Since the general public elects individuals to parliament and parliamentarians are ultimately accountable to the people it is only fair that a state enacts legislation protecting the right of voters to see and hear authentic versions of the deeds and statements of their representatives in the legislature.
Puesto que el pueblo en general elige a los diputados y éstos son responsables en última instancia ante el pueblo, es lógico que el Estado promulgue leyes protegiendo el derecho de los votantes a ver y escuchar versiones auténticas de los hechos y declaraciones de sus representantes en la legislatura.