The Commission's decision to undertake work in the area of secured credit law was taken in response to the need for an efficient legal regime that would remove legal obstacles to secured credit and could thus have a beneficial impact on the availability and the cost of credit.
La decisión de la Comisión de emprender la labor sobre el régimen de los créditos garantizados se adoptó en respuesta a la necesidad de contar con un régimen legal eficiente que eliminara los obstáculos jurídicos impuestos a los créditos garantizados y que pudiera por lo tanto repercutir favorablemente en el acceso al crédito y en su costo.