L 270/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8.10.2002 DIRECTIVA 2002/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de septiembre de 2002 que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 137, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (), Previa consulta al Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (), Considerando lo siguiente: (1)  La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamen- tales de los trabajadores, adoptada el 9 de diciembre de 1989, dispone en su apartado 7 que la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea y que esta mejora deberá igual- mente desarrollar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la reglamentación laboral, como los procedimientos de despido colectivo o los referentes a las quiebras. (2) -La Directiva 80/987/CEE del Consejo (*), tiene por obje- tivo garantizar a los trabajadores asalariados un mínimo de protección en caso de insolvencia de su empresario. A tal efecto, obliga a los Estados miembros a crear una institución que garantice a los trabajadores afectados el pago de los créditos impagados. (3) La evolución del Derecho en materia de insolvencia en los Estados miembros así como el desarrollo del mercado interior exigen una adaptación de determinadas disposi- ciones de dicha Directiva. (4) La seguridad y la transparencia jurídica requieren, por otra parte, precisiones por lo que se refiere al ámbito de aplicación y a determinadas definiciones de la Directiva 80/987/CEE. Entre otras cosas, es necesario precisar en el articulado de la Directiva las posibilidades de exclusión concedidas a los Estados miembros, y suprimir en conse- cuencia el anexo de la misma. (5) Con vistas a garantizar una protección equitativa de los trabajadores afectados, es oportuno adaptar la definición del estado de insolvencia a las nuevas tendencias legisla- tivas en la materia en los Estados miembros y abarcar () DO C 154 E de 29.5.2001, p. 109. () DO C 221 de 7.8.2001, p. 110. () Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2001 (no publicado aún en el Diario Of?cial), Posición común del Consejo de 18 de febrero de 2002 (DO C 119 E de 22.5.2002, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 14 de mayo de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial), Decisión del Consejo de 27 de junio de 2002. () DO L 283 de 28.10.1980, p. 23; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994. igualmente, por medio de este concepto, los procedi- mientos de insolvencia distintos de la liquidación. En este contexto, los Estados miembros deben poder establecer, para determinar la obligación de pago de la institución de garantía, que cuando una situación de insolvencia dé lugar a varios procedimientos de insolvencia, dicha situa- ción se trate como si constituyera un solo procedimiento de insolvencia. (6) — Es preciso garantizar que los trabajadores contemplados en la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (), la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determi- nada (5), y la Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal (7) no sean excluidos del ámbito de apli- cación de la presente Directiva. (7) — A fin de garantizar la seguridad jurídica de los trabaja- dores asalariados en caso de insolvencia de las empresas que ejerzan sus actividades en varios Estados miembros y de consolidar los derechos de los trabajadores en el sentido indicado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es preciso intro- ducir disposiciones que determinen explícitamente la institución competente para el pago de los créditos impagados de los trabajadores en esos casos y que esta- blezcan como objetivo de la cooperación entre las admi- nistraciones competentes de los Estados miembros la liquidación, en el plazo más breve posible, de los créditos impagados a los trabajadores. Es preciso además garan- tizar una correcta aplicación de las disposiciones en la materia, previendo, a tal fin, la colaboración entre las administraciones competentes de los Estados miembros. (8) — Los Estados miembros podrán establecer límites a la responsabilidad de las instituciones de garantía que sean compatibles con el objetivo social de la Directiva y puedan tener en cuenta la diferente prelación de los créditos. () DO L 14 de 20.1.1998, p. 9; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/23/CE (DO L 131 de 5.5.1998, p. 10). () DO L 175 de 10.7.1999, p. 43. () DO L 206 de 29.7.1991, p. 19.