To protect the U.S. financial system from criminal activity and to promote the detection and prosecution of financial crimes, Congress added anti-money laundering provisions to the BSA in 1992, which authorized Treasury to apply the law to many different types of financial institutions.
Para proteger al sistema financiero de los Estados Unidos contra actividades delictivas y promover la detección y el enjuiciamiento de los delitos financieros, en 1992 el Congreso agregó a la Ley disposiciones contra el blanqueo de dinero, por las que se autorizaba al Departamento del Tesoro a aplicar la Ley a muchos tipos diferentes de instituciones financieras.