The Supreme Electoral Tribunal and the Supreme Court upheld those earlier decisions, but were overruled on 14 July by the Constitutional Court, which approved Ríos Montt's candidacy, prompting an outcry by human rights leaders and constitutional activists.
El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia confirmaron esas decisiones anteriores, pero fueron revocadas el 14 de julio por la Corte de Constitucionalidad, que aprobó la candidatura de Ríos Montt, lo que provocó una protesta por parte de dirigentes de derechos humanos y activistas constitucionales.