The Court of Appeal held that the Financial Intelligence Unit's ability to issue freeze orders pursuant to section 4 (2) (b) and (c) of the Financial Intelligence Unit Act was not unconstitutional and further the Financial Intelligence Unit may request the production of information from banks and trust companies without a court order.
El Tribunal de Apelaciones determinó que las facultades concedidas a la Dependencia de Inteligencia Financiera para emitir órdenes de congelación de fondos de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 2 de la sección 4 de la Ley sobre la Dependencia de Inteligencia Financiera no era inconstitucional, y que la Dependencia podía exigir a los bancos y sociedades fiduciarias la entrega de información, sin orden judicial.