Although the Public Ministry accused the youths of murder, in August 1997 the presiding judge of the lower court hearing the case judged the crime to have been assault and battery followed by death.
Si bien el ministerio público acusó a los jóvenes de asesinato, en agosto de 1997 el Presidente del Tribunal de Primera Instancia que conoció del caso determinó que se había tratado de un delito de lesiones dolosas con resultado de muerte.