6.11.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 294/1 (Actos legislativos) DIRECTIVAS DIRECTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2013 sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EURO- PEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 82, apartado 2, letra b), Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla- mentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (), Previa consulta al Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (), Considerando lo siguiente: (1) El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo denominada «Carta»), el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y el artículo 14 del Pacto Internacional de Dere- chos Civiles y Políticos (en lo sucesivo denominado «Pac- to») consagran el derecho a un juicio imparcial. El artícu- lo 48, apartado 2, de la Carta garantiza el respeto de los derechos de la defensa. La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarro- llar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Según las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 33, el principio del reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades judiciales debe convertirse en la piedra angular de la coo- peración judicial en materia civil y penal en la Unión, puesto que un mayor reconocimiento mutuo y la (1) DO C 43 de 15.2.2012, p. 51. (*) Posición del Parlamento Europeo de 10 de septiembre de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 7 de octubre de 2013. necesaria aproximación de las legislaciones facilitarían la cooperación entre autoridades competentes y la protec- ción judicial de los derechos individuales. En virtud del artículo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), da coo- peración judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las senten- cias y resoluciones judiciales». La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal presupone que los Es- tados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El grado de reconoci- miento mutuo depende en gran medida de una serie de factores, entre los que se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de los sospechosos o acusa- dos y la definición de normas mínimas comunes necesa- rias para facilitar la aplicación del principio de reconoci- miento mutuo. Aunque los Estados miembros son partes en el CEDH y en el Pacto, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por sí sola, esa circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia pe- nal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judi- ciales, sino también todos los participantes en el proceso penal consideren las decisiones de las autoridades judi- ciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en lo adecuado de las normas de los otros Estados miembros, sino también en que dichas normas se aplican correcta- mente. El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalladas para la protección de las garantías y los dere- chos procesales derivados de la Carta, del CEDH y del Pacto. También requiere, a través de la presente Directiva y de otras medidas, un mayor desarrollo dentro de la Unión de las normas mínimas establecidas en la Carta y en el CEDH.