17.10.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 285/1 l (Actos no legislativos) DECISIONES DECISIÓN 2012/642/PESC DEL CONSEJO de 15 de octubre de 2012 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artícu- lo 29, Considerando lo siguiente: (1) ( ( ') ”) D D El Consejo adoptó por primera vez medidas restrictivas contra Belarús en virtud de la Posición Común 2004/661/PESC (!). El Consejo continuó manifestando su profunda preocupación por la constante falta de res- peto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Belarús, y por que no se haya liberado ni rehabilitado a los prisioneros políticos, por lo que renovó y prorrogó sus medidas. El 25 de octubre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/639/PESC, relativa a la adopción de medidas res- trictivas contra Belarús (>). La existencia de motivos concretos de preocupación dio lugar a la imposición de medidas restrictivas contra per- sonas que el Informe Pourgourides considera claves en las desapariciones no resueltas de cuatro personas muy conocidas, en Belarús en 1999 y 2000, y de su subsi- guiente encubrimiento, o responsables de no poner en marcha investigaciones independientes o diligencias judi- ciales en relación con estas desapariciones. También se impusieron medidas contra los responsables de las elecciones y el referéndum fraudulentos que se celebraron en Belarús el 17 de octubre de 2004, en el caso de la vulneración de las normas electorales interna- cionales en las elecciones presidenciales en Belarús el 19 de marzo de 2006 y el 19 de diciembre de 2010, y contra los responsables de varias violaciones graves de los derechos humanos y de la represión contra manifes- tantes pacíficos tras las elecciones y el referéndum. Tienen una responsabilidad particular los funcionarios directamente implicados o responsables del carácter frau- dulento de las elecciones presidenciales y del referéndum; O L 301 de 28.9.2004, p. 67. O L 280 de 26.10.2010, p. 18. (7) los responsables de la organización y la difusión de in- formación falsificada a través de los medios de comuni- cación controlados por el Estado; los responsables del uso excesivo e injustificado de la fuerza contra manifes- tantes desarmados y pacíficos; los responsables de la aplicación continuada de sanciones penales y administra- tivas por motivos políticos contra amplios grupos de representantes de la sociedad civil, la oposición democrá- tica, ONG y medios de comunicación independientes en Belarús; y los responsables de la violación sistemática y coordinada de normas internacionales de derechos huma- nos y de las leyes de la República de Belarús en la ad- ministración de justicia, y del recurso a métodos coerci- tivos y de intimidación contra los representantes legales de los detenidos y contra otras personas. Además, dada la gravedad de la situación, es preciso imponer medidas también contra las personas con cargos dirigentes en Belarús, así como las personas y entidades que se benefician del régimen de Lukashenko o lo apo- yan, en particular las personas y entidades que facilitan apoyo financiero o material al régimen. Para garantizar la efectividad de tales medidas, estas de- ben aplicarse también a entidades que sean propiedad o estén bajo control de personas físicas o jurídicas, entida- des u organismos responsables de violaciones graves de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil o de la oposición democrática, o cuyas actividades atenten gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho en Belarús, y aplicarse a entidades que sean propiedad o estén bajo control de personas y entidades que se beneficien del régimen de Lukashenko o lo apo- yen. Observando que en las últimas elecciones de 23 de sep- tiembre de 2012 tampoco se han respetado las normas internacionales, en particular según los primeros resulta- dos de la misión de observación de elecciones de la OSCE/OIDDH en Belarús, y que no ha mejorado la si- tuación en materia de democracia, derechos humanos y cumplimiento del Estado de Derecho, el Consejo man- tiene su profunda preocupación en relación con la situa- ción de Belarús.