Contrary to a previous policy that was (inevitably) driven by budgetary and cash resources and therefore changed according to these parameters, a three-year appointment and extension policy—up to five years for staff close to retirement age—was adopted for fixed-term contracts in 2001.
A diferencia de lo ocurrido en virtud de una política anterior que (inevitablemente) dependía de los recursos presupuestarios y en efectivo y, por ello, cambiaba en función de esos parámetros, en 2001 se aprobó para los contratos de plazo fijo una política de nombramientos y prórrogas por períodos de tres años, y hasta de cinco años en el caso del personal próximo a jubilarse.