24.4.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 108/51 DIRECTIVA 2002/22/CE DEL PARLAMENTO EEUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (*), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (*), De conformidad con el procedimiento establecido en el artí- culo 251 del Tratado (*), Considerando lo siguiente: (1) La liberalización del sector de las telecomunicaciones, la intensificación de la competencia y la libre elección de los servicios de comunicaciones son paralelas con el establecimiento de un marco regulador armonizado que garantice la prestación del servicio universal. El con- cepto de servicio universal debe adaptarse a la evolución tecnológica, el desarrollo del mercado y las modificacio- nes en la demanda de los usuarios. El marco regulador establecido con motivo de la liberalización total del mer- cado comunitario de las telecomunicaciones en 1998 establecía el alcance mínimo de las obligaciones de ser- vicio universal, así como las normas para el cálculo de su coste y para su financiación. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153 del Trata- do, la Comunidad debe contribuir a la protección de los consumidores. La Comunidad y sus Estados miembros han asumido compromisos en materia de regulación de las redes y servicios de telecomunicaciones en el marco del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre telecomunicaciones básicas. Todo Miembro de la (1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 238 y DO C 332 E de 27.11.2001, p. 292. () DO C 139 de 11.5.2001, p. 15. () DO C 144 de 16.5.2001, p. 60. (% Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 17 de septiembre de 2001 (DO C 337 de 30.11.2001, p. 55) y Decisión del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2001 (no publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 14 de febrero de 2002. OMC tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desee mantener. No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetiti- vas per se, a condición de que sean administradas de manera transparente y no discriminatoria y con neutrali- dad en la competencia y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por el Miembro. Garantizar el servicio universal (es decir, la prestación de un determinado conjunto mínimo de servicios a todos los usuarios finales a un precio asequible) puede implicar la prestación de algunos servicios a algunos usuarios finales a precios que difieran de los resultantes de unas condiciones de mercado normales. No obstante, la compensación de las empresas encargadas de facilitar dichos servicios en dichas condiciones no tiene por qué dar lugar a una distorsión de la competencia, siempre que se compense a dichas empresas por los costes netos específicos en que se incurra y la carga en términos de costes netos se recupere de modo neutral desde el punto de vista de la competencia. En un mercado competitivo conviene aplicar determina- das obligaciones a todas las empresas que ofrezcan servi- cios telefónicos disponibles al público desde una ubica- ción fija, mientras que otras obligaciones sólo deben aplicarse a empresas que disfruten de un peso significa- tivo en el mercado o que hayan sido designadas como operador de servicio universal. El punto de terminación de la red constituye una fron- tera para el propósito reglamentario entre el marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y el reglamento del equipo terminal de tele- comunicación. Determinar la localización del punto de terminación de la red es responsabilidad de la autoridad nacional de reglamentación, de ser necesario sobre la base de una propuesta de las empresas competentes. Los Estados miembros deben seguir garantizando que los servicios que establece el Capítulo II se ponen en su territorio a disposición de todos los usuarios finales con la calidad que se especifica independientemente de su situación geográfica y a un precio asequible, teniendo en cuenta las condiciones nacionales específicas. Los Esta- dos miembros, en el contexto de las obligaciones de ser- vicio universal y teniendo en cuenta las condiciones nacionales, podrán adoptar medidas específicas para los consumidores de las zonas rurales o geográficamente aisladas para garantizarles el acceso a los servicios que establece el Capítulo II y que resulten asequibles de