L 110/30 Diario Oficial de la Unión Europea 1.5.2009 DIRECTIVAS DIRECTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EURO- PEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), De conformidad con el procedimiento establecido en el ar- tículo 251 del Tratado (?), Considerando lo siguiente: (1) La Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1993, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (3), ha sido modificada en diversas oca- siones y de forma sustancial (%). Conviene, en aras de una mayor claridad y racionalidad, proceder a la codificación de dicha Directiva. Determinadas Directivas, que figuran en la lista del anexo T de la presente Directiva, establecen normas en materia de protección de los intereses de los consumidores. Los mecanismos que existen actualmente para garantizar el cumplimiento de dichas Directivas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito comunitario, no siempre permiten poner fin a su debido tiempo a las infracciones perjudiciales para los intereses colectivos de los consumi- dores. Por intereses colectivos se entienden los intereses que no sean una acumulación de intereses de particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción. Esto no obsta a las acciones particulares ejercitadas por parti- culares que se hayan visto perjudicados por una infrac- ción. (1) DO C 161 de 13.7.2007, p. 39. () Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2007 (DO C 146 E de 12.6.2008, p. 73) y Decisión del Consejo de 23 de marzo de 2009. () DO L 166 de 11.6.1998, p. 51. (*) Véase la parte A del anexo II. (4) La eficacia de las medidas nacionales de transposición de dichas Directivas a efectos de obtener la cesación de prácticas que sean ilícitas con arreglo a la legislación nacional aplicable, incluidas aquellas medidas de protec- ción que vayan más allá del nivel exigido por las citadas Directivas, siempre y cuando sean compatibles con el Tratado y permitidas por dichas Directivas, puede verse contrarrestada cuando tales prácticas surten su efecto en un Estado miembro distinto de aquel en el que se han originado. Estas dificultades pueden perjudicar al buen funciona- miento del mercado interior, al tener por consecuencia que baste con trasladar el punto de partida de una prác- tica ilícita a otro país para sustraerse a cualquier tipo de aplicación. Ello constituye una distorsión de la compe- tencia. Estas mismas dificultades pueden hacer que disminuya la confianza de los consumidores en el mercado interior y limitar el margen de acción de las organizaciones de representación de los intereses colectivos de los consu- midores o de organismos públicos independientes encar- gados de la protección de los intereses colectivos de los consumidores, perjudicados por prácticas que violan el Derecho comunitario. Dichas prácticas traspasan a menudo las fronteras entre los Estados miembros. Es necesario y urgente aproximar en cierta medida las disposiciones nacionales que permi- tan hacer cesar las prácticas ilícitas antes mencionadas, con independencia de cuál sea el Estado miembro en el que la práctica ilícita haya producido sus efectos. Por lo que se refiere a la jurisdicción, la acción propuesta no obsta a que se apliquen las normas del Derecho interna- cional privado y de los convenios en vigor entre los Estados miembros, y respeta las obligaciones generales de los Estados miembros que se derivan del Tratado, en particular las relacionadas con el adecuado funciona- miento del mercado interior. Los objetivos de la acción pretendida solo pueden ser alcanzados por la Comunidad. Por lo tanto le corres- ponde a esta intervenir.