Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Letter dated 25 April 2003 from the Permanent Representative of Italy to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Following your letter dated 4 March 2003, I have the pleasure to enclose herewith the report of Italy to the Security Council Committee established pursuant to Security Council resolution 1267 (1999), submitted in accordance with Security Council resolution 1455 (2003). (Signed) Marcello Spatafora Annex to the letter dated 25 April 2003 from the Permanent Representative of Italy to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Report of Italy to the Committee established pursuant to Security Council resolution 1267 (1999), submitted in accordance with resolution 1455 (2003) Introduction * The enclosure referred to in the report is on file with the Secretariat, room S-3055, and is available for consultation.
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) Carta de fecha 25 de abril de 2003 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de Italia ante las Naciones Unidas En relación con su carta de fecha 4 de marzo de 2003, tengo el honor de remitir adjunto al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) el informe de Italia presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad. (Firmado) Marcello Spatafora Anexo de la carta de fecha 25 de abril de 2003 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de Italia ante las Naciones Unidas Informe de Italia al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1455 (2003) Introducción El presente informe ilustra las medidas adoptadas por Italia para aplicar la resolución 1455/2003, en la que se establecen sanciones contra los talibanes, Al-Qaida, Osama bin Laden y sus asociados, se decreta la congelación de sus activos, la prohibición de entrada y tránsito y el suministro de armas y materiales conexos. Este informe debe leerse en unión de los dos informes presentados en 2001 y 2002 al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, y del informe presentado en 2002 al Comité establecido en virtud de la resolución 1267, que contiene respuestas pormenorizadas sobre estas cuestiones. En los casos en que la situación descrita anteriormente no haya cambiado, se hace referencia en varios apartados a la información recientemente facilitada. Entre las novedades, cabe destacar la ratificación del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo internacional y del Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, que hace que Italia sea ya parte en todos los convenios internacionales contra el terrorismo, como se comunicó inmediatamente al Comité contra el Terrorismo. Además, las investigaciones realizadas por la policía han permitido detectar la presencia en Italia de ciudadanos sospechosos de estar en contacto con miembros de Al-Qaida. Esas investigaciones abarcan varias regiones, y hasta la fecha han permitido desmantelar células terroristas dedicadas al apoyo logístico de terroristas en tránsito, la obtención de documentos falsificados, el proselitismo y el reclutamiento de nuevos miembros. * El documento adjunto mencionado en el informe se encuentra disponible para consulta en la Secretaría, despacho S-3055. También cabe mencionar el cuadro adjunto* sobre la congelación de bienes y activos en Italia, que se ha elaborado bajo la dirección de la autoridad competente de nuestro país, el Comité de Seguridad Financiera (CSF). Introducción Sírvase describir las actividades realizadas, en su caso, por Osama bin Laden, Al-Qaida, los talibanes y sus asociados en su país, la amenaza que suponen para éste y para la región, y las tendencias probables. Aunque las organizaciones terroristas fundamentalistas islámicas nunca han cometido atentados en Italia, las fuerzas de orden público en Italia (la policía y los carabinieri) han realizado una serie de operaciones importantes en los últimos años, de las cuales 10 tienen un significado especial, ya que han permitido detener a un gran número de militantes. Por su importancia estratégica, cabe destacar las siguientes: • “Operación Esfinge”, que culminó en junio de 1995 en Milán con la detención de 12 egipcios y un jordano que presuntamente tenía vínculos con el grupo subversivo egipcio “Al Jamaa Al Islamiya”, • “Operación Shabka” (Red), que permitió detener en 1996 en Turín y otras ciudades a 16 argelinos sospechosos de formar parte de una célula que prestaba apoyo logístico al Grupo Islámico Armado Argelino (GIA). Además de los vínculos con Egipto, esta investigación permitió detectar vínculos importantes con los combatientes en Bosnia, que recibían apoyo logístico especializado de los grupos que operaban en Italia. El líder de la organización, Anwar Shaban, que escapó a la redada, murió poco después en un tiroteo en Bosnia. • La detención en Turín, en 1998, de tres egipcios sospechosos de formar parte de la Jihad Islámica Egipcia. Esta fue la primera operación de esta naturaleza en la que se encontraron armas. También cabe destacar que una de estas personas, que desapareció después de más de un año en la cárcel, fue acusada posteriormente por las autoridades egipcias de formar parte de una banda armada, masacre, homicidio y posesión de armas y explosivos. • La detención, el 10 de junio de 1998, en las ciudades de Bolonia, Varese, Ferrara, Milán y Brescia, justo antes del inicio del Mundial de fútbol en Francia, de seis ciudadanos tunecinos, tres marroquíes, tres argelinos y uno italiano presuntamente vinculados con la facción salafista del GIA, dirigida por el emir disidente Hassan Hattaba (operaciones Nahla y Retorno). El 13 de enero de 2003, 16 de los extranjeros involucrados en estas operaciones fueron sentenciados por las autoridades judiciales de Bolonia a penas de entre seis meses y cinco años y seis meses. • Más recientemente, la operación “Al Muhajirun”, dividida en tres etapas, que terminaron en abril, octubre y noviembre de 2001, respectivamente, estuvo enfocada a los miembros de una célula terrorista argelino-tunecina del Grupo Salafista “Llamamiento y Combate” (GSPC) que actúa en Lombardía y se apoya en el Instituto Cultural Musulmán de Milán. En las investigaciones se determinó que estos cómplices del GSPC brindaban apoyo logístico a actividades de reclutamiento de militantes, para indoctrinarlos y enviarlos a zonas de guerra, especialmente a Chechenia. • En julio de 2002, se llevó a cabo una investigación detallada en Milán de los miembros de una asociación de delincuentes especializada en recibir y falsificar documentación robada. El grupo estaba compuesto por extranjeros de origen marroquí, algunos de los cuales ya eran conocidos por sus vínculos con los miembros del GSPC, a los que facilitaban documentación falsa, y se emitieron nueve órdenes de detención y prisión contra estas personas. El 7 de enero de 2003, el Tribunal de Milán sentenció a los extranjeros envueltos en este caso a penas comprendidas entre un año y medio y tres años de prisión. • El 28 de septiembre de 2002, se detuvo a un ciudadano tunecino contra el que había una orden de detención y encarcelamiento promulgada por las autoridades judiciales de Bolonia el 9 de junio de 1998, por pertenecer a una organización criminal vinculada con el GIA dedicada a la falsificación de documentos, tráfico de dinero falso, fraude y recepción de mercancías ilícitas. Esta persona, que había combatido anteriormente en el batallón de mujahidin durante el conflicto en Bosnia, era considerado un elemento clave de la organización. • El 21 de febrero de 2003, un ciudadano tunecino fue expulsado de Suiza. Al intentar entrar en Italia por la frontera de Ponte Chiasso, fue detenido en virtud de una orden emitida el 30 de enero por las autoridades judiciales de Bolonia por incumplimiento de la condición de permanecer en dicha localidad, que se le había impuesto al salir de la cárcel el 26 de julio de 2002. Este ciudadano tunecino había sido detenido en Bolonia el 15 de febrero de 2002 en virtud de una orden de detención y encarcelamiento de la Oficina del Fiscal General, como resultado de un juicio penal por pertenecer a una célula del Grupo Islámico Armado (GIA) que operaba en dicha ciudad, y que presuntamente había participado, junto con otros cómplices, en delitos de falsificación, recepción de mercancías robadas, tráfico de dinero falso y otros delitos. El 13 de enero de 2003, el Tribunal de Bolonia lo sentenció a cinco años y seis meses de cárcel. Inmediatamente, se ocultó y se trasladó con su familia a Suiza, solicitando asilo político. Su solicitud fue denegada. • En el marco de la “Operación Bazar”, se está completando una investigación pormenorizada de una célula que opera en Milán, y tiene lazos con otras ciudades. La célula brinda apoyo logístico a los terroristas en tránsito, les facilita documentos falsos y se dedica al proselitismo y reclutamiento de nuevos miembros. El 9 de octubre de 2002, el magistrado que examina el caso en Milán decretó órdenes de detención y prisión contra siete personas, con respecto a las que hay motivos fundados para pensar que han participado en delitos de terrorismo internacional. En el marco de la cooperación internacional con otros organismos de investigación y contraespionaje que efectúan un seguimiento de estas actividades, se detectaron vínculos con una base de entrenamiento en el norte de Kurdistán del grupo “Ansar Al Islam”, que figura en la lista de las Naciones Unidas como órgano que pertenece o está asociado a Al-Qaida. El 1° de abril de 2003, en el marco de esta misma operación, se ejecutó una orden de detención contra dos ciudadanos tunecinos. El magistrado de Milán encargado de examinar el caso había dado esta orden por delito de conspiración para fines de terrorismo internacional (artículo 270 bis del Código Penal). De las actividades de investigación y contraespionaje dirigidas contra grupos radicales que operan en Italia se desprende que las células fundamentalistas se dedican sobre todo a actividades logísticas, entre las que cabe destacar la obtención de documentos falsos o falsificados, el reclutamiento y el transporte de voluntarios a centros de entrenamiento en el Afganistán. La función logística es probablemente la base de los vínculos indiscutibles entre los grupos radicados en Italia y las células y grupos fundamentalistas de otros países europeos, que son producto de contactos personales establecidos y desarrollados durante experiencias compartidas de entrenamiento o participación operativa en actividades de la jihad. Es un hecho que las células en Italia están vinculadas a una red europea que tiene un diseño estratégico similar al de Al-Qaida y su líder, Osama bin Laden, y mantienen lazos, con frecuencia de larga data, con ciertos círculos radicales, principalmente de origen norteafricano. Su conexión con situaciones de crisis sigue siendo un claro indicio del peligro que suponen tanto los grupos fundamentalistas radicados en Italia como estos círculos, que gravitan probablemente alrededor de la células que se están investigando e incluyen organizaciones criminales. No cabe duda de que las operaciones importantes de la segunda mitad del decenio de 1990 están vinculadas con el fundamentalismo islámico o con movimientos subversivos, tales como el egipcio y el argelino, y se han reorganizado de manera más internacional, o se han afiliado directamente a Al-Qaida. Por ello, consideramos que estos grupos, que aún en la actualidad se encuentran entre los más activos de la región, son una de las versiones más peligrosas de la “rama europea” del fundamentalismo. Las recientes detenciones en el norte de Italia confirman la capacidad de las redes extremistas para regenerarse, el papel fundamental que desempeñan los círculos norteafricanos en la red de la estructura logística de esta red radical en Europa y el hecho de que los movimientos militantes siguen activos en Italia, y mantienen claramente vínculos estrechos con grupos de otros países europeos y con los territorios en los que se ha reorganizado la estructura de Al-Qaida después de la intervención militar en el Afganistán. Aunque los organismos de contraespionaje y las fuerzas de orden público no han descubierto recientemente planes terroristas específicos para atentados en Italia, consideramos que la naturaleza insidiosa de las células en nuestro país, que han respondido a los intentos de identificarlas y contrarrestarlas reforzando su capacidad de camuflaje y ocultamiento, estriba en la contribución que estos grupos han realizado hasta la fecha al adelanto general de la estrategia islámica radical. Los vínculos que persisten entre los fundamentalistas localizados en Italia y los planes de operaciones confirman la importancia de ciertas personalidades en Italia, y no hay que descartar en absoluto la posibilidad de que la actividad de estos grupos se oriente hacia una postura más ofensiva, y que cometan por ejemplo, atentados contra objetivos de naturaleza simbólica. Las noticias relativas a la presencia y tránsito de personas y grupos radicales de las zonas vecinas de los Balcanes, en las que parece haber extremistas que están tratando de crear ciertos mecanismos de coordinación intrarregional y transrregional, permiten ver más claramente la naturaleza y el alcance de la amenaza que suponen para la región. Lista unificada ¿Cómo se ha incorporado la Lista del Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) en el sistema jurídico de su país y su estructura administrativa, incluidas las autoridades de supervisión financiera, policía, control de inmigración, aduanas y servicios consulares? Esta cuestión ya se expuso en el informe al Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (Comité de Sanciones) presentado en 2002 por Italia de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1390, en particular en los apartados a), b) y c). ¿Ha tropezado con problemas de aplicación en lo que respecta a los nombres e información relativa a la identificación que figuran actualmente en la Lista? En caso afirmativo, sírvase describir esos problemas. En ese sentido, cabe volver a señalar los problemas mencionados en el anterior informe que Italia presentó al Comité de Sanciones de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1390 (2002), destacando especialmente el hecho de que no es posible incluir nombres en el sistema común de información de la policía si no se dispone de los datos de identificación esenciales. ¿Han identificado las autoridades de su país, dentro de su territorio, a cualquier persona o entidad incluida en la Lista? En caso afirmativo, sírvase bosquejar las medidas que se han adoptado. Italia ya ha enviado propuestas específicas en este sentido al Comité establecido en virtud de la resolución 1267. Sírvase presentar al Comité, en la medida de lo posible, los nombres de las personas o entidades asociadas con Osama bin Laden o miembros de los talibanes o de Al-Qaida que no se hayan incluido en la Lista, a menos que ello redunde en perjuicio de las investigaciones o medidas coercitivas. Las autoridades competentes siguen examinando posibles iniciativas complementarias. ¿Ha incoado alguna de las personas o entidades incluidas en la Lista un proceso o entablado un procedimiento jurídico contra sus autoridades por haber sido incluida en la Lista? Sírvase especificar y detallar los particulares, si procede. Sólo se ha incoado un procedimiento, en enero de 2003, contra el Ministerio de Economía y por conducto del servicio de abogados del Gobierno, a nombre de Nasco Business Residence Center, S.a.s., propiedad de Nasreddin Ahmed Idris, solicitando que se descongelaran por completo sus cuentas bancarias corrientes para reanudar sus negocios. El procedimiento se presentó ante el Tribunal de Milán, y la solicitud fue rechazada, ya que la autoridad judicial ordinaria no tiene competencia en la materia. Todos y cada uno de los elementos de la normativa de la Unión Europea que reglamenta la actividad empresarial son de aplicación obligatoria y directa en todos los países miembros. Por ello, no es posible que las autoridades judiciales de un solo país adopten medidas para descongelar activos. ¿Ha comprobado si alguna de las personas incluidas en la Lista es nacional o residente de su país? ¿Poseen las autoridades de su país alguna información pertinente acerca de esas personas que no figure ya en la Lista? De ser así, sírvase proporcionar esa información al Comité, así como información análoga respecto de las entidades incluidas en la Lista, si se dispone de ella. Las propuestas presentadas por Italia a este Comité incluyen referencias a personas residentes en el país. Además, el 7 de noviembre de 2001 se registró la residencia de Nada Youssef en Campione d'Italia (CO). Nada Youssef nació en Alejandría el 17 de mayo de 1931 y es un ciudadano italiano naturalizado, residente en el número 32, Vía Arogno, Campione d'Italia, y es socio fundador y Presidente del Banco Al Taqwa Limited, creado en 1987/1988 (desde el 6 de marzo de 2001, esta estructura se denomina “Nada Management Organization S.A.”, y tiene su sede en Lugano, (Suiza)). Se acusó a Nada de prestar apoyo financiero y logístico, por conducto de esta empresa, a los autores de los atentados terroristas perpetrados en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. También fue acusado de haber financiado a Al-Qaida desde 1981. Esta segunda cuestión se está investigando en la actualidad, pero por el momento es confidencial. Con arreglo a su legislación nacional, en su caso, sírvase describir las medidas que ha adoptado para impedir que entidades y personas recluten o apoyen a miembros de Al-Qaida para realizar actividades en su país, e impedir que otras personas participen en los campos de entrenamiento de Al-Qaida establecidos en su país o en otro distinto. Sírvase remitirse al apartado a) del párrafo dispositivo 2 del informe relacionado sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) de las Naciones Unidas, en la que ya se da una respuesta a esta pregunta. Se han tomado nuevas medidas para combatir estas actividades en la ley de 14 de enero de 2003, por la que se ratifica y aplica el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, y se incorporan estas disposiciones a la legislación nacional. Congelación de activos financieros y económicos Sírvase describir brevemente: • La base jurídica nacional para aplicar la congelación de activos requerida por las resoluciones anteriores; • Cualquier impedimento que se suscite con arreglo a su legislación nacional a este respecto y las medidas adoptadas para afrontarlo. En el apartado a) del informe para el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267, presentado por Italia en 2002 de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1390, ya se da una respuesta a esta pregunta. Sírvase describir las estructuras y mecanismos establecidos en su Gobierno para identificar e investigar las redes financieras relacionadas con Osama bin Laden, Al-Qaida o los talibanes o que les presten apoyo a ellos o a personas, grupos, empresas o entidades asociados a ellos en el ámbito de su jurisdicción. Sírvase indicar, cuando proceda, cómo se coordinan sus actividades a nivel nacional, regional y/o internacional. Sírvase remitirse al apartado a) del párrafo dispositivo 1 del informe nacional sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) de las Naciones Unidas. Además, cabe destacar los siguientes aspectos. El Comité de Seguridad Financiera ha sido creado para supervisar las medidas tomadas por Italia para reprimir la financiación del terrorismo y mejorar la coordinación entre los distintos organismos competentes. El Comité es la autoridad competente para aplicar la legislación europea relativa a sanciones financieras. El Comité promovió la adopción de la Ley 431/01, en la que se establecen sanciones por violación de la congelación de activos impuesta a los terroristas. La congelación de activos se decide normalmente mediante un reglamento europeo, bien de manera autónoma, o para aplicar una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el artículo 2 de la Ley 431/01 se establece que toda transacción que contravenga las disposiciones de la Unión Europea sobre congelación de activos (o la prohibición de mercancías y servicios o restricción de vuelos) será nula e incurrirá en sanciones. En virtud de todo nuevo reglamento de la Unión Europea, las sanciones pueden aplicarse automáticamente. La represión de la financiación del terrorismo exige una participación activa de los bancos e intermediarios financieros. El Comité de Seguridad Financiera ha ampliado el alcance de los poderes del Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) (Oficina Italiana de Cambios) y de la Dependencia de información financiera (FIU) italiana para potenciar la lucha contra la financiación del terrorismo (véase el artículo 3 de la Ley 431/01). El sistema de notificación del UIC y otras actividades de investigación financiera relacionadas se utilizan en la actualidad para detectar con prontitud indicios de actividad terrorista en el sistema financiero italiano. El UIC ha dado instrucciones específicas a los bancos e intermediarios financieros de notificar toda transacción que pudiera estar relacionada con individuos u organizaciones involucrados en actividades terroristas. El UIC publica una lista actualizada de los terroristas cuyos activos deben congelarse en su sitio web. El Comité de Seguridad Financiera ha publicado directrices específicas sobre la ejecución de órdenes de congelación de activos, que abarcan cuestiones tales como la homonimia y la derogación de la orden. El UIC ha enviado estas directrices a los intermediarios financieros. El Comité ha contribuido a elaborar la lista de terroristas contemplada en la resolución 1390 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y está examinando nueva documentación al respecto. Para preparar estas listas, el Comité ha pedido información y datos a otros departamentos del Gobierno y otras administraciones, incluso en los casos en que ha sido necesario pedir una exención de la ley de secretos oficiales. El Comité también puede pedir al Ufficio Italiano dei Cambi, CONSOB y a la Guardia di Finanza (Policía Financiera) que realicen investigaciones. La naturaleza internacional de la financiación del terrorismo exige que los países colaboren entre sí e intercambien información para acordar y tomar medidas eficaces. A tal efecto, el Comité ha fomentado la cooperación entre las dependencias de inteligencia financiera para recopilar e intercambiar información sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La necesidad de tomar medidas concertadas para identificar las redes financieras de bin Laden, Al-Qaida y los talibanes, los individuos o grupos que los apoyan y los individuos, grupos, actividades u órganos relacionados con ellos, se ha traducido, en el sector de la inteligencia, en la creación de un comité especial que reúne a representantes de los servicios de información, el Ministerio de Economía y Fi-nanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Actividades Productivas. En el apartado a) del párrafo 1 del informe complementario presentado por Italia al Comité contra el Terrorismo en noviembre de 2002 ya se menciona la existencia de este comité. Sírvase indicar qué medidas están obligados a adoptar los bancos y otras instituciones financieras para localizar e identificar activos atribuibles a Osama bin Laden, miembros de Al-Qaida o los talibanes, o entidades o personas asociados con ellos, o que puedan ponerse a su disposición. Sírvase describir los requisitos de la “debida diligencia” o del “conocimiento del cliente”. Sírvase indicar cómo se aplican esos requisitos, incluidos los nombres y actividades de los organismos encargados de la vigilancia. Sírvase remitirse al tercer inciso del apartado c) del párrafo 1 de la parte dispositiva del informe complementario de Italia sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) de las Naciones Unidas, en el que ya se da una respuesta a esta pregunta. En la resolución 1455 (2003) se pide a los Estados Miembros que presenten “un resumen exhaustivo de los bienes congelados pertenecientes a personas o entidades incluidas en la Lista”. Sírvase proporcionar una lista de los bienes que se han congelado en cumplimiento de dicha resolución. Deberían incluirse también los bienes congelados en cumplimiento de las resoluciones 1267 (1999), 1333 (2001) y 1390 (2002). Sírvase incluir, en la medida de lo posible, en cada enumeración la información siguiente: • Identificación de las personas o entidades cuyos bienes se han congelado; • Una descripción de la naturaleza de los bienes congelados (es decir, depósitos bancarios, valores, fondos de comercio, objetos preciosos, obras de arte, bienes inmuebles y otros bienes); • El valor de los bienes congelados. En el cuadro adjunto, elaborado por el Comité de Seguridad Financiera, figuran datos pormenorizados a este respecto. Sírvase indicar si ha desbloqueado, en cumplimiento de la resolución 1452 (2002), fondos, activos financieros o recursos económicos que hubieran sido congelados anteriormente por estar relacionados con Osama bin Laden o miembros de Al-Qaida o los talibanes o personas o entidades asociados con ellos. En caso afirmativo, sírvase indicar los motivos, las cantidades descongeladas o desbloqueadas y las fechas. El Comité de Seguridad Financiera, autoridad competente en la materia, no ha recibido hasta la fecha ninguna solicitud en este sentido. Con arreglo a las resoluciones 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) y 1267 (1999), los Estados están obligados a cerciorarse de que sus nacionales u otras personas que se hallen en su territorio no pongan fondos, activos financieros o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición de las personas o entidades incluidas en la lista o en beneficio de ellas. Sírvase indicar la base jurídica, incluida una breve descripción de las leyes, reglamentos y/o procedimientos vigentes en su país para fiscalizar el movimiento de esos fondos o activos a las personas y entidades incluidas en la Lista. Esta sección debería comprender una descripción de: • Los métodos utilizados, en su caso, para informar a los bancos y demás instituciones financieras de las restricciones impuestas a las personas o entidades designadas por el Comité o que hayan sido identificadas de otro modo como miembros o asociados de la organización Al-Qaida o de los talibanes. Esta sección debería incluir una indicación de los tipos de instituciones informadas y de los métodos utilizados; • Los procedimientos exigidos de presentación de informes bancarios, en su caso, incluida la utilización de informes sobre transacciones sospechosas (ITS), y la manera en que se examinan y evalúan esos informes; • La obligación, en su caso, impuesta a instituciones financieras distintas de los bancos de presentar ITS, y la manera en que se examinan y evalúan esos informes; • Restricciones o reglamentación, en su caso, acerca del movimiento de objetos preciosos, como oro, diamantes y otros artículos conexos; • Reglamentación o restricciones, en su caso, aplicables a sistemas alternativos de envío de remesas, como el sistema “hawala” o sistemas análogos, y a organismos de beneficencia, organizaciones culturales y otras organizaciones sin fines lucrativos que recaudan y desembolsan fondos para fines sociales o caritativos. Por lo que respecta a los sistemas para prevenir el abuso de mercado, el Decreto Ley 374, de 25 de septiembre de 1999, amplía el alcance de las prohibiciones sobre el reciclaje que figuran en la ley 197/1991 a actividades financieras particularmente susceptibles de ser utilizadas para fines ilícitos y prevé mecanismos de vigilancia por parte del Ufficio Italiano dei Cambi, al que atribuye poderes de inspección, y por la Unidad especial de divisas de la Guardia di Finanza (Policía de aduanas e impuestos indirectos). En el artículo 3 se define el término “organismo financiero” y se prescribe que los intermediarios, tanto financieros como no financieros, respeten su obligación de identificar, registrar y notificar operaciones sospechosas. El Decreto Ley 374/1999 y el Decreto ministerial No. 485, de 13 de diciembre de 2001, reglamentan la actividad de los organismos financieros. Por último la Ley 73, de 22 de abril de 2002, contiene disposiciones que amplían el alcance de las competencias y poderes del Ufficio Italiano dei Cambi y de la Guardia di Finanza, autorizándolos a tomar medidas para reprimir la financiación de actividades terroristas. La Ley 460, de 4 de diciembre de 1997, reorganizó el sector y creó una categoría, denominada organizaciones sin fines lucrativos de utilidad social (ONLUS), que comprende las organizaciones con objetivos de solidaridad social, ya sea en el ámbito del deporte, la sociedad, la cultura, la educación, la política o la beneficencia, que no sean principalmente económicos. Estas organizaciones pueden ser asociaciones (registradas o no), fundaciones o comités para recaudar fondos. En la Reglamentación No. 329, de 21 de marzo de 2001, se dispone que estas organizaciones estarán supervisadas por un órgano normativo, denominado “Agenzia per le ONLUS”, que informa anualmente a la oficina del Primer Ministro. Este organismo se ha creado muy recientemente, por lo que aún hay una serie de cuestiones pendientes por lo que respecta a su mandato y administración. La Ley 460/97 no prevé ninguna organización de control o acreditación que supervise la recaudación de fondos para caridad en nombre de la comunidad de donantes. No obstante, tampoco impide que la comunidad de donantes establezca un sistema de vigilancia en este sentido. En virtud de la Ley 460/97, se exige a las ONLUS que informen de sus finanzas, indicando por separado el saldo y la cuenta de caja anual. Además, la Reglamentación No. 329/2001 atribuye a la Agenzia per le ONLUS poderes para supervisar este sector. La legislación italiana exige que todas las organizaciones sin fines lucrativos que estén dispuestas a obtener carácter de ONLUS figuren en un registro que mantiene en las oficinas locales del Ministerio de Economía y Finanzas. El registro de las ONLUS se ha creado recientemente y hasta ahora se ha utilizado principalmente a efectos fiscales. Se prevé desarrollarlo en breve para otros fines. Además, se exige que las ONLUS mencionen la palabra “ONLUS” en su denominación, así como en toda otra comunicación o logotipo distintivo dirigido al público. Por lo que respecta a los demás aspectos (apartados 1, 2, 3 y 4), sírvase remitirse al apartado a) del informe para el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267, presentado en 2002 por Italia, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1390. Prohibición de viajar Con arreglo al régimen de sanciones, todos los Estados deben adoptar medidas para impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él a las personas incluidas en la Lista (párrafo 1 de la resolución 1455 (2003) y apartado b) del párrafo 2 de la resolución 1390 (2002)). Sírvase bosquejar las medidas legislativas y/o administrativas, en su caso, adoptadas para poner en práctica la prohibición de viajar. En el apartado g) del párrafo 2 del informe suplementario de Italia sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) de las Naciones Unidas ya se da una respuesta a esta pregunta. ¿Ha incluido los nombres de las personas designadas en su “lista de detención” o lista de controles fronterizos de su país? Sírvase bosquejar brevemente las medidas adoptadas y los problemas con que se ha tropezado. Se han incluido en las listas nacionales de controles fronterizos los nombres que figuran en las Listas del Comité de Sanciones para los que se dispone de los datos mínimos de identificación (nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento). ¿Con qué frecuencia transmite la Lista actualizada a las autoridades de control de fronteras de su país? ¿Dispone de la capacidad de buscar datos incluidos en la Lista por medios electrónicos en todos sus puntos de entrada? Cada vez que se actualiza la Lista se informa sin demora a las oficinas competentes de la policía de fronteras. A escala nacional, todos los puestos de control de fronteras (incluidos los gestionados por los Carabinieri y la Guardia di Finanza), la Questura (Cuartel General de la Policía Provincial) y las oficinas locales están conectados a una base de datos central denominada SDI. Por lo que respecta a las personas que figuran en la Lista de la resolución 1390 (2002), se han incluido aquéllas para las que se dispone de los datos mínimos de identificación que exige el sistema informático. En la práctica, esto implica que sólo puede incluirse una persona si se conoce su nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad. En respuesta a las restricciones, se han incluido en las listas de controles fronterizos de la SDI los nombres de las personas cuyos datos mínimos estaban disponibles, a los efectos de prohibir su entrada en el territorio italiano. ¿Ha detenido a algunas de las personas incluidas en la Lista en cualquiera de sus puntos fronterizos o en tránsito por su territorio? En caso afirmativo, sírvase proporcionar la información adicional pertinente. Ninguna de las personas incluidas en la Lista ha sido posteriormente identificada en la frontera ni por las oficinas centrales o locales de la policía dentro del territorio italiano. Sírvase bosquejar las medidas adoptadas, en su caso, para incluir la Lista en la base de datos de referencia de sus oficinas consulares. ¿Han identificado las autoridades de expedición de visados de su país a algún solicitante de visado cuyo nombre figure en la Lista? Como ya hemos comunicado al Grupo de Vigilancia sobre la aplicación de la resolución 1390, Italia ha enviado una lista actualizada de personas afectadas por las sanciones a todas las misiones diplomáticas y consulados en el extranjero. En el ámbito de los controles efectuados, las autoridades encargadas de la expedición de visados no han detectado ninguno de los nombres incluidos en la Lista. Embargo de armas Con arreglo al régimen de sanciones, se pide a todos los Estados que impidan el suministro, la venta y la transferencia, directos o indirectos, a Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas y entidades asociados con ellos, desde su territorio o por sus nacionales fuera de su territorio, de armas y materiales conexos de todo tipo, incluidos el suministro de piezas de repuesto y asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento con actividades militares (apartado c) del párrafo 2 de la resolución 1390 (2002) y párrafo 1 de la resolución 1455 (2003)). ¿Qué medidas aplica actualmente, en su caso, para impedir la adquisición de armas convencionales y armas de destrucción en masa por Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos? ¿Qué tipo de controles a la exportación aplica para impedir que obtengan los elementos y la tecnología necesarios para el desarrollo y producción de armas? ¿Qué medidas, si acaso, ha adoptado para tipificar como delito la violación del embargo de armas decretado contra Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos? Sírvase describir cómo su sistema de concesión de licencias de armas/negocio de armas, en su caso, puede impedir que Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes, y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos obtengan artículos incluidos en el embargo de armas decretado por las Naciones Unidas. ¿Tiene algunas garantías de que las armas y municiones producidas en su país no serán desviadas hacia Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas por ellos, ni utilizadas por ellos? En el apartado c) del informe para el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (Comité de Sanciones), presentado en 2002 por Italia de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1390, ya se da una respuesta a estas preguntas. Asistencia y conclusión ¿Estaría su país dispuesto a proporcionar asistencia a otros Estados para ayudarles a aplicar las medidas incluidas en las resoluciones antes mencionadas, o podría hacerlo? En caso afirmativo, sírvase proporcionar particulares o propuestas adicionales. Italia ha presentado un informe oficial al Comité contra el Terrorismo como contribución a la labor de compilar “directorios de asistencia” para la lucha contra el terrorismo. Sírvase identificar esferas, en su caso, en que se haya producido cualquier aplicación incompleta del régimen de sanciones contra los talibanes/Al-Qaida, y en las que, a su juicio, una asistencia concreta o la creación de capacidad mejoraría sus posibilidades de aplicar el régimen de sanciones mencionado más arriba. El principal problema con el que se ha tropezado hasta la fecha a la hora de aplicar el régimen de sanciones contemplado en estas resoluciones es la dificultad de incluir en los sistemas informáticos nombres de personas cuyos datos mínimos de identificación se desconocen. Además, la Unión Europea aún está estudiando quién es responsable de incluir los nombres que figuran en esta Lista en el sistema de información del acuerdo de Schengen. Sírvase incluir cualquier información adicional que considere pertinente.