His 10-year prison sentence, commuted to 18 months, was challenged at the time by the prosecutor in the Supreme Court, which referred the case to a revolutionary tribunal.
Fue condenado a 10 años de prisión y la pena se redujo a 18 meses; el fiscal de entonces recurrió la reducción de la pena ante el Tribunal Supremo, que remitió el caso a un tribunal revolucionario.