L 30/16 Diario Oficial de la Unión Europea 31.1.2009 REGLAMENTO (CE) N9 73/2009 DEL CONSEJO de 19 de enero de 2009 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n* 1290/2005, (CE) n? 247/2006, (CE) n* 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n” 1782/2003 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 36 y 37 y su artículo 299, apartado 2, Vista el Acta de adhesión de 1979, y en particular el apartado 6 del Protocolo n* 4 sobre el algodón adjunto, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Parlamento Europeo (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3), Considerando lo siguiente: (1) Las reformas de la política agrícola común (PAC) apro- badas en 2003 y 2004 incluían disposiciones destinadas a evaluar su eficacia. En este contexto, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una comu- nicación titulada «Preparándose para el “chequeo” de la reforma de la PAC», con fecha de 20 de noviembre de 2007. Dicha comunicación y los ulteriores debates que el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Econó- mico y Social Europeo y el Comité de las Regiones mantuvieron sobre sus principales elementos, así como numerosas contribuciones resultantes de la consulta pública, deben tenerse en cuenta. La experiencia acumulada desde la aplicación del Regla- mento (CE) m 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda (* pone de manifiesto en particular la necesidad de ajustar deter- minados elementos del mecanismo de ayuda. Debe ampliarse, en particular, la disociación de la ayuda directa y simplificarse el funcionamiento del régimen de pago único. Además, el Reglamento (CE) n* 1782/2003 ha sido modificado sustancialmente en varias ocasiones. (1) Dictamen de 19 de noviembre de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial). () Dictamen de 23 de octubre de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial). Dictamen emitido previa consulta no preceptiva. () Dictamen de 8 de octubre de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial). Dictamen emitido previa consulta no preceptiva. () DOL270 de 21.10.2003,p. 1. (3) Habida cuenta de todo lo anterior y por motivos de claridad, debe ser derogado y sustituido por el presente Reglamento. El Reglamento (CE) n* 1782/2003 establecía el principio de que a los agricultores que no respetasen determinadas exigencias en materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar animal se les aplica- rían reducciones de la ayuda directa o serían excluidos del beneficio de la misma. Este sistema de «condiciona- lidad» forma parte integrante de la ayuda comunitaria concedida en virtud de los pagos directos y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin embargo, la experiencia ha demos- trado que una serie de exigencias incluidas en el ámbito de aplicación de la condicionalidad no están suficiente- mente relacionadas con la actividad agraria o las tierras agrarias o conciernen más a las autoridades nacionales que a los agricultores. Por lo tanto, resulta procedente adecuar el ámbito de aplicación de la condicionalidad. Además, con objeto de evitar que las tierras agrarias sean abandonadas y de garantizar que se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales, el Reglamento (CE) n* 1782/2003 creó un marco comuni- tario en función del cual los Estados miembros adoptan normas atendiendo a las características específicas de las zonas correspondientes, entre las que se incluyen las condiciones edafológicas y climáticas y los sistemas de cultivo, la utilización del suelo, la rotación de cultivos, las prácticas de cultivo y las estructuras agrarias existentes. Es preciso mantener este marco. No obstante, la expe- riencia ha mostrado que la pertinencia y los efectos bene- ficiosos que tienen algunas normas no son suficientes para justificar su aplicación por todos los Estados miem- bros, razón por la cual esas normas deben convertirse en facultativas para los Estados miembros. Sin embargo, para garantizar que el marco sea lo más coherente posible, una norma no debe ser facultativa si antes de 2009 el Estado miembro de que se trate ya hubiera definido un requisito mínimo en virtud de la misma o si existen normas nacionales que se refieren a ella. La supresión, de conformidad con el presente Regla- mento, de la retirada de tierras obligatoria dentro del régimen de pago único podría, en algunos casos, tener efectos adversos en el medio ambiente, en particular en lo que atañe a determinados elementos paisajísticos. Por lo tanto, resulta adecuado reforzar las disposiciones comunitarias que tienen como finalidad proteger elementos paisajísticos concretos. En determinadas situa- ciones, los Estados miembros deben poder estipular también el establecimiento o el mantenimiento de hábitats.