Moreover, both the juvenile prosecutor and the government procurator for juveniles assigned to the sentence enforcement court are required under the Act to ensure that the rights of minors are not violated or threatened during enforcement of the sentences.
Asimismo, se establece la obligación tanto del fiscal como del procurador de menores adscritos al juzgado de ejecución de medidas, de velar por que no se vulneren o amenacen los derechos de lo menores de edad durante la ejecución de las mismas.