Concern about these problems prompted an agreement in March 2003, between the Government and the Human Rights Ombudsman, with the support of non-governmental human rights organizations, to establish an internationally backed investigation into the existence of clandestine groups with the participation of the United Nations and the Organization of American States.
En vista de la inquietud suscitada por esos problemas, en marzo de 2003 el Gobierno y el Procurador de los Derechos Humanos, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, acordaron iniciar una investigación de los grupos clandestinos, respaldada internacionalmente con la participación de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.