Court's Fundamental Rights jurisdiction as provided by Article 126(1) of the Constitution.
Como en el caso de la Comisión de Servicios Públicos y de la Comisión de Elecciones, están sujetas a revisión en virtud de la competencia sobre los derechos fundamentales de la Corte Suprema establecida en el párrafo 1 del artículo 126 de la Constitución.