Después del Informe Kilbrandon en 1973, recomendando una Asamblea escocesa descentralizada, el gobierno laborista liderado por Jim Callaghan introdujo la Ley de Escocia de 1978. La mayoría votó a favor del plan propuesto en un referéndum de marzo de 1979
En el caso de los diputados, el voto a favor de la propuesta era obligatorio, pero la ley estipulaba que el 40% del electorado total debía votar a favor. El resultado del referéndum no cumplió con esta prueba adicional, y el gobierno laborista decidió no seguir adelante con la descentralización. Cuando el partido volvió al poder en 1997, introdujo un segundo referéndum de descentralización que resultó en la promulgación de la Ley de Escocia de 1998 y la creación del Parlamento escocés.