11.6.98 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 166/51 DIRECTIVA 98/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA (5) Considerando que estas mismas dificultades UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (*), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), (1) Considerando que determinadas Directivas, que figuran en la lista aneja a la presente Directiva, establecen normas en materia de protección de los intereses de los consumidores; Considerando que los mecanismos que existen actualmente para garantizar el cumplimiento de dichas Directivas no siempre permiten poner fin a su debido tiempo a las infracciones perjudiciales para los intereses colectivos de los consumidores; que por intereses colectivos se entiende los inte- reses que no son una acumulación de intereses de particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción; que esto no obsta a las acciones particulares ejercitadas por particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción; Considerando que la eficacia de las medidas nacio- nales de transposición de dichas Directivas a los efectos de obtener la cesación de prácticas que sean ilícitas con arreglo a la legislación nacional apli- cable, incluidas aquellas medidas de protección que vayan más allá del nivel exigido por dichas Direc- tivas, siempre y cuando sean compatibles con el Tratado y permitidas por dichas Directivas, puede verse contrarrestada cuando tales prácticas surten su efecto en un Estado miembro distinto de aquel en el que se hayan originado; Considerando que estas dificultades pueden perju- dicar al buen funcionamiento del mercado interior, al tener por consecuencia que baste con trasladar el punto de partida de una práctica ilícita a otro país para sustraerse a cualquier tipo de aplicación; que ello constituye una distorsión de la competencia; () DO C 107 de 13. 4. 1996, p. 3, y DO C 80 de 13. 3. 1997, p. 10 €) DO C 30 de 30. 1. 1997, p. 112. () Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 1996 (DO C 362 de 2. 12. 19%6, p. 236), Posición común del Consejo de 30 de octubre de 1997 (DO C 389 de 22. 12. 1997, p. 51), y Decisión del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 1998 (DO C 104 de 6. 4. 1998). Decisión del Consejo de 23 de abril de 1998. pueden hacer que disminuya la confianza de los consumidores en el mercado interior y limitar el margen de acción de las organizaciones de repre- sentación de los intereses colectivos de los consu- midores o de organismos públicos independientes encargados de la protección de los intereses colec- tivos de los consumidores, perjudicados por prác- ticas que violan el Derecho comunitario; Considerando que dichas prácticas sobrepasan a menudo las fronteras entre los Estados miembros; que es necesario y urgente aproximar en cierta medida las disposiciones nacionales que permiten hacer cesar las prácticas ilícitas antes mencionadas, con independencia de cuál sea el país en el que la práctica ilícita produce sus efectos; que, por lo que se refiere a la jurisdicción, esto no obsta a que se apliquen las normas del Derecho internacional privado y de los convenios en vigor entre los Estados miembros, y respeta las obligaciones gene- rales de los Estados miembros que se derivan del Tratado, en particular las relacionadas con el adecuado funcionamiento del mercado interior; Considerando que los objetivos de la acción preten- dida solo pueden ser alcanzados por la Comunidad; que por lo tanto le corresponde a ésta intervenir; Considerando que el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado establece que el legislador comuni- tario no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado; que en aplicación de esta disposición, deben tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, las especificidades de los ordena- mientos jurídicos nacionales concediendo a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre diferentes opciones cuyos efectos sean equivalentes; que las autoridades judiciales o administrativas competentes para resolver en lo que respecta a los procedimientos mencionados en el artículo 2 de la presente Directiva deberían tener derecho a examinar los efectos derivados de resoluciones anteriores; Considerando que una de estas opciones debería prever que uno o más organismos públicos inde- pendientes, específicamente encargados de la protección de los intereses colectivos de los consu-