The constitutional commitments made in favour of the socially disadvantaged groups prompted policy makers and planners to accord high priority to the welfare and development of these groups right from the beginning of the country's developmental planning, launched in 1951.
Los compromisos constitucionales en favor de los grupos socialmente desfavorecidos han hecho que los responsables de establecer políticas y los planificadores acuerden una alta prioridad al bienestar y desarrollo de estos grupos desde el principio de la planificación del desarrollo del país, en 1951.