31.7.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 204/15 REGLAMENTO (UE) N” 734/2013 DEL CONSEJO de 22 de julio de 2013 que modifica el Reglamento (CE) n” 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 109, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Considerando lo siguiente: En el contexto de una rigurosa modernización de las normas sobre ayudas estatales para contribuir tanto a la aplicación de la estrategia Europa 2020 para el creci- miento (!) como al saneamiento presupuestario, el artícu- lo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu- ropea (TFUE) debe aplicarse eficaz y uniformemente en toda la Unión. El Reglamento (CE) n” 659/1999 del Consejo (?) codificó y reforzó la práctica previa de la Comisión para incrementar la seguridad jurídica y apoyar el desarrollo de la política de ayudas estatales en un entorno transparente. Sin embargo, a la vista de la expe- riencia acumulada en su aplicación y de acontecimientos recientes, tales como la ampliación de la Unión y la crisis económica y financiera, ciertos aspectos del Reglamento (CE) n” 659/1999 deben modificarse para permitir a la Comisión ser más efectiva. Con el fin de evaluar la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales notificadas o ilegales, so- bre la cual la Comisión tiene competencia exclusiva a tenor del artículo 108 del TFUE, es conveniente garanti- zar que la Comisión tiene poder, a efectos de la aplica- ción de las normas sobre ayudas estatales, para solicitar toda la información de mercado necesaria de cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas si tiene dudas sobre la compatibilidad de la medida en (1) Comunicación de la Comisión, Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, de 3 de marzo de 2010, COM(2010) 2020 final. () DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. cuestión con las normas de la Unión y por ello ha ini- ciado un procedimiento de investigación formal. En par- ticular, la Comisión hará uso de esta facultad en aquellos casos en que resulte necesaria una evaluación sustancial compleja. Al decidir si hace uso de esta facultad, la Co- misión debe tener debidamente en cuenta la duración de la instrucción. Para evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda tras la incoación del procedimiento de investigación for- mal, en particular en lo que respecta a casos técnica- mente complejos sujetos a una evaluación sustancial, la Comisión debe tener capacidad, mediante simple petición o mediante una decisión, de solicitar a cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas que le en- tregue toda la información de mercado necesaria para completar su evaluación, si la información facilitada por el Estado miembro en el curso de la instrucción no es suficiente, teniendo en cuenta el principio de pro- porcionalidad, especialmente para las pequeñas y media- nas empresas. Habida cuenta de las relaciones especiales entre los be- neficiarios de la ayuda y los Estados miembros en cues- tión, la Comisión solo debe poder solicitar información a un beneficiario de la ayuda de acuerdo con el Estado miembro interesado. La comunicación de información por el beneficiario de la medida de ayuda en cuestión no constituye una base jurídica para negociaciones bila- terales entre la Comisión y el beneficiario en cuestión. La Comisión debe seleccionar a los destinatarios de las solicitudes de información basándose en criterios objeti- vos en función de cada caso, pero garantizando al mismo tiempo que la solicitud se envía a un muestreo de em- presas y asociaciones de empresas, de modo que la co- lección de respuestas recibidas sea representativa de cada categoría. La información solicitada debe consistir con- cretamente en datos fácticos de la sociedad y el mercado y análisis basados en hechos del funcionamiento del mer- cado. La Comisión, como iniciadora del procedimiento, debe ser responsable de comprobar tanto la transmisión de información por parte de los Estados miembros, las em- presas o las asociaciones de empresas, así como la con- fidencialidad invocada para su divulgación.