The Commission also mentions the impunity encouraged by the failure to act of the Office of the State Attorney-General and the Office of the Attorney-General, and the lack of judicial safeguards ensuring due process and judicial protection for the victims of violence originating in agrarian conflicts and disputes over forestry resources.
También se señala la impunidad propiciada por la inacción de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Procuraduría General de la República, así como la falta de garantías por parte del Poder Judicial para ofrecer un debido proceso y protección judicial a las personas que han sido víctimas de la violencia originada en los conflictos agrarios y en la disputa por los recursos forestales.