Although the report implicitly acknowledged that the prevalence of sexual harassment was discriminatory (p. 37), the language of the report seemed to convey the Government's complicity with sexual stereotyping, and even a certain prejudice against women held by the authors.
Si bien en el informe se reconoce de forma implícita que la frecuencia del acoso sexual es discriminatoria (véase pág. 40 del informe), los términos en que está redactado el informe parecen transmitir la idea de que el Gobierno es cómplice en la creación de estereotipos sexuales e, incluso, que los autores tiene ciertos prejuicios contra las mujeres.