States parties must respect, protect, facilitate and promote the work of human rights advocates and other members of civil-society institutions with a view to assisting vulnerable or marginalized groups in the realization of their right to work.
Los Estados miembros deben respetar, proteger, estimular y apoyar la actividad de los defensores de los derechos humanos y demás representantes de las instituciones de la sociedad civil a fin de prestar ayuda a los grupos vulnerables o socialmente excluidos en el ejercicio de su derecho al trabajo.