At a minimum, treaty bodies that have adopted specific standards should consider updating them and those bodies that have yet to issue interpretive guidance relating to non-citizens should do so.
Como mínimo, los órganos que han adoptado normas específicas deberían considerar la posibilidad de actualizarlas, mientras que los que todavía no hayan dictado directrices de interpretación con respecto a los no ciudadanos deberían hacerlo.