In its views adopted on 18 October 2000, the Human Rights Committee noted that under the domestic law the death penalty was mandatory in all cases of “murder” and the mandatory imposition of the death penalty was based solely upon the category of crime, without regard to the defendant's personal circumstances or the circumstances of the particular offence.
En el dictamen adoptado el 18 de octubre de 2000, el Comité de Derechos Humanos observó que la preceptiva imposición de la pena de muerte conforme al derecho del Estado Parte se fundaba únicamente en el tipo de delito del que se hubiera declarado culpable al autor, sin tener en cuenta las circunstancias personales del acusado o aquellas en las que se cometió el delito.