5.5.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L125/15 DIRECTIVA 2001/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de abril de 2001 relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 47, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (>), Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo (), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (% Considerando lo siguiente: (1) — De conformidad con los objetivos del Tratado, conviene fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas del conjunto de la Comunidad mediante la eliminación de cualquier obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el interior de la Comunidad. (2) Además de la eliminación de estos obstáculos, conviene prestar atención a la situación que puede producirse en caso de dificultades de una entidad de crédito, en parti- cular en el caso en que dicha entidad tenga sucursales en otros Estados miembros. (3) — La Directiva se inscribe en el contexto legislativo comu- nitario de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, rela- tiva al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (*), y de todo ello resulta que, durante su período de actividad, la entidad de crédito y sus sucur- sales forman una entidad única sometida a la supervisión de las autoridades competentes del Estado en el que se haya expedido la autorización válida en el conjunto de la Comunidad. (4) Sería particularmente inoportuno renunciar a esta unidad que la entidad forma con sus sucursales cuando sea necesario adoptar medidas de saneamiento o incoar un procedimiento de liquidación. (5)  La adopción de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa () DO C 356 de 31.12.1985, p. 55 y DO C 36 de 8.2.1988, p. 1. () DO C 263 de 20.10.1986, p. 13. () DO C 332 de 30.10.1998, p. 13. (*) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1987 (DO C 99 de 13.4.1987, p. 211) confirmado el 2 de diciembre de 1993 (DO C 342 de 20.12.1993, p. 30). Posición común del Consejo de 17 de julio de 2000 (DO C 300 de 20.10.2000, p. 13) y Decisión del Parfamento Europeo de 16 de enero de 2001 (no publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 12 de marzo de 2001. () DO L 126 de 26.5.2000, p. 1; Directiva modificada por la Directiva 2000/28/CE (DO L 275 de 27.10.2000, p. 37) a los sistemas de garantía de depósitos (9), que ha esta- blecido el principio de adhesión obligatoria de las enti- dades de crédito a un sistema de garantía del Estado miembro de origen, pone aún más en evidencia la nece- sidad de un reconocimiento mutuo de las medidas de saneamiento y de los procedimientos de liquidación. (65 — Procede confiar a las autoridades administrativas o judi- ciales del Estado miembro de origen la competencia exclusiva de decidir y aplicar las medidas de saneamiento previstas en la legislación y los usos en vigor en dicho Estado miembro. Debido a la dificultad de armonizar las legislaciones y los usos de los Estados miembros, conviene establecer el reconocimiento mutuo por parte de los Estados miembros de las medidas que cada uno de ellos tome para restaurar la viabilidad de las entidades que haya autorizado. (7) — Es imprescindible garantizar que produzcan sus efectos en todos los Estados miembros las medidas de sanea- miento adoptadas por las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen, así como las medidas adoptadas por las personas u órganos desig- nados por dichas autoridades con objeto de administrar dichas medidas de saneamiento, incluidas las medidas que incluyen la posibilidad de una suspensión de pagos, una suspensión de la ejecución o una reducción de créditos, así como cualquier otra medida que pueda afectar a los derechos preexistentes de terceros. (8) — Determinadas medidas, en particular las que afectan al funcionamiento de la estructura interna de las entidades de crédito o a los derechos de los directivos o accio- nistas, no precisan la cobertura de la presente Directiva para desplegar todos sus efectos en los Estados miem- bros dado que, en aplicación de las normas del Derecho internacional privado, la ley aplicable es la del Estado de origen. (9) Determinadas medidas, en particular las que están ligadas al mantenimiento de las condiciones de la autori- zación, ya disfrutan del reconocimiento mutuo en apli- cación de la Directiva 2000/12/CE, en la medida en que no perjudiquen en el momento de su adopción los derechos preexistentes de terceros. (10) — A este respecto, a efectos de la aplicación de la presente Directiva, no deberán considerarse terceros ni las personas que intervengan en el funcionamiento de la estructura interna de las entidades de crédito, ni los directivos y accionistas de dichas entidades, en su calidad de tales. () DO L 135 de 31.5.1994, p. 5.