El sistema forense tiene el deber de diagnosticar adecuadamente las muertes por golpe de calor cuando estas ocurren en su ámbito de investigación. Ello ayudaría a ofrecer datos epidemiológicos fiables sobre mortalidad y contribuir así a instaurar medidas preventivas ante situaciones de alarma [5,6], como la vivida este último verano en algunas partes de Europa. Sin embargo, las cifras oficiales manejadas hasta ahora no han tenido en cuenta (al menos según la experiencia de Bizkaia) la mortalidad forense.