L 176/338 Diario Oficial de la Unión Europea 27.6.2013 DIRECTIVAS DIRECTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EURO- PEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla- mentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo (), De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: D D D La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (), y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (3), han sido modificadas sustancialmente en va- rias ocasiones. Muchas de las disposiciones de las Direc- tivas 2006/48/CE y 2006/49/CE son aplicables tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inver- sión. Por razones de claridad y a fin de garantizar una aplicación coherente de esas disposiciones, es preciso reunirlas en nuevos actos legislativos que sean aplicables tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión, a saber, la presente Directiva y el Reglamento (UE) n 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (*). En aras de una mayor acce- sibilidad, las disposiciones de los anexos de las Directivas O C 105 de 11.4.2012, p. 1. O L 177 de 30.6.2006, p. 1. O L 177 de 30.6.2006, p. 201. Véase la página 1 del presente Diario Oficial. (2) 2006/48/CE y 2006/49/CE deben integrarse en el articu- lado de la presente Directiva y de dicho Reglamento. La presente Directiva debe contener, entre otras cosas, las disposiciones que regulan la autorización de la actividad, la adquisición de participaciones cualificadas, el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, las facultades de las autoridades de supervi- sión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, y las disposiciones que rigen el capital inicial y la revisión supervisora de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El objeto y finalidad princi- pales de la presente Directiva consisten en coordinar las disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, sus mecanismos de gobierno y su marco de supervisión. Las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE también con- tenían requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión. Esos requisitos deben incluirse en el Reglamento (UE) n* 575/2013 por el que se establecen requisitos prudenciales uniformes y directamente aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, ya que guardan una estrecha re- lación con el funcionamiento de los mercados financieros en lo que respecta a cierto número de activos en poder de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Procede, por tanto, leer la presente Directiva en relación con el Reglamento (UE) n” 575/2013; juntos deben constituir el marco jurídico que rija las actividades ban- carias, el marco de supervisión y las normas prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión. Los requisitos prudenciales generales establecidos en el Reglamento (UE) n” 575/2013 se complementan con las medidas individuales que decidan las autoridades competentes a raíz de la revisión supervisora permanente que llevan a cabo de las entidades de crédito y las em- presas de inversión. Conviene establecer en la presente Directiva, entre otras cosas, la gama de estas medidas de supervisión y las autoridades competentes han de estar en condiciones de decidir cuáles deben imponerse. Res- pecto a las medidas individuales de este tipo en materia de liquidez, las autoridades competentes deben tener en cuenta, entre otras cosas, los principios establecidos en las directrices del Comité de Supervisores Bancarios Eu- ropeos, de 27 de octubre de 2010, sobre la asignación de costes y beneficios de la liquidez.