Históricamente, las tareas de seguridad pública (en el sentido de controlar la delincuencia), la educación pública, la salud pública, el transporte y la infraestructura se han considerado en general principalmente responsabilidades estatales, aunque ahora todas ellas también cuentan con una financiación y una regulación federales significativas (basadas en gran medida sobre la cláusula de comercio, la cláusula de impuestos y gastos y la cláusula necesaria y adecuada de la Constitución de los Estados Unidos).