Should a conflict arise between an article of the Criminal Code or the Code of Criminal Procedure (legislative norms) and a provision from a convention that has been duly incorporated into the legal system, the latter would take precedence because of its higher rank in the legislative hierarchy, and the article from the code would be set aside by the judge.
En la hipótesis de que se produjese una contradicción entre una disposición del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, que son normas legislativas, y una disposición de la Convención incorporada legalmente en el ordenamiento jurídico, esta última tendría prioridad por tener un rango superior en la jerarquía normativa, de modo que el juez haría caso omiso de la disposición penal.