Such positive action must be consistent with the States' obligations under the Charter of the United Nations and under international law: in particular, States must refrain from interfering in the internal affairs of other States and thereby adversely affecting the exercise of the right to self-determination.
Esas medidas positivas deben ser compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional; en especial, los Estados no deben injerirse en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinación.