Una de las acciones inmediatas de su administración fue resolver una diferencia de interpretación sobre la ley que creó el
zona del canal, aprobado el 28 de abril de 1904. Los legisladores panameños pretendían que la concesión de la zona a los Estados Unidos significara que los EE. UU. podrían ejercer la soberanía "sólo con el propósito de construir el canal". Dado que los puertos eran vitales para la economía de Panamá, el gobierno de Panamá no tenía intención de entregar la soberanía legal o económica completa en la zona del canal y no cedió su territorio a los Estados Unidos. Los estadounidenses habían establecido puertos, aduanas e instalaciones postales en la zona, a lo que se opusieron los panameños, ya que no tenían nada que ver con la construcción y eran funciones de un poder soberano.