The obligation to protect requires States parties to bring national labour law into line with international standards on the right to work and take steps to ensure equality when enforcing it; to see to it that privatization does not lead to job cuts; to develop plans for training and refresher courses to help people obtain work; and to pursue policies to tackle unemployment.
La obligación de proteger requiere, en particular, que los Estados Partes adapten su legislación laboral nacional a las normas internacionales relativas al derecho al trabajo; adopten medidas complementarias para garantizar iguales oportunidades en el ejercicio del derecho al trabajo; velen por que las medidas de privatización no se traduzcan en una reducción de los puestos de trabajo; elaboren planes de capacitación y reciclaje que permitan conseguir trabajo, y apliquen una política de lucha contra el desempleo.