This practice undermines the right to an effective remedy (International Covenant on Civil and Political Rights, art. 2 (3) (a)), the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal (ibid., art. 14 (1)), and the right to the equal protection of the law without discrimination (ibid., art.
En realidad ésta es una práctica es contraria al ejercicio del derecho a un recurso efectivo (apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), del derecho de toda persona a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (párrafo 1 del artículo 14 del Pacto) y del derecho sin discriminación a igual protección de la ley (artículo 26 del Pacto).