The Secretary-General's report had also raised the issue of the obligation of States parties to report on the implementation of the current six human rights treaties to the respective monitoring bodies, and how that process might be streamlined.
El informe del Secretario General también planteó la cuestión de la obligación de que los Estados partes informen a los órganos de vigilancia competentes sobre la aplicación de los seis tratados vigentes en materia de derechos humanos, y las posibilidades de racionalizar ese proceso.