The State clearly has an irreplaceable role in establishing and enforcing regulatory frameworks and service standards to ensure that both public and private service providers deliver in accordance with contractual agreements.
Es evidente que el Estado no puede ser sustituido a la hora de establecer y hacer cumplir marcos reglamentarios y normas para asegurar que los proveedores de servicios del sector público y del sector privado cumplan los acuerdos contractuales.