31.7.2014 Diario Oficial de la Unión Europea L 227/69 REGLAMENTO DE E]ECUCIÓN (UE) N* 809/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n” 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (UE) n” 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n* 352/78, (CE) n” 165/94, (CE) n* 2799/98, (CE) n” 814/2000, (CE) n* 1290/2005 y (CE) n* 485/2008 del Consejo (), y, en particular, su artículo 58, apartado 4, su artículo 62, apartado 2, letras a) a f) y h), su artículo 63, apartado 5, su artículo 77, apartado 8, su artículo 78, su artículo 96, apartado 4, y su artículo 101, apartado 2, Considerando lo siguiente: (1) El Reglamento (UE) n” 1306/2013 establece normas básicas, en particular las relativas a la obligación de los Estados miembros de proteger los intereses financieros de la Unión. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la aplicación uniforme del nuevo marco jurídico establecido por dicho Reglamento, se ha facultado a la Comisión para que adopte determinadas normas en relación con los controles administrativos y los controles sobre el terreno, la medición de superficies, los casos en que pueden corregirse las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, la aplicación y el cálculo de retiradas parciales o totales y la recuperación de pagos indebidos y sanciones, la aplicación y el cálculo de sanciones administrativas, los requisitos relativos a la base de datos informatizada, las solicitudes de ayuda, las solicitudes de pago y las solicitudes de derechos de pago, incluida la fecha límite de presentación, la realización de controles, las cesiones de explotaciones, el pago de anticipos, la realización de controles del cumplimiento de las obligaciones de condicionalidad, el cálculo y la aplicación de sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad y las especificaciones técnicas necesarias para la aplicación uniforme de las normas básicas del sistema integrado de gestión y control (en lo sucesivo, «el sistema integrado») en lo que respecta al régimen de condicionalidad. (2) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema integrado de gestión y control cuando varios organismos pagadores se ocupen del mismo beneficiario. (3) — Cuando la autoridad competente aún no haya informado al beneficiario de la existencia de errores en la solicitud de ayuda o la solicitud de pago ni le haya anunciado un control sobre el terreno, el beneficiario debe tener derecho a retirar su solicitud de ayuda o solicitud de pago, o partes de las mismas, en cualquier momento. Asimismo, debe permitirse a los beneficiarios corregir o ajustar los errores manifiestos contenidos en la solicitud de ayuda o la solicitud de pago y los documentos justificativos, que en determinados casos han de ser reconocidos por las autoridades nacionales. (4) — Es preciso establecer disposiciones específicas y detalladas para garantizar una aplicación equitativa de las distintas reducciones a la solicitud o las solicitudes de ayuda o de pago presentadas por el mismo beneficiario. Procede determinar por tanto la secuencia para el cálculo de las diversas reducciones potenciales de cada régsimen de pagos directos o medida de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado. (5) — Para garantizar la aplicación uniforme del principio de buena fe en toda la Unión, es necesario establecer las condiciones en que puede invocarse dicho principio en relación con la recuperación de importes pagados inde- bidamente, sin perjuicio del trato dispensado a los gastos correspondientes en el contexto de la liquidación de cuentas de conformidad con el Reglamento (UE) n” 1306/2013. (65 — Conviene establecer normas en relación con las consecuencias de la cesión de explotaciones enteras que estén sujetas a determinadas obligaciones de acuerdo con los regímenes de pagos directos o las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado. (1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.