L 217/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas S. 8. 98 DIRECTIVA 98/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de julio de 1998 que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 100 A y 213, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), (1) Considerando que, para permitir el buen funciona- miento del mercado interior, es necesario garantizar, modificando la Directiva 98/34/CE (, la máxima transparencia de las futuras normas nacionales que se apliquen a los servicios de la sociedad de la informa- ción; Considerando que una gran variedad de servicios, tal como se contemplan en los artículos 59 y 60 del Tratado, va a beneficiarse de las oportunidades que brinda la sociedad de la información para que puedan ser prestados a distancia por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios; Considerando que el espacio sin fronteras interiores que constituye el mercado interior permite a los prestadores de estos servicios desarrollar sus activi- dades transfronterizas para incrementar su competiti- vidad y, de esta forma, hace posible que los ciuda- danos dispongan de nuevas posibilidades de emitir y recibir informaciones sin consideración de fronteras y que los consumidores dispongan de nuevas formas de acceso a bienes o servicios; Considerando que la amplicación del ámbito de apli- cación de la Directiva 98/34/CE no puede impedir a los Estados miembros tener en cuenta las diferentes repercusiones sociales, societarias y culturales inhe- rentes a la aparición de la sociedad de la informa- ción; que, en particular, la utilización de las normas () DO C 307 de 16. 10. 1996, p. 11, y DO C 65 de 28. 2. 1998, p. 12. () DO C 158 de 26. 5. 1997, p. 1. (*) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de mayo de 1997 (DO C 167 de 2. 6. 1997, p. 238), Posición común del Consejo de 26 de enero de 1998 (DO C 62 de 26. 2. 1998, p. 48) y De- cisión del Parlamento Europeo de 14 de mayo de 1998 (DO C 167 de 1. 6. 1998). Decisión del Consejo de 29 de junio de 1998. () DO L 204 de 21. 7. 1998, p. 37. de procedimiento previstas por dicha Directiva en materia de servicios de la sociedad de la información no pueden afectar a las medidas de política cultural, en particular en el ámbito audiovisual, que los Estados miembros pudieran adoptar, de conformidad con el Derecho comunitario, habida cuenta de su diversidad lingúística, de las especificidades nacio- nales y regionales y de sus patrimonios culturales; que el desarrollo de la sociedad de la información deberá, en cualquier caso, garantizar el acceso adecuado de los ciudadanos al patrimonio cultural europeo accesible en un entorno digital; Considerando que la Directiva 98/34/CE no está destinada a aplicarse a las normas nacionales relativas a los derechos fundamentales, como las normas constitucionales en materia de libertad de expresión y, más concretamente, de libertad de prensa; que no está destinada a aplicarse al Derecho penal general; que, además, no es aplicable a los acuerdos de Derecho privado entre entidades de crédito y, en particular, a los acuerdos sobre la realización de pagos entre entidades de crédito; Considerando que el Consejo Europeo ha subrayado la necesidad de crear un marco jurídico claro y estable a nivel comunitario que permita el desarrollo de la sociedad de la información; que el Derecho comunitario, y en particular las normas sobre el mercado interior, tanto los principios del Tratado como el Derecho derivado, ya constituyen un marco jurídico básico para el desarrollo de estos servicios; Considerando que las normas nacionales en vigor aplicables a los servicios actuales deberían poder adaptarse a los nuevos servicios de la sociedad de la información, ya sea para garantizar una mejor protec- ción de los intereses generales, ya sea, por el contra- rio, para simplificar estas normas en el caso de que su aplicación sea desproporcionada en relación con los objetivos que persiguen; Considerando que, sin coordinación a nivel comuni- tario, esta actividad normativa que previsiblemente se llevará a cabo a nivel nacional podría ocasionar restricciones a la libre circulación de servicios y a la libertad de establecimiento que provoquen una nueva fragmentación del mercado interior, un exceso de regulación e incoherencias normativas; Considerando la conveniencia de un enfoque coordi- nado a escala comunitaria en el tratamiento de los problemas que planteen actividades básicamente