L 28/12 Diario Oficial de la Unión Europea 30.1.2013 DECISIONES DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2012 de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada de los datos personales por Nueva Zelanda [notificada con el número C(2012) 9557] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2013/65/UE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con- sejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (), y, en par- ticular, su artículo 25, apartado 6, Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, Considerando lo siguiente: (1) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, los Estados miembros solo permitirán la transferencia de datos per- sonales a un tercer país si este garantiza un nivel de protección adecuado y se cumplen en él, con anterioridad a la transferencia, las disposiciones legales que los Estados miembros aprueben en aplicación de otros preceptos de dicha Directiva. La Comisión puede comprobar que un tercer país garan- tiza un nivel de protección adecuado. En tal caso, los datos personales pueden transferirse desde los Estados miembros sin que sea necesaria ninguna garantía adicio- nal. Con arreglo a la Directiva 95/46/CE, el nivel de protec- ción de datos debe evaluarse atendiendo a todas las cir- cunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría de transferencias de datos, y teniendo especial- mente en cuenta determinados elementos pertinentes para la transferencia. Ante la existencia de enfoques diferentes en materia de protección de datos personales en los terceros países, la comprobación de la existencia de un nivel de protección adecuado en un tercer país y la aplicación de cualquier decisión que se tome a tenor de lo dispuesto en la Di- rectiva 95/46/CE deben basarse en criterios que no pe- nalicen de forma arbitraria o injustificada a ningún tercer (1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. país en el que existan condiciones similares y que no constituyan una restricción comercial encubierta, te- niendo en cuenta los compromisos internacionales actua- les de la Unión. Nueva Zelanda es una antigua colonia británica que pasó a ser un dominio independiente en 1907, pero no soli- citó formalmente el establecimiento de vínculos constitu- cionales con Gran Bretaña hasta 1947. Nueva Zelanda es un Estado unitario y no dispone de una constitución escrita en el sentido convencional de un texto constitu- cional vinculante. El país es una monarquía constitucio- nal y una democracia parlamentaria según el modelo de Westminster, y la Reina es el Jefe del Estado. Nueva Zelanda se basa en el principio de soberanía par- lamentaria. Ahora bien, existe una serie de leyes de es- pecial importancia constitucional que convencionalmente son consideradas «normas superiores», en el sentido de que forman parte del marco o el contexto constitucional al informar la práctica de gobierno y la promulgación de otras normativas. Además, para modificar o derogar estas normas se requiere un consenso entre las fuerzas políti- cas. Algunas de las leyes mencionadas -la Ley de Decla- ración de Derechos de 28 de agosto de 1990 (Ley gene- ral n” 109 de 1990), la Ley sobre los Derechos Humanos de 10 de agosto de 1993 (Ley general n” 82 de 1993) y la Ley sobre la vida privada de 17 de mayo de 1993 (Ley general n 28 de 1993)- afectan a la protección de datos. La importancia constitucional de estas leyes se traduce en la convención de tenerlas en cuenta a la hora de desa- rrollar o proponer nuevas normas. Las normas jurídicas sobre la protección de datos perso- nales en Nueva Zelanda son principalmente las estable- cidas en la Ley sobre la vida privada, modificada por la Ley de modificación de la vida privada (información transfronteriza) de 7 de septiembre de 2010 (Ley general n” 113 de 2010). Esta Ley es anterior a la Directiva 95/46/CE y no se limita a los datos tratados automáti- camente ni a los datos estructurados en un sistema de archivo, sino que regula toda la información personal en cualquier forma o presentación. La Ley abarca el con- junto de los sectores público y privado, con algunas excepciones de interés público específicas que cabe espe- rar en una sociedad democrática.