It was the Federal Constitution of 1988 that elevated racism from misdemeanour to felony - a crime that, due to its gravity, is non-bailable and imprescriptible, and subject to a prison term, under the terms of the law.
En la Constitución Federal de 1988 el racismo fue elevado a la categoría de delito grave, es decir, un delito que, por su gravedad, no es susceptible de fianza ni puede prescribir, y es punible con penas de reclusión en los términos de la ley.