Drawing upon the consequences of its determination of the land boundary, the Court held that each of the two States is under an obligation expeditiously and without condition to withdraw its administration and military and police forces from areas falling within the sovereignty of the other.
Basándose en las consecuencias de su determinación de la frontera terrestre, la Corte afirmó que cada uno de los dos Estados estaba obligado a retirar pronta e incondicionalmente su administración y sus fuerzas militares y policiales respectivas de las áreas que quedaban bajo la soberanía del otro.