8.10. 98 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 271/9 REGLAMENTO (CE) N* 2152/985 DE LA COMISIÓN de 7 de octubre de 1998 que inicia un procedimiento de reconsideración para un «nuevo exportador» del Reglamento (CE) n* 1821/98 del Consejo, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ciertos discos magnéticos (microdiscos de 3,5”) originarias da Indonesia, por el que se deroga el derecho aplicable a las importaciones de este exportador y por el que se sujetan a registro dichas importaciones LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) n” 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (!), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n* 905/98 (*), y, en particular, el apartado 4 de su artícu- lo 11, Previa consulta al Comité consultivo, Considerando lo que sigue: A. SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN (1) La Comisión ha recibido una solicitud de reconsi- deración para un «nuevo exportador» de confor- midad con el apartado 4 del artículo 11 del Regla- mento (CE) n” 384/96 (denominado en lo sucesivo «el Reglamento de base»). La solicitud fue presen- tada por PT. Betadiskindo Binatama, Indonesia (en lo sucesivo denominada «el solicitante»), que alega no haber exportado el producto afectado durante el período de investigación en el que se basaron las medidas antidumping, es decir, el período comprendido entre el 1 de marzo de 1994 y el 28 de febrero de 1995 (en lo sucesivo denominado «el período original de investigación”»). B. PRODUCTO (2) Los productos afectados son microdiscos de 3,5”, utilizados para grabar y almacenar datos informá- ticos digitales codificados, clasificados en el código NC ex 8523 20 90. Este código se facilita solamente a título informativo. C. MEDIDAS VIGENTES (3) El Consejo, mediante el Reglamento (CE) n* 1821/ 98 (*, impuso un derecho antidumping definitivo del 41,1 % sobre las importaciones del producto afectado originarias de Indonesia. D. ARGUMENTOS PARA LA RECONSIDERA- CIÓN (4 El solicitante ha demostrado que no estaba vincu- lado al exportador/productor indonesio sujeto a las medidas antidumping antes mencionadas para el ) DO L 56 de 6. 3. 19%6, p. 1. () DO L 128 de 30. 4. 1998, p. 18. ) DO L 236 de 22. 8. 1998, p. 1. producto afectado, y que empezó a exportarlo a la Comunidad después del período original de investi- gación. Se ha informado a los productores comunitarios notoriamente afectados acerca de la mencionada solicitud y se les ha ofrecido la oportunidad de presentar sus observaciones. En vista de lo anterior, la Comisión ha llegado a la conclusión de que existen suficientes pruebas para justificar el inicio de un procedimiento de reconsi- deración de conformidad con el apartado 4 del artículo 11 de Reglamento de base, a fin de deter- minar el margen individual de dumping del solici- tante y, en caso de que se constate la existencia de dumping, el nivel del derecho al que deben estar sujetas sus importaciones en la Comunidad del producto afectado. E. DEROGACIÓN DEL DERECHO EN VIGOR Y REGISTRO DE LAS IMPORTACIONES De conformidad con el apartado 4 del artículo 11 del Reglamento de base, el derecho antidumping en vigor para las importaciones del producto afec- tado originarias de Indonesia producidas y vendidas para su exportación a la Comunidad por el solici- tante debe derogarse. Al mismo tiempo, tales importaciones deberán estar sujetas a registro de conformidad con el apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de base para garantizar que, en caso de que la reconsideración determine la existencia de dumping en relación con el solicitante, los dere- chos antidumping puedan percibirse de manera retroactiva a partir de la fecha de inicio de la presente reconsideración. El importe de la posible obligación futura del solicitante no puede calcu- larse en la presente fase del procedimiento. F. PLAZO En interés de una buena gestión, deberá fijarse un plazo en el cual las partes interesadas, siempre que demuestren que podrían verse afectadas por los resultados de la investigación, puedan dar a conocer sus opiniones por escrito y facilitar pruebas. Debería también fijarse un período durante el cual las partes interesadas puedan solicitar ser oídas y demostrar que existen razones concretas para ello.