L77/36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14.3.98 DIRECTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de febrero de 1998 destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 49 y el apartado 1 y la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 37, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (*), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), (1) Considerando que, con arreglo al artículo 7 A del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, y que, con arreglo a la letra c) del artículo 3 del Tratado, la supresión de los obstá- culos a la libre circulación de personas y servicios entre los Estados miembros constituye uno de los objetivos de la Comunidad; que dicha libertad implica en particular, para los nacionales de los Estados miembros, la facultad de ejercer una profe- sión, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en que hayan adquirido su título profesional; Considerando que un abogado plenamente cualifi- cado en un Estado miembro puede ya solicitar el reconocimiento de su título para establecerse en otro Estado miembro a fin de ejercer en el mismo la abogacía con el título profesional de dicho Estado miembro, con arreglo a la Directiva 89/ 48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionen formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (*); que dicha Directiva tiene por objeto la plena integración del abogado en la profesión del Estado miembro de acogida y no se propone modi- ficar las reglas profesionales aplicables en este Estado ni sustraer a dicho abogado a la aplicación de tales reglas; Considerando que si bien algunos abogados pueden integrarse rápidamente en la profesión del Estado miembro de acogida, en particular tras superar una prueba de aptitud prevista en la Directiva 89/ 48/CEE, otros abogados plenamente cualificados () DO C 128 de 24. 5. 1995, p. 6, y DO C 355 de 25. 11. 1996, . 19. p () DO C 256 de 2. 10. 1995, p. 14. () Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de junio de 1996 (DO C 198 de 8. 7. 19%, p. 85), Posición común del Consejo de 24 de julio de 1997 (DO C 297 de 29. 9. 1997, yp. 6, Decisión del Parlamento Europeo de 19 de noviembre de 1997. Decisión del Consejo de 15 de diciembre de 1997. (5 DO L 19 de 24. 1. 1989, p. 16. (5) deberían poder obtener dicha integración tras un cierto período de ejercicio profesional en el Estado miembro de acogida con su título profesional de origen, o bien continuar su actividad con su título profesional de origen; Considerando que dicho período ha de permitir al abogado integrarse en la profesión en el Estado miembro de acogida, una vez comprobado que posee una experiencia profesional en dicho Estado miembro; Considerando que una acción en la materia a escala comunitaria se justifica no sólo porque, en relación con el sistema general de reconocimiento, ofrece a los abogados una vía más fácil que les permitirá integrarse en la profesión en el Estado miembro de acogida, sino también porque, al brindar a los abogados la posibilidad de ejercer permanente- mente en el Estado miembro de acogida con su título de origen, se atiende a las necesidades de los usuarios del Derecho que, debido al creciente número de operaciones comerciales que resulta del mercado interior, solicitan asesoramiento para sus operaciones transfronterizas, en las que a menudo se hallan superpuestos el Derecho internacional, el Derecho comunitario y los Derechos nacionales; Considerando que una acción a escala comunitaria se justifica también por el hecho de que actual- mente sólo algunos Estados miembros autorizan en su territorio el ejercicio de actividades de abogado, en forma distinta a la prestación de servicios, por abogados procedentes de otros Estados miembros que ejercen con su título profesional de origen; que, no obstante, en los Estados miembros en que existe esta posibilidad, ésta reviste modalidades muy distintas en lo que se refiere, por ejemplo, al campo de actividad y a la obligación de inscripción ante las autoridades competentes; que dicha diver- sidad de situaciones se traduce en desigualdades y distorsiones de la competencia entre los abogados de los Estados miembros y constituye un obstáculo a la libre circulación; que únicamente una directiva que fije las condiciones para el ejercicio de la profesión, de forma distinta de la prestación de servicios, por los abogados que ejerzan con su título profesional de origen podrá resolver estos problemas y ofrecer en todos los Estados miembros las mismas posibilidades a los abogados y a los usuarios del Derecho;