In terms of the Ceasefire Agreement the parties to the conflict are bound by international law that prohibits hostile acts on civilian population, including such acts as torture, abduction, exhortation and harassment.
Según el Acuerdo de Alto el Fuego las partes en el conflicto están obligadas por el derecho internacional que prohíbe los actos hostiles contra la población civil, incluidos los actos de tortura, secuestro, exhortación y hostigamiento.