08/Vol. 02 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 75 38010723 29.7. 80 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N9 L 195/35 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN de 25 de junio de 1980 relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (80/723/CEE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 90, Considerando el importante papel que las empresas públicas desempeñan en la economía nacional de los Estados miem- bros; Considerando que, dado que el Tratado CEE no prejuzga en modo alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros, debe quedar garantizada la igualdad de trato entre las empresas públicas y las empresas privadas; Considerando que, en virtud del Tratado CEE, la Comisión tiene el deber de garantizar que los Estados miembros no conceden a las empresas, tanto públicas como privadas, ayudas incompatibles con el mercado común; Considerando, sin embargo, que la complejidad de las relaciones financieras de los poderes públicos nacionales con las empresas públicas puede entorpecer el cumplimiento de esta tarea; Considerando además que la aplicación eficaz y equitativa a las empresas públicas y privadas de las normas del Tratado CEE relativas a las ayudas sólo puede llevarse a cabo si esas relaciones financieras se hacen transparentes; Considerando por añadidura que en materia de empresas públicas esta transparencia debe permitir que se diferencie claramente el papel del Estado como poder público y como propietario; Considerando que el primer apartado del artículo 90 impone obligaciones a los Estados miembros en lo que se refiere a las empresas públicas; que el tercer apartado de ese mismo artículo impone a la Comisión velar por el respeto de dichas obligaciones y le proporciona los medios necesarios para ello; que la definición de las condiciones que responden a la necesidad de transparencia a que se alude más arriba se inscribe en ese marco; Considerando que conviene precisar lo que se entiende por «poderes públicos» y «empresas públicas»; Considerando que los poderes públicos pueden ejercer una influencia dominante sobre el comportamiento de las empre- sas públicas, no sólo en el caso de que sean propietarios o posean una participación mayoritaria en dichas empresas, sino también debido a los poderes que posean en sus órganos de gestión o de vigilancia, bien por sus estatutos, bien por el reparto de las acciones; - Considerando que la puesta a disposición de los fondos públicos para las empresas públicas puede hacerse tanto directa como indirectamente; que conviene, por tanto, que se garantice la transparencia independientemente de las moda- lidades según las cuales se efectúa la puesta a disposición de los fondos públicos; que llegado el caso, conviene garantizar un conocimiento adecuado de las motivaciones de esa puesta a disposición y de su utilización efectiva; Considerando que los Estados miembros, mediante sus empresas públicas, pueden perseguir objetivos distintos de los comerciales; que, en algunos casos, dichas empresas públicas obtienen del Estado una compensación de las cargas que asumen por ese hecho; que también hay que garantizar la transparencia de las compensaciones; Considerando que hay que prever exclusiones tanto secto- riales como cuantitativas; que, en efecto, hay que excluir determinados sectores que no pertenezcan al ámbito compe- titivo o que ya han sido objeto de disposiciones comunitarias particulares que garanticen una transparencia adecuada, determinados sectores cuya índole particular justifica que sean objeto de disposiciones específicas, así como las empre- sas públicas cuya escasa importancia económica no justifica las cargas administrativas que pudieran derivarse de las medidas que hubiera qué adoptar; Considerando que la presente Directiva no prejuzga la aplicación de otras disposiciones del Tratado CEF, en particular, el apartado 2 de su artículo 90 y sus artículos 93 y 223; Considerando que tratándose de empresas cuyas actividades se ciesarrollan en competencia con las actividades de otras empresas, conviene garantizar el secreto profesional sobre las informaciones obtenidas; Considerando que la aplicación de la presente Directiva debe hacerse en estrecha colaboración con los Estados miembros y que, basándose en la experiencia adquirida, convendrá, llegado el caso, proceder a una revisión de la misma,