L 332/126 Diario Oficial de la Unión Europea 18.12.2015 DIRECTIVAS DIRECTIVA DE E]ECUCIÓN (UE) 2015/2392 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2015 relativa al Reglamento (UE) n* 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la comunicación de posibles infracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las autoridades competentes LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (UE) n* 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (), y, en particular, su artículo 32, apartado 5, Considerando lo siguiente: (1) — Las personas que comuniquen posibles infracciones o infracciones reales del Reglamento (UE) n 596/2014 (en lo sucesivo, «los denunciantes») a las autoridades competentes pueden poner en conocimiento de estas nueva información y ayudarlas a detectar los delitos de abuso de mercado e imponer sanciones por los mismos. No obstante, las personas que deseen denunciar una infracción pueden verse disuadidas de hacerlo por miedo a represalias, discriminación o divulgación de datos personales. Por consiguiente, son necesarias disposiciones adecuadas relativas a las denuncias para garantizar la protección general y el respeto de los derechos de los denunciantes y de los denunciados. Las personas que, conscientemente, comuniquen información incorrecta o engañosa a las autoridades competentes no deben ser consideradas denunciantes y, por lo tanto, no deben beneficiarse de los mecanismos de protección. (2) as autoridades competentes deben permitir la comunicación anónima, y los mecanismos de protección de la presente Directiva también deben aplicarse cuando un denunciante anónimo decida revelar posteriormente su identidad a las autoridades competentes. Los denunciantes deben poder escoger entre efectuar la comunicación mediante procedimientos internos, si estos existen, o directamente a la autoridad competente. (3) — Las autoridades competentes deben disponer de personal especializado, que cuente con formación profesional, incluidas las normas de protección de datos en vigor, para tratar las comunicaciones de infracción de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n* 596/2014 y garantizar la comunicación con el denunciante, así como efectuar el seguimiento de las comunicaciones de manera adecuada. (4) — Las personas que tengan intención de comunicar posibles infracciones o infracciones reales del Reglamento (UE) n 596/2014 deben poder tomar una decisión fundada sobre si efectúan la comunicación y, si así es, sobre cuándo y cómo efectuarla. Por lo tanto, las autoridades competentes deben hacer pública información sobre los canales de comunicación con las autoridades competentes, los procedimientos aplicables y el personal especia- lizado de las autoridades competentes que se ocupe de la comunicación de infracciones y facilitar el acceso a dicha información. Toda la información referente a la comunicación de infracciones debe ser transparente, fácilmente comprensible y fiable para promover la comunicación de infracciones y no disuadirla. (5) A fin de permitir una comunicación efectiva con su personal especializado, es necesario que las autoridades competentes hayan establecido y empleen distintos canales de comunicación que sean fáciles de utilizar y a través de los cuales se puedan efectuar comunicaciones escritas y orales, así como electrónicas y no electrónicas. (6) Es importante que los procedimientos para la protección de las personas que trabajen en virtud de un contrato de trabajo, con independencia de la naturaleza de su relación laboral y de si cobran o no, y comuniquen infracciones de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n* 596/2014 o sean acusadas de infringir dicho Reglamento protejan a tales personas contra represalias, discriminación u otros tipos de trato injusto directo o indirecto. El trato injusto puede revestir formas muy diversas según las circunstancias. Así pues, los casos concretos deben evaluarse aplicando normas de resolución de litigios o procedimientos judiciales del Derecho nacional. () DOL173 de 12.6.2014, . 1.