L 196/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14.7.98 DECISIÓN N* 1496/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de junio de 1998 por la que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas al Derecho comunitario (Acción Robert Schuman) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (*), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), (1) Considerando que en la Declaración n* 19 relativa a la aplicación del Derecho comunitario, aneja al Acta final del Tratado de la Unión Europea, se subraya que es necesario para el buen funciona- miento de la Comunidad que las medidas adop- tadas en los distintos Estados miembros conduzcan a la misma eficacia y rigor en la aplicación del Derecho comunitario que en la de sus respectivos Derechos nacionales; Considerando que la realización del mercado inte- rior ha requerido un considerable esfuerzo legisla- tivo que conlleva, en particular, una aproximación de las legislaciones nacionales destinada a crear un espacio sin fronteras interiores; Considerando que la aplicación efectiva y uniforme de las normas del Derecho comunitario en dicho ámbito constituye una nueva prioridad indispen- sable para el buen funcionamiento del mercado interior; Considerando que las normas comunitarias rela- tivas a las libertades del mercado interior que tienen un efecto directo pueden ser invocadas, según los procedimientos establecidos en el Derecho nacional, ante cualquier órgano jurisdic- cional nacional; que los ciudadanos, los consumi- dores y las empresas deben poder confiar en la aplicación de estas normas y gozar, en todos los Estados miembros, de los derechos y garantías que confieren; que está en juego la seguridad jurídica, la credibilidad del mercado interior y, más aún, la confianza en todo el proceso de construcción europea; () DO C 378 de 13. 12. 199%6, p. 17 y DO C 368 de $. 12. 1997, p. 6. () DO C 206 de 7. 7. 1997, p. 63. () Dictamen del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 1997 (DO C 339 de 10. 11. 1997, p. 410), Posición común del Consejo de 9 de marzo de 1998 (DO C 135 de 30. 4. 1998, p. 25) y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de abril de 1998 (DO C 152 de 18. 5. 1998). Decisión del Consejo de 18 de mayo de 1998. (5) (9) Considerando que los ciudadanos, los consumi- dores y las empresas únicamente podrán hacer valer todos los derechos que les confiere el ordena- miento jurídico comunitario ante cualquier órgano jurisdiccional nacional, si los profesionales del Derecho que participan de forma más directa en la aplicación de las normas del Derecho comunitario, a saber, los jueces, fiscales y abogados, están sufi- cientemente informados y formados para ello; Considerando que la Comunicación de la Comi- sión al Consejo, de 22 de diciembre de 1993, titu- lada «Aprovechar al máximo el mercado interior — programa estratégico», insiste en la importancia, tanto para los justiciables como para el buen funcionamiento del mercado interior, de que los tribunales nacionales sean capaces de resolver un mayor número de asuntos relativos a la confor- midad de normas o actuaciones con el Derecho comunitario y, para ello, hace hincapié en la nece- sidad de mejorar los conocimientos de Derecho comunitario de los medios jurídicos; Considerando que, en su Resolución de 13 de febrero de 1996 sobre el Duodécimo Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (*), el Parlamento Europeo pide a la Comisión que, con objeto de mejorar la aplicación efectiva y uniforme del Derecho comu- nitario por parte de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, presente un programa de formación e información de las profesiones jurí- dicas en el ámbito del Derecho comunitario; Considerando que una mayor sensibilización al Derecho comunitario de los profesionales del Derecho que participan en la administración de justicia en los Estados miembros puede mejorar la cooperación, inherente al ordenamiento jurídico comunitario, entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia de las Comuni- dades Europeas; Considerando que no incumbe a la Comunidad Europea, conforme al principio de subsidiariedad y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Tratado, asumir la responsabilidad de los Estados miembros en lo que se refiere a la organización y el contenido de la formación profesional de los profe- sionales del Derecho que participan en la adminis- tración de justicia, a saber, los jueces, fiscales y abogados; () DO C 65 de 4. 3. 1996, p. 37.