La extracción involuntaria de órganos es ilegal según la ley china; sin embargo, en virtud de una regulación de 1984, se hizo legal extraer órganos de criminales ejecutados con el consentimiento previo del criminal o de sus familiares. Las crecientes preocupaciones sobre posibles abusos éticos derivados del consentimiento forzado y la corrupción llevaron a grupos médicos y organizaciones de derechos humanos, en la década de 1990, a comenzar a condenar la práctica. Estas preocupaciones resurgieron en 2001, cuando un médico chino solicitante de asilo testificó que había participado en operaciones de trasplante de órganos.
Años sesenta