L 314/40 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012 DECISIÓN 2012/700/PESC DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 2012 en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad en apoyo de la aplicación del Plan de Acción de Cartagena 2010-2014, adoptado por los Estados Parte en la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su ar- tículo 26, apartado 2, y su artículo 31, apartado 1, Considerando lo siguiente: (1) La Unión debe tratar de alcanzar un alto nivel de coo- peración en todos los ámbitos de las relaciones interna- cionales, para entre otras cosas preservar la paz, prevenir los conflictos y reforzar la seguridad internacional, de conformidad con los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europea de Seguridad, que determina los retos y amenazas mundiales y propugna un orden inter- nacional basado en las normas del multilateralismo eficaz y en el funcionamiento correcto de las instituciones in- ternacionales. La Estrategia Europea de Seguridad reconoce la Carta de las Naciones Unidas como marco fundamental de las relaciones internacionales y aboga por el fortalecimiento de las Naciones Unidas y por dotar a estas de los medios necesarios para cumplir su cometido y actuar con efica- cia. En su Resolución 51/45, de 10 de diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a todos los Estados a que pusieran el máximo empeño en con- certar un acuerdo internacional eficaz y jurídicamente vinculante para prohibir el empleo, almacenamiento, pro- ducción y transferencia de minas antipersonal. La Convención sobre la prohibición del empleo, almace- namiento, producción y transferencia de minas antiper- sonal y sobre su destrucción («la Convención») se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Es el único instrumento interna- cional completo que aborda todos los aspectos relacio- nados con el problema de las minas antipersonal, in- cluido su empleo, almacenamiento, producción, comer- cio, retirada y ayuda a las víctimas. El 23 de junio de 2008, el Consejo adoptó la Acción Común 2008/487/PESC (') en apoyo de la universaliza- ción y de la aplicación de la Convención. A 1 de octubre de 2012, 160 Estados manifestaron su consentimiento en obligarse por la Convención. (1) DO L 165 de 26.6.2008, p. 41. (7) El 3 de diciembre de 2009, los Estados Parte en la Con- vención adoptaron el Plan de Acción de Cartagena 2010- 2014 («el Plan de Acción de Cartagena») sobre la univer- salización y la aplicación de todos los aspectos de la Convención. De ese modo reconocían y alentaban con mayor decisión la plena participación en la Convención y la contribución a su aplicación por la Campaña Interna- cional para la Prohibición de las Minas Terrestres (CIPM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las so- ciedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Federación Internacional de dichas sociedades nacionales (FICR), las Naciones Unidas, la Convención del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (CIDHG), las organizaciones internacionales y regionales, los supervivientes de minas y sus organizacio- nes y otras organizaciones de la sociedad civil, como se contempla en la acción n* 62 del Plan de Acción de Cartagena. El 3 de diciembre de 2010, los Estados Parte en la Con- vención adoptaron la «Directiva de los Estados Parte so- bre la Dependencia de Apoyo para la Aplicación de la Convención (DAA)», en la que acordaron que la DAA debería dar asesoramiento y ayuda técnica a los Estados Parte en lo relativo a la aplicación y a la universalización de la Convención, facilitar la comunicación entre los Estados Parte y fomentar la comunicación y la informa- ción en relación con la Convención tanto entre los Esta- dos que no son partes en la Convención como entre el público. Se dio mandato a la DAA para que mantuviese relaciones y en su caso se coordinase con las organiza- ciones internacionales pertinentes que participan en los trabajos de la Convención, entre otras la CIPM, el CICR, la FICR, las Naciones Unidas y el CIDHG. El 2 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66/29 relativa a la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. La Asamblea General recordó que en la segunda Conferencia de Revi- sión de la Convención, la comunidad internacional había revisado la aplicación de la Convención y que los Estados Parte habían adoptado el Plan de Acción de Cartagena, recalcando la importancia de aplicar plena y eficazmente la Convención, entre otros a través del Plan de Acción de Cartagena. Los Estados Parte en la Convención invitaron a todos los Estados, que aún no lo habían hecho, a ratificar o adherirse a la Convención, e instaron a todos los Estados a que continuasen ocupándose de la cuestión al más alto nivel político y a que promuevan el respaldo a la Convención a través de contactos bilaterales, subre- gionales, regionales y multilaterales, actividades de divul- gación, seminarios y otros medios.